Vacunación obligatoria: El debate que da vuelta el mundo y que comenzó a evaluarse en Chile
La obligatoriedad plantea una discusión en torno a lo ético, aseguran especialistas. Desde los gremios de la salud, en tanto, se considera que el gobierno debe adoptar otras medidas, tal como mandatar a los empleadores a otorgar un día libre para concurrir a los vacunatorios.
Maria Luisa Cisternas
Jueves 9 de diciembre 2021 20:11 hrs.
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El Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones (Cavei) del Ministerio de Salud se encuentra analizando la obligatoriedad de la inoculación contra el Covid-19 para, preliminarmente, los grupos que presentan más riesgo frente al virus. Esto luego de una recomendación que emanó en sus últimos días de gestión la ex Subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza y sobre la cual, el Cavei, tendría una posición oficializada durante el mes de enero.
Así lo constató el presidente del organismo, Jaime Rodríguez y durante esta mañana, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio. A juicio del primero, la medida podría terminar siendo oficial para ciertos grupos en la primera etapa y no universalmente obligatoria para toda la población, aunque nada de eso se encuentra zanjado, reparó.
Bellolio en tanto, abordó esta eventualidad en una actividad de prensa a raíz del inicio del proceso de vacunación para niños y niñas entre 3 a 5 años, sosteniendo en primer lugar que el Programa Nacional de Inmunizaciones ya cuenta con algunas vacunas que son obligatorias, lo que ha ayudado a erradicar enfermedades como el Sarampión.
“Lo que se está discutiendo con el Consejo Asesor es que hay algunos grupos de la población que son especialmente sensibles a los que se les podría exigir que tengan su proceso de vacunación, por ejemplo, aquellos que trabajan en el ámbito de la salud para protegerlos a ellos y proteger a las personas que tienen que concurrir a los hospitales y a las clínicas“, señaló.
Jaime Bellolio.
Un segundo grupo, agregó el secretario de Estado, “son aquellas personas, por ejemplo, adultos mayores que tienen comorbilidades y si llegarán a enfermarse, podría ser algo muy grave para su salud. Ese es el tipo de cosas que se está pensando y por ejemplo en el caso de personas que trabajan en el área de la salud, es que si no quieren ponerse esa vacuna, tengan que estar comprobando de manera reiterada que no tienen Covid, para que no se transforme en un foco que sea riesgoso para muchas otras personas, lo mismo para centros cerrados”.
Un debate que da vuelta el mundo
Con sólo el 66 por ciento de la población vacunada con el esquema completo, Austria aprobó la medida, convirtiéndose así en el primer país de la Unión Europea en introducir la vacunación obligatoria al conjunto de la ciudadanía. Una disposición que comenzará a regir a partir del primero de febrero del 2022 y que considera multas de hasta 3.600 euros para quienes la incumplan. Una determinación a la que también se aventuró Grecia para personas mayores de 60 años y Alemania para el personal de hospitales, residencias y servicios asistenciales.
Pero ante la consideración de esta medida a la que cada vez se inclinan más países, la ONU puso un freno. La alta comisionada para los derechos humanos del organismo, Michelle Bachelet, aseveró que en ninguna circunstancia las personas deben ser vacunadas a la fuerza y que, ante la eventual obligatoriedad de la vacuna, esta debe aplicarse con flexibilidad y con determinadas excepciones, por ejemplo, en personas que tengan contraindicado el fármaco. En ese sentido dijo que la medida debe seguir los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
En ese sentido, para la Dra. María Soledad Martínez, académica del Programa de Políticas, Gestión y Sistemas en Salud de la Escuela de Salud Pública, la medida debe ser considerara desde el punto de vista ético, en cuanto se contraponen dos principios en la discusión: “Por un lado está el bien común, el tema de parar la pandemia para que no haya más casos, más muertos, etc. Y por otro lado está la libertad personal y la libertad de decidir sobre el cuerpo de uno”, señaló.
María Soledad Martínez.
En esa línea la especialista consideró que efectivamente hay grupos de la sociedad en que la obligatoriedad puede ser correcta y positiva, lo que a su juicio, se asimilaría a la lógica restrictiva que impone el pase de movilidad para limitar el acceso a lugares públicos y cerrados a quienes no cuenten con el esquema de vacunación completo.
“Lo mismo sería si nosotros obligáramos a la gente que trabaja en salud a vacunarse y a la gente que trabaja o vive en establecimientos de larga estadía como los ELEAM porque básicamente es el mismo concepto, si usted no se vacuna, no puede entrar a estos lugares, no puede ejercer ese rol y en el caso de salud es evidentemente obvio que uno no puede estar atendiendo pacientes si es que puede eventualmente contagiarlos, sobre todo en lugares que son de mayor riesgo como son un Cesfam o un hospital donde vas a tener pacientes que seguramente van a llegar con Covid”.
La importancia de la inoculación radica en la posibilidad de padecer cuadros graves y eventualmente, morir a causa el virus. Según el catastro del Minsal, para quienes tienen su esquema basal completo, la tasa de ingreso a la UCI es de 0,9 cada mil habitantes mientras que en el caso de los no vacunados, la cifra aumenta a 4,4. En términos de mortalidad, la incidencia es de 2,5 para los que no presentan vacunas, 0,7 para personas con las dos dosis y 0,2 para quienes hayan adquirido la dosis de refuerzo.
Pero a juicio de la académica de Casa de Bello, el desafío no se limita a las fronteras del territorio nacional sino que debe evaluarse con perspectiva global, considerando la capacidad de mutar que ha evidenciado el virus, ahora con la variante Ómicron que “es de preocupación porque al parecer tienen una alta transmisibilidad“, mencionó y sobre la cual algunos estudios preliminares han informado que evadiría parcialmente la protección de la vacuna Pfizer, indicó.
“Siempre está el miedo que aparezca una variante que tenga algo denominado ‘escape vacunal’ y entonces partamos todo de nuevo y eso puede pasar, no es tan probable pero es posible y es más posible mientras más personas se contagien entonces lo que deberíamos es estar pensando en esto como un problema global, no solo a nivel chileno porque por mucho que estemos todos vacunados, si hay un escape vacunal por una variante que aparece en un lugar donde no hay vacunas, va a llegar para acá”, aseveró.
Medidas previas
Consultada por la medida, la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, sostuvo que previo a pensar en la vacuna obligatoria, que a su juicio, “es una medida extrema“, el Ejecutivo debería poner a disposición otras facilidades para las personas que han tenido dificultades de acceder a los centros de inoculación.
Gabriela Flores.
“Esto sería recursos para instalar puestos de vacunación cerca de las comunidades con mayor déficit de vacuna, recursos para extender horarios de vacunación en días festivos y en horarios no hábil,promoción de vacunación segura en población migrante que tenga temor de concurrir a vacunarse por situación legal, exigir a los empleadores que otorguen un día a sus trabajadores para la vacunación, muchas personas no han podido acceder por falta de permisos laborales”, aseguró.
A eso, la representante del gremio agregó que, “lo que falta es otorgar más facilidades a las personas y eso lo debe hacer el Gobierno a través de instructivos que deben hacer llegar a los municipios y la comunicación es tan importante con los y las trabajadoras que están representados por Confusam”.
El Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones (Cavei) del Ministerio de Salud se encuentra analizando la obligatoriedad de la inoculación contra el Covid-19 para, preliminarmente, los grupos que presentan más riesgo frente al virus. Esto luego de una recomendación que emanó en sus últimos días de gestión la ex Subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza y sobre la cual, el Cavei, tendría una posición oficializada durante el mes de enero.
Así lo constató el presidente del organismo, Jaime Rodríguez y durante esta mañana, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio. A juicio del primero, la medida podría terminar siendo oficial para ciertos grupos en la primera etapa y no universalmente obligatoria para toda la población, aunque nada de eso se encuentra zanjado, reparó.
Bellolio en tanto, abordó esta eventualidad en una actividad de prensa a raíz del inicio del proceso de vacunación para niños y niñas entre 3 a 5 años, sosteniendo en primer lugar que el Programa Nacional de Inmunizaciones ya cuenta con algunas vacunas que son obligatorias, lo que ha ayudado a erradicar enfermedades como el Sarampión.
“Lo que se está discutiendo con el Consejo Asesor es que hay algunos grupos de la población que son especialmente sensibles a los que se les podría exigir que tengan su proceso de vacunación, por ejemplo, aquellos que trabajan en el ámbito de la salud para protegerlos a ellos y proteger a las personas que tienen que concurrir a los hospitales y a las clínicas“, señaló.
Jaime Bellolio.
Un segundo grupo, agregó el secretario de Estado, “son aquellas personas, por ejemplo, adultos mayores que tienen comorbilidades y si llegarán a enfermarse, podría ser algo muy grave para su salud. Ese es el tipo de cosas que se está pensando y por ejemplo en el caso de personas que trabajan en el área de la salud, es que si no quieren ponerse esa vacuna, tengan que estar comprobando de manera reiterada que no tienen Covid, para que no se transforme en un foco que sea riesgoso para muchas otras personas, lo mismo para centros cerrados”.
Un debate que da vuelta el mundo
Con sólo el 66 por ciento de la población vacunada con el esquema completo, Austria aprobó la medida, convirtiéndose así en el primer país de la Unión Europea en introducir la vacunación obligatoria al conjunto de la ciudadanía. Una disposición que comenzará a regir a partir del primero de febrero del 2022 y que considera multas de hasta 3.600 euros para quienes la incumplan. Una determinación a la que también se aventuró Grecia para personas mayores de 60 años y Alemania para el personal de hospitales, residencias y servicios asistenciales.
Pero ante la consideración de esta medida a la que cada vez se inclinan más países, la ONU puso un freno. La alta comisionada para los derechos humanos del organismo, Michelle Bachelet, aseveró que en ninguna circunstancia las personas deben ser vacunadas a la fuerza y que, ante la eventual obligatoriedad de la vacuna, esta debe aplicarse con flexibilidad y con determinadas excepciones, por ejemplo, en personas que tengan contraindicado el fármaco. En ese sentido dijo que la medida debe seguir los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
En ese sentido, para la Dra. María Soledad Martínez, académica del Programa de Políticas, Gestión y Sistemas en Salud de la Escuela de Salud Pública, la medida debe ser considerara desde el punto de vista ético, en cuanto se contraponen dos principios en la discusión: “Por un lado está el bien común, el tema de parar la pandemia para que no haya más casos, más muertos, etc. Y por otro lado está la libertad personal y la libertad de decidir sobre el cuerpo de uno”, señaló.
María Soledad Martínez.
En esa línea la especialista consideró que efectivamente hay grupos de la sociedad en que la obligatoriedad puede ser correcta y positiva, lo que a su juicio, se asimilaría a la lógica restrictiva que impone el pase de movilidad para limitar el acceso a lugares públicos y cerrados a quienes no cuenten con el esquema de vacunación completo.
“Lo mismo sería si nosotros obligáramos a la gente que trabaja en salud a vacunarse y a la gente que trabaja o vive en establecimientos de larga estadía como los ELEAM porque básicamente es el mismo concepto, si usted no se vacuna, no puede entrar a estos lugares, no puede ejercer ese rol y en el caso de salud es evidentemente obvio que uno no puede estar atendiendo pacientes si es que puede eventualmente contagiarlos, sobre todo en lugares que son de mayor riesgo como son un Cesfam o un hospital donde vas a tener pacientes que seguramente van a llegar con Covid”.
La importancia de la inoculación radica en la posibilidad de padecer cuadros graves y eventualmente, morir a causa el virus. Según el catastro del Minsal, para quienes tienen su esquema basal completo, la tasa de ingreso a la UCI es de 0,9 cada mil habitantes mientras que en el caso de los no vacunados, la cifra aumenta a 4,4. En términos de mortalidad, la incidencia es de 2,5 para los que no presentan vacunas, 0,7 para personas con las dos dosis y 0,2 para quienes hayan adquirido la dosis de refuerzo.
Pero a juicio de la académica de Casa de Bello, el desafío no se limita a las fronteras del territorio nacional sino que debe evaluarse con perspectiva global, considerando la capacidad de mutar que ha evidenciado el virus, ahora con la variante Ómicron que “es de preocupación porque al parecer tienen una alta transmisibilidad“, mencionó y sobre la cual algunos estudios preliminares han informado que evadiría parcialmente la protección de la vacuna Pfizer, indicó.
“Siempre está el miedo que aparezca una variante que tenga algo denominado ‘escape vacunal’ y entonces partamos todo de nuevo y eso puede pasar, no es tan probable pero es posible y es más posible mientras más personas se contagien entonces lo que deberíamos es estar pensando en esto como un problema global, no solo a nivel chileno porque por mucho que estemos todos vacunados, si hay un escape vacunal por una variante que aparece en un lugar donde no hay vacunas, va a llegar para acá”, aseveró.
Medidas previas
Consultada por la medida, la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, sostuvo que previo a pensar en la vacuna obligatoria, que a su juicio, “es una medida extrema“, el Ejecutivo debería poner a disposición otras facilidades para las personas que han tenido dificultades de acceder a los centros de inoculación.
Gabriela Flores.
“Esto sería recursos para instalar puestos de vacunación cerca de las comunidades con mayor déficit de vacuna, recursos para extender horarios de vacunación en días festivos y en horarios no hábil,promoción de vacunación segura en población migrante que tenga temor de concurrir a vacunarse por situación legal, exigir a los empleadores que otorguen un día a sus trabajadores para la vacunación, muchas personas no han podido acceder por falta de permisos laborales”, aseguró.
A eso, la representante del gremio agregó que, “lo que falta es otorgar más facilidades a las personas y eso lo debe hacer el Gobierno a través de instructivos que deben hacer llegar a los municipios y la comunicación es tan importante con los y las trabajadoras que están representados por Confusam”.
El Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones (Cavei) del Ministerio de Salud se encuentra analizando la obligatoriedad de la inoculación contra el Covid-19 para, preliminarmente, los grupos que presentan más riesgo frente al virus. Esto luego de una recomendación que emanó en sus últimos días de gestión la ex Subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza y sobre la cual, el Cavei, tendría una posición oficializada durante el mes de enero.
Así lo constató el presidente del organismo, Jaime Rodríguez y durante esta mañana, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio. A juicio del primero, la medida podría terminar siendo oficial para ciertos grupos en la primera etapa y no universalmente obligatoria para toda la población, aunque nada de eso se encuentra zanjado, reparó.
Bellolio en tanto, abordó esta eventualidad en una actividad de prensa a raíz del inicio del proceso de vacunación para niños y niñas entre 3 a 5 años, sosteniendo en primer lugar que el Programa Nacional de Inmunizaciones ya cuenta con algunas vacunas que son obligatorias, lo que ha ayudado a erradicar enfermedades como el Sarampión.
“Lo que se está discutiendo con el Consejo Asesor es que hay algunos grupos de la población que son especialmente sensibles a los que se les podría exigir que tengan su proceso de vacunación, por ejemplo, aquellos que trabajan en el ámbito de la salud para protegerlos a ellos y proteger a las personas que tienen que concurrir a los hospitales y a las clínicas“, señaló.
Jaime Bellolio.
Un segundo grupo, agregó el secretario de Estado, “son aquellas personas, por ejemplo, adultos mayores que tienen comorbilidades y si llegarán a enfermarse, podría ser algo muy grave para su salud. Ese es el tipo de cosas que se está pensando y por ejemplo en el caso de personas que trabajan en el área de la salud, es que si no quieren ponerse esa vacuna, tengan que estar comprobando de manera reiterada que no tienen Covid, para que no se transforme en un foco que sea riesgoso para muchas otras personas, lo mismo para centros cerrados”.
Un debate que da vuelta el mundo
Con sólo el 66 por ciento de la población vacunada con el esquema completo, Austria aprobó la medida, convirtiéndose así en el primer país de la Unión Europea en introducir la vacunación obligatoria al conjunto de la ciudadanía. Una disposición que comenzará a regir a partir del primero de febrero del 2022 y que considera multas de hasta 3.600 euros para quienes la incumplan. Una determinación a la que también se aventuró Grecia para personas mayores de 60 años y Alemania para el personal de hospitales, residencias y servicios asistenciales.
Pero ante la consideración de esta medida a la que cada vez se inclinan más países, la ONU puso un freno. La alta comisionada para los derechos humanos del organismo, Michelle Bachelet, aseveró que en ninguna circunstancia las personas deben ser vacunadas a la fuerza y que, ante la eventual obligatoriedad de la vacuna, esta debe aplicarse con flexibilidad y con determinadas excepciones, por ejemplo, en personas que tengan contraindicado el fármaco. En ese sentido dijo que la medida debe seguir los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
En ese sentido, para la Dra. María Soledad Martínez, académica del Programa de Políticas, Gestión y Sistemas en Salud de la Escuela de Salud Pública, la medida debe ser considerara desde el punto de vista ético, en cuanto se contraponen dos principios en la discusión: “Por un lado está el bien común, el tema de parar la pandemia para que no haya más casos, más muertos, etc. Y por otro lado está la libertad personal y la libertad de decidir sobre el cuerpo de uno”, señaló.
María Soledad Martínez.
En esa línea la especialista consideró que efectivamente hay grupos de la sociedad en que la obligatoriedad puede ser correcta y positiva, lo que a su juicio, se asimilaría a la lógica restrictiva que impone el pase de movilidad para limitar el acceso a lugares públicos y cerrados a quienes no cuenten con el esquema de vacunación completo.
“Lo mismo sería si nosotros obligáramos a la gente que trabaja en salud a vacunarse y a la gente que trabaja o vive en establecimientos de larga estadía como los ELEAM porque básicamente es el mismo concepto, si usted no se vacuna, no puede entrar a estos lugares, no puede ejercer ese rol y en el caso de salud es evidentemente obvio que uno no puede estar atendiendo pacientes si es que puede eventualmente contagiarlos, sobre todo en lugares que son de mayor riesgo como son un Cesfam o un hospital donde vas a tener pacientes que seguramente van a llegar con Covid”.
La importancia de la inoculación radica en la posibilidad de padecer cuadros graves y eventualmente, morir a causa el virus. Según el catastro del Minsal, para quienes tienen su esquema basal completo, la tasa de ingreso a la UCI es de 0,9 cada mil habitantes mientras que en el caso de los no vacunados, la cifra aumenta a 4,4. En términos de mortalidad, la incidencia es de 2,5 para los que no presentan vacunas, 0,7 para personas con las dos dosis y 0,2 para quienes hayan adquirido la dosis de refuerzo.
Pero a juicio de la académica de Casa de Bello, el desafío no se limita a las fronteras del territorio nacional sino que debe evaluarse con perspectiva global, considerando la capacidad de mutar que ha evidenciado el virus, ahora con la variante Ómicron que “es de preocupación porque al parecer tienen una alta transmisibilidad“, mencionó y sobre la cual algunos estudios preliminares han informado que evadiría parcialmente la protección de la vacuna Pfizer, indicó.
“Siempre está el miedo que aparezca una variante que tenga algo denominado ‘escape vacunal’ y entonces partamos todo de nuevo y eso puede pasar, no es tan probable pero es posible y es más posible mientras más personas se contagien entonces lo que deberíamos es estar pensando en esto como un problema global, no solo a nivel chileno porque por mucho que estemos todos vacunados, si hay un escape vacunal por una variante que aparece en un lugar donde no hay vacunas, va a llegar para acá”, aseveró.
Medidas previas
Consultada por la medida, la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, sostuvo que previo a pensar en la vacuna obligatoria, que a su juicio, “es una medida extrema“, el Ejecutivo debería poner a disposición otras facilidades para las personas que han tenido dificultades de acceder a los centros de inoculación.
Gabriela Flores.
“Esto sería recursos para instalar puestos de vacunación cerca de las comunidades con mayor déficit de vacuna, recursos para extender horarios de vacunación en días festivos y en horarios no hábil,promoción de vacunación segura en población migrante que tenga temor de concurrir a vacunarse por situación legal, exigir a los empleadores que otorguen un día a sus trabajadores para la vacunación, muchas personas no han podido acceder por falta de permisos laborales”, aseguró.
A eso, la representante del gremio agregó que, “lo que falta es otorgar más facilidades a las personas y eso lo debe hacer el Gobierno a través de instructivos que deben hacer llegar a los municipios y la comunicación es tan importante con los y las trabajadoras que están representados por Confusam”.
