Tras el anuncio del Gobierno respecto de la generación de una Pensión Garantizada Universal, en reemplazo del llamado Pilar Solidario, esta semana, el Ejecutivo  ingresaría el proyecto tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, desglosando -para una y otra- la arista tributaria y la previsional, respectivamente.

Según han manifestado los ministros de Hacienda y Trabajo, Rodrigo Cerda y Patricio Melero, la idea es apresurar los tiempos con el objeto de concretar el monto prometido de 185 mil pesos para quienes estén dentro del 80% más vulnerable, disminuyendo el mismo para el rango del 81% y 90%.

Esto mismo, considerando que significa un aumento de lo que hoy es el Pilar Solidario, en opinión de parlamentarios de oposición, se trata de una señal acertada de parte del Gobierno, pero que despierta ciertas dudas, primero respecto de su lanzamiento en el contexto electoral, pero también por el poco tiempo que cuenta para su tramitación.

Alejandra Sepúlveda.

Así lo manifestó, en conversación con nuestro medio, la diputada del Frente Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, quien puso hincapié en recordar los retrasos que existieron en otros trámites legislativos relacionados con el sistema de pensiones.

“Nos preocupa los tiempos porque, recordemos la Ley Corta de Pensiones se demoró casi un mes desde su anuncio hasta poder legar al Congreso. Y ahora hay que revisar el detalle de esta ley porque, si bien el concepto está, nosotros creemos que el monto puede ser superior a lo que está planteando el Gobierno, y esperamos que no tenga la letra chica que siempre complica para poder aprobar este tipo de proyectos”, manifestó.

Sepúlveda, desde su labor como integrante de la Comisión de Trabajo que discutió la Ley Corta de Pensiones ingresada por el Gobierno en septiembre de este año, explicó también las suspicacias que ha generado el probable financiamiento de este nuevo proyecto, debido a que, por declaraciones de los ministros Cerda y Melero, se sabe que será a partir de cargos fiscales y las exenciones ya revisadas en el trámite de la Ley Corta.

“Ellos planteaban en la Ley Corta que (el financiamiento) iba a ser más bien a través de recortes presupuestarios, que no se iba a necesitar una modificación tan grande desde el punto de vista tributario. Plantearon también algunas exenciones tributarias que para nosotros, por ejemplo, colocar el impuesto a los honorarios, es bastante compleja porque es pura clase media, profesionales jóvenes”, explicó.

Esta misma duda también es compartida por la diputada de Revolución Democrática e integrante de la misma Comisión, Marcela Sandoval, quien en conversación con nuestro medio apuntó a que el congelamiento de dicha ley tuvo que ver justamente con el modelo de financiamiento que planteaba el Ejecutivo y que no tocaba al actual sistema previsional.

“Había muchos puntos que a nosotros nos parecían débiles porque introducían elementos que tenían que ver con modificaciones al sistema tributario, pero no tocaban cuestiones que tienen que ver con las grandes empresas o las grandes riquezas. Finalmente, no apuntaban a algo que nosotros hemos dicho siempre, que es el impuesto a los súper ricos o exenciones tributarias que ciertos rubros se ven beneficiados con el sistema tributario actual y que la Ley Corta de Pensiones lo consideraba dentro de su marco de financiamiento”, detalló Sandoval.

Marcela Sandoval.

Asimismo, Sandoval se refirió a las brechas de género que también podrían estar incluidas en la llamada “letra chica” del proyecto de PGU, puesto que, tal como señaló el Presidente Sebastián Piñera en su anuncio, se trata de un beneficio aplicable desde los 65 años, lo cual deja una línea de abandono de cinco años respecto de la edad de jubilación femenina actual.

“No hay una mirada a la edad de jubilación de las mujeres, pero tampoco a un hecho que no es menor y que tiene que ver con las lagunas previsionales que presentan las mujeres y que eso tiene evidencia. Todos lo han señalado así desde distintos sectores y no se va a resolver con una PGU sino más bien con un rediseño del sistema de seguridad social en Chile que aborde estas brechas de género”, acotó la diputada de RD.

Además de estos temas, cabe señalar que, aún falta por definir aspectos como, por ejemplo, la forma de recepción del beneficio. Es decir, si será de forma automática o a través de una postulación como en el Pilar Solidario. En la actualidad, el costo de este último representa aproximadamente 1,1 puntos del PIB; mientras que, con la reforma en marcha, el monto alcanzará 2,1 puntos del PIB en régimen.