El espacio de memorias Londres 38 emitió una declaración en la que rechazó la postulación de la abogada María Gajardo Harboe para integrar la Corte Suprema.
Según el comunicado difundido por la organización, la profesional, en su rol de abogada integrante de la Corte Suprema, “no acepta la fuerza vinculante de los convenios internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile”.
“Particularmente respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos, la abogada se ha opuesto directamente al ejercicio del control de convencionalidad, contradiciendo incluso lo sostenido por la jurisprudencia del Pleno de la Corte Suprema”, dice el texto.
En el comunicado, Londres 38 también sostuvo que “el nombramiento de quienes integran la más alta magistratura requiere instrumentos que garanticen el escrutinio público del procedimiento”. Asimismo, la organización expresó que “el mecanismo establecido en la actual Constitución de 1980 no regula ningún espacio que contemple el derecho de la sociedad civil a ser oída en la designación de los y las integrantes del máximo tribunal”.
“Es esencial que quienes acceden a ser integrantes de la Corte Suprema, por un sistema de valoración, hayan cumplido con las normas de debida diligencia que obligan al Estado en materia de violaciones a los DD. HH., que no hayan infringido obligaciones internacionales en la materia y no hayan generado victimización secundaria. Todas estas son cuestiones mínimas con las que la mencionada abogada no cumple”, destacó el espacio de memorias.
Por su parte, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidas y Detenidos Desaparecidos (AFDD) y diputada electa por el Distrito 13, indicó, por medio de su cuenta de Twitter, que “la forma de elegir a los integrantes de la Corte Suprema debe cambiar”.
“Nuevamente vemos cómo Piñera busca proteger sus intereses, proponiendo a una funcionaria que han infringido obligaciones internacionales a nombre del Estado chileno en materia de derechos humanos”, sostuvo, indicando que la situación es lamentable.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos también se pronunció respecto a la postulación de Gajardo como Ministra de la Corte Suprema, esperando que esta sea rechazada por el Senado. “Una jueza que no reconoce la fuerza vinculante de los tratados internacionales de DDHH, no puede integrar el máximo tribunal“, sostuvieron vía Twitter.
Las críticas se dan como antesala de la reunión que sostendrán este lunes la Comisión de Constitución del Senado y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien expondrá sobre los motivos que tuvo el Presidente Sebastián Piñera para nominar tanto a María Cristina Gajardo Harboe como a Diego Simpértigue Limare como nuevos integrantes a la Corte Suprema.
El espacio de memorias Londres 38 emitió una declaración en la que rechazó la postulación de la abogada María Gajardo Harboe para integrar la Corte Suprema.
Según el comunicado difundido por la organización, la profesional, en su rol de abogada integrante de la Corte Suprema, “no acepta la fuerza vinculante de los convenios internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile”.
“Particularmente respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos, la abogada se ha opuesto directamente al ejercicio del control de convencionalidad, contradiciendo incluso lo sostenido por la jurisprudencia del Pleno de la Corte Suprema”, dice el texto.
En el comunicado, Londres 38 también sostuvo que “el nombramiento de quienes integran la más alta magistratura requiere instrumentos que garanticen el escrutinio público del procedimiento”. Asimismo, la organización expresó que “el mecanismo establecido en la actual Constitución de 1980 no regula ningún espacio que contemple el derecho de la sociedad civil a ser oída en la designación de los y las integrantes del máximo tribunal”.
“Es esencial que quienes acceden a ser integrantes de la Corte Suprema, por un sistema de valoración, hayan cumplido con las normas de debida diligencia que obligan al Estado en materia de violaciones a los DD. HH., que no hayan infringido obligaciones internacionales en la materia y no hayan generado victimización secundaria. Todas estas son cuestiones mínimas con las que la mencionada abogada no cumple”, destacó el espacio de memorias.
Por su parte, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidas y Detenidos Desaparecidos (AFDD) y diputada electa por el Distrito 13, indicó, por medio de su cuenta de Twitter, que “la forma de elegir a los integrantes de la Corte Suprema debe cambiar”.
“Nuevamente vemos cómo Piñera busca proteger sus intereses, proponiendo a una funcionaria que han infringido obligaciones internacionales a nombre del Estado chileno en materia de derechos humanos”, sostuvo, indicando que la situación es lamentable.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos también se pronunció respecto a la postulación de Gajardo como Ministra de la Corte Suprema, esperando que esta sea rechazada por el Senado. “Una jueza que no reconoce la fuerza vinculante de los tratados internacionales de DDHH, no puede integrar el máximo tribunal“, sostuvieron vía Twitter.
Las críticas se dan como antesala de la reunión que sostendrán este lunes la Comisión de Constitución del Senado y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien expondrá sobre los motivos que tuvo el Presidente Sebastián Piñera para nominar tanto a María Cristina Gajardo Harboe como a Diego Simpértigue Limare como nuevos integrantes a la Corte Suprema.
El espacio de memorias Londres 38 emitió una declaración en la que rechazó la postulación de la abogada María Gajardo Harboe para integrar la Corte Suprema.
Según el comunicado difundido por la organización, la profesional, en su rol de abogada integrante de la Corte Suprema, “no acepta la fuerza vinculante de los convenios internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile”.
“Particularmente respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos, la abogada se ha opuesto directamente al ejercicio del control de convencionalidad, contradiciendo incluso lo sostenido por la jurisprudencia del Pleno de la Corte Suprema”, dice el texto.
En el comunicado, Londres 38 también sostuvo que “el nombramiento de quienes integran la más alta magistratura requiere instrumentos que garanticen el escrutinio público del procedimiento”. Asimismo, la organización expresó que “el mecanismo establecido en la actual Constitución de 1980 no regula ningún espacio que contemple el derecho de la sociedad civil a ser oída en la designación de los y las integrantes del máximo tribunal”.
“Es esencial que quienes acceden a ser integrantes de la Corte Suprema, por un sistema de valoración, hayan cumplido con las normas de debida diligencia que obligan al Estado en materia de violaciones a los DD. HH., que no hayan infringido obligaciones internacionales en la materia y no hayan generado victimización secundaria. Todas estas son cuestiones mínimas con las que la mencionada abogada no cumple”, destacó el espacio de memorias.
Por su parte, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidas y Detenidos Desaparecidos (AFDD) y diputada electa por el Distrito 13, indicó, por medio de su cuenta de Twitter, que “la forma de elegir a los integrantes de la Corte Suprema debe cambiar”.
“Nuevamente vemos cómo Piñera busca proteger sus intereses, proponiendo a una funcionaria que han infringido obligaciones internacionales a nombre del Estado chileno en materia de derechos humanos”, sostuvo, indicando que la situación es lamentable.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos también se pronunció respecto a la postulación de Gajardo como Ministra de la Corte Suprema, esperando que esta sea rechazada por el Senado. “Una jueza que no reconoce la fuerza vinculante de los tratados internacionales de DDHH, no puede integrar el máximo tribunal“, sostuvieron vía Twitter.
Las críticas se dan como antesala de la reunión que sostendrán este lunes la Comisión de Constitución del Senado y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien expondrá sobre los motivos que tuvo el Presidente Sebastián Piñera para nominar tanto a María Cristina Gajardo Harboe como a Diego Simpértigue Limare como nuevos integrantes a la Corte Suprema.
