En el marco de la quiebra de Latam, la empresa presentó un plan de reestructuración que contempló la reducción de los accionistas al 01 por ciento del total, afectando en el país no sólo a socios minoritarios sino también a los emisores de bonos nacionales, entre ellos, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en una deuda de la aerolínea que presuntamente ascendería a los 500 millones de dólares.
Un perjuicio que fue condenado desde el Congreso Nacional en cuanto se cuestionó el hecho de que las AFP formasen parte de los bonistas de la empresa. En eso, parlamentarios de la Democracia Cristiana y la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, oficiaron al Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, para que se indague sobre las pérdidas de las AFPs en las modificaciones que adoptó Latam tras presentar su proyecto de reorganización el 25 de noviembre de este año ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.
Como un escándalo inaceptable consideró el hecho el diputado DC Gabriel Silber, del cual no deben quedarse de brazos cruzados ni las AFP ni la Superintendencia, aseveró. En tanto Iván Flores señaló que este tipo de actos sólo provocan legítimamente la indignación de los ciudadanos. Yeomans por su parte dijo haber realizado la presentación al organismo con la finalidad de que investigue los vínculos entre las AFPs y Latam para así velar que, en las decisiones que toman las administradoras en el proceso de quiebra, sean resguardados los fondos de pensiones.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la legisladora consideró apremiante que la Superintendencia de Pensiones responda a la Cámara de Diputados y Diputadas para efectos de que se señale si hay un proceso de fiscalización abierto dada la gravedad de los antecedentes que se están conociendo y que demuestran, a su juicio, el peligro que radica en que los fondos de pensiones se transen y se inviertan en distintos mercados financieros.
“Lo que es bien impresionante es que los fondos de pensiones dependan de vaivenes de administraciones, en este caso, de empresas que terminan perjudicándolos y en ese sentido, además de avanzar en esta senda respecto a la investigación de este caso en particular, se hace urgente y necesario un cambio más profundo en donde, cuando hablemos de sistema previsional, lo que se ponga por delante sea entregar seguridad social, sea entregar pensiones y no el negocio que hay detrás que son estas inversiones que realiza la AFP en determinados grupos empresariales, donde 50 por ciento de ellos en Chile se lo llevan los grandes grupos económicos”, señaló.
Una arista que ha llamado la atención de la quiebra de Latam es que se ha sostenido que meses antes de que la empresa se acogiera a la Ley de Quiebras en Estados Unidos, Costa Verde Aeronáutica S.A que pertenece a la familia Cueto -uno de los tres accionistas principales de Latam- pagó un préstamo de 43 millones de dólares al family office que administran los cuatro hijos del Presidente Sebastián Piñera “Inversiones Odisea“. Si bien la información fue señalada como falsa por Latam, la parlamentaria del Frente Amplio consideró que la transacción reviste un cuestionamiento ético y moral.
“Cuando se pone en riesgo la pérdida de los fondos de pensiones y la familia Cueto en ese sentido decidió pagar una deuda a la familia Piñera anticipadamente antes de entrar al proceso de quiebra, a mí me parece que hay un cuestionamiento moral de tipo ineludible, sobre todo cuando es eso lo que se está poniendo en riesgo por el proceso de quiebra ¿Por qué no se hizo ese mismo por parte de la familia Cueto ese mismo pago hacia las AFP pensando que son los fondos de pensiones, las jubilaciones qué están en riesgo? Son las dudas y las interrogantes que se abren, obviamente que esto debería estar siempre por delante y a mí me parece que sobre todo, además de una cuestión ética y moral, regulatoriamente es bien impresentable que esto se permita”, criticó.
Aunque la Superintendencia de Pensiones cuenta con 30 días para responder al requerimiento de los legisladores, Yeomans dice esperar que la contestación se emane dentro de lo más pronto posible para efectos de tener la versión oficial sobre el monto de pensiones que estarían en riesgo. Se debe considerar que Latam emanó un comunicado en el cual señaló como falso que mantenga una deuda por 500 millones de dólares con las AFP en el marco del proceso de reestructuración.
Por otro lado BancoEstado que representa a las AFP, declaró que actúa solamente como representante de los tenedores de bonos locales, en razón de lo cual no es efectivo que haya prestado este total a la compañía. En consideración a lo anterior, la diputada dijo esperar una actividad públicamente más pronunciada de la Superintendencia.
“Cuando estamos hablando en materia de pensiones, de velar por el correcto funcionamiento de que se ponga por delante el cuidado de la protección de los fondos, es la Superintendencia de Pensiones la que tiene un rol de fiscalización. Entones a mí al menos me llama la atención el silencio que guarda la autoridad en este caso la Superintendencia cuando ocurren este tipo de hechos, debería salir desde un principio a tomar un rol y eso no lo he visto”, expresó.
Finalmente la diputada hizo hincapié en la necesidad de comenzar el camino para terminar con las AFP, lo que se pretende recoger en el futuro gobierno de Apruebo Dignidad para buscar mecanismos que aumenten los fondos de pensiones y que eso termine en mejorar las jubilaciones de los chilenos y chilenas. Un objetivo para el cual se necesita contar con una regulación exhaustiva, indicó Yeomans.
En el marco de la quiebra de Latam, la empresa presentó un plan de reestructuración que contempló la reducción de los accionistas al 01 por ciento del total, afectando en el país no sólo a socios minoritarios sino también a los emisores de bonos nacionales, entre ellos, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en una deuda de la aerolínea que presuntamente ascendería a los 500 millones de dólares.
Un perjuicio que fue condenado desde el Congreso Nacional en cuanto se cuestionó el hecho de que las AFP formasen parte de los bonistas de la empresa. En eso, parlamentarios de la Democracia Cristiana y la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, oficiaron al Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, para que se indague sobre las pérdidas de las AFPs en las modificaciones que adoptó Latam tras presentar su proyecto de reorganización el 25 de noviembre de este año ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.
Como un escándalo inaceptable consideró el hecho el diputado DC Gabriel Silber, del cual no deben quedarse de brazos cruzados ni las AFP ni la Superintendencia, aseveró. En tanto Iván Flores señaló que este tipo de actos sólo provocan legítimamente la indignación de los ciudadanos. Yeomans por su parte dijo haber realizado la presentación al organismo con la finalidad de que investigue los vínculos entre las AFPs y Latam para así velar que, en las decisiones que toman las administradoras en el proceso de quiebra, sean resguardados los fondos de pensiones.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la legisladora consideró apremiante que la Superintendencia de Pensiones responda a la Cámara de Diputados y Diputadas para efectos de que se señale si hay un proceso de fiscalización abierto dada la gravedad de los antecedentes que se están conociendo y que demuestran, a su juicio, el peligro que radica en que los fondos de pensiones se transen y se inviertan en distintos mercados financieros.
“Lo que es bien impresionante es que los fondos de pensiones dependan de vaivenes de administraciones, en este caso, de empresas que terminan perjudicándolos y en ese sentido, además de avanzar en esta senda respecto a la investigación de este caso en particular, se hace urgente y necesario un cambio más profundo en donde, cuando hablemos de sistema previsional, lo que se ponga por delante sea entregar seguridad social, sea entregar pensiones y no el negocio que hay detrás que son estas inversiones que realiza la AFP en determinados grupos empresariales, donde 50 por ciento de ellos en Chile se lo llevan los grandes grupos económicos”, señaló.
Una arista que ha llamado la atención de la quiebra de Latam es que se ha sostenido que meses antes de que la empresa se acogiera a la Ley de Quiebras en Estados Unidos, Costa Verde Aeronáutica S.A que pertenece a la familia Cueto -uno de los tres accionistas principales de Latam- pagó un préstamo de 43 millones de dólares al family office que administran los cuatro hijos del Presidente Sebastián Piñera “Inversiones Odisea“. Si bien la información fue señalada como falsa por Latam, la parlamentaria del Frente Amplio consideró que la transacción reviste un cuestionamiento ético y moral.
“Cuando se pone en riesgo la pérdida de los fondos de pensiones y la familia Cueto en ese sentido decidió pagar una deuda a la familia Piñera anticipadamente antes de entrar al proceso de quiebra, a mí me parece que hay un cuestionamiento moral de tipo ineludible, sobre todo cuando es eso lo que se está poniendo en riesgo por el proceso de quiebra ¿Por qué no se hizo ese mismo por parte de la familia Cueto ese mismo pago hacia las AFP pensando que son los fondos de pensiones, las jubilaciones qué están en riesgo? Son las dudas y las interrogantes que se abren, obviamente que esto debería estar siempre por delante y a mí me parece que sobre todo, además de una cuestión ética y moral, regulatoriamente es bien impresentable que esto se permita”, criticó.
Aunque la Superintendencia de Pensiones cuenta con 30 días para responder al requerimiento de los legisladores, Yeomans dice esperar que la contestación se emane dentro de lo más pronto posible para efectos de tener la versión oficial sobre el monto de pensiones que estarían en riesgo. Se debe considerar que Latam emanó un comunicado en el cual señaló como falso que mantenga una deuda por 500 millones de dólares con las AFP en el marco del proceso de reestructuración.
Por otro lado BancoEstado que representa a las AFP, declaró que actúa solamente como representante de los tenedores de bonos locales, en razón de lo cual no es efectivo que haya prestado este total a la compañía. En consideración a lo anterior, la diputada dijo esperar una actividad públicamente más pronunciada de la Superintendencia.
“Cuando estamos hablando en materia de pensiones, de velar por el correcto funcionamiento de que se ponga por delante el cuidado de la protección de los fondos, es la Superintendencia de Pensiones la que tiene un rol de fiscalización. Entones a mí al menos me llama la atención el silencio que guarda la autoridad en este caso la Superintendencia cuando ocurren este tipo de hechos, debería salir desde un principio a tomar un rol y eso no lo he visto”, expresó.
Finalmente la diputada hizo hincapié en la necesidad de comenzar el camino para terminar con las AFP, lo que se pretende recoger en el futuro gobierno de Apruebo Dignidad para buscar mecanismos que aumenten los fondos de pensiones y que eso termine en mejorar las jubilaciones de los chilenos y chilenas. Un objetivo para el cual se necesita contar con una regulación exhaustiva, indicó Yeomans.
En el marco de la quiebra de Latam, la empresa presentó un plan de reestructuración que contempló la reducción de los accionistas al 01 por ciento del total, afectando en el país no sólo a socios minoritarios sino también a los emisores de bonos nacionales, entre ellos, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en una deuda de la aerolínea que presuntamente ascendería a los 500 millones de dólares.
Un perjuicio que fue condenado desde el Congreso Nacional en cuanto se cuestionó el hecho de que las AFP formasen parte de los bonistas de la empresa. En eso, parlamentarios de la Democracia Cristiana y la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, oficiaron al Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, para que se indague sobre las pérdidas de las AFPs en las modificaciones que adoptó Latam tras presentar su proyecto de reorganización el 25 de noviembre de este año ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.
Como un escándalo inaceptable consideró el hecho el diputado DC Gabriel Silber, del cual no deben quedarse de brazos cruzados ni las AFP ni la Superintendencia, aseveró. En tanto Iván Flores señaló que este tipo de actos sólo provocan legítimamente la indignación de los ciudadanos. Yeomans por su parte dijo haber realizado la presentación al organismo con la finalidad de que investigue los vínculos entre las AFPs y Latam para así velar que, en las decisiones que toman las administradoras en el proceso de quiebra, sean resguardados los fondos de pensiones.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la legisladora consideró apremiante que la Superintendencia de Pensiones responda a la Cámara de Diputados y Diputadas para efectos de que se señale si hay un proceso de fiscalización abierto dada la gravedad de los antecedentes que se están conociendo y que demuestran, a su juicio, el peligro que radica en que los fondos de pensiones se transen y se inviertan en distintos mercados financieros.
“Lo que es bien impresionante es que los fondos de pensiones dependan de vaivenes de administraciones, en este caso, de empresas que terminan perjudicándolos y en ese sentido, además de avanzar en esta senda respecto a la investigación de este caso en particular, se hace urgente y necesario un cambio más profundo en donde, cuando hablemos de sistema previsional, lo que se ponga por delante sea entregar seguridad social, sea entregar pensiones y no el negocio que hay detrás que son estas inversiones que realiza la AFP en determinados grupos empresariales, donde 50 por ciento de ellos en Chile se lo llevan los grandes grupos económicos”, señaló.
Una arista que ha llamado la atención de la quiebra de Latam es que se ha sostenido que meses antes de que la empresa se acogiera a la Ley de Quiebras en Estados Unidos, Costa Verde Aeronáutica S.A que pertenece a la familia Cueto -uno de los tres accionistas principales de Latam- pagó un préstamo de 43 millones de dólares al family office que administran los cuatro hijos del Presidente Sebastián Piñera “Inversiones Odisea“. Si bien la información fue señalada como falsa por Latam, la parlamentaria del Frente Amplio consideró que la transacción reviste un cuestionamiento ético y moral.
“Cuando se pone en riesgo la pérdida de los fondos de pensiones y la familia Cueto en ese sentido decidió pagar una deuda a la familia Piñera anticipadamente antes de entrar al proceso de quiebra, a mí me parece que hay un cuestionamiento moral de tipo ineludible, sobre todo cuando es eso lo que se está poniendo en riesgo por el proceso de quiebra ¿Por qué no se hizo ese mismo por parte de la familia Cueto ese mismo pago hacia las AFP pensando que son los fondos de pensiones, las jubilaciones qué están en riesgo? Son las dudas y las interrogantes que se abren, obviamente que esto debería estar siempre por delante y a mí me parece que sobre todo, además de una cuestión ética y moral, regulatoriamente es bien impresentable que esto se permita”, criticó.
Aunque la Superintendencia de Pensiones cuenta con 30 días para responder al requerimiento de los legisladores, Yeomans dice esperar que la contestación se emane dentro de lo más pronto posible para efectos de tener la versión oficial sobre el monto de pensiones que estarían en riesgo. Se debe considerar que Latam emanó un comunicado en el cual señaló como falso que mantenga una deuda por 500 millones de dólares con las AFP en el marco del proceso de reestructuración.
Por otro lado BancoEstado que representa a las AFP, declaró que actúa solamente como representante de los tenedores de bonos locales, en razón de lo cual no es efectivo que haya prestado este total a la compañía. En consideración a lo anterior, la diputada dijo esperar una actividad públicamente más pronunciada de la Superintendencia.
“Cuando estamos hablando en materia de pensiones, de velar por el correcto funcionamiento de que se ponga por delante el cuidado de la protección de los fondos, es la Superintendencia de Pensiones la que tiene un rol de fiscalización. Entones a mí al menos me llama la atención el silencio que guarda la autoridad en este caso la Superintendencia cuando ocurren este tipo de hechos, debería salir desde un principio a tomar un rol y eso no lo he visto”, expresó.
Finalmente la diputada hizo hincapié en la necesidad de comenzar el camino para terminar con las AFP, lo que se pretende recoger en el futuro gobierno de Apruebo Dignidad para buscar mecanismos que aumenten los fondos de pensiones y que eso termine en mejorar las jubilaciones de los chilenos y chilenas. Un objetivo para el cual se necesita contar con una regulación exhaustiva, indicó Yeomans.
