Los gobiernos en Chile siempre han tratado con mucha benevolencia, sobre todo en el aspecto tributario, a la influyente industria inmobiliaria como también a los sectores de transportes, mineros y agrícolas, permitiéndoles a estos últimos que paguen sus impuestos bajo la mentirosa y aceptada figura de la renta presunta.
Recordemos que el mejor negocio, en términos de alta rentabilidad asegurada y con obtención inmediata de varias ventajas tributarias, es la explotación del arriendo de viviendas acogidas al injustificado DFL2 de 1959 y por ello ya existen edificios completos con departamentos de entre 20 y 70 m2 c/u de propiedad de los Fondos de Inversión Inmobiliaria. Según una publicación en un medio experto en finanzas, para el próximo año 2022 habrán más de 100 torres habitacionales con exclusividad para el alquiler, actividad que ese tipo de prensa denomina “renta residencial”.
En esta ocasión informamos a la opinión pública que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, con sus actuaciones está intentando favorecer los intereses comerciales de los dueños del hotel Sheraton y por ello, sucintamente explicamos la situación para que los lectores saquen sus conclusiones.
Con ocasión de una denuncia que ingresamos en la Contraloría en contra del Director de Obras Municipales de Providencia, Sergio Ventura, por haber otorgado el permiso de edificación ilegal N° 35/2019 a favor de los propietarios del hotel Sheraton, consistente en 2 torres habitacionales de 32 pisos cada una, previstas en el mismo terreno en donde se localiza el propio hotel y otra estructura en altura, el ente fiscalizador, en su dictamen N° E89540/2021, resolvió que tal acto administrativo era contrario a derecho y que, por ello, el funcionario que lo cursó debía iniciar el proceso de invalidación, ver link
Para no invalidarse el permiso, se utilizó un ingenioso y acomodaticio informe del director jurídico de esa municipalidad, abogado Rodrigo Rieloff, dirigido a la alcaldesa Evelyn Matthei, en el cual se sostenía que el culpable por lo acontecido, era solo el arquitecto revisor independiente del proyecto, por lo tanto, exculpando solidariamente al funcionario público Sergio Ventura, dándose a entender fantasiosamente que éste “habría obedecido las instrucciones” del actor privado interesado en el negocio. A todo esto, Rieloff, subordinado de Matthei, es abogado integrante en la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual, por tener preferencias por las joyas y relojes de lujo, fue aludido en una investigación periodística de la radio Bio Bío.
Así las cosas, irrespetándose las reglas del libre mercado, por ende, desacatándose el dictamen vinculante de la Contraloría, con las formalidades de rigor, le representamos esa incorrecta situación a la alcaldesa Matthei, haciéndole notar que ella debía instruir a su funcionario dependiente, Sergio Ventura, para que, acorde al mandato del artículo 26 de la Ley N° 19.880, ampliara el plazo para tramitar y concluir la invalidación del permiso. Es más, a la alcaldesa le dijimos que, cumpliéndose la ley y por lo tanto respetándose el Estado Democrático de Derecho, no se perjudica al titular del permiso pues éste perfectamente puede recurrir ante la justica en defensa de sus supuestos derechos.
La singularizada alcaldesa, por motivos incomprensibles, optó por no responder y por lo tanto, el permiso nunca se invalidó, motivo más que suficiente para interponer una acción judicial en contra de ella en la Corte de Apelaciones de Santiago, recurso que, por razones meramente formales, todavía no es admitido a tramitación. Respecto del abogado integrante de esa Corte, Rodrigo Rieloff, esperaríamos que en los tribunales se defienda con convincentes razones por las graves acusaciones que penden sobre su persona.
Los peces grandes se comen a los peces chicos
Pero el colmo de las violaciones al libre mercado se ha conocido recientemente a raíz de las denuncias públicas, en contra de LATAM, vertidas con inusitada valentía por el empresario Jorge Said, uno de los dueños del centro comercial (mall) Parque Arauco. El acusador es accionista minoritario de Latam y entre otras cosas, dijo que, antes de la quiebra de esa línea aérea, controlada por la familia Cueto, ex socia de Piñera, le pagó US$ 40 millones de dólares a los hijos del presidente en ejercicio. Asimismo, disparó con ventilador al dar cuenta de los sobornos que pagaba esa empresa a políticos de Argentina y Brasil, dejando en evidencia los perjuicios económicos que Latam ocasiona discrecionalmente a quienes son afiliados a las AFP, Banco del Estado y otros acreedores de la fallida que está tratando de arreglar su situación en la justicia norteamericana.
Otro tanto de abuso, acontece con los casi 40 acreedores no garantizados de Corp Group Banking S.A. del temerario inversionista Álvaro Saieh, quienes tratan de recuperar US$ 500 millones en el proceso de “reorganización” judicial en EEUU. Estos perjudicados, nacionales y extranjeros aseguran, según hemos leído en la prensa, que detectaron transferencias fraudulentas, contratos simulados y transacciones con partes relacionadas, modalidades corruptas que hacen inviable el ejercicio del libre mercado.
Sobre estas 2 millonarias estafas, propias en un régimen cleptocrático, nos gustaría conocer una severa reprimenda pública a los dueños de esas empresas, por parte del presidente de la pomposa Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), quien al parecer está más interesado en comprar un canal de televisión.
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