Mauricio Daza sobre moción que elimina el Tribunal Constitucional: “Surge a partir de la constatación de debilidades y distorsiones”
El abogado que firmó entre otros 15 constituyentes la propuesta de norma que suprime al Tribunal Constitucional explicó que la medida contempla la creación de un Consejo Supremo de Justicia cuya forma de integración contempla paridad, plurinacionalidad y descentralización dejando un margen mínimo para las designaciones políticas.
Viernes 31 de diciembre 2021 10:36 hrs.
En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, el convencional constituyente del distrito 28, abogado y ex querellante del caso SQM, Mauricio Daza, abordó la propuesta de norma constitucional que este jueves ingresó el jurista junto a otros 15 pares de Apruebo Dignidad y de la Lista del Apruebo a la Comisión de Sistemas de Justicia, que busca suprimir la figura del Tribunal Constitucional, traspasando sus competencias a la Corte Suprema. Una iniciativa que se presenta tras años de cuestionamientos hacia el rol “legislativo” que asumía la instancia.
El abogado sostuvo que el órgano es absolutamente prescindible ya que el control de constitucionalidad de las leyes no necesariamente debe pasar por la existencia de un Tribunal Constitucional, aseguró. Esto considerando que existen modelos en los que operan los tribunales regulares de justicia en la materia.
El debate respecto a la eliminación de la instancia surge “a partir de la constatación de las debilidades y las distorsiones del sistema de justicia constitucional a través de lo que ha sido la actuación del tribunal en Chile”, aseveró Daza, pero también deriva de las audiencias de la Comisión de Sistemas de Justicia donde se han señalado un conjunto de alternativas al respecto, indicó.
Así, el jurista explicó que el análisis de la propuesta radicó en la observación de las funciones que cumple el Tribunal Constitucional para efectos de determinar cuáles se deben mantener y cuáles no, ante lo cual se consideró inapropiado el que la instancia realice el control preventivo de constitucionalidad respecto a las leyes que se aprueban en el Congreso Nacional.
“Nosotros consideramos que este control preventivo no es adecuado o va en contra de la presunción que debe existir respecto de la corrección de las normas que salen de un proceso democrático, en una entidad representativa como el Congreso Nacional entonces ya se le quitaría una atribución completa que es este control preventivo”, sostuvo.
Respecto a una segunda función que cumple el tribunal, que quita la aplicabilidad de las leyes promulgadas en casos específicos, se sopesaron dos modelos, explicó, “dejar la inaplicabilidad dentro del paragua del Poder Judicial o si es que aceptamos que un órgano externo al Poder Judicial resuelva estas materias que inciden en causas judiciales y nosotros creemos que es más eficiente lo primero, o sea que esto quede al interior del Poder Judicial y además estableciendo un procedimiento que evite los abusos que hoy día se dan“.
Y es que la inaplicabilidad se ha esgrimido para efectos de suspender casos, criticó el jurista, lo que consideró como un “instrumento más de la artillería de litigación estratégica que ocupan muchos abogados y no tiene mucho que ver con un control real de constitucionalidad”.
De esa manera se completó un diagnóstico que arrojó la intrascendencia del órgano, de modo que las funciones “residuales”, mencionó, se repartirán en otras instancias. Sin embargo lo anterior no significa que dejará de existir un control constitucional a las leyes, en cuanto “el único punto acá es que el sistema será diferente y no va a incorporar la figura del Tribunal Constitucional según nuestra propia propuesta”, subrayó.
Para delegar el control de constitucionalidad a la Corte Suprema se pretende liberar una parte de la carga en materia de conocimiento y fallo de los casos que asume hoy la instancia, proponiendo a través de otra iniciativa de norma un Consejo Supremo de Justicia, anunció el abogado.
“Cambia la lógica en lo que es la gestión precisamente del denominado Poder Judicial, ahora los jueces, nuestra idea, es que solamente se dediquen a conocer y fallar casos y que ya no estén abocados en labores administrativas ni a revisar la actuación de otros jueces y para eso vamos a crear esta otra entidad que también los va a nombrar a todos ellos”, señaló.
Y es que la creación del Consejo Supremo de Justicia fue apremiado tanto por el presidente de la Corte Suprema y como por el presidente de la Asociación de Magistrados y Magistradas, aseguró el convencional, quienes han señalado necesario que en el marco del proceso constituyente, “se separe lo que es la función jurisdiccional que consiste en conocer y resolver causas de lo administrativo y disciplinario, radicando los dos últimos aspectos a un ente autónomo que a nivel internacional se conocen como Consejos Nacionales de la Magistratura.
“Existen varios a nivel Latinoamericano, en España, en Portugal, en Italia y ahora, han funcionado por lo menos en Latinoamérica con algunos problemas porque se han tendido a politizar pero hay medidas las cuales nos permite tratar de evitar aquello básicamente en su integración así que la verdad estamos respondiendo a un propio requerimiento que nos han manifestado los magistrados en esta materia”.
Para efectos de evitar la politización de la nuevo organismo, es que se propone establecer una integración del Consejo Supremo de Justicia mediante personas que correspondan a distintos estamentos del Poder Judicial que sean elegidas entre sus pares con una lógica de paridad, plurinacionalidad y descentralización, con lo que se deja a las designaciones políticas en un margen mínimo, “que no alcance el 50 por ciento más uno”, afirmó.
“O sea tenemos por ejemplo seis miembros que son elegidos entre los jueces, entre sus pares, tenemos miembros que son elegidos entre los funcionarios del Poder Judicial, tenemos nombres también elegidos por organizaciones de la sociedad civil ocupando un esquema muy similar al que hoy día se utiliza para la designación de miembros del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, tenemos personas que serán elegidos por fiscales del Ministerio Público y así sucesivamente”.
Mesa directiva
Consultado por el debate sobre la segunda administración de la Convención Constitucional, Daza reconoció que la discusión respecto a la definición de los nombres ha replicado las lógicas que operan en el Congreso Nacional, entre otras prácticas que la instancia estaba llamada a radicar. Sin embargo consideró que la definición de la mesa será resuelta al momento de la votación el mismo 4 de enero, de la misma manera en que sucedió en la elección de Elisa Loncón y Jaime Bassa. “No creo que llegue cocinado”, manifestó.
“Lo importante es que tengamos una mesa ejecutiva, una mesa que salga de la lógica de los simbolismos, de las consignas, a una lógica de gestión ejecutiva y generar espacios para que se logren las importantes mayorías que se necesitan para poder aprobar un texto que se incluya en el proyecto de nueva Constitución”.
En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, el convencional constituyente del distrito 28, abogado y ex querellante del caso SQM, Mauricio Daza, abordó la propuesta de norma constitucional que este jueves ingresó el jurista junto a otros 15 pares de Apruebo Dignidad y de la Lista del Apruebo a la Comisión de Sistemas de Justicia, que busca suprimir la figura del Tribunal Constitucional, traspasando sus competencias a la Corte Suprema. Una iniciativa que se presenta tras años de cuestionamientos hacia el rol “legislativo” que asumía la instancia.
El abogado sostuvo que el órgano es absolutamente prescindible ya que el control de constitucionalidad de las leyes no necesariamente debe pasar por la existencia de un Tribunal Constitucional, aseguró. Esto considerando que existen modelos en los que operan los tribunales regulares de justicia en la materia.
El debate respecto a la eliminación de la instancia surge “a partir de la constatación de las debilidades y las distorsiones del sistema de justicia constitucional a través de lo que ha sido la actuación del tribunal en Chile”, aseveró Daza, pero también deriva de las audiencias de la Comisión de Sistemas de Justicia donde se han señalado un conjunto de alternativas al respecto, indicó.
Así, el jurista explicó que el análisis de la propuesta radicó en la observación de las funciones que cumple el Tribunal Constitucional para efectos de determinar cuáles se deben mantener y cuáles no, ante lo cual se consideró inapropiado el que la instancia realice el control preventivo de constitucionalidad respecto a las leyes que se aprueban en el Congreso Nacional.
“Nosotros consideramos que este control preventivo no es adecuado o va en contra de la presunción que debe existir respecto de la corrección de las normas que salen de un proceso democrático, en una entidad representativa como el Congreso Nacional entonces ya se le quitaría una atribución completa que es este control preventivo”, sostuvo.
Respecto a una segunda función que cumple el tribunal, que quita la aplicabilidad de las leyes promulgadas en casos específicos, se sopesaron dos modelos, explicó, “dejar la inaplicabilidad dentro del paragua del Poder Judicial o si es que aceptamos que un órgano externo al Poder Judicial resuelva estas materias que inciden en causas judiciales y nosotros creemos que es más eficiente lo primero, o sea que esto quede al interior del Poder Judicial y además estableciendo un procedimiento que evite los abusos que hoy día se dan“.
Y es que la inaplicabilidad se ha esgrimido para efectos de suspender casos, criticó el jurista, lo que consideró como un “instrumento más de la artillería de litigación estratégica que ocupan muchos abogados y no tiene mucho que ver con un control real de constitucionalidad”.
De esa manera se completó un diagnóstico que arrojó la intrascendencia del órgano, de modo que las funciones “residuales”, mencionó, se repartirán en otras instancias. Sin embargo lo anterior no significa que dejará de existir un control constitucional a las leyes, en cuanto “el único punto acá es que el sistema será diferente y no va a incorporar la figura del Tribunal Constitucional según nuestra propia propuesta”, subrayó.
Para delegar el control de constitucionalidad a la Corte Suprema se pretende liberar una parte de la carga en materia de conocimiento y fallo de los casos que asume hoy la instancia, proponiendo a través de otra iniciativa de norma un Consejo Supremo de Justicia, anunció el abogado.
“Cambia la lógica en lo que es la gestión precisamente del denominado Poder Judicial, ahora los jueces, nuestra idea, es que solamente se dediquen a conocer y fallar casos y que ya no estén abocados en labores administrativas ni a revisar la actuación de otros jueces y para eso vamos a crear esta otra entidad que también los va a nombrar a todos ellos”, señaló.
Y es que la creación del Consejo Supremo de Justicia fue apremiado tanto por el presidente de la Corte Suprema y como por el presidente de la Asociación de Magistrados y Magistradas, aseguró el convencional, quienes han señalado necesario que en el marco del proceso constituyente, “se separe lo que es la función jurisdiccional que consiste en conocer y resolver causas de lo administrativo y disciplinario, radicando los dos últimos aspectos a un ente autónomo que a nivel internacional se conocen como Consejos Nacionales de la Magistratura.
“Existen varios a nivel Latinoamericano, en España, en Portugal, en Italia y ahora, han funcionado por lo menos en Latinoamérica con algunos problemas porque se han tendido a politizar pero hay medidas las cuales nos permite tratar de evitar aquello básicamente en su integración así que la verdad estamos respondiendo a un propio requerimiento que nos han manifestado los magistrados en esta materia”.
Para efectos de evitar la politización de la nuevo organismo, es que se propone establecer una integración del Consejo Supremo de Justicia mediante personas que correspondan a distintos estamentos del Poder Judicial que sean elegidas entre sus pares con una lógica de paridad, plurinacionalidad y descentralización, con lo que se deja a las designaciones políticas en un margen mínimo, “que no alcance el 50 por ciento más uno”, afirmó.
“O sea tenemos por ejemplo seis miembros que son elegidos entre los jueces, entre sus pares, tenemos miembros que son elegidos entre los funcionarios del Poder Judicial, tenemos nombres también elegidos por organizaciones de la sociedad civil ocupando un esquema muy similar al que hoy día se utiliza para la designación de miembros del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, tenemos personas que serán elegidos por fiscales del Ministerio Público y así sucesivamente”.
Mesa directiva
Consultado por el debate sobre la segunda administración de la Convención Constitucional, Daza reconoció que la discusión respecto a la definición de los nombres ha replicado las lógicas que operan en el Congreso Nacional, entre otras prácticas que la instancia estaba llamada a radicar. Sin embargo consideró que la definición de la mesa será resuelta al momento de la votación el mismo 4 de enero, de la misma manera en que sucedió en la elección de Elisa Loncón y Jaime Bassa. “No creo que llegue cocinado”, manifestó.
“Lo importante es que tengamos una mesa ejecutiva, una mesa que salga de la lógica de los simbolismos, de las consignas, a una lógica de gestión ejecutiva y generar espacios para que se logren las importantes mayorías que se necesitan para poder aprobar un texto que se incluya en el proyecto de nueva Constitución”.
En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, el convencional constituyente del distrito 28, abogado y ex querellante del caso SQM, Mauricio Daza, abordó la propuesta de norma constitucional que este jueves ingresó el jurista junto a otros 15 pares de Apruebo Dignidad y de la Lista del Apruebo a la Comisión de Sistemas de Justicia, que busca suprimir la figura del Tribunal Constitucional, traspasando sus competencias a la Corte Suprema. Una iniciativa que se presenta tras años de cuestionamientos hacia el rol “legislativo” que asumía la instancia.
El abogado sostuvo que el órgano es absolutamente prescindible ya que el control de constitucionalidad de las leyes no necesariamente debe pasar por la existencia de un Tribunal Constitucional, aseguró. Esto considerando que existen modelos en los que operan los tribunales regulares de justicia en la materia.
El debate respecto a la eliminación de la instancia surge “a partir de la constatación de las debilidades y las distorsiones del sistema de justicia constitucional a través de lo que ha sido la actuación del tribunal en Chile”, aseveró Daza, pero también deriva de las audiencias de la Comisión de Sistemas de Justicia donde se han señalado un conjunto de alternativas al respecto, indicó.
Así, el jurista explicó que el análisis de la propuesta radicó en la observación de las funciones que cumple el Tribunal Constitucional para efectos de determinar cuáles se deben mantener y cuáles no, ante lo cual se consideró inapropiado el que la instancia realice el control preventivo de constitucionalidad respecto a las leyes que se aprueban en el Congreso Nacional.
“Nosotros consideramos que este control preventivo no es adecuado o va en contra de la presunción que debe existir respecto de la corrección de las normas que salen de un proceso democrático, en una entidad representativa como el Congreso Nacional entonces ya se le quitaría una atribución completa que es este control preventivo”, sostuvo.
Respecto a una segunda función que cumple el tribunal, que quita la aplicabilidad de las leyes promulgadas en casos específicos, se sopesaron dos modelos, explicó, “dejar la inaplicabilidad dentro del paragua del Poder Judicial o si es que aceptamos que un órgano externo al Poder Judicial resuelva estas materias que inciden en causas judiciales y nosotros creemos que es más eficiente lo primero, o sea que esto quede al interior del Poder Judicial y además estableciendo un procedimiento que evite los abusos que hoy día se dan“.
Y es que la inaplicabilidad se ha esgrimido para efectos de suspender casos, criticó el jurista, lo que consideró como un “instrumento más de la artillería de litigación estratégica que ocupan muchos abogados y no tiene mucho que ver con un control real de constitucionalidad”.
De esa manera se completó un diagnóstico que arrojó la intrascendencia del órgano, de modo que las funciones “residuales”, mencionó, se repartirán en otras instancias. Sin embargo lo anterior no significa que dejará de existir un control constitucional a las leyes, en cuanto “el único punto acá es que el sistema será diferente y no va a incorporar la figura del Tribunal Constitucional según nuestra propia propuesta”, subrayó.
Para delegar el control de constitucionalidad a la Corte Suprema se pretende liberar una parte de la carga en materia de conocimiento y fallo de los casos que asume hoy la instancia, proponiendo a través de otra iniciativa de norma un Consejo Supremo de Justicia, anunció el abogado.
“Cambia la lógica en lo que es la gestión precisamente del denominado Poder Judicial, ahora los jueces, nuestra idea, es que solamente se dediquen a conocer y fallar casos y que ya no estén abocados en labores administrativas ni a revisar la actuación de otros jueces y para eso vamos a crear esta otra entidad que también los va a nombrar a todos ellos”, señaló.
Y es que la creación del Consejo Supremo de Justicia fue apremiado tanto por el presidente de la Corte Suprema y como por el presidente de la Asociación de Magistrados y Magistradas, aseguró el convencional, quienes han señalado necesario que en el marco del proceso constituyente, “se separe lo que es la función jurisdiccional que consiste en conocer y resolver causas de lo administrativo y disciplinario, radicando los dos últimos aspectos a un ente autónomo que a nivel internacional se conocen como Consejos Nacionales de la Magistratura.
“Existen varios a nivel Latinoamericano, en España, en Portugal, en Italia y ahora, han funcionado por lo menos en Latinoamérica con algunos problemas porque se han tendido a politizar pero hay medidas las cuales nos permite tratar de evitar aquello básicamente en su integración así que la verdad estamos respondiendo a un propio requerimiento que nos han manifestado los magistrados en esta materia”.
Para efectos de evitar la politización de la nuevo organismo, es que se propone establecer una integración del Consejo Supremo de Justicia mediante personas que correspondan a distintos estamentos del Poder Judicial que sean elegidas entre sus pares con una lógica de paridad, plurinacionalidad y descentralización, con lo que se deja a las designaciones políticas en un margen mínimo, “que no alcance el 50 por ciento más uno”, afirmó.
“O sea tenemos por ejemplo seis miembros que son elegidos entre los jueces, entre sus pares, tenemos miembros que son elegidos entre los funcionarios del Poder Judicial, tenemos nombres también elegidos por organizaciones de la sociedad civil ocupando un esquema muy similar al que hoy día se utiliza para la designación de miembros del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, tenemos personas que serán elegidos por fiscales del Ministerio Público y así sucesivamente”.
Mesa directiva
Consultado por el debate sobre la segunda administración de la Convención Constitucional, Daza reconoció que la discusión respecto a la definición de los nombres ha replicado las lógicas que operan en el Congreso Nacional, entre otras prácticas que la instancia estaba llamada a radicar. Sin embargo consideró que la definición de la mesa será resuelta al momento de la votación el mismo 4 de enero, de la misma manera en que sucedió en la elección de Elisa Loncón y Jaime Bassa. “No creo que llegue cocinado”, manifestó.
“Lo importante es que tengamos una mesa ejecutiva, una mesa que salga de la lógica de los simbolismos, de las consignas, a una lógica de gestión ejecutiva y generar espacios para que se logren las importantes mayorías que se necesitan para poder aprobar un texto que se incluya en el proyecto de nueva Constitución”.
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