A 8 mil 400 millones de dólares ascendieron las utilidades del grupo de las 13 empresas mineras privadas más grandes del país este 2021, reportando un salto en el crecimiento de 268 por ciento respecto al año pasado. Un alza que se explica por el precio histórico del cobre que ha promediado un valor anual de 4 dólares la libra y si bien esto ha radicado en el aumento de los tributos del sector en un 154 por ciento, hay quienes lamentan que parte esos recursos aún no sean dirigidos a las comunas donde se establecen estos yacimientos.

Es la postura del diputado del Frente Regionalista Verde Social, ex alcalde de Calama por dos períodos consecutivos y presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, Esteban Velásquez, quien lleva años impulsando la iniciativa que establece en favor del Estado una compensación denominada Royalty Minero por la explotación de la minería del cobre, el litio y de todas las sustancias concesibles equivalente a 3 por ciento del valor ad valorem (tasa sobre las ventas) del mineral extraído.

Iniciativa que regula el destino de los recursos recaudados por concepto del pago de esta compensación que se distribuirá de tal manera que un 25 por ciento vaya a un Fondo de Convergencia Regional integrado sólo por las comunas que pertenezcan a las regiones en las que se realicen las explotaciones mineras y el 75 por ciento para financiar proyectos que contemplen medidas de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales provocados por la actividad minera en dichos territorios.

Un proyecto de ley que de haber estado operando habría podido recuperar una buena cantidad de recursos especialmente paras las comunidades golpeadas por profundas desigualdades sociales, aseguró el parlamentario en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

“El Royalty minero lo que busca son compensaciones respecto a las regiones donde estas minerías, estas mismas privadas, Escondida, Collahuasi, Spence que están acá en el norte, bien podrían dejar las compensaciones para mejorar condiciones de vida, ni siquiera para ser ciudades opulentas o de colores, sencillamente para condiciones de vida básicas”, afirmó.

El nivel de utilidades que registraron las firmas privadas es objeto de molestia para el diputado del distrito 3, especialmente de los nortinos, agregó, “que vivimos a poco metros de la faena minera donde todos los días estamos consumiendo el humo y la polución permanente de las distintas mineras de las que estamos hablando entre otras contaminaciones sociales y medioambientales”.

Y es que este reporte de las ganancias de las empresas mineras privadas hace insostenible los argumentos que se han esgrimido en oposición al proyecto y que han advertido un eventual retiro de la inversión del país y un crecimiento del desempleo en el escenario que el Royalty minero se convierta en ley, aseguró Velásquez.

“Cuando estas empresas mineras privadas han habido momentos que se han quejado de que el precio del cobre ha bajado tanto y que las condiciones internacionales están muy malas, no trepidan en despedir trabajadores, en bajar todo lo que es su relación con las empresas proveedoras, es decir ahogan mucho más a las regiones, al país donde están operando pero ahora que están sobre los 4 dólares y probablemente su presupuesto de inversión, de gasto, están aproximadamente dentro de los 2 dólares la libra están hoy día duplicando, triplicando su ganancia y eso resulta muy grosero, yo diría que el aporte de las mineras es ofensivo para Chile y para el norte”.

El proyecto de ley que ingresó Velásquez junto a sus pares del FRVS, Alejandra Sepúlveda y Jaime Mulet data del 2018 y ha sido objeto en más de una oportunidad de reserva de constitucionalidad tanto de parlamentarios como del gobierno, en cuanto se ha reclamado que los legisladores no tienen la potestad de proponer cambios en materia tributaria. Por otro lado el 70 por ciento de la minería cuenta con invariabilidad tributaria hasta el 2023 con lo que no se podría modificar unilateralmente su régimen tributario actual con tablas de impuestos específicos a la actividad entre 5 y 14 por ciento.

Pese a estos nudos, que el diputado interpreta las trabas como políticas y no técnicas, la iniciativa concitó las mayorías del Senado a fines de noviembre logrando aprobarse en general en su segundo trámite constitucional, con lo ahora se encuentra en el plazo de ingreso de indicaciones en la Comisión de Minería y Energía de la instancia, el que fue prorrogado hasta el 4 de enero del 2022.

Así las cosas, para Velásquez resulta inaudito que el Estado aún no cuente con alguna disposición vigorosa para administrar el metal rojo.

“Nuestro Estado de Chile no protege nuestros recursos naturales, acá no hay una política del cobre, nuestro país es evidentemente minero y no hay política del cobre porque ya debería haberse previsto esto (…) Cuando el precio del cobre está sobre ciertos precios, indudablemente, déjennos una renta mayor las empresas privadas si es una cuestión natural del más modesto negocio”.

A juicio del parlamentario, la situación presenta un problema estructural importante y si bien dentro del programa de gobierno de Apruebo Dignidad se tiene planeado revisar el Royalty minero una vez cese la invariabilidad el 2023, Velásquez hizo hincapié en que el camino hacia las transformaciones está en clave de nueva Constitución para efectos de nacionalizar el cobre y el litio.

“Estamos hablando de tremendas utilidades, sobre 8 mil 400 millones de dólares de sólo utilidades porque las ganancias netas están sobre los 12 mil, 13 mil millones de dólares y del litio ¿Qué hace el Ministerio de Minería? En octubre licita y hoy día quiere traspasarle una buena cantidad de toneladas por 30 años más, o sea dejar en manos de privados un material que es tan necesario para el país pero para ser manufacturado, que tenga un valor agregado y sea desarrollado de manera distinta entonces el gobierno actual nos quiere meter los últimos goles fraudulentos”.