En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la economista y académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto, abordó el avance de la tramitación de la Pensión Garantizada Universal y el proyecto de financiamiento de la iniciativa, en la que manifestó sus reparos junto a un grupo de expertos en una carta a El Mercurio la semana pasada.

En ese contexto, Repetto aclaró que “nosotros alertamos algo y no fuimos los primeros. Quienes hicieron un llamado a tener más cuidado con un proyecto que genera un gasto permanente adicional al Estado de un punto del PIB sin un financiamiento adecuado, fue el propio Consejo Consultivo Previsional y nuestro sistema de pensiones requiere la opinión de este grupo técnico y transversal, que debe opinar antes de que se ingresen los proyectos de ley”.

En ese sentido, afirmó que “ellos habían alertado que esta era un proyecto que venía sin financiamiento porque lo que hizo el Gobierno fue, a diferencia de su ley corta, ingresar dos (iniciativas). Sustituyó este proyecto anterior por uno que solo tiene un gasto de Pensión Garantizada Universal que es la que fue aprobada en la Sala ayer en la Cámara, y otro proyecto distinto con exenciones tributarias, entre las cuales hay una lista de ellos, pero en lo que suma un gasto en un proyecto es más grande de lo que suma el financiamiento en el otro”.

Para la académica esta situación podría derivar en dos complicaciones: que es que se apruebe la PGU, pero no el proyecto que lo financia o que, si se avanza en este último, “no te están aprobando todo lo que se requiere para financiar ese proyecto”.

Asimismo, enfatizó en que “lo que hace la Pensión Garantizada Universal es reemplazar el Pilar Solidario. Si antes recibías la Pensión Básica Solidaria de $176.000 pesos, te van a retirar eso y te van a dar $185.000, o sea te van a dar $9.000 pesos más. No te van a dar $185.000 en adicional a lo que tú tenías antes”.

Por otra parte, la economista indicó que esta iniciativa no era el diseño apropiado que se necesitaba. “Nosotros en nuestra carta también planteamos la duda de que, si este proyecto iba solo, por qué no iba con una verdadera reforma a las pensiones. Aquí solo estamos cambiando lo fiscal, pero no estamos trayendo más contribuciones, no estamos creando un fondo común, no estamos creando lo que de verdad requiere un sistema de seguridad social”.

En esa línea, respaldó los cuestionamientos de la diputada comunista, Karol Cariola, quien calificó este proyecto de ley como “un cascarón”, señalando que “es un gasto que permanentemente va a estar en el Estado, que no tiene financiamiento, por lo tanto las generaciones futuras van a tener que cargar con este gasto, ya sea a través de mayor endeudamiento o en los próximos gobiernos van a tener que buscar otra forma de financiamiento, pero es un punto más del PIB todos los años y que no estamos seguros que lo tengamos”.

En cuanto a la efectividad de endosar parte del costo de la PGU en el gasto anual del sector público, expresó que en el Gobierno “una parte de ellos dicen que está provisionado en el Presupuesto del 2022. Lo que se aprobó hace un mes tiene un pedacito de fondos para financiarlo, pero eso es solo el 2022 ¿Qué pasa 2023, el 2024? Los presupuestos de la nación vienen con una programación financiera hacia los cuatro años siguientes, tiene cálculos imaginando que uno podría financiar eso, pero está hecho de una forma en que supone que básicamente no va a haber otros gastos”.

“Ese es el único gasto adicional que va a poder hacer el Gobierno de Gabriel Boric, o sea, no va a poder reajustar los sueldos públicos más allá del IPC, no va a poder reajustar el per cápita que se entrega en salud más allá del IPC. Eso es lo que implícitamente está en este programa de financiamiento, que es algo contable simplemente, no hay recursos nuevos, es decir, ‘esta plata que tengo la voy a ocupar para acá y no lo voy a usar para eso otro’”, explicitó Repetto.

La especialista afirmó que este proyecto obligaría a la próxima administración a endeudarse. “El Gobierno entrante ha sido muy claro en decir que quiere comenzar de una vez con la convergencia fiscal, que hemos dilatado permanentemente, en que casi todos los años tenemos un déficit fiscal, estructural. El Estado está gastando más de los ingresos que tiene de manera persistente, eso se acumula en una deuda que en algún minuto se va a hacer costosa”.

De modo que advirtió que cada vez que el país se encuentre en una emergencia, como la que actualmente está atravesando, se tenga que priorizar el pago de intereses generados por la deuda por sobre el bienestar de la ciudadanía.

Sobre las proyecciones económicas para 2022, la académica mencionó que el país está creciendo a una tasa mucha más alta y que se terminará el año en un 11% a 12%, por lo que apuntó que “más que recuperamos lo que perdimos el 2020. Estamos muy por sobre a como estábamos antes de que partiera la pandemia, incluso, superamos la tendencia que teníamos antes del estallido social”.

“Entonces, el próximo año se espera que la tasa de crecimiento sea del 1%, del 2% en parte porque mucho de los estímulos que han hecho crecer la economía se van a retirar, si es que no hay más retiros de los fondos de pensiones, si no vuelve a haber unos IFES tan importantes como los que hubo durante el año pasado. El consumo no debiera crecer tan rápido”, agregó.

Consultada sobre el impacto de la inflación en el bienestar social, Andrea Repetto afirmó que cuando se cuela este fenómeno en la economía “hay que tratar de pararla de inmediato” y destacó la labor del Banco Central y el apoyo del presidente electo Gabriel Boric a la entidad emisora para la estabilización de la economía.

Así manifestó que “podemos tener estabilización que no sea costosa, pero si la atrasamos y permitimos que esto crezca, el ajuste que tienes que hacer es más grande y muchas veces termina causándole costos al bienestar de la ciudadanía. Entonces, tener un crecimiento bastante moderado el próximo año es la mejor salida que podemos tener”.