Cámara Baja aprueba proyecto de financiamiento para la PGU junto a impuesto que grava los altos patrimonios
Al concluir la votación de los y las diputadas, el titular de Hacienda, Rodrigo Cerda, anunció en sala la reserva de constitucionalidad a la indicación conocida como "impuestos a los súper ricos".
Maria Luisa Cisternas
Lunes 10 de enero 2022 18:39 hrs.
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Este lunes la Cámara de Diputados se pronunció sobre el proyecto de ley que financia la Pensión Garantizada Universal, iniciativa que fue aprobada en general con 130 votos a favor, mientras que el denominado “impuesto a los súper ricos” fue visado con 98 votos a favor y 29 en contra. De inmediato el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, anunció a los legisladores la reserva de constitucionalidad por dicha indicación que grava los altos patrimonios.
La corporación ya había aprobado de forma unánime el proyecto paralelo que crea la pensión garantizada universal. No obstante, respecto al boletín 14.763-05, se mantenían serías diferencias entre los parlamentarios oficialistas y de oposición que hacían difícil proyectar un resultado.
Y es que la deliberación de la Cámara Baja se da en un contexto de alto cuestionamiento hacia la fórmula que propuso el Ejecutivo para financiar la PGU en cuanto no sólo los parlamentarios de la oposición sino que un grupo amplio de economistas han planteado que el financiamiento permanente a la medida no se encuentra garantizado.
El propio Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en un acto que fue valorado por las bancadas de la oposición, presentó sus propios reparos a la propuesta del Gobierno, con lo que recomendó reformular las vías de financiamiento arguyendo que “lo prudente es asegurar ingresos permanentes por un valor al menos equivalente a 0,95% del PIB anual en régimen para financiar de manera sostenible la PGU“.
Particularmente, la reducción del 0,1 por ciento del PIB en el aporte del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) fue completamente desestimado por la entidad, en cuanto “implica una menor acumulación de ahorro para el financiamiento de los gastos previsionales futuros“, razón por la que se recomendó su reemplazo.
Así las cosas, previo a la sesión del pleno los legisladores de la oposición se reunieron a eso de las 15 horas para acordar las condiciones en torno al proyecto de financiamiento que fue remitido a la sala por la Comisión de Hacienda, tras aprobar el proyecto de exenciones tributarias al igual que la indicación conocida como “impuestos a los súper ricos”. Una moción que introduce un impuesto al patrimonio de personas naturales que residen en Chile que superen los 5 millones de dólares al 31 de diciembre de cada año.
En tanto, la postura del oficialismo radicó en que la mejora de las pensiones era una materia que no soportaba más dilación, que las fórmulas del Gobierno sí aseguran el financiamiento permanente y que la oposición en un acto de inusitada precaución fiscal, estaba entorpeciendo la PGU para efectos de evitar que sea el Presidente en ejercicio el que firme la iniciativa.
Al respecto, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) sostuvo que la reticencia de la oposición tiene por objeto hacer ver la magnitud del problema que corroboró el informe del CFA al igual que varios economistas respecto a que las fuentes de financiamiento son absolutamente insuficientes y que ambos proyectos que considera la creación de la PGU deben unificarse.
“No pueden ir por carriles distintos, eso no lo entiende nadie, nunca había ocurrido en esta Cámara por eso que para nosotros es muy importante hoy día entender que la primera prioridad la tienen nuestros pensionados y pensionadas de los dos sistemas, como también el de rentas vitalicias, para nosotros es fundamental que se entienda eso. No hay otro propósito que encontrar lo antes posible un aumento a las pensiones y sí tuvimos que recurrir al impuesto a los súper ricos que además se viene trabajando hace mucho tiempo, que en Alemania lleva 45 años, que en Austria 40, que en Dinamarca los súper ricos pagaron durante 94 años, que en España 31 y en Irlanda también, muchos países en Europa tienen y tuvieron este impuesto, por qué no nosotros ahora que lo necesitamos”, arguyó.
Por su parte, Jorge Alessandri (UDI) quiso recordar a sus pares que los recursos los ponen los contribuyentes y no los gobiernos razón por la cual si la administración es óptima, crecerá la economía. En esa línea criticó el impuesto al patrimonio asegurando que su aprobación perjudicará precisamente a la economía ahuyentando a los empresarios que dinamizan la inversión.
“La diputada Sepúlveda que me precedió nombró a muchos países pero esta cita que yo voy a decir es de un presidente francés, Emmanuel Macron, que decía ‘mi antecesor le puso un impuesto al patrimonio a los ricos y a los que eran exitosos ¿Qué pasó? Se fueron y no podemos crear empleo sin empresarios'”, parafraseó el legislador.
Por tanto, Alessandri añadió que “los impuestos tienen que ser lo suficientemente altos para recaudar, lo suficientemente bajos para que sean competitivos y no ahuyenten la inversión, y lo suficientemente fáciles de recaudar para que no te gastes más yendo a tasarlos que lo que vas a recaudar. El impuesto al patrimonio no cumple con eso, apoyamos por supuesto las otras formas de financiamiento a esta Pensión Garantizada Universal que es de justicia pero hagamos las cosas bien”.
Reserva de Constitucionalidad
Al concluir la votación, el titular de Hacienda, Rodrigo Cerda, hizo uso de la palabra para declarar la reserva de constitucionalidad respecto al artículo 2 del proyecto de ley en discusión referido al impuesto a los altos patrimonios, por cuanto es facultad exclusiva del Presidente de la República el imponer, suprimir, o condonar tributos de cualquier clase. Por otro lado, Cerda señaló que una de las certezas que mantiene el Gobierno al respecto es que el denominado impuesto a los súper ricos “no recauda lo que se piensa que está recaudando. “
De todas maneras, los personeros del Ejecutivo valoraron el resultado emanado de la sala sosteniendo que aquello es evidencia de que las iniciativas en torno a la PGU son finalmente buenos proyectos.
Este lunes la Cámara de Diputados se pronunció sobre el proyecto de ley que financia la Pensión Garantizada Universal, iniciativa que fue aprobada en general con 130 votos a favor, mientras que el denominado “impuesto a los súper ricos” fue visado con 98 votos a favor y 29 en contra. De inmediato el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, anunció a los legisladores la reserva de constitucionalidad por dicha indicación que grava los altos patrimonios.
La corporación ya había aprobado de forma unánime el proyecto paralelo que crea la pensión garantizada universal. No obstante, respecto al boletín 14.763-05, se mantenían serías diferencias entre los parlamentarios oficialistas y de oposición que hacían difícil proyectar un resultado.
Y es que la deliberación de la Cámara Baja se da en un contexto de alto cuestionamiento hacia la fórmula que propuso el Ejecutivo para financiar la PGU en cuanto no sólo los parlamentarios de la oposición sino que un grupo amplio de economistas han planteado que el financiamiento permanente a la medida no se encuentra garantizado.
El propio Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en un acto que fue valorado por las bancadas de la oposición, presentó sus propios reparos a la propuesta del Gobierno, con lo que recomendó reformular las vías de financiamiento arguyendo que “lo prudente es asegurar ingresos permanentes por un valor al menos equivalente a 0,95% del PIB anual en régimen para financiar de manera sostenible la PGU“.
Particularmente, la reducción del 0,1 por ciento del PIB en el aporte del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) fue completamente desestimado por la entidad, en cuanto “implica una menor acumulación de ahorro para el financiamiento de los gastos previsionales futuros“, razón por la que se recomendó su reemplazo.
Así las cosas, previo a la sesión del pleno los legisladores de la oposición se reunieron a eso de las 15 horas para acordar las condiciones en torno al proyecto de financiamiento que fue remitido a la sala por la Comisión de Hacienda, tras aprobar el proyecto de exenciones tributarias al igual que la indicación conocida como “impuestos a los súper ricos”. Una moción que introduce un impuesto al patrimonio de personas naturales que residen en Chile que superen los 5 millones de dólares al 31 de diciembre de cada año.
En tanto, la postura del oficialismo radicó en que la mejora de las pensiones era una materia que no soportaba más dilación, que las fórmulas del Gobierno sí aseguran el financiamiento permanente y que la oposición en un acto de inusitada precaución fiscal, estaba entorpeciendo la PGU para efectos de evitar que sea el Presidente en ejercicio el que firme la iniciativa.
Al respecto, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) sostuvo que la reticencia de la oposición tiene por objeto hacer ver la magnitud del problema que corroboró el informe del CFA al igual que varios economistas respecto a que las fuentes de financiamiento son absolutamente insuficientes y que ambos proyectos que considera la creación de la PGU deben unificarse.
“No pueden ir por carriles distintos, eso no lo entiende nadie, nunca había ocurrido en esta Cámara por eso que para nosotros es muy importante hoy día entender que la primera prioridad la tienen nuestros pensionados y pensionadas de los dos sistemas, como también el de rentas vitalicias, para nosotros es fundamental que se entienda eso. No hay otro propósito que encontrar lo antes posible un aumento a las pensiones y sí tuvimos que recurrir al impuesto a los súper ricos que además se viene trabajando hace mucho tiempo, que en Alemania lleva 45 años, que en Austria 40, que en Dinamarca los súper ricos pagaron durante 94 años, que en España 31 y en Irlanda también, muchos países en Europa tienen y tuvieron este impuesto, por qué no nosotros ahora que lo necesitamos”, arguyó.
Por su parte, Jorge Alessandri (UDI) quiso recordar a sus pares que los recursos los ponen los contribuyentes y no los gobiernos razón por la cual si la administración es óptima, crecerá la economía. En esa línea criticó el impuesto al patrimonio asegurando que su aprobación perjudicará precisamente a la economía ahuyentando a los empresarios que dinamizan la inversión.
“La diputada Sepúlveda que me precedió nombró a muchos países pero esta cita que yo voy a decir es de un presidente francés, Emmanuel Macron, que decía ‘mi antecesor le puso un impuesto al patrimonio a los ricos y a los que eran exitosos ¿Qué pasó? Se fueron y no podemos crear empleo sin empresarios'”, parafraseó el legislador.
Por tanto, Alessandri añadió que “los impuestos tienen que ser lo suficientemente altos para recaudar, lo suficientemente bajos para que sean competitivos y no ahuyenten la inversión, y lo suficientemente fáciles de recaudar para que no te gastes más yendo a tasarlos que lo que vas a recaudar. El impuesto al patrimonio no cumple con eso, apoyamos por supuesto las otras formas de financiamiento a esta Pensión Garantizada Universal que es de justicia pero hagamos las cosas bien”.
Reserva de Constitucionalidad
Al concluir la votación, el titular de Hacienda, Rodrigo Cerda, hizo uso de la palabra para declarar la reserva de constitucionalidad respecto al artículo 2 del proyecto de ley en discusión referido al impuesto a los altos patrimonios, por cuanto es facultad exclusiva del Presidente de la República el imponer, suprimir, o condonar tributos de cualquier clase. Por otro lado, Cerda señaló que una de las certezas que mantiene el Gobierno al respecto es que el denominado impuesto a los súper ricos “no recauda lo que se piensa que está recaudando. “
De todas maneras, los personeros del Ejecutivo valoraron el resultado emanado de la sala sosteniendo que aquello es evidencia de que las iniciativas en torno a la PGU son finalmente buenos proyectos.
Este lunes la Cámara de Diputados se pronunció sobre el proyecto de ley que financia la Pensión Garantizada Universal, iniciativa que fue aprobada en general con 130 votos a favor, mientras que el denominado “impuesto a los súper ricos” fue visado con 98 votos a favor y 29 en contra. De inmediato el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, anunció a los legisladores la reserva de constitucionalidad por dicha indicación que grava los altos patrimonios.
La corporación ya había aprobado de forma unánime el proyecto paralelo que crea la pensión garantizada universal. No obstante, respecto al boletín 14.763-05, se mantenían serías diferencias entre los parlamentarios oficialistas y de oposición que hacían difícil proyectar un resultado.
Y es que la deliberación de la Cámara Baja se da en un contexto de alto cuestionamiento hacia la fórmula que propuso el Ejecutivo para financiar la PGU en cuanto no sólo los parlamentarios de la oposición sino que un grupo amplio de economistas han planteado que el financiamiento permanente a la medida no se encuentra garantizado.
El propio Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en un acto que fue valorado por las bancadas de la oposición, presentó sus propios reparos a la propuesta del Gobierno, con lo que recomendó reformular las vías de financiamiento arguyendo que “lo prudente es asegurar ingresos permanentes por un valor al menos equivalente a 0,95% del PIB anual en régimen para financiar de manera sostenible la PGU“.
Particularmente, la reducción del 0,1 por ciento del PIB en el aporte del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) fue completamente desestimado por la entidad, en cuanto “implica una menor acumulación de ahorro para el financiamiento de los gastos previsionales futuros“, razón por la que se recomendó su reemplazo.
Así las cosas, previo a la sesión del pleno los legisladores de la oposición se reunieron a eso de las 15 horas para acordar las condiciones en torno al proyecto de financiamiento que fue remitido a la sala por la Comisión de Hacienda, tras aprobar el proyecto de exenciones tributarias al igual que la indicación conocida como “impuestos a los súper ricos”. Una moción que introduce un impuesto al patrimonio de personas naturales que residen en Chile que superen los 5 millones de dólares al 31 de diciembre de cada año.
En tanto, la postura del oficialismo radicó en que la mejora de las pensiones era una materia que no soportaba más dilación, que las fórmulas del Gobierno sí aseguran el financiamiento permanente y que la oposición en un acto de inusitada precaución fiscal, estaba entorpeciendo la PGU para efectos de evitar que sea el Presidente en ejercicio el que firme la iniciativa.
Al respecto, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) sostuvo que la reticencia de la oposición tiene por objeto hacer ver la magnitud del problema que corroboró el informe del CFA al igual que varios economistas respecto a que las fuentes de financiamiento son absolutamente insuficientes y que ambos proyectos que considera la creación de la PGU deben unificarse.
“No pueden ir por carriles distintos, eso no lo entiende nadie, nunca había ocurrido en esta Cámara por eso que para nosotros es muy importante hoy día entender que la primera prioridad la tienen nuestros pensionados y pensionadas de los dos sistemas, como también el de rentas vitalicias, para nosotros es fundamental que se entienda eso. No hay otro propósito que encontrar lo antes posible un aumento a las pensiones y sí tuvimos que recurrir al impuesto a los súper ricos que además se viene trabajando hace mucho tiempo, que en Alemania lleva 45 años, que en Austria 40, que en Dinamarca los súper ricos pagaron durante 94 años, que en España 31 y en Irlanda también, muchos países en Europa tienen y tuvieron este impuesto, por qué no nosotros ahora que lo necesitamos”, arguyó.
Por su parte, Jorge Alessandri (UDI) quiso recordar a sus pares que los recursos los ponen los contribuyentes y no los gobiernos razón por la cual si la administración es óptima, crecerá la economía. En esa línea criticó el impuesto al patrimonio asegurando que su aprobación perjudicará precisamente a la economía ahuyentando a los empresarios que dinamizan la inversión.
“La diputada Sepúlveda que me precedió nombró a muchos países pero esta cita que yo voy a decir es de un presidente francés, Emmanuel Macron, que decía ‘mi antecesor le puso un impuesto al patrimonio a los ricos y a los que eran exitosos ¿Qué pasó? Se fueron y no podemos crear empleo sin empresarios'”, parafraseó el legislador.
Por tanto, Alessandri añadió que “los impuestos tienen que ser lo suficientemente altos para recaudar, lo suficientemente bajos para que sean competitivos y no ahuyenten la inversión, y lo suficientemente fáciles de recaudar para que no te gastes más yendo a tasarlos que lo que vas a recaudar. El impuesto al patrimonio no cumple con eso, apoyamos por supuesto las otras formas de financiamiento a esta Pensión Garantizada Universal que es de justicia pero hagamos las cosas bien”.
Reserva de Constitucionalidad
Al concluir la votación, el titular de Hacienda, Rodrigo Cerda, hizo uso de la palabra para declarar la reserva de constitucionalidad respecto al artículo 2 del proyecto de ley en discusión referido al impuesto a los altos patrimonios, por cuanto es facultad exclusiva del Presidente de la República el imponer, suprimir, o condonar tributos de cualquier clase. Por otro lado, Cerda señaló que una de las certezas que mantiene el Gobierno al respecto es que el denominado impuesto a los súper ricos “no recauda lo que se piensa que está recaudando. “
De todas maneras, los personeros del Ejecutivo valoraron el resultado emanado de la sala sosteniendo que aquello es evidencia de que las iniciativas en torno a la PGU son finalmente buenos proyectos.
