A poco de que concluya el proceso de licitación de las 400 mil toneladas de litio- en que el Gobierno anunció este miércoles la entrega de dos de las cinco cuotas ofrecidas a las empresas BYD Chile SPA y Operaciones Mineras del Norte S.A- los intentos de parlamentarios por frenar el proceso están lejos de acabar.

De hecho, ayer martes la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la admisibilidad de dos proyectos de ley que apuntan en dicha dirección. El primero, impulsado por la Democracia Cristiana, consiste en prohibir la celebración de concesiones administrativas o contratos especiales en los 90 días previos al término de Gobierno; mientras el segundo, del Partido Comunista, pretende suspender la licitación hasta que se realice el plebiscito de salida por la nueva Constitución.

En conversación con Radio Universidad de Chile, la senadora DC y excandidata presidencial, Yasna Provoste, insistió en sus críticas al proceso, señalando que desde sus inicios la comisión de Minería del Senado- que ella preside- solicitaron antecedentes para aclarar las bases de la licitación, cuya respuesta del Ejecutivo no los dejó conformes.

En ese sentido, la legisladora sostuvo que “es importante señalar que estos acuerdos siempre fueron unánimes en la comisión, es decir, incluyendo a los propios senadores del oficialismo en la molestia por la falta de información de este proceso y el 4 de enero el Gobierno nos responde que no nos puede mandar las bases de licitación porque eran privadas”.

Por ello, recalcó que “aquí lo que cabe, como señalamos la semana pasada con varios senadores y senadoras, es que el Gobierno no siga adelante con este proceso de licitación y que sea la próxima administración la que logre resolver una serie de dudas. La licitación para nosotros es motivo de un rechazo, primero desde un punto de vista estratégico. El valor del litio para Chile es considerado como una minería estratégica que nos va a permitir una transición energética y venderlo como materia prima no tiene ningún sentido porque lo que podemos tener, si es que se incorpora valor agregado, es mucho mayor”.

“Pero además el litio para Chile tiene un valor geopolítico y el Estado debería conversar primero con las comunidades en donde está inserto. Otro error es que aquí no se llevó adelante la consulta previa que establece el Convenio 169 y así lo conversamos largamente con el Consejo de Pueblos Licanantay porque nosotros también rechazamos terminantemente esta licitación desde el punto de vista de la relación con las comunidades y de la fragilidad de los salares”, agregó.

Sobre esto último, la parlamentaria por la Región de Atacama apuntó que en esta licitación no se han resuelto aspectos claves. “No hay un modelo hidrogeológico de los salares, ni un estudio medioambiental. No hay consulta a las comunidades involucradas, o sea, no se han considerado ninguno de los elementos más importantes y de la recomendación que hizo la Comisión Nacional del Litio al respecto. Entonces, esto no solo puede llevar a la destrucción de los salares y de la biodiversidad, sino que puede llevar a la destrucción de una cultura”.

Por otra parte, la senadora DC cuestionó los dichos del asesor minero del presidente electo Gabriel Boric, Willy Kracht, quien en entrevista con Pulso admitió que es poco probable que se pueda suspender o postergar la licitación y que entre las solicitudes que le plantearon al biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, fue la de incorporar en los contratos la retribución a las comunidades e inversión en I+D (Investigación y Desarrollo).

Bajo esa perspectiva, Provoste comentó que “yo esperaría una actitud más comprometida con las comunidades, con los salares, con el medioambiente del equipo del presidente electo”.

Además, dijo estar convencida de que “este proceso de licitación que ha llevado adelante el Gobierno del presidente Piñera no es transparente, no ha sido informada, está orientada a blindar a las empresas tradicionales, a Albemarle, a SQM, en el salar de Atacama por la vía administrativa, alargarle 20 años adicionales su explotación y reducir los impactos que pueda tener una Empresa Nacional del Litio desde el punto de vista de entregarle un rol decorativo a este compromiso que muchos hemos tomado”.

“Este Gobierno lo que pretende hacer es asignar cuotas por secretaría a empresas que seguramente están relacionadas económicamente con esa administración y lo que a nosotros nos parece mucho más complejo esta licitación es desde ya una orden para poder eliminar una cultura, una etnia que para nosotros es muy importantes como los Licanantay”, recalcó.

Finalmente, consultada sobre su postura respecto a la posibilidad de respaldar el proyecto de ley del PC para suspender este proceso de adjudicación, la senadora Yasna Provoste expresó que “apoyo la idea en que sea nuestra nueva Constitución la que defina cuál va a ser el modelo de desarrollo económico. Yo me imagino que en una nueva Constitución un modelo económico extractivista que ahoga a las comunidades, que explota sin compasión nuestros salares, que pone en riesgo el agua como un Derecho Humano, no va a tener espacio”.