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Año XIV, 14 de agosto de 2022

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UChile Constituyente presenta documento que propone fortalecer rol del Estado en la educación pública

El texto elaborado por una de las mesas de trabajo de la plataforma UChile Constituyente junto a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) expone una serie de principios constitucionales para la nueva educación del siglo XXI. El documento será enviado a las y los convencionales como insumo para el debate de normas que ya se está instalando.

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  Miércoles 12 de enero 2022 14:58 hrs. 
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La educación será uno de los temas centrales que prontamente se comenzará a discutir en la Convención Constitucional, tanto en la Comisión de Derechos Fundamentales como en la de Formas del Estado. ¿Qué tipo de modelo educativo se debe consagrar? ¿Cómo debiese quedar estipulado el derecho a la educación en todos sus niveles? ¿Qué rol juegan los padres en la elección de la educación de sus hijos? Estas son algunas de las interrogantes que ya están sobre la mesa. Por lo que ya se observa, como una tendencia al interior del órgano constituyente, la discusión sobre este tema, que buscará modificar la estructura educativa instaurada en la década de los ’80.

Actualmente, el derecho a la educación está consagrado en el artículo 19 número 10 y 11 de la Constitución, y en sus primeros articulados establece que los “padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”. Este principio es el que hoy está en la discusión de las y los convencionales, con diversas propuestas que, en su mayoría, se orientan a dar un giro, estableciendo el derecho a la educación como un factor central, pero con énfasis en lo público y estatal.

Este y otros temas son los que se abordan en el documento Voces de la Universidad para la Educación del Nuevo Chile, iniciativa impulsada por la plataforma UChile Constituyente junto a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID). El trabajo de la mesa de diálogo y debate se desarrolló a través de diversas sesiones temáticas realizadas una vez por semana durante dos meses, y contó con la participación de un grupo transversal de académicos y académicas de distintas unidades de nuestro plantel. Su elaboración estuvo a cargo de un comité redactor que sistematizó los contenidos emanados de los diálogos. Este proceso, además, culminó con la realización de un taller interdisciplinario, que tuvo la participación de diferentes actores de la comunidad universitaria, y que sirvió para recoger nuevas ideas e insumos para el documento final.

El texto busca establecer una serie de principios sobre la educación del futuro en Chile, en medio de la discusión constitucional que se lleva a cabo hoy en el país. Dentro de estos principios, se establecieron algunos ejes centrales con el fin de recuperar la noción de lo público para todos los niveles educativos y que podrían estar presentes, de alguna forma, en el nuevo texto constitucional que se discute hoy.

¿Cuáles son los principios fundamentales del documento?

  • Acabar con la educación como un bien de consumo impuesto en la Constitución del ’80.
  • Consagrar el derecho a la educción como un derecho humano y social.
  • Establecer un modelo educativo no sexista, inclusivo, intercultural y con protección del medioambiente.
  • Garantizar al Estado como principal oferente de la educación pública.
  • Establecer que el Estado debe otorgar financiamiento basal a todas las instituciones estatales.
  • Consagrar el principio de la educación como un bien público.
  • Considerar la educación como un articulador y facilitador de otros derechos fundamentales.
  • Asegurar, por parte del Estado, que los establecimientos educacionales tengan condiciones materiales dignas, saludables y seguras, que funcionen con profesionales competentes, y con suficientes recursos educativos a su disposición.
  • Garantizar el derecho a la participación efectiva y sustantiva de toda la comunidad educativa y su entorno, es decir, profesoras y profesores, estudiantes, padres y madres, funcionarios y funcionarias, y las comunidades aledañas a los establecimientos.
  • Garantizar el respeto a la lengua, a la cultura e identidad de los pueblos, comprendiendo que esto es la base para el aprendizaje y el desarrollo.
  • Asegurar la gratuidad solo para las instituciones públicas. No obstante, las instituciones privadas de Educación Superior podrán acceder a apoyo financiero (subvención), en función de que generen bienes públicos definidos por las leyes.

Fin al Estado Subsidiario

Víctor Orellana, sociólogo y director académico del Proyecto de Experimentación Educacional Parque Carén y miembro del comité redactor del documento, explica algunos de estos puntos que se exponen en el texto. Para el académico, existe un contenido esencial de abordar en la nueva Constitución y que es cambiar el actual modelo de Estado Subsidiario que existe para la educación.

“Un elemento fundamental es la reconstrucción y la centralidad de la educación pública en un país democrático. Cuando no hay una educación pública robusta, una educación pública gratuita, que llega a todos los territorios, que sea un espacio de encuentro entre distintos sectores sociales, cuando eso no existe, peligra la democracia. Por lo tanto, el primer elemento que rescato es la centralidad de la educación pública. Luego, creo que el documento de la Universidad plantea salir del Estado subsidiario, que es un principio que se instala en un contexto autoritario, y que luego sobrevive a las reformas democráticas, a los gobiernos civiles y que va condicionando y limitando la posibilidad de cambio de la educación en el contexto de la democracia. Es decir, el principio subsidiario del Estado es una especie de lastre, que impedía que se hicieran reformas proclives a rescatar la educación pública. Por supuesto, se intentaron muchas cosas, pero en lo medular el mercado siguió desarrollándose. Esto significa, en concreto, que no puede existir a nivel constitucional la obligatoriedad del Estado de financiar proyectos privados”, afirma.

Para el sociólogo, el mercado lo que hizo -finalmente- fue diluir el rol público de la educación, dejarlo en un segundo plano. “Chile, en su desarrollo republicano, contaba con algunos proyectos particulares que colaboraban con la educación pública, aceptando ciertas normas -diría yo- muchos más exigentes que las actuales. Esto es importante, porque en Chile el mercado lo que terminó haciendo fue no solo diluir la centralidad de la educación pública, también -de alguna manera- fue diluyendo el aporte específico de la educación particular, en la medida que lo que generó la educación de mercado fue una oferta genérica, no diversa, contrario a lo que se cree. Supuestamente, el mercado iba a traer diversidad y lo que trajo fue homogeneidad”, explica.

Ante este escenario, Orellana comenta que el documento de UChile Constituyente apunta a establecer un horizonte en donde se recupere lo púbico en la educación de forma sustancial. “Lo que un cambio constitucional puede hacer es construir las bases para que la educación pública sea mayoritaria. Es decir, para que la mayoría de los chilenos y chilenas estudien en la educación pública. En la Constitución actual no existe el derecho a la educación. La educación es responsabilidad de los padres en sus propios beneficios. Es decir, el padre tiene el derecho a elegir la educación de sus hijos, pero el hijo no aparece como un sujeto de derecho, por lo tanto, no lo protege el Estado: el niño o niña aparece con representación de sus padres y no de manera directa como una persona. Primero, entonces, habría que garantizar el derecho a la educación y eso significa garantizar la institución, tiene que ser un derecho universal en todos los niveles educativos”, finaliza.

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