Diario y Radio Universidad Chile

Año XIV, 27 de mayo de 2022

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Alejandra Mohor por Ley de cierre de pasajes: “No hay evidencia que respalde que es una buena iniciativa”

La académica e investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile cuestionó la eficacia del proyecto impulsado por el oficialismo y planteó que las policías están registrando menos delitos de los que ocurren.

Natalia Palma

  Martes 18 de enero 2022 16:53 hrs. 
ALEJANDRA MOHR

En una actividad en la comuna de La Florida, este lunes el Presidente Sebastián Piñera promulgó la ley de Cierre de Calles y Pasajes, por motivos de seguridad en medio del aumento de la delincuencia.

En particular, la iniciativa -impulsada por el oficialismo- permitirá la implementación de medidas de control de acceso en calles y pasajes que tengan un acceso y salida diferentes, cuyo ancho de calzada sea inferior a siete metros y su extensión no supere una cuadra. Además, esta solicitud deberá ser aprobada por el 80% de los propietarios de los inmuebles, de sus representantes o moradores autorizados que sean parte del recinto.

Por otra parte, el texto señala que no se pueden afectar con las medidas de control de acceso a los organismos de seguridad, bomberos y otros de utilidad pública ni restringir el paso peatonal.

En la instancia, el mandatario expresó que esta nueva medida “nos va a permitir tener mejores instrumentos y herramientas para eliminar o reducir los portonazos, las encerronas, las balaceras a plena luz del día y delitos macabros como los que hemos conocido”. Además, recordó la reciente aprobación de la ley de Control de Armas.

En conversación con Radio Universidad de Chile, la académica e investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de nuestra casa de estudios, Alejandra Mohor, apuntó que este proyecto si bien puede funcionar en el contexto de algunos delitos como una solución rápida ante una emergencia, su efecto positivo es muy limitado.

Para empezar, sostuvo que “esta ley no va a inaugurar la práctica de cerrar pasajes, esto es algo que venimos viendo hace muchos años, con más o menos regulación, y yo no he visto al amparo de este proyecto de ley, ni por quienes lo defienden, que allí donde ya se han cerrado pasajes efectivamente haya menos delitos o que haya contribuido en reducir a lo menos la percepción de inseguridad de las personas. No conozco evidencia que haya sido presentada sobre eso”.

Por el contrario, Mohor afirmó que “cuando se señala que esto permitiría reducir los portonazos en la puerta de tu casa, probablemente vamos a ver es que los portonazos van a ocurrir en la puerta del pasaje cuando la persona se baje a abrir la reja o mientras el portero automático en los lugares más pudientes lo hace”.

Además, planteó que este eventual cierre en sectores que están mayormente constituidos por pasajes van a “obligar, como ya viene ocurriendo en Chile, a que la gente se dé una vuelta más larga y eso qué significa, que vas a tener a esas personas más tiempo expuestas a una calle cada vez más abandonada, porque el mensaje de pon rejas es quédate adentro y sabemos que la ocupación del espacio público es la que permite dar seguridad. Su abandono lo que hace es entregarlo a organizaciones criminales, a la comisión de delitos”.

“Si tú tienes una reja la posibilidad de que te enteres de lo que está pasando más allá, o le pones latas para impedir que te vean también impide que tú veas acá fuera y que te hagas parte de esta vigilancia natural. Entonces, no me parece que sea una buena ley la que se ha aprobado, no hay evidencia que respalde que esta es una buena iniciativa”, recalcó.

En cuanto al aumento de la delincuencia, la académica sostuvo que “ya hay una preocupación real por lo que está ocurriendo en los territorios. “Cuando uno mira las estadísticas que ofrece la Subsecretaría de Prevención del Delito a través de su plataforma CEAD, vas a ver que el total de delitos de mayor connotación social de casos policiales ha venido disminuyendo dramáticamente”, añadiendo que una situación similar sucede con las detenciones por ley de Control de Armas en la Región Metropolitana.

Por lo que aseveró que “tienes por una parte las estadísticas policiales, que te muestran bajas y, por otro lado, las encuestas y los otros estudios que dicen que está subiendo. Pero aquí hay un problema, las policías definitivamente están registrando menos hechos de los que ocurren y esto es algo en lo que nos debemos detener, porque eso significa que las policías no están actuando sobre este fenómeno y, peor aún, al no tomar conocimiento de ello ni siquiera ingresa al sistema de justicia”.

“Entonces, el Estado está actuando menos en estas materias y es una de nuestras principales preocupaciones, porque que los fenómenos criminales se intensifiquen es algo para lo que debimos haber estado preparados (…) Buena parte de los delitos que se cometen radican en un grupo más o menos pequeño de personas y qué tengo que hacer ahí, hacer buena investigación y en esto llevamos años diciéndolo, el Ministerio Público algo ha avanzado con las unidades de análisis criminal, pero que no trabajan de la mano de la manera suficiente con las policías. No tenemos impacto policial único e integrado”, recalcó.

Por ello, comentó que “no ha habido una discusión sobre qué forma se deben recibir denuncias o hechos que permita una persecución penal a cargo del fiscal más eficiente. Allí es donde tenemos que poner los esfuerzos por parte del nivel central”.

Por otra parte, la investigadora Alejandra Mohor calificó como “preocupante” las declaraciones cruzadas entre el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y el fiscal nacional, Jorge Abbott, respecto al aumento de los homicidios, en la que este último señaló que si antes la tasa era de 3,5% hoy está llegando al 5%, lo que fue descartado por la autoridad de Gobierno.

Así, para la investigadora “es terrible que entre autoridades entren en contradicción porque significa que ninguna de las dos sabe realmente lo que está pasando. El incremento en la tasa de criminalidad es esperable y el Estado debiera estar preparado para eso, pero hoy tenemos uno que está menos preparado para hacerse cargo de a como estaba hace 10 años”.

En esa línea, agregó que “nosotros el 2020 tuvimos un incremento nunca antes visto en las tasas de homicidios. Efectivamente, tenemos una de las tasas más bajas de América Latina y, además, tenemos la más baja prevalencia del uso de armas de fuego para la comisión de homicidios, pero eso está cambiando y es este el momento, antes de que se nos escape de las manos, para sentarse a conversar de ello”.

Además, reprochó que “en el 2011 el Servicio Médico Legal Metropolitano emitió un informe en el que alertó el uso de armas de fuego para cometer homicidios, han pasado 10 años y recién viene a ser preocupación de la política pública. Estamos cometiendo un error sistemático de desestimar la importancia del rol que cumplen los otros actores, de desestimar el efecto que produce el abandono estatal en los territorios, de la corrupción en las policías, quienes saben quién vende y dónde (droga). Esto es una suma de malas decisiones y sobre todo de omisiones que ya vienen arrastrando 20 años”.

Es por esto que consideró que “debemos centrarnos en pensar en asumir que existen pequeños conflictos en los hogares, medianos conflictos en las comunidades, conflictos más grandes en los que involucran al crimen organizado y aun con la mejor política pública lo más probable es que persistan. Si nosotros seguimos en la lógica de buscar imponer un orden, no nos hacemos cargo de identificar cuáles son los componentes del problema para transformarlo desde su raíz”.

Por ejemplo, la académica apuntó a un cambio de paradigmas que debiera estar radicado en la discusión constituyente, de manera que las policías estén mandatadas a darle protección a los ciudadanos y no solo “darle eficacia al derecho y mantener el orden público”.

Además, destacó la necesidad de que el próximo Gobierno de Gabriel Boric discuta sobre “una política criminal en coherencia con una política de seguridad ciudadana, es decir, que lo que va a hacer el aparato represor del Estado se replantee cuáles son los crímenes que van a perseguir de manera preferente, a dónde vamos a poner fiscales de dedicación exclusiva y dónde vamos a fortalecer el aparato persecutor y la capacidad investigativa sobre qué delito”.