Dos recursos de protección fueron acogidos por la Corte de Apelaciones de Copiapó determinando la suspensión temporal, mediante una orden de no innovar, del proceso de licitación del litio que impulsó el gobierno en su último año de administración. Uno fue presentado por el gobernador de Atacama, Miguel Vargas y otro redactado por Ariel León Bacián en favor de los pueblos originarios del norte. En conversación con Radio Universidad de Chile, el representante Quechua señaló que la acción legal que estuvo a su cargo arguye que el Ejecutivo hizo caso omiso del Convenio 169 de la OIT que dispone que, toda vez que se vaya adoptar una medida administrativa o legislativa del Estado que fuera a afectar a pueblos originarios, debe pasar por una consulta indígena. 

En ese sentido aquilató la deliberación de la Corte como una victoria preliminar en el entendido que la pretensión es perseverar hasta dejar sin efecto el proceso de licitación de manera definitiva, en cuanto impone un modelo de producción a las comunidades. Un objetivo que si bien se proyecta complejo en cuanto el Ejecutivo cerró la adjudicación de un total de 160.000 toneladas del mineral con las empresas BYD Chile SpA y a Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A el pasado miércoles, por ahora se deja de manifiesto las irregularidades en las que incurrió la cartera de Minería respecto a la privatización de las cuotas del mineral, señaló León Bacián.

“Nuestro argumento dice relación de que la licitación del litio lo que hace es imponer minería en el territorio indígena y en tanto impone minería no ha sido consultado a los pueblos originarios y eso anula el proceso completo de la licitación del litio (…) Pese a que el ministro y actores políticos han señalado de que esto estaba bien hecho, finalmente la Corte de Apelaciones nos ha dado al razón en el sentido de que faltaba el cumplimiento de un derecho fundamental que es el derecho a la consulta indígena y eso ha vulnerado los pueblos originarios que habitan estos salares”, sostuvo.

Y es que las zonas donde se realizaría la explotación atañen derechamente a los territorios indígenas. Zonas altamente vulnerables que son “habitadas por pueblos originarios donde se realizan actividades ceremoniales y actividades económicas como trashumancia de animales” indicó León Bacián, quien fue asesor del Senado en materia indígena y hoy cumple ese rol al interior de la Convención Constitucional, instancia de la cual, dice, se ve comprometida en esta decisión unilateral del Ejecutivo sobre privatizar los bienes naturales del país.

“La Convención recibe esta noticia con sorpresa porque se están hipotecando los recursos naturales cuando aquí se está discutiendo la posibilidad de restitución, de reconocimiento de derechos tanto a los pueblos originarios como al pueblo de Chile, recursos estratégicos. Nosotros tenemos la convicción de que el litio no sólo es del pueblo de Chile sino que también es de los pueblos originarios, queremos agregarle plurinacionalidad al tema de los recursos naturales, no se puede llegar y extraer los recursos naturales en tierras indígenas, tiene que haber proceso de consentimiento, tienen que haber medidas de indemnizaciones a los pueblos originarios por la extracción de estos recursos y evidentemente también resguardos para el medioambiente”, sostuvo.

En ese sentido aseguró que las afecciones medioambientales que producirá la extracción del mineral serán “horrorosas” y provocarían la extinción del pueblo Colla que se ubica en el salar de Maricunga. En eso, afirmó que la tecnología utilizada para explotar el litio es precaria y radica en una pérdida sumamente considerable de agua, razón por la cual se agudizará el detrimento que ya existe producto de la extracción en el Salar de Atacama si se mantienen las condiciones actuales de la licitación, manifestó.

“El Salar de Maricunga, de acuerdo a la Comisión Chilena del Litio, es altamente vulnerable. Lamentablemente esta instancia dejó de existir a principios de este gobierno, Piñera la cerró, pero emitió informes importantísimos de la fragilidad del ecosistema del Salar de Maricunga. Entonces la extracción del litio abusiva como se pretende, evidentemente va a provocar que se seque y con eso va a haber consecuencias ambientales, porque estas aguas no sólo surten a Copiapó, sino que sirven para que los pueblos originarios puedan seguir viviendo arriba. Eso va a provocar nuestra extinción como pueblos, particularmente el pueblo Colla, la comunidad de Pai Ote que tiene presencia ancestral allá arriba”, señaló.

Abordando al presentación de los pueblos indígenas respecto a la licitación del litio, León Bacián dijo ser consciente que el mineral es un recurso estratégico a nivel mundial y que el interés de la comunidad internacional en la minería del país ha generado graves cismas a lo largo de la historia.

“Chile ha tenido traumas muy fuertes, como la Guerra del Pacífico que fue por minería, la revolución de 1891 también, el golpe de Estado fue por la nacionalización del cobre entre otras cosas, entonces sabemos que estas potencias son capaces de hacer lo que sea con tal de extraer el litio. Nosotros lo que queremos es que si se hace, que se haga bien y que no se destruya el medio ambiente, que no se destruya a los pueblos originarios y que se dejen las debidas compensaciones porque sino todo el dinero se va para afuera y no hay desarrollo”.

No obstante, a su modo de ver, este proceso “es un intento de amarrar el litio a una licitación ilegal por parte del presidente Piñera y sus amigos empresarios”. En eso mencionó que “la anterior licitación del litio realizada en el primer gobierno del presidente Piñera dio lugar a un proceso criminal que terminó en una condena del subsecretario Pablo Wagner, entonces no es la primera vez que estamos en un proceso hecho a la medida de los amigos Presidente. Esperamos ganar en la Corte Suprema y dar lugar a una condena efectiva para que se respeten los derechos indígenas”.

Para el representante Quechua, el escenario deja de manifiesto las contradicciones entre la cosmovisión de los pueblos originarios con las orientaciones que han adoptado las administraciones del Estado de Chile, considerando que, si bien todos los pueblos indígenas practicaban costumbres mineras, no lo hacían bajo nociones extractivistas. “No destruíamos el medio ambiente, respetábamos a la naturaleza que lamentablemente es un principio que las empresas y el Estado actual no tienen”, aseveró.

Para efectos de que procesos como éste no vuelan a ocurrir, Bacián consideró necesario que la nueva Carta Fundamental constitucionalice el derecho internacional para que así “no existan recortes normativos o mutilaciones que dan lugar a catástrofes ambientales y a extinción de pueblos”.

“En lo particular Chile tiene dos deudas, una deuda con el pueblo de Chile que es una deuda en derechos sociales: educación, salud y trabajo. Con los pueblos originarios tiene otra deuda en paralelo porque el país se desarrolló en virtud del holocausto nuestro, nos robaron tierras y aguas y eso provocó un desarrollo que lamentablemente tampoco se ha repartido para todos. Lo que nosotros esperamos es que la nueva constitución pague las dos deudas y nos restituya nuestras aguas, nuestras tierras y nos den poder político a través de la plurinacionalidad para efectos de que también los pueblos originarios podamos formar parte del Estado y podamos decidir en nuestros territorios”.