Durante la última sesión de la Comisión de Constitución del Senado se aprobó el cambio de nombre del proyecto de indulto de los denominados presos del estallido social por el concepto de la ‘amnistía’, lo que se produjo luego de una indicación presentada por el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla.

Una vez finalizada la sesión, el senador por la Araucanía explicó que el cambio pretende simplificar este proyecto de ley y así evitar dar nuevas facultades al Poder Judicial que ya tiene potestad sobre esta materia.

“Está en el Código Procesal Penal, específicamente en el Artículo 250, donde se le dan facultades al juez para dictar sobreseimientos definitivos. Esa norma está vigente y yo creo que no habría que innovar en materia procesal (…) Es la tesis que yo sostengo: la propuesta mía simplifica, en el sentido de conceder la amnistía y de tener un catálogo de delitos”, expuso Huenchumilla.

Sin embargo, esta modificación extenderá la discusión del proyecto de ley en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, que la próxima semana revisará el catálogo de delitos que contemplará.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, sostuvo que “este cambio de indulto a amnistía, técnicamente, eso es lo correcto. El indulto normalmente es una facultad que se aplica a una persona que ha sido condenada y se le remite o se le conmuta la pena. En cambio, lo que hace la amnistía es permitir que las personas que no han sido condenadas no sean objeto de procesamiento. A través del Código Procesal Penal, permite a los jueces de garantía dictar el sobreseimiento de la investigación por uno de los delitos que quedan cubiertos dentro de la amnistía”.

Mauricio Duce

El académico de la Universidad Diego Portales también se refirió al estado actual del proyecto y las implicancias de las razones jurídicas que posibilitaron aprobar esta indicación, y explicó que “en general, parece haber un cierto acuerdo en que, técnicamente, más bien el objetivo de fondo buscado por este proyecto era una amnistía para ciertos delitos y no un indulto. Pero parece que políticamente no les gustaba la palabra ‘amnistía’ y por eso lo llamaron indulto. Y ésta es la cáscara: indulto versus amnistía”, explica Duce.

Mientras, Lorenzo Morales, abogado de la Defensoría Popular, manifestó su descontento con la indicación presentada por el senador Francisco Huenchumilla ya que, si bien concuerda con la idea legislativa que pretende salvar el proyecto, acusó que éste “finalmente se desvirtúa”.

“Tengo una mala opinión. No obstante, concuerdo con la idea legislativa para salvar el proyecto, pero finalmente se desvirtúa. Es decir, es como un nuevo proyecto que no va a beneficiar ni al 70% de los imputados, a algunos de los presos que ya están cumpliendo y los que están en prisión preventiva. Es preocupante la situación. Incluso con los antecedentes que han acompañado. Por ejemplo, el martes un matutino (Las Últimas Noticias) publicó un listado que es falso. Creo que a lo mejor es una equivocación, pero en términos de lo que se ha vislumbrado en la opinión pública es grave, de que hay algunas personas que serán indultadas por homicidio, por robos con intimidación y con otros delitos de connotación pública y graves que aparecen en ese listado son falsas. En las redes sociales se han ufanado con eso y tenemos que velar porque se llegue a una solución seria. En este caso, a mí me merece el mayor respeto el senador Huenchumilla, sobre todo por las intervenciones que ha hecho, pero tengo que dar mi opinión de que este es un nuevo proyecto y se desvirtúo del inicial”, advierte Morales en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile.

Incluso, el jurista de la Defensoría Popular destaca que la iniciativa que originalmente fue presentada por el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, “era valorable”, pero que la discusión debido a la presión social y por un apoyo al nuevo Gobierno está provocando que las cosas “se estén haciendo mal”.

“Va a dejar afuera a un montón de personas que van a llegar con condenas que son injustas. Yo creo que no se le ha dado el real debate a esto. Son condenas injustas con infracción de ley como ya lo ha establecido dos veces la Corte Suprema y una vez el Tribunal Constitucional. Ya se han pronunciado tribunales superiores, y me parece que estamos llegando a un momento donde la política quiere dejar un terreno plano al futuro Gobierno, que creo se tiene que hacer cargo. Lo digo derechamente. Aún en un sistema presidencialista, y en los casos más graves, debería llegarse a una solución política. Eso para nosotros siempre ha sido claro”, enfatiza Morales.

En esa línea, resalta que algunas de las informaciones que han circulado en los medios de comunicación, como la lista de los delitos supuestamente cometidos por 144 detenidos en el marco del estallido social, no corresponden a la realidad de la situación procesal de las personas que podrían acceder a esta amnistía, quienes en su gran mayoría están siendo investigados por el Artículo 14D de la Ley de Control de Armas, principalmente por el porte de bombas molotov. Además, Morales señala que el 98% de los imputados tienen irreprochable conducta anterior, lo que se contradice con lo publicado en diversos medios o afirmaciones de autoridades del Gobierno.

Lorenzo Morales

Y en relación a los aspectos fundamentales de este proyecto, que van más allá del cambio de concepto, el abogado Mauricio Duce señala que en la redacción del proyecto de ley original existieron tres pilares que, principalmente, no permitieron generar un consenso para aprobarlo.

“¿Cuáles eran los grandes cuestionamientos al proyecto del indulto original? Primero, el espacio temporal que cubría, desde octubre de 2019 hasta diciembre de 2020. Por tanto, había todo un debate acerca si todos los delitos que se cometieron en los primeros meses del estallido estaban en la misma situación que los posteriores. Incluso, algunos dicen que debería cubrir más, como algunos delitos del 2021. Segundo, el tipo de delito que están comprendidos. El proyecto del indulto general tenía un listado largo donde prácticamente casi todo podía caber y eso genera un debate porque hay delitos violentos, muy graves, y la pregunta es ¿queremos perdonar esos? Quizás en el contexto de una manifestación, no es lo mismo que haya un forcejeo entre un manifestante y un Carabinero y éste último se cae. Pero eso es muy distinto a alguien que lo ataca por la espalda con una bomba molotov y se lo tira al cuerpo con la intención de generarle graves lesiones físicas”, explica el jurista.

Duce agrega que “el tercer ámbito era el contexto en el cual se definía la aplicación del delito, porque el proyecto de ley decía que a propósito de las protestas o manifestaciones, o con ocasión. Entonces esta pregunta con ocasión te hacía cuestionar que si alguien, debido a que había protesta en un lugar, entró a robar a un supermercado. ¿Es un delito que queremos perdonar? Eso se podría acreditar con meros indicios, entonces también era muy vago e indeterminado el contexto”, detalla.

En esa línea, el académico también aborda la discusión sobre el tema de fondo que se ha producido en relación a esta iniciativa parlamentaria: el uso abusivo de la prisión preventiva, ya que “este proyecto nunca ha tocado el tema de fondo para delitos comunes no producidos en este contexto”.

En ese sentido destaca que si bien es una falencia que no mejorará con la eventual aprobación de este proyecto, “sí este debate ha generado mayor sensibilidad sobre este tema. Pero la forma de encarar el problema y el uso de las prisiones preventivas pasa por otras herramientas y otras reformas legales generales que toquen todos los tipos de casos”, sostiene Duce, mientras que Lorenzo Morales afirma que este tipo de medida cautelar, la más gravosa del Código Procesal Penal, se está utilizando como una condena anticipada, pero en el último tiempo, a raíz de las diversas absoluciones de algunos de los denominados ‘presos de la revuelta’, la conducta de algunos integrantes del Poder Judicial ha girado hacia un mayor respeto a la presunción de inocencia.

“Creo que hay jueces valientes que, algún día cuando se escriba sobre esto, se verá cuáles son sus fundamentaciones, algunos de ellos con nombre y apellido que han recibido presiones. Pero también se han ido acoplando mucho más de otros sectores. Me parecen relevantes esos aspectos. Y también de algunas fiscalías que se han dado cuenta y también creo que en algún minuto se va a saber. Pero son excepciones y no es la regla general. Se está produciendo ese cambio porque finalmente cuando pasa mucho tiempo, el sistema judicial se da cuenta que las pruebas son febles. Finalmente, una sola fuente de imputación no puede llegar, en un sistema democrático, a condenar a una persona”, señala Morales.

Además, al ser consultado sobre las declaraciones del actual Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien aseguró que las indicaciones presentadas, particularmente la de Huenchumilla, busca el perdón de todos los delitos cometidos en un espacio de tiempo, por lo que deberían terminarse “con todas las persecuciones penales ocurridas durante el periodo posterior al 18 de octubre”, Morales sostuvo que aquella afirmación “no tiene otro nombre que oportunismo político y también es lamentable, porque este Gobierno ya está de salida y sería importante saber qué dice mañana el futuro Ministro de Justicia o el futuro Ministro del Interior o el futuro Subsecretario del Interior para saber cómo se encauzan estas cosas y que, finalmente, el nuevo Gobierno debute y tenga su ascenso sin pesos políticos”.

Y en relación al futuro de este proyecto de ley en el Gobierno del Presidente electo Gabriel Boric, el abogado Lorenzo Morales va más allá y sostiene que “si se aplica el criterio correcto, deberían aplicar el indulto. Creo que si es un Gobierno serio y justo, la consecuencia es que finalmente van a ser indultados presidencialmente”, mientras que Mauricio Duce reflexiona sobre el estado actual del proyecto, y afirma que “si nos pusiéramos de acuerdo que técnicamente es una amnistía, y que es el mejor camino legal y técnico, sigue estando abierta la pregunta sobre qué vamos a poner en esa amnistía. Qué periodo cubre, qué tipo de delito,  y ahí es dónde se ve que no hay acuerdo”.