De dignidad y creación: las iniciativas populares que buscan transformar la realidad de las y los trabajadores de la cultura
El próximo primero de febrero culmina el plazo para que las organizaciones sociales y la sociedad civil reúnan los 15 mil apoyos que requieren para que sus iniciativas populares de norma sean debatidas en el Pleno de la Convención Constitucional. La fecha ya está encima. Por lo mismo, ciertos gremios ven difícil el poder alcanzar esta meta, lo que genera preocupación, sobre todo, en el sector de la cultura, las artes y el patrimonio.
Abril Becerra
Martes 25 de enero 2022 19:50 hrs.
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A contrarreloj. De esa manera, la sociedad civil y cientos de organizaciones sociales despliegan hoy sus campañas para conseguir los 15 mil apoyos que se requiere para que sus iniciativas populares de norma sean debatidas en el Pleno de la Convención Constitucional.
Ahora, ¿cómo estas iniciativas transformarían la realidad de las y los trabajadores de la cultura, las artes y el patrimonio? Una primera revisión advierte que, gran parte de ellas, apuestan por la revalorización de la figura del artista, estableciendo, por ejemplo, mecanismos de protección social. En esa línea, hay ideas que se refieren a la institucionalidad, al presupuesto del sector y a la descentralización cultural.
En definitiva, se trata de proyectos que recogen las demandas existentes en ámbitos tan diversos como la música, las artes visuales, la danza, la artesanía, el patrimonio y las artes escénicas tanto en su dimensión formal como informal. Son propuestas que transforman el paradigma existente en la actual Constitución, promoviendo un pacto social en donde las prácticas culturales tienen un rol, sino protagónico, fundamental.
Malucha Pinto, integrante de la comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios, valoró, en ese sentido, la respuesta que, en general, ha tenido la sociedad frente a este proceso e indicó que esto da a conocer que la ciudadanía está ávida de participar. “Muchas veces han dicho que a los chilenos y chilenas no les interesa participar y esto ha dejado completamente demostrado que no es así. Cuando generas herramientas concretas de democracia directa, la gente responde”, señaló.
La actriz también se refirió al caso particular de las normas sobre cultura y manifestó que no fue fácil generar este espacio en la Convención Constitucional. “Este es el resultado de una larga lucha que dimos para tener un espacio específico, donde se pudieran tocar estos tema: la cultura en su dimensión más amplia. Muy poca gente, dentro de la Convención, entendía este espacio. Ni siquiera querían que existiera una comisión de cultura”, recordó.
Así, llamó a participar en este proceso y sostuvo que desde la misma comisión se han planteado ideas que van en la línea de destacar los derechos culturales y, en específico, los derechos de las y los trabajadores de la cultura. “Esa es una nueva lucha que tenemos que dar, porque hay una tendencia dentro de la Convención, de consagrar los derechos de los trabajadores y trabajadoras como un solo espacio, que por qué los trabajadores de la cultura deben ser distintos que los trabajadores y trabajadoras del país”, comentó.
“Pero también estamos viendo y, desde ahí nos vamos a agarrar, que también se están estableciendo derechos para los trabajadores del mundo de la educación, la gente de salud, porque, evidentemente, cada gremio tiene características particulares. Entonces, esa es una mirada que hay que comenzar a instalar, porque, evidentemente, los trabajadores de la cultura somos trabajadores y trabajadoras muy precarizados, con características muy particulares”, afirmó.
Algunas propuestas
Una de ellas es la iniciativa Nº 47.390 sobre la Dignidad de la Cultura que fue presentada por la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia (CICE) y que ya suma más de mil apoyos ciudadanos. Este proyecto indica que “las características particulares de la labor artística no son reconocidas, lo que deja a las y los trabajadores de las artes, las culturas y el patrimonio sin acceso a las mismas garantías que el resto de la sociedad en múltiples ámbitos”. Por ello, propone “reconocer la trascendencia social de la labor de las y los trabajadores culturales”, creando un estatuto especial para los trabajadores del sector y garantizando un nuevo sistema de fomento. Asimismo, la propuesta apela a la protección del sector, a una remuneración justa y al fomento de la empleabilidad, entre otros puntos.
Otra propuesta que va en esa misma línea es la iniciativa Nº 62.742 sobre el reconocimiento y dignidad de los y las trabajadoras de las culturas, las artes y los patrimonios. Elaborada en el marco del Cabildo Cultural Constituyente de Valparaíso, la medida busca “el reconocimiento de la figura de las y los trabajadores de la cultura”, “el derecho a una tributación justa para las y los trabajadores y cultores de las artes” y la disposición de condiciones dignas, por parte del Estado, para la realización de acciones culturales.
También destaca la iniciativa Nº 26.966 sobre el acceso y financiamiento a la cultura. De acuerdo a esta propuesta, el Estado dispondrá “de un financiamiento no inferior a un 1% del erario público anual, el cual será distribuido de forma equitativa en cada una de las regiones que componen el territorio nacional, fomentando y garantizando el acceso a la cultura en todo el territorio”. Del mismo modo, establece que “el Estado de Chile garantizará la protección del patrimonio material e inmaterial que es propiedad de todos los chilenos y chilenas, condenando severamente a todo aquel que atente contra él. Para ello fomentará la preservación y trasmisión de la memoria, para dar continuidad a las tradiciones y conocimientos ancestrales y dispondrá de recursos para la restauración de inmuebles y la organización de festividades, lo cual tampoco deberá ser inferior al 1% del erario público”.
Entre sus principales articulados, la norma propone que el Estado debe “garantizar a las personas la libertad de creación y difusión de las artes, el ejercicio sostenido de las actividades culturales y artísticas en condiciones dignas, el derecho a percibir los beneficios producto de sus creaciones, y su debida protección conforme la legislación vigente”.
“El Estado garantiza la educación artística formal y no formal, comunitaria y territorial, de manera descentralizada, promoviendo el cultivo de dichas disciplinas en el sistema público de educación, conservatorios públicos comunales y la creación de Universidades Regionales de Arte, con enfoque territorial, disponiendo un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso de toda la población a las distintas formas de expresión”, dice uno de los artículos de la propuesta.
Felipe Glaría, integrante del SITAMCO, sostuvo que esta propuesta es el resultado de un diálogo colectivo entre distintas organizaciones de la zona. Se trata, según precisó, de un proyecto que se sustenta en la idea de la protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales. “El arte es un vehículo directo para el desarrollo pleno y creemos que tiene que estar garantizado. El Estado tiene que garantizar nuestro desarrollo”, dijo.
“En todas las regiones, que no son la Región Metropolitana, se vive la fuga de artistas. Ningún artista se puede quedar en su tierra para desarrollar su arte de manera plena. Entonces, una perspectiva que agregamos, es que el presupuesto se tiene que distribuir de manera regional. Tiene que haber autonomía en el currículum de enseñanza; los artistas locales, tanto profesionales como de oficio, tienen que poder incidir y también la ciudadanía debiera tener derecho a participar en esas instancias si así lo desea”, añadió.
Otra propuesta es la iniciativa Nº 44.914 sobre el reconocimiento del sector económico-cultural y laboral de las artesanas y los artesanos, artistas y guardadoras y guardadores de oficios.Este proyecto, que fue presentado por organizaciones como la Asociación Gremial de Artistas Populares Emergentes (AGAPE), Artesanas Barrancas y La Célula, entre otras, establece que es deber del Estado “velar por la conservación, desarrollo y difusión de la producción que emana de la creación artesanal, artística y de oficios”, proponiendo “políticas que contribuyan a dar visibilidad a los distintos oficios artesanales” e “incorporando contenidos asociados a éstos en la educación básica, media y superior”, entre otros puntos.
Walter Olivares Varas, presidente de la Asociación Gremial de Artistas Populares Emergentes (AGAPE), señaló que esta iniciativa busca transformar la actual realidad de precarización que viven las y los artistas en general. En esa línea, indicó que uno de los puntos más importantes de esta entrega tiene que ver con la consolidación de los derechos sociales de los creadores. “Nosotros no tenemos derecho a salud, derecho a vivienda. No somos igual a una botillería o a una farmacia. Somos creadores. Entonces, pedimos tener un reconocimiento económico por lo que ejercemos”, recalcó.
El artesano también manifestó su preocupación respecto de aquellas normas que han visto, con dificultad, el poder llegar a las 15 mil firmas e indicó: “A nosotros nos ha costado mucho y hay muchas normas que están quedando en el camino, porque la gente no toma la conciencia de que hay muchas necesidades. No solamente estamos nosotros: están los niños autistas, sordos, no videntes. Hay muchas cosas que hay que apoyar, no solamente a nosotros”, dijo.
Estas son sólo algunas de las normas que transformarían el paradigma existente en la actual Constitución respecto del quehacer cultural. Esto, bajo el entendido de que el actual pacto, no posee una figura clara respecto del desarrollo de las artes y la cultura, sobre todo, en un sentido participativo. Por ello, el llamado que hacen hoy las organizaciones es a informarse respecto de este proceso y apoyar a aquellas iniciativas que permitan impulsar a uno de los sectores más perjudicados durante la crisis sanitaria.
A contrarreloj. De esa manera, la sociedad civil y cientos de organizaciones sociales despliegan hoy sus campañas para conseguir los 15 mil apoyos que se requiere para que sus iniciativas populares de norma sean debatidas en el Pleno de la Convención Constitucional.
Ahora, ¿cómo estas iniciativas transformarían la realidad de las y los trabajadores de la cultura, las artes y el patrimonio? Una primera revisión advierte que, gran parte de ellas, apuestan por la revalorización de la figura del artista, estableciendo, por ejemplo, mecanismos de protección social. En esa línea, hay ideas que se refieren a la institucionalidad, al presupuesto del sector y a la descentralización cultural.
En definitiva, se trata de proyectos que recogen las demandas existentes en ámbitos tan diversos como la música, las artes visuales, la danza, la artesanía, el patrimonio y las artes escénicas tanto en su dimensión formal como informal. Son propuestas que transforman el paradigma existente en la actual Constitución, promoviendo un pacto social en donde las prácticas culturales tienen un rol, sino protagónico, fundamental.
Malucha Pinto, integrante de la comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios, valoró, en ese sentido, la respuesta que, en general, ha tenido la sociedad frente a este proceso e indicó que esto da a conocer que la ciudadanía está ávida de participar. “Muchas veces han dicho que a los chilenos y chilenas no les interesa participar y esto ha dejado completamente demostrado que no es así. Cuando generas herramientas concretas de democracia directa, la gente responde”, señaló.
La actriz también se refirió al caso particular de las normas sobre cultura y manifestó que no fue fácil generar este espacio en la Convención Constitucional. “Este es el resultado de una larga lucha que dimos para tener un espacio específico, donde se pudieran tocar estos tema: la cultura en su dimensión más amplia. Muy poca gente, dentro de la Convención, entendía este espacio. Ni siquiera querían que existiera una comisión de cultura”, recordó.
Así, llamó a participar en este proceso y sostuvo que desde la misma comisión se han planteado ideas que van en la línea de destacar los derechos culturales y, en específico, los derechos de las y los trabajadores de la cultura. “Esa es una nueva lucha que tenemos que dar, porque hay una tendencia dentro de la Convención, de consagrar los derechos de los trabajadores y trabajadoras como un solo espacio, que por qué los trabajadores de la cultura deben ser distintos que los trabajadores y trabajadoras del país”, comentó.
“Pero también estamos viendo y, desde ahí nos vamos a agarrar, que también se están estableciendo derechos para los trabajadores del mundo de la educación, la gente de salud, porque, evidentemente, cada gremio tiene características particulares. Entonces, esa es una mirada que hay que comenzar a instalar, porque, evidentemente, los trabajadores de la cultura somos trabajadores y trabajadoras muy precarizados, con características muy particulares”, afirmó.
Algunas propuestas
Una de ellas es la iniciativa Nº 47.390 sobre la Dignidad de la Cultura que fue presentada por la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia (CICE) y que ya suma más de mil apoyos ciudadanos. Este proyecto indica que “las características particulares de la labor artística no son reconocidas, lo que deja a las y los trabajadores de las artes, las culturas y el patrimonio sin acceso a las mismas garantías que el resto de la sociedad en múltiples ámbitos”. Por ello, propone “reconocer la trascendencia social de la labor de las y los trabajadores culturales”, creando un estatuto especial para los trabajadores del sector y garantizando un nuevo sistema de fomento. Asimismo, la propuesta apela a la protección del sector, a una remuneración justa y al fomento de la empleabilidad, entre otros puntos.
Otra propuesta que va en esa misma línea es la iniciativa Nº 62.742 sobre el reconocimiento y dignidad de los y las trabajadoras de las culturas, las artes y los patrimonios. Elaborada en el marco del Cabildo Cultural Constituyente de Valparaíso, la medida busca “el reconocimiento de la figura de las y los trabajadores de la cultura”, “el derecho a una tributación justa para las y los trabajadores y cultores de las artes” y la disposición de condiciones dignas, por parte del Estado, para la realización de acciones culturales.
También destaca la iniciativa Nº 26.966 sobre el acceso y financiamiento a la cultura. De acuerdo a esta propuesta, el Estado dispondrá “de un financiamiento no inferior a un 1% del erario público anual, el cual será distribuido de forma equitativa en cada una de las regiones que componen el territorio nacional, fomentando y garantizando el acceso a la cultura en todo el territorio”. Del mismo modo, establece que “el Estado de Chile garantizará la protección del patrimonio material e inmaterial que es propiedad de todos los chilenos y chilenas, condenando severamente a todo aquel que atente contra él. Para ello fomentará la preservación y trasmisión de la memoria, para dar continuidad a las tradiciones y conocimientos ancestrales y dispondrá de recursos para la restauración de inmuebles y la organización de festividades, lo cual tampoco deberá ser inferior al 1% del erario público”.
Entre sus principales articulados, la norma propone que el Estado debe “garantizar a las personas la libertad de creación y difusión de las artes, el ejercicio sostenido de las actividades culturales y artísticas en condiciones dignas, el derecho a percibir los beneficios producto de sus creaciones, y su debida protección conforme la legislación vigente”.
“El Estado garantiza la educación artística formal y no formal, comunitaria y territorial, de manera descentralizada, promoviendo el cultivo de dichas disciplinas en el sistema público de educación, conservatorios públicos comunales y la creación de Universidades Regionales de Arte, con enfoque territorial, disponiendo un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso de toda la población a las distintas formas de expresión”, dice uno de los artículos de la propuesta.
Felipe Glaría, integrante del SITAMCO, sostuvo que esta propuesta es el resultado de un diálogo colectivo entre distintas organizaciones de la zona. Se trata, según precisó, de un proyecto que se sustenta en la idea de la protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales. “El arte es un vehículo directo para el desarrollo pleno y creemos que tiene que estar garantizado. El Estado tiene que garantizar nuestro desarrollo”, dijo.
“En todas las regiones, que no son la Región Metropolitana, se vive la fuga de artistas. Ningún artista se puede quedar en su tierra para desarrollar su arte de manera plena. Entonces, una perspectiva que agregamos, es que el presupuesto se tiene que distribuir de manera regional. Tiene que haber autonomía en el currículum de enseñanza; los artistas locales, tanto profesionales como de oficio, tienen que poder incidir y también la ciudadanía debiera tener derecho a participar en esas instancias si así lo desea”, añadió.
Otra propuesta es la iniciativa Nº 44.914 sobre el reconocimiento del sector económico-cultural y laboral de las artesanas y los artesanos, artistas y guardadoras y guardadores de oficios.Este proyecto, que fue presentado por organizaciones como la Asociación Gremial de Artistas Populares Emergentes (AGAPE), Artesanas Barrancas y La Célula, entre otras, establece que es deber del Estado “velar por la conservación, desarrollo y difusión de la producción que emana de la creación artesanal, artística y de oficios”, proponiendo “políticas que contribuyan a dar visibilidad a los distintos oficios artesanales” e “incorporando contenidos asociados a éstos en la educación básica, media y superior”, entre otros puntos.
Walter Olivares Varas, presidente de la Asociación Gremial de Artistas Populares Emergentes (AGAPE), señaló que esta iniciativa busca transformar la actual realidad de precarización que viven las y los artistas en general. En esa línea, indicó que uno de los puntos más importantes de esta entrega tiene que ver con la consolidación de los derechos sociales de los creadores. “Nosotros no tenemos derecho a salud, derecho a vivienda. No somos igual a una botillería o a una farmacia. Somos creadores. Entonces, pedimos tener un reconocimiento económico por lo que ejercemos”, recalcó.
El artesano también manifestó su preocupación respecto de aquellas normas que han visto, con dificultad, el poder llegar a las 15 mil firmas e indicó: “A nosotros nos ha costado mucho y hay muchas normas que están quedando en el camino, porque la gente no toma la conciencia de que hay muchas necesidades. No solamente estamos nosotros: están los niños autistas, sordos, no videntes. Hay muchas cosas que hay que apoyar, no solamente a nosotros”, dijo.
Estas son sólo algunas de las normas que transformarían el paradigma existente en la actual Constitución respecto del quehacer cultural. Esto, bajo el entendido de que el actual pacto, no posee una figura clara respecto del desarrollo de las artes y la cultura, sobre todo, en un sentido participativo. Por ello, el llamado que hacen hoy las organizaciones es a informarse respecto de este proceso y apoyar a aquellas iniciativas que permitan impulsar a uno de los sectores más perjudicados durante la crisis sanitaria.
A contrarreloj. De esa manera, la sociedad civil y cientos de organizaciones sociales despliegan hoy sus campañas para conseguir los 15 mil apoyos que se requiere para que sus iniciativas populares de norma sean debatidas en el Pleno de la Convención Constitucional.
Ahora, ¿cómo estas iniciativas transformarían la realidad de las y los trabajadores de la cultura, las artes y el patrimonio? Una primera revisión advierte que, gran parte de ellas, apuestan por la revalorización de la figura del artista, estableciendo, por ejemplo, mecanismos de protección social. En esa línea, hay ideas que se refieren a la institucionalidad, al presupuesto del sector y a la descentralización cultural.
En definitiva, se trata de proyectos que recogen las demandas existentes en ámbitos tan diversos como la música, las artes visuales, la danza, la artesanía, el patrimonio y las artes escénicas tanto en su dimensión formal como informal. Son propuestas que transforman el paradigma existente en la actual Constitución, promoviendo un pacto social en donde las prácticas culturales tienen un rol, sino protagónico, fundamental.
Malucha Pinto, integrante de la comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios, valoró, en ese sentido, la respuesta que, en general, ha tenido la sociedad frente a este proceso e indicó que esto da a conocer que la ciudadanía está ávida de participar. “Muchas veces han dicho que a los chilenos y chilenas no les interesa participar y esto ha dejado completamente demostrado que no es así. Cuando generas herramientas concretas de democracia directa, la gente responde”, señaló.
La actriz también se refirió al caso particular de las normas sobre cultura y manifestó que no fue fácil generar este espacio en la Convención Constitucional. “Este es el resultado de una larga lucha que dimos para tener un espacio específico, donde se pudieran tocar estos tema: la cultura en su dimensión más amplia. Muy poca gente, dentro de la Convención, entendía este espacio. Ni siquiera querían que existiera una comisión de cultura”, recordó.
Así, llamó a participar en este proceso y sostuvo que desde la misma comisión se han planteado ideas que van en la línea de destacar los derechos culturales y, en específico, los derechos de las y los trabajadores de la cultura. “Esa es una nueva lucha que tenemos que dar, porque hay una tendencia dentro de la Convención, de consagrar los derechos de los trabajadores y trabajadoras como un solo espacio, que por qué los trabajadores de la cultura deben ser distintos que los trabajadores y trabajadoras del país”, comentó.
“Pero también estamos viendo y, desde ahí nos vamos a agarrar, que también se están estableciendo derechos para los trabajadores del mundo de la educación, la gente de salud, porque, evidentemente, cada gremio tiene características particulares. Entonces, esa es una mirada que hay que comenzar a instalar, porque, evidentemente, los trabajadores de la cultura somos trabajadores y trabajadoras muy precarizados, con características muy particulares”, afirmó.
Algunas propuestas
Una de ellas es la iniciativa Nº 47.390 sobre la Dignidad de la Cultura que fue presentada por la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia (CICE) y que ya suma más de mil apoyos ciudadanos. Este proyecto indica que “las características particulares de la labor artística no son reconocidas, lo que deja a las y los trabajadores de las artes, las culturas y el patrimonio sin acceso a las mismas garantías que el resto de la sociedad en múltiples ámbitos”. Por ello, propone “reconocer la trascendencia social de la labor de las y los trabajadores culturales”, creando un estatuto especial para los trabajadores del sector y garantizando un nuevo sistema de fomento. Asimismo, la propuesta apela a la protección del sector, a una remuneración justa y al fomento de la empleabilidad, entre otros puntos.
Otra propuesta que va en esa misma línea es la iniciativa Nº 62.742 sobre el reconocimiento y dignidad de los y las trabajadoras de las culturas, las artes y los patrimonios. Elaborada en el marco del Cabildo Cultural Constituyente de Valparaíso, la medida busca “el reconocimiento de la figura de las y los trabajadores de la cultura”, “el derecho a una tributación justa para las y los trabajadores y cultores de las artes” y la disposición de condiciones dignas, por parte del Estado, para la realización de acciones culturales.
También destaca la iniciativa Nº 26.966 sobre el acceso y financiamiento a la cultura. De acuerdo a esta propuesta, el Estado dispondrá “de un financiamiento no inferior a un 1% del erario público anual, el cual será distribuido de forma equitativa en cada una de las regiones que componen el territorio nacional, fomentando y garantizando el acceso a la cultura en todo el territorio”. Del mismo modo, establece que “el Estado de Chile garantizará la protección del patrimonio material e inmaterial que es propiedad de todos los chilenos y chilenas, condenando severamente a todo aquel que atente contra él. Para ello fomentará la preservación y trasmisión de la memoria, para dar continuidad a las tradiciones y conocimientos ancestrales y dispondrá de recursos para la restauración de inmuebles y la organización de festividades, lo cual tampoco deberá ser inferior al 1% del erario público”.
Entre sus principales articulados, la norma propone que el Estado debe “garantizar a las personas la libertad de creación y difusión de las artes, el ejercicio sostenido de las actividades culturales y artísticas en condiciones dignas, el derecho a percibir los beneficios producto de sus creaciones, y su debida protección conforme la legislación vigente”.
“El Estado garantiza la educación artística formal y no formal, comunitaria y territorial, de manera descentralizada, promoviendo el cultivo de dichas disciplinas en el sistema público de educación, conservatorios públicos comunales y la creación de Universidades Regionales de Arte, con enfoque territorial, disponiendo un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso de toda la población a las distintas formas de expresión”, dice uno de los artículos de la propuesta.
Felipe Glaría, integrante del SITAMCO, sostuvo que esta propuesta es el resultado de un diálogo colectivo entre distintas organizaciones de la zona. Se trata, según precisó, de un proyecto que se sustenta en la idea de la protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales. “El arte es un vehículo directo para el desarrollo pleno y creemos que tiene que estar garantizado. El Estado tiene que garantizar nuestro desarrollo”, dijo.
“En todas las regiones, que no son la Región Metropolitana, se vive la fuga de artistas. Ningún artista se puede quedar en su tierra para desarrollar su arte de manera plena. Entonces, una perspectiva que agregamos, es que el presupuesto se tiene que distribuir de manera regional. Tiene que haber autonomía en el currículum de enseñanza; los artistas locales, tanto profesionales como de oficio, tienen que poder incidir y también la ciudadanía debiera tener derecho a participar en esas instancias si así lo desea”, añadió.
Otra propuesta es la iniciativa Nº 44.914 sobre el reconocimiento del sector económico-cultural y laboral de las artesanas y los artesanos, artistas y guardadoras y guardadores de oficios.Este proyecto, que fue presentado por organizaciones como la Asociación Gremial de Artistas Populares Emergentes (AGAPE), Artesanas Barrancas y La Célula, entre otras, establece que es deber del Estado “velar por la conservación, desarrollo y difusión de la producción que emana de la creación artesanal, artística y de oficios”, proponiendo “políticas que contribuyan a dar visibilidad a los distintos oficios artesanales” e “incorporando contenidos asociados a éstos en la educación básica, media y superior”, entre otros puntos.
Walter Olivares Varas, presidente de la Asociación Gremial de Artistas Populares Emergentes (AGAPE), señaló que esta iniciativa busca transformar la actual realidad de precarización que viven las y los artistas en general. En esa línea, indicó que uno de los puntos más importantes de esta entrega tiene que ver con la consolidación de los derechos sociales de los creadores. “Nosotros no tenemos derecho a salud, derecho a vivienda. No somos igual a una botillería o a una farmacia. Somos creadores. Entonces, pedimos tener un reconocimiento económico por lo que ejercemos”, recalcó.
El artesano también manifestó su preocupación respecto de aquellas normas que han visto, con dificultad, el poder llegar a las 15 mil firmas e indicó: “A nosotros nos ha costado mucho y hay muchas normas que están quedando en el camino, porque la gente no toma la conciencia de que hay muchas necesidades. No solamente estamos nosotros: están los niños autistas, sordos, no videntes. Hay muchas cosas que hay que apoyar, no solamente a nosotros”, dijo.
Estas son sólo algunas de las normas que transformarían el paradigma existente en la actual Constitución respecto del quehacer cultural. Esto, bajo el entendido de que el actual pacto, no posee una figura clara respecto del desarrollo de las artes y la cultura, sobre todo, en un sentido participativo. Por ello, el llamado que hacen hoy las organizaciones es a informarse respecto de este proceso y apoyar a aquellas iniciativas que permitan impulsar a uno de los sectores más perjudicados durante la crisis sanitaria.
