Organizaciones denuncian maniobras del Gobierno para “amarrar” cuestionada Ley del Patrimonio
Luego de que el Ejecutivo le colocara discusión inmediata al proyecto de ley, desde el Frente por el Patrimonio calificaron como preocupante esta acción e indicaron que es importante avanzar hacia una normativa con carácter constituyente y participativa.
Abril Becerra
Miércoles 26 de enero 2022 20:29 hrs.
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El lunes recién pasado, el Frente por el Patrimonio se reunió con el equipo del Presidente electo, Gabriel Boric, para manifestar su preocupación respecto del proyecto de ley del patrimonio cultural que fue presentado por el Ejecutivo en junio de 2019 y que hoy enfrenta una etapa clave. Esto, luego de que el Gobierno le colocara discusión inmediata a la iniciativa, siendo traspasada desde la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados a la Comisión de Hacienda.
Este hecho generó un profundo malestar entre las organizaciones sociales y culturales que, desde que fue presentado el proyecto, manifestaron sus reparos frente a la iniciativa. No obstante, hoy la crítica es mucho más enérgica, ya que, con la discusión inmediata, el proyecto entraría en una fase de rápida tramitación.
José Osorio, presidente de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, organización que es parte del Frente por el Patrimonio, indicó que la acción del Ejecutivo se da en el marco de una serie de reactivaciones de iniciativas que permanecían estancadas en el Congreso y que para el Gobierno eran cruciales. La Ley del Patrimonio, por ejemplo, era la gran apuesta del Ejecutivo en materia cultural, sin embargo, las múltiples observaciones existentes respecto de ámbitos técnicos y de participación, hicieron imposible su avance legislativo.
En esa línea, José Osorio comentó que la situación es preocupante y que, si el proyecto sigue avanzando, las organizaciones vinculadas al patrimonio quedarían en un escenario difícil de afrontar. “El hecho de que el Gobierno haya hecho esta acción, estando a dos semanas legislativas y a un mes y algunos días de terminar su mandato, para nosotros, tiene que ver con una presión o una acción de intentar sacar adelante una ley que ha sido rechazada por las organizaciones y las comunidades que defendemos el patrimonio cultural y natural de nuestro país”, dijo.
“Esto, entendiendo que es una ley que no va a estar en clave constituyente, que viene a consolidar una mirada de carácter neoliberal en el tema patrimonial y no una mirada de carácter comunitario. Aquí se está intentando generar un amarre, una eventual votación en sala. Si eso ocurriera, nos pondría en una situación compleja, porque, desde el comienzo, cuando conocimos el proyecto, manifestaron una opinión no sólo crítica, sino que de rechazo”, añadió el dirigente.
El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo ha sido objetado en múltiples oportunidades. Por lo mismo, desde la Comisión de Cultura se recibió a más de 50 organizaciones que, a partir de perspectivas materiales, inmateriales, indígenas y académicas, entre otras, expusieron sus observaciones respecto de la iniciativa. No obstante, hoy, con la discusión inmediata, el proyecto pasó a Hacienda sin contar con el informe elaborado a partir de estas intervenciones ciudadanas, lo que es visto nuevamente con preocupación por los gremios.
La situación se vuelve más compleja cuando, desde las mismas organizaciones han advertido que el proyecto posee distintos puntos críticos que hacen imposible su tramitación, entre ellos, la carencia de un proceso ciudadano, vinculante y transparente, y la omisión de la consulta indígena previa, que es un acuerdo del Estado chileno con la OIT a través del Convenio 169.
Bernardo Jorquera, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio del Patrimonio Cultural (Anfupatrimonio), señaló que el Gobierno omitió todo tipo de participación real frente a este proceso e indicó que la discusión se dio, principalmente, entre cuatro paredes y en el núcleo del gobierno.
“Iba a ser muy difícil, y el Gobierno lo sabe, que en la consulta indígena, resultara una opinión favorable de los pueblos originarios en torno al proyecto de ley de indicación sustitutiva”, comentó, añadiendo que el proyecto tiene serios problemas estructurales.
“Hay temas nucleares que son fundamentales: uno es el tema del patrimonio indígena; dos, el tema de los derechos humanos y la memoria, porque tampoco está considerado con la profundidad y extensión que debiera tener. Para nosotros la memoria y los sitios de memoria son algo tan importante como el patrimonio indígena, como el patrimonio histórico y natural y, por lo tanto, tienen que tener un estatus, un tratamiento como corresponde. El tema de la institucionalidad también es fundamental. No queremos una institucionalidad que sea de los gobiernos de turno”, agregó el dirigente.
Las organizaciones también recalcaron que es importante que las y los parlamentarios se remitan a la información que, desde 2019, han ido presentando las organizaciones sociales frente a esta iniciativa y llamaron a no ceder frente a esta “jugada política” del Gobierno. En esa línea, enfatizaron en la idea de que el proyecto del patrimonio debe elaborarse desde una perspectiva constituyente y se manifestaron optimistas respecto de cómo esta histórica demanda será abordada por el futuro gobierno.
“Como Frente por el Patrimonio, esperamos que se pueda replantear a fondo, con un proyecto de patrimonio que recoja, efectivamente y de manera genuina, real, la participación de las comunidades, los pueblos, las organizaciones y los actores del mundo del patrimonio”, cerró Bernardo Jorquera.
El lunes recién pasado, el Frente por el Patrimonio se reunió con el equipo del Presidente electo, Gabriel Boric, para manifestar su preocupación respecto del proyecto de ley del patrimonio cultural que fue presentado por el Ejecutivo en junio de 2019 y que hoy enfrenta una etapa clave. Esto, luego de que el Gobierno le colocara discusión inmediata a la iniciativa, siendo traspasada desde la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados a la Comisión de Hacienda.
Este hecho generó un profundo malestar entre las organizaciones sociales y culturales que, desde que fue presentado el proyecto, manifestaron sus reparos frente a la iniciativa. No obstante, hoy la crítica es mucho más enérgica, ya que, con la discusión inmediata, el proyecto entraría en una fase de rápida tramitación.
José Osorio, presidente de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, organización que es parte del Frente por el Patrimonio, indicó que la acción del Ejecutivo se da en el marco de una serie de reactivaciones de iniciativas que permanecían estancadas en el Congreso y que para el Gobierno eran cruciales. La Ley del Patrimonio, por ejemplo, era la gran apuesta del Ejecutivo en materia cultural, sin embargo, las múltiples observaciones existentes respecto de ámbitos técnicos y de participación, hicieron imposible su avance legislativo.
En esa línea, José Osorio comentó que la situación es preocupante y que, si el proyecto sigue avanzando, las organizaciones vinculadas al patrimonio quedarían en un escenario difícil de afrontar. “El hecho de que el Gobierno haya hecho esta acción, estando a dos semanas legislativas y a un mes y algunos días de terminar su mandato, para nosotros, tiene que ver con una presión o una acción de intentar sacar adelante una ley que ha sido rechazada por las organizaciones y las comunidades que defendemos el patrimonio cultural y natural de nuestro país”, dijo.
“Esto, entendiendo que es una ley que no va a estar en clave constituyente, que viene a consolidar una mirada de carácter neoliberal en el tema patrimonial y no una mirada de carácter comunitario. Aquí se está intentando generar un amarre, una eventual votación en sala. Si eso ocurriera, nos pondría en una situación compleja, porque, desde el comienzo, cuando conocimos el proyecto, manifestaron una opinión no sólo crítica, sino que de rechazo”, añadió el dirigente.
El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo ha sido objetado en múltiples oportunidades. Por lo mismo, desde la Comisión de Cultura se recibió a más de 50 organizaciones que, a partir de perspectivas materiales, inmateriales, indígenas y académicas, entre otras, expusieron sus observaciones respecto de la iniciativa. No obstante, hoy, con la discusión inmediata, el proyecto pasó a Hacienda sin contar con el informe elaborado a partir de estas intervenciones ciudadanas, lo que es visto nuevamente con preocupación por los gremios.
La situación se vuelve más compleja cuando, desde las mismas organizaciones han advertido que el proyecto posee distintos puntos críticos que hacen imposible su tramitación, entre ellos, la carencia de un proceso ciudadano, vinculante y transparente, y la omisión de la consulta indígena previa, que es un acuerdo del Estado chileno con la OIT a través del Convenio 169.
Bernardo Jorquera, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio del Patrimonio Cultural (Anfupatrimonio), señaló que el Gobierno omitió todo tipo de participación real frente a este proceso e indicó que la discusión se dio, principalmente, entre cuatro paredes y en el núcleo del gobierno.
“Iba a ser muy difícil, y el Gobierno lo sabe, que en la consulta indígena, resultara una opinión favorable de los pueblos originarios en torno al proyecto de ley de indicación sustitutiva”, comentó, añadiendo que el proyecto tiene serios problemas estructurales.
“Hay temas nucleares que son fundamentales: uno es el tema del patrimonio indígena; dos, el tema de los derechos humanos y la memoria, porque tampoco está considerado con la profundidad y extensión que debiera tener. Para nosotros la memoria y los sitios de memoria son algo tan importante como el patrimonio indígena, como el patrimonio histórico y natural y, por lo tanto, tienen que tener un estatus, un tratamiento como corresponde. El tema de la institucionalidad también es fundamental. No queremos una institucionalidad que sea de los gobiernos de turno”, agregó el dirigente.
Las organizaciones también recalcaron que es importante que las y los parlamentarios se remitan a la información que, desde 2019, han ido presentando las organizaciones sociales frente a esta iniciativa y llamaron a no ceder frente a esta “jugada política” del Gobierno. En esa línea, enfatizaron en la idea de que el proyecto del patrimonio debe elaborarse desde una perspectiva constituyente y se manifestaron optimistas respecto de cómo esta histórica demanda será abordada por el futuro gobierno.
“Como Frente por el Patrimonio, esperamos que se pueda replantear a fondo, con un proyecto de patrimonio que recoja, efectivamente y de manera genuina, real, la participación de las comunidades, los pueblos, las organizaciones y los actores del mundo del patrimonio”, cerró Bernardo Jorquera.
El lunes recién pasado, el Frente por el Patrimonio se reunió con el equipo del Presidente electo, Gabriel Boric, para manifestar su preocupación respecto del proyecto de ley del patrimonio cultural que fue presentado por el Ejecutivo en junio de 2019 y que hoy enfrenta una etapa clave. Esto, luego de que el Gobierno le colocara discusión inmediata a la iniciativa, siendo traspasada desde la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados a la Comisión de Hacienda.
Este hecho generó un profundo malestar entre las organizaciones sociales y culturales que, desde que fue presentado el proyecto, manifestaron sus reparos frente a la iniciativa. No obstante, hoy la crítica es mucho más enérgica, ya que, con la discusión inmediata, el proyecto entraría en una fase de rápida tramitación.
José Osorio, presidente de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, organización que es parte del Frente por el Patrimonio, indicó que la acción del Ejecutivo se da en el marco de una serie de reactivaciones de iniciativas que permanecían estancadas en el Congreso y que para el Gobierno eran cruciales. La Ley del Patrimonio, por ejemplo, era la gran apuesta del Ejecutivo en materia cultural, sin embargo, las múltiples observaciones existentes respecto de ámbitos técnicos y de participación, hicieron imposible su avance legislativo.
En esa línea, José Osorio comentó que la situación es preocupante y que, si el proyecto sigue avanzando, las organizaciones vinculadas al patrimonio quedarían en un escenario difícil de afrontar. “El hecho de que el Gobierno haya hecho esta acción, estando a dos semanas legislativas y a un mes y algunos días de terminar su mandato, para nosotros, tiene que ver con una presión o una acción de intentar sacar adelante una ley que ha sido rechazada por las organizaciones y las comunidades que defendemos el patrimonio cultural y natural de nuestro país”, dijo.
“Esto, entendiendo que es una ley que no va a estar en clave constituyente, que viene a consolidar una mirada de carácter neoliberal en el tema patrimonial y no una mirada de carácter comunitario. Aquí se está intentando generar un amarre, una eventual votación en sala. Si eso ocurriera, nos pondría en una situación compleja, porque, desde el comienzo, cuando conocimos el proyecto, manifestaron una opinión no sólo crítica, sino que de rechazo”, añadió el dirigente.
El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo ha sido objetado en múltiples oportunidades. Por lo mismo, desde la Comisión de Cultura se recibió a más de 50 organizaciones que, a partir de perspectivas materiales, inmateriales, indígenas y académicas, entre otras, expusieron sus observaciones respecto de la iniciativa. No obstante, hoy, con la discusión inmediata, el proyecto pasó a Hacienda sin contar con el informe elaborado a partir de estas intervenciones ciudadanas, lo que es visto nuevamente con preocupación por los gremios.
La situación se vuelve más compleja cuando, desde las mismas organizaciones han advertido que el proyecto posee distintos puntos críticos que hacen imposible su tramitación, entre ellos, la carencia de un proceso ciudadano, vinculante y transparente, y la omisión de la consulta indígena previa, que es un acuerdo del Estado chileno con la OIT a través del Convenio 169.
Bernardo Jorquera, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio del Patrimonio Cultural (Anfupatrimonio), señaló que el Gobierno omitió todo tipo de participación real frente a este proceso e indicó que la discusión se dio, principalmente, entre cuatro paredes y en el núcleo del gobierno.
“Iba a ser muy difícil, y el Gobierno lo sabe, que en la consulta indígena, resultara una opinión favorable de los pueblos originarios en torno al proyecto de ley de indicación sustitutiva”, comentó, añadiendo que el proyecto tiene serios problemas estructurales.
“Hay temas nucleares que son fundamentales: uno es el tema del patrimonio indígena; dos, el tema de los derechos humanos y la memoria, porque tampoco está considerado con la profundidad y extensión que debiera tener. Para nosotros la memoria y los sitios de memoria son algo tan importante como el patrimonio indígena, como el patrimonio histórico y natural y, por lo tanto, tienen que tener un estatus, un tratamiento como corresponde. El tema de la institucionalidad también es fundamental. No queremos una institucionalidad que sea de los gobiernos de turno”, agregó el dirigente.
Las organizaciones también recalcaron que es importante que las y los parlamentarios se remitan a la información que, desde 2019, han ido presentando las organizaciones sociales frente a esta iniciativa y llamaron a no ceder frente a esta “jugada política” del Gobierno. En esa línea, enfatizaron en la idea de que el proyecto del patrimonio debe elaborarse desde una perspectiva constituyente y se manifestaron optimistas respecto de cómo esta histórica demanda será abordada por el futuro gobierno.
“Como Frente por el Patrimonio, esperamos que se pueda replantear a fondo, con un proyecto de patrimonio que recoja, efectivamente y de manera genuina, real, la participación de las comunidades, los pueblos, las organizaciones y los actores del mundo del patrimonio”, cerró Bernardo Jorquera.
