Alejandra Mohor: “A 30 años de iniciada la transición a la democracia, no tenemos una ley que regule a las instituciones respecto del uso de la fuerza”
La investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile se refirió a los resultados del Informe Monitor del Uso de la Fuerza Letal 2018-2019 que incluyó un capítulo con datos de nuestro país.
Diario UChile
Sábado 29 de enero 2022 13:42 hrs.
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Esta semana se presentó el informe Monitor del Uso de la Fuerza Letal 2018-2019, reporte internacional que da cuenta del uso de la fuerza letal por parte de agentes de seguridad en servicio, entendida ésta como la fuerza aplicada con armas de fuego de munición metálica y que incluyó a Chile por primera vez.
El capítulo dedicado a nuestro país elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, dio cuenta de la falta de registros oficiales en esta materia en nuestro país: mientras que la Policía de Investigaciones no entregó cifras sobre civiles muertos o heridos por agentes en servicio con armas de fuego, Carabineros proporcionó cifras agregadas. En tanto, las Fuerzas Armadas (cuya información se requirió para el estado de excepción constitucional de 2019 comprendido en el período estudiado) denegaron el acceso a la información, según indica el reporte.
La investigadora del CESC y coordinadora del informe de Chile, Alejandra Mohor, planteó que uno de los desafíos que emana de este reporte es que se les exija a las policías “llevar un registro detallado de las letalidades asociadas a armas de fuego ocasionadas por la actuación de sus funcionarios”, incluyendo descripciones de los hechos, caracterizaciones sociodemográficas de los intervinientes, lugar y fecha, entre otros elementos.
“Un registro cabal del uso de la fuerza letal permitiría generar recomendaciones que permitan que ésta sea efectivamente excepcional. Es necesario recordar que la vida –de civiles y agentes– es el bien jurídico más importante de proteger. Esa es la mayor tarea del Estado”, señaló Mohor.
Respecto de cómo avanzar hacia una mayor transparencia por parte de las policías, Mohor sostuvo que “acá hay un elemento clave y que es que Chile no cuenta con una ley de uso de la fuerza. A 30 años de iniciada la transición a la democracia no tenemos una ley que regule a las instituciones respecto del uso de la fuerza, no ha habido una decisión, discutida en un espacio democrático, que llegue a generar un cuerpo normativo unificado y con rango de ley que regule estas materias”.
A juicio de Mohor, esto ha provocado que “buena parte del hacer de las policías ha quedado a discreción de ellas, es decir, cada una de las instituciones policiales determina si registra o no, cómo registra, cuánto registra y cómo procesa la información”.
La investigadora del CESC y coordinadora del informe de Chile, Alejandra Mohor.
El Informe da cuenta de un total de 39 civiles muertos por uso de la fuerza letal por parte de agentes de seguridad en el período estudiado: 18 en 2018 y 21 en 2019. Al desglosar por policías, se puede observar que en 2018 Carabineros y la PDI fueron responsables de nueve casos de civiles muertos cada una. En tanto, en 2019, Carabineros generó 14 víctimas, la PDI cuatro y las Fuerzas Armadas, en contexto del estado de excepción constitucional (19 al 28 de octubre de 2019), generaron tres muertes.
Un 95 por ciento de las personas que perdieron la vida eran hombres, y el promedio de edad fue de 23,5 años. La mayor parte de los casos se concentran en la comisión de delitos flagrantes.
El documento también entrega una serie de recomendaciones. Una de ellas es excluir a las Fuerzas Armadas de las tareas de orden público, en línea con la evidencia internacional, pues, según indica el reporte, los funcionarios de Fuerzas Armadas asignados a estas tareas durante el estado de excepción constitucional “tienen asociada la mayor tasa de letalidad por institución”, que alcanza 2,5 civiles muertos cada 1.000 agentes, mientras que en el caso de la PDI esta tasa alcanza el 0,6 y en el de Carabineros, 0,3.
Al respecto, Alejandra Mohor afirma que “aquí lo que hemos venido a hacer es recoger las recomendaciones internacionales en la materia” y agrega que “si todo esto que discutíamos sobre opacidad en las policías es una realidad, te puedes imaginar lo que implica respecto de las FF.AA.”.
En esa línea, la investigadora destaca que “las FF.AA. son instituciones que forman a sus funcionarios para el combate de un enemigo y eso va en la dirección contraria respecto de los principios en el resguardo del orden público y el resguardo de las personas”.
Por lo mismo, la académica de nuestra casa de estudios recalca que “las personas en un contexto nacional no se constituyen como enemigos y las recientes declaraciones de un alto oficial justamente la polémica que ocasionan van en ese sentido, cómo entienden las FF.AA. su función”.
Foto principal: Agencia Uno.
Esta semana se presentó el informe Monitor del Uso de la Fuerza Letal 2018-2019, reporte internacional que da cuenta del uso de la fuerza letal por parte de agentes de seguridad en servicio, entendida ésta como la fuerza aplicada con armas de fuego de munición metálica y que incluyó a Chile por primera vez.
El capítulo dedicado a nuestro país elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, dio cuenta de la falta de registros oficiales en esta materia en nuestro país: mientras que la Policía de Investigaciones no entregó cifras sobre civiles muertos o heridos por agentes en servicio con armas de fuego, Carabineros proporcionó cifras agregadas. En tanto, las Fuerzas Armadas (cuya información se requirió para el estado de excepción constitucional de 2019 comprendido en el período estudiado) denegaron el acceso a la información, según indica el reporte.
La investigadora del CESC y coordinadora del informe de Chile, Alejandra Mohor, planteó que uno de los desafíos que emana de este reporte es que se les exija a las policías “llevar un registro detallado de las letalidades asociadas a armas de fuego ocasionadas por la actuación de sus funcionarios”, incluyendo descripciones de los hechos, caracterizaciones sociodemográficas de los intervinientes, lugar y fecha, entre otros elementos.
“Un registro cabal del uso de la fuerza letal permitiría generar recomendaciones que permitan que ésta sea efectivamente excepcional. Es necesario recordar que la vida –de civiles y agentes– es el bien jurídico más importante de proteger. Esa es la mayor tarea del Estado”, señaló Mohor.
Respecto de cómo avanzar hacia una mayor transparencia por parte de las policías, Mohor sostuvo que “acá hay un elemento clave y que es que Chile no cuenta con una ley de uso de la fuerza. A 30 años de iniciada la transición a la democracia no tenemos una ley que regule a las instituciones respecto del uso de la fuerza, no ha habido una decisión, discutida en un espacio democrático, que llegue a generar un cuerpo normativo unificado y con rango de ley que regule estas materias”.
A juicio de Mohor, esto ha provocado que “buena parte del hacer de las policías ha quedado a discreción de ellas, es decir, cada una de las instituciones policiales determina si registra o no, cómo registra, cuánto registra y cómo procesa la información”.
La investigadora del CESC y coordinadora del informe de Chile, Alejandra Mohor.
El Informe da cuenta de un total de 39 civiles muertos por uso de la fuerza letal por parte de agentes de seguridad en el período estudiado: 18 en 2018 y 21 en 2019. Al desglosar por policías, se puede observar que en 2018 Carabineros y la PDI fueron responsables de nueve casos de civiles muertos cada una. En tanto, en 2019, Carabineros generó 14 víctimas, la PDI cuatro y las Fuerzas Armadas, en contexto del estado de excepción constitucional (19 al 28 de octubre de 2019), generaron tres muertes.
Un 95 por ciento de las personas que perdieron la vida eran hombres, y el promedio de edad fue de 23,5 años. La mayor parte de los casos se concentran en la comisión de delitos flagrantes.
El documento también entrega una serie de recomendaciones. Una de ellas es excluir a las Fuerzas Armadas de las tareas de orden público, en línea con la evidencia internacional, pues, según indica el reporte, los funcionarios de Fuerzas Armadas asignados a estas tareas durante el estado de excepción constitucional “tienen asociada la mayor tasa de letalidad por institución”, que alcanza 2,5 civiles muertos cada 1.000 agentes, mientras que en el caso de la PDI esta tasa alcanza el 0,6 y en el de Carabineros, 0,3.
Al respecto, Alejandra Mohor afirma que “aquí lo que hemos venido a hacer es recoger las recomendaciones internacionales en la materia” y agrega que “si todo esto que discutíamos sobre opacidad en las policías es una realidad, te puedes imaginar lo que implica respecto de las FF.AA.”.
En esa línea, la investigadora destaca que “las FF.AA. son instituciones que forman a sus funcionarios para el combate de un enemigo y eso va en la dirección contraria respecto de los principios en el resguardo del orden público y el resguardo de las personas”.
Por lo mismo, la académica de nuestra casa de estudios recalca que “las personas en un contexto nacional no se constituyen como enemigos y las recientes declaraciones de un alto oficial justamente la polémica que ocasionan van en ese sentido, cómo entienden las FF.AA. su función”.
Foto principal: Agencia Uno.
Esta semana se presentó el informe Monitor del Uso de la Fuerza Letal 2018-2019, reporte internacional que da cuenta del uso de la fuerza letal por parte de agentes de seguridad en servicio, entendida ésta como la fuerza aplicada con armas de fuego de munición metálica y que incluyó a Chile por primera vez.
El capítulo dedicado a nuestro país elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, dio cuenta de la falta de registros oficiales en esta materia en nuestro país: mientras que la Policía de Investigaciones no entregó cifras sobre civiles muertos o heridos por agentes en servicio con armas de fuego, Carabineros proporcionó cifras agregadas. En tanto, las Fuerzas Armadas (cuya información se requirió para el estado de excepción constitucional de 2019 comprendido en el período estudiado) denegaron el acceso a la información, según indica el reporte.
La investigadora del CESC y coordinadora del informe de Chile, Alejandra Mohor, planteó que uno de los desafíos que emana de este reporte es que se les exija a las policías “llevar un registro detallado de las letalidades asociadas a armas de fuego ocasionadas por la actuación de sus funcionarios”, incluyendo descripciones de los hechos, caracterizaciones sociodemográficas de los intervinientes, lugar y fecha, entre otros elementos.
“Un registro cabal del uso de la fuerza letal permitiría generar recomendaciones que permitan que ésta sea efectivamente excepcional. Es necesario recordar que la vida –de civiles y agentes– es el bien jurídico más importante de proteger. Esa es la mayor tarea del Estado”, señaló Mohor.
Respecto de cómo avanzar hacia una mayor transparencia por parte de las policías, Mohor sostuvo que “acá hay un elemento clave y que es que Chile no cuenta con una ley de uso de la fuerza. A 30 años de iniciada la transición a la democracia no tenemos una ley que regule a las instituciones respecto del uso de la fuerza, no ha habido una decisión, discutida en un espacio democrático, que llegue a generar un cuerpo normativo unificado y con rango de ley que regule estas materias”.
A juicio de Mohor, esto ha provocado que “buena parte del hacer de las policías ha quedado a discreción de ellas, es decir, cada una de las instituciones policiales determina si registra o no, cómo registra, cuánto registra y cómo procesa la información”.
La investigadora del CESC y coordinadora del informe de Chile, Alejandra Mohor.
El Informe da cuenta de un total de 39 civiles muertos por uso de la fuerza letal por parte de agentes de seguridad en el período estudiado: 18 en 2018 y 21 en 2019. Al desglosar por policías, se puede observar que en 2018 Carabineros y la PDI fueron responsables de nueve casos de civiles muertos cada una. En tanto, en 2019, Carabineros generó 14 víctimas, la PDI cuatro y las Fuerzas Armadas, en contexto del estado de excepción constitucional (19 al 28 de octubre de 2019), generaron tres muertes.
Un 95 por ciento de las personas que perdieron la vida eran hombres, y el promedio de edad fue de 23,5 años. La mayor parte de los casos se concentran en la comisión de delitos flagrantes.
El documento también entrega una serie de recomendaciones. Una de ellas es excluir a las Fuerzas Armadas de las tareas de orden público, en línea con la evidencia internacional, pues, según indica el reporte, los funcionarios de Fuerzas Armadas asignados a estas tareas durante el estado de excepción constitucional “tienen asociada la mayor tasa de letalidad por institución”, que alcanza 2,5 civiles muertos cada 1.000 agentes, mientras que en el caso de la PDI esta tasa alcanza el 0,6 y en el de Carabineros, 0,3.
Al respecto, Alejandra Mohor afirma que “aquí lo que hemos venido a hacer es recoger las recomendaciones internacionales en la materia” y agrega que “si todo esto que discutíamos sobre opacidad en las policías es una realidad, te puedes imaginar lo que implica respecto de las FF.AA.”.
En esa línea, la investigadora destaca que “las FF.AA. son instituciones que forman a sus funcionarios para el combate de un enemigo y eso va en la dirección contraria respecto de los principios en el resguardo del orden público y el resguardo de las personas”.
Por lo mismo, la académica de nuestra casa de estudios recalca que “las personas en un contexto nacional no se constituyen como enemigos y las recientes declaraciones de un alto oficial justamente la polémica que ocasionan van en ese sentido, cómo entienden las FF.AA. su función”.
