Un disparo en la cabeza terminó con la vida de Ramona Parra, militante de las Juventudes Comunistas, quien participaba junto a otros miembros de su sindicato de Laboratorios Recalcine de una manifestación contra las medidas anti laborales del gobierno del radical Alfredo Duhalde, quien asumió el cargo días antes luego de la muerte de Juan Antonio Ríos. El hecho ocurrió en la Plaza Bulnes de Santiago el 28 de enero de 1946.

Años después, el 9 de marzo de 1969, carabineros protagonizaron la que se conoce como la Matanza de Puerto Montt o Pampa Irigoin. Ese día un grupo de pobladores que reclamaban por soluciones habitacionales ocuparon un terreno, hecho que fue reprimido por los funcionarios policiales que abrieron fuego contra la muchedumbre, provocando la muerte de once personas. Entre ellas se contó a un menor de tres meses de vida que murió asfixiado producto de los gases lacrimógenos.

También en el mes de marzo, pero en 1985, tres profesionales comunistas fueron degollados por funcionarios de Carabineros de la DIPOLCAR. Más adelante se dieron otros hechos en los que participaron efectivos de la policía uniformada, como la muerte de un joven en la conmemoración de un 11 de septiembre en el Cementerio General, el asesinato de Osman Yeomans en la comuna de Lo Espejo, la muerte por disparos contra los comuneros mapuche Matías Catrileo, Daniel Menco, Camilo Catrillanca, a los que se suman la desaparición de José Huenante y los últimos casos de violencia conocidos en el estallido social que dejaron a decenas de jóvenes sin visión en uno de sus ojos o los de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica quienes perdieron la visión a raíz del lanzamiento de una bomba lacrimógena y de perdigones.

La lista es extensa. Por eso el sentir de la ciudadanía hacia Carabineros ha cambiado radicalmente desde cuando era considerada la principal institución de nuestro país a la mirada de desconfianza que tiene la gente y que espera que se concrete su refundación por otro cuerpo policial que vigile estrictamente la protección de los derechos humanos y la seguridad de la población en vez de reprimir cualquier actividad incluyendo acciones culturales. Una de ellas fue la que se registró este fin de semana en el centro de Santiago donde un grupo de personas reclamaba con pasacalles y música por convertir al ex cuartel Borgoño de la CNI en un sitio de memoria. En medio de la actividad, carros lanza aguas y funcionarios policiales reprimieron la demostración.

De hecho, en agosto de 2021 en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente se aprobó una iniciativa que busca el reemplazo de Carabineros “por una que ejerza la función policial bajo respeto irrestricto a los derechos humanos”. La idea no fue incluida en el reglamento final de la instancia, pero muestra una visión que es compartida entre varios convencionales y también en organismos de derechos humanos y la ciudadanía.

Generales deliberantes

Uno de los conceptos esenciales de cualquier democracia, es el carácter no deliberante de las instituciones castrenses y policiales las que se deben someter al poder civil y coordinar sus acciones para la protección del Estado y de una eventual amenaza externa, así como de la seguridad de la ciudadanía, persiguiendo la criminalidad y fenómenos como la delincuencia.

Sin embargo, en medio del proceso constituyente, Carabineros ha buscado intervenir por diferentes vías, enviando oficios a la mesa de la Convención, como la de noviembre de 2021, donde el general director, Ricardo Yáñez, mostraba a la entonces presidenta de la entidad, Elisa Loncon, su “inquietud” por la petición de audiencias que estaban realizando oficiales en retiro para exponer sobre los procesos internos de la institución.

Junto con destacar que los funcionarios estaban en retiro y que su opinión no representaba la postura de Carabineros, el general Yáñez subraya en la misiva a Loncon que “todo lo relativo a temas relacionados con Carabineros de Chile, en especial aquellos relativos al proceso de reforma y modernización institucional en actual desarrollo, corresponde de manera privativa y excluyente al general director, en su calidad de jefe superior del servicio”.

La postura delineada por el jefe policial es mirada con recelo entre algunos expertos y analistas quienes consideran incluso que traspasa el límite de la no intervención, considerando además que la Convención Constituyente es un órgano deliberativo, es decir, está fuera de las posibilidades que le caben a esta institución como entidad “no deliberativa”.

Una nueva policía para dar protección a la ciudadanía

Para el abogado especialista en materias de derechos humanos y convencional por Chile Digno, Hugo Gutiérrez, la sociedad necesita una policía “que tenga como doctrina y claridad que su deber primordial es resguardar y dar protección a la población”.

A juicio de Gutiérrez, “pareciera que esta policía, su objetivo es resguardar intereses de la oligarquía, de la elite económica, que nunca están ahí para proteger y amparar a la ciudadanía”.

A eso agrega que “la gente está cansada de estar recibiendo permanentemente maltratos de parte de esta policía. Y entendemos que ese maltrato proviene de la concepción, de su ideología, de la doctrina de Carabineros”.

Respecto a la posibilidad de crear una nueva institucionalidad policial, el abogado sostiene que “la Convención tiene claridad que una de las exigencias ciudadanas es la refundación de Carabineros. Creo que la comisión encargada de tener que establecer alguna normativa en relación con las fuerzas armadas, orden y seguridad, debe tener claridad que ya no puede haber alusión a Carabineros en la Constitución y que a lo menos se le debe encargar a la ley hacer una nueva policía uniformada. Eso es lo que esperamos que se establezca en la Constitución, a lo menos”.

A eso agrega que se debe establecer en la propuesta constituyente “normas generales que rijan la actividad de las fuerzas armadas y en particular de Carabineros en cuanto a la doctrina de ambas instituciones, tanto las fuerzas armadas como Carabineros. Todas estas instituciones sin duda tienen que darle preeminencia a los derechos humanos, superando la doctrina del enemigo interno que hasta el día de hoy mantienen y le inculcó la dictadura”.

Cristián Cruz, abogado: “Hay pocos organismos más deliberantes que los altos mandos castrenses y de Carabineros”

Cristián Cruz es reconocido como abogado en causas que desde hace años involucra a funcionarios policiales acusados por violencia contra civiles. Entre ellos se cuenta el caso de Teófilo Aro, trabajador de Aysén que recibió de lleno y a corta distancia el disparo de una escopeta disparada por el oficial Cristián Follet.

En este caso, ocurrido en el marco de las movilizaciones en la Región de Aysén en 2012, el suboficial Héctor Aburto había sido dado de baja para intentar encubrir a Follet, quien un año después fue procesado por el delito de homicidio frustrado. Sin embargo, la institución le ha prestado todo el apoyo legal ante las diferentes instancias judiciales hasta el presente.

Al respecto, Cruz señala que “el oficial que le disparó a la cara ni siquiera fue sancionado y previo a ser a ser condenado en segunda instancia, ha sido defendido por oficiales de justicia, por la institución, con dineros de la institución a un oficial que no sólo lesionó, sino que en realidad intentó asesinar a Teófilo Aro”.

El jurista recuerda además que Follet ya antes de ese hecho había intentado asesinar a otra persona “y que sin lugar a dudas de los antecedentes quedó claro en otros hechos que lesionaron a civiles. Pero dado el tipo de judicatura y la no intención de investigar, no se avanzó. Pero quedó acreditado en el proceso que se trata de una persona violenta. Carabineros que está para colaborar con la justicia, terminó defendiendo a un malhechor”.

Respecto de los intentos por influir en la Convención Constituyente, Cristián Cruz considera que se trata de una deliberación abierta, sosteniendo además que la instancia surgió a raíz de las movilizaciones sociales que precisamente se volvieron más masivas por la violencia ejercida por Carabineros contra los manifestantes.

“Estos intentos, no son nuevos. Yo creo que hay pocos organismos más deliberantes que los altos mandos castrenses y la policía de Carabineros con constantes jugadas y movimientos comunicacionales y políticos. De hecho se nos ha informado que el general director se habría reunido ya en dos ocasiones con el Presidente electo Gabriel Boric. (…) Carabineros es un órgano no deliberante y la Convención por esencia delibera. Carabineros tiene que estar subordinado, no deliberando”, subrayó el abogado.

Durante años, organismos como Amnistía Internacional han denunciado reiteradamente la violencia ejercida por funcionarios policiales. Luego del estallido social, se sumaron entidades como Human Right Watch y la Oficina de la Alta Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, todas coincidiendo en el mismo punto: se requiere un cambio que permita a la población de Chile contar con una policía de altos estándares y vigilante de los derechos fundamentales de todas las personas.