Con el objetivo de frenar su avance en el Congreso, los diputados del oficialismo Juan Antonio Coloma (UDI), Camila Flores (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli) anunciaron que recurrirán ante el Tribunal Constitucional por supuestos vicios de constitucionalidad en el proyecto de amnistía a los denominados presos del estallido social.

Tras su aprobación en la comisión de Constitución del Senado, la iniciativa- previamente conocida por ser ingresada como una moción de indulto- fue despachada a Sala con una serie de modificaciones, entre las que se acordó un “catálogo de delitos” que podrán ser amnistiados, dejando fuera el homicidio frustrado y las agresiones contra las policías.

Sobre los cuestionamientos sobre su constitucionalidad, se esgrimieron cuatro razones, que fueron plasmadas en un informe elaborado por el equipo de la Fundación Jaime Guzmán: infracción de las ideas matrices del proyecto, al reemplazar el indulto por una amnistía e incorporar dentro del proyecto normas sobre responsabilidad civil y reparación a las víctimas; intromisión en las atribuciones exclusivas del Ministerio Público y los Tribunales de Justicia; infracción del deber del Estado de dar protección a la población y la familia; y la discriminación arbitraria en el otorgamiento del beneficio, según consignó El Mercurio.

Al respecto, la diputada Camila Flores expresó que “tenemos la certeza jurídica, tanto en el derecho como en los hechos, de que nuestro requerimiento en el Tribunal Constitucional, si es que es necesario presentarlo, va a ser acogido favorablemente”.

En ese sentido, la legisladora sostuvo que “es evidente la inconstitucionalidad” de este proyecto, puesto que su juicio sería “discriminatorio, porque se les entrega una amnistía a determinados delincuentes por pensar de una determinada forma política e ideológica y a otros no. Además, interviene en otro Poder del Estado, en nuestro país a lo menos hasta ahora, no sabemos lo que irá a pasar luego de la Convención Constitucional, existe la separación de poderes y el Poder Legislativo no puede intervenir en las facultades del Poder Judicial”.

En la oposición, el senador de Revolución Democrática y autor del proyecto de ley, Juan Ignacio Latorre, dijo que “no le sorprende” este tipo de críticas por parte de la derecha, aunque añadió que, de todas maneras, están en su derecho de presentar este requerimiento al TC.

Asimismo, defendió la constitucionalidad de la modificación en particular de la iniciativa de indulto a una de amnistía, señalando que “nadie hizo un punto sobre la admisibilidad ni la inconstitucionalidad del proyecto. Incluso, el tema del quorum, que es uno de los aspectos debatidos y que zanjó la comisión de Constitución, estableció que se iban a utilizar mecanismos que ya existen en el Código Procesal Penal y, por tanto, son atribuciones que tienen los parlamentarios de legislar en este tipo de asuntos, otra cosa es que el contenido del proyecto no les guste”.

Con todo, el parlamentario dijo esperar que con los cambios introducidos a la iniciativa “finalmente convenza a aquellos senadores de la centroizquierda que tenían dudas” y que “permita generar las condiciones de posibilidad para que se apruebe en el Senado y siga avanzando y luego en la Cámara de Diputados, donde se puede seguir perfeccionando el proyecto de ley”.

En tanto, el senador independiente y presidente de la comisión de Constitución, Pedro Araya, reconoció que el proyecto de amnistía “desata fuertes pasiones en la sociedad chilena y el Congreso Nacional no está exento de esto”, aunque rechazó la decisión de los parlamentarios de recurrir al TC.

Esto, porque para Araya “es una clara señal de que ellos no han entendido nada de lo que ocurrió durante el estallido social y los días posteriores. Este proyecto lo que busca es ayudar a construir paz social en Chile y yo lamento profundamente que este trío de diputados siga mirando este tema como un asunto absolutamente delictual, cuando hay causas que son absolutamente políticas. Hay una profunda autocrítica que ellos tienen que hacerse como diputados oficialistas de todo lo que hicieron mal que llevaron al estallido social”.

Por otra parte, invitó a los legisladores “a estudiar el proyecto porque claramente los argumentos que entregan son de un desconocimiento de la institución de la amnistía absolutamente claro. La legislación chilena establece la amnistía como una forma de poner término a la responsabilidad penal y no significa entrometerse en las labores del Ministerio Público o los Tribunales de Justicia”.

Cabe señalar que, a este anuncio del oficialismo, se suman las declaraciones del subsecretario General de la Presidencia, Máximo Pavez, quien en conversación con Radio Concierto expresó que el proyecto de amnistía “no va a prosperar en la administración del presidente Piñera” y que “vamos a recurrir a todas las instancias legales. Podríamos vetar el proyecto, podríamos ir al Tribunal Constitucional”.