El jueves 27 de enero, la comisión de sistema político de la Convención Constitucional aprobó –entre otras materias- una propuesta para establecer un Congreso con una sola cámara y la eliminación del Senado. Esto tendrá que pasar naturalmente a la consideración del pleno de la Convención. La propuesta fue aprobada por 13 votos (FA, PC e independientes de izquierda) contra 10 y 2 abstenciones; oponiéndose la derecha, los socialistas y los independientes no neutrales. Sin embargo, dado el antidemocrático quórum de los dos tercios, de darse similar votación en el pleno, es seguro que aquella propuesta no va a ser aprobada por la Convención. Recordemos que el sorprendente resultado electoral de las elecciones de convencionales de mayo pasado dejó precisamente a los socialistas como “el fiel de la balanza” en la Convención para que los sectores de izquierda de ella puedan o no obtener la mayoría de dos tercios para obtener transformaciones de fondo.

La mantención del bicameralismo sería extremadamente lamentable por dos razones fundamentales. Una –de carácter permanente- es que como se ha demostrado en la historia –y particularmente en nuestro país- el Senado se constituye en una instancia retardataria y conservadora, más aún en el caso de Chile y de muchas otras naciones en que la duración de los  mandatos de sus miembros es mayor que en los diputados, con lo cual no refleja nunca de modo cabal la voluntad popular del momento, al permanecer siempre una mitad de sus miembros electos por una voluntad popular “anterior” a la del conjunto de los diputados. Y, por lo mismo, es muy corriente que proyectos de leyes aprobados con relativa rapidez por los diputados se eternicen y empantanen en el Senado. En definitiva, esto hace que el bicameralismo sea un gran obstáculo para el desenvolvimiento de una auténtica democracia.

Y la otra razón –muy válida para el próximo futuro- es porque la continuación del Senado aseguraría que el gobierno de Boric no tendrá mayoría parlamentaria durante todo su período. En cambio, su eliminación permitiría –de acuerdo a la Reforma Constitucional que fijó las atribuciones de la Convención- la elección de un nuevo Congreso unicameral que tendría las características asignadas por la nueva Constitución y que muy probablemente reflejaría una efectiva mayoría popular que respondería al nuevo sistema político; y que, todo indica, estaría acorde con los resultados de la segunda vuelta presidencial, permitiendo la aplicación del programa por el cual el nuevo presidente fue electo.

Desgraciadamente, no es novedad que el PS se exprese en contra de tal reforma. En los 30 años pasados dicho partido fue parte de los gobiernos concertacionistas que legitimaron, consolidaron y perfeccionaron el modelo neoliberal impuesto por Pinochet (con sus privatizaciones; Plan Laboral; AFP; Isapres; ley minera; LOCE-LGE; universidades con fines de lucro; sistema tributario que permite la “elusión”; subsidios a las grandes empresas forestales; ley de pesca; inserción solitaria y subordinada al mercado mundial; etc. etc.); y se sigue ufanando de los “grandes logros” de esos 30 años. Y fue partícipe en dos grandes engaños colectivos a las bases concertacionistas y al país en general en ese sentido. Uno, fue el solapado regalo de la mayoría parlamentaria a la derecha (efectuado en el cambio de quórums requeridos para obtener dicha mayoría, a través del acuerdo de Reforma Constitucional de 1989 que se votó “en paquete”), que le permitió justificar en los 90 la “imposibilidad” de sustituir el modelo neoliberal. Y el otro, fue la aprobación, en conjunto con la derecha, de la nueva “Constitución democrática” en 2005 que fue entusiastamente refrendada por Lagos y todos sus ministros en septiembre de ese año; lo que muchos han “olvidado” convenientemente en los últimos años.

Además, no nos olvidemos que luego del movimiento estudiantil-ciudadano de 2011, se elevó con cada vez más fuerza la demanda de Asamblea Constituyente para generar una real Constitución democrática. Y notablemente quienes con más acritud se opusieron a ella dentro de la Concertación fueron ¡los socialistas! De este modo, Camilo Escalona la despreció como “fumar opio”; José Miguel Insulza la descalificó como un “enfrentamiento” indeseable y de que en ella “se sabe dónde se entra pero no donde se sale”. El mismo Lagos se molestó señalando que bastaba eliminar el sistema electoral binominal (lo que se hizo en 2015) para desechar completamente la idea y la necesidad de una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. Y el propio presidente del PS de la época, Osvaldo Andrade, se mofó del movimiento señalando en entrevista a “El Mercurio”, que “la nueva Constitución va a ser para los tataranietos” (4-10-2014).

Por tanto, en sí mismo no debiese causar extrañeza la conducta de los socialistas de oponerse al establecimiento del unicameralismo. Pero sí llama la atención que manifieste tal disposición luego de ¡entrar a formar parte del futuro gobierno!; porque, de confirmarse dicha actitud, estará impidiendo que se generen las condiciones necesarias para que dicho gobierno pueda acceder a obtener legítimamente –y provechosamente para su gestión- una mayoría parlamentaria consecuente con la gran mayoría que obtuvo Boric en la segunda vuelta presidencial. Es decir, entraría a formar parte del gobierno, pero actuando de tal modo de impedir el éxito de su gestión…