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Año XIV, 30 de junio de 2022

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Agenda Constituyente: semanas 29 a 31 (17 enero al 07 febrero) “Llegó el tiempo de las decisiones”

Columna de opinión por Claudio Nash
Lunes 7 de febrero 2022 9:40 hrs.


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Previamente en Agenda Constituyente

“Agenda Constituyente” es un espacio pensado para dar seguimiento al trabajo de la Convención Constitucional (CC). Este proyecto va intercalando sesiones a través de la radio (lunes 07:40 hrs) cuyas entregas pueden revisarse en mi cuenta YouTube y columnas de opinión como las que usted tiene a la vista en estos momentos, publicadas en https://radio.uchile.cl/opiniones/

En nuestra columna anterior dimos cuenta de los mecanismos de participación ciudadana, poniendo especial énfasis en las iniciativas ciudadanas y en los cabildos comunales y encuentros autoconvocados.

El cierre del proceso de participación a través de Iniciativas Populares de Normas

Al cierre del proceso de participación a través de las Iniciativas Populares de Normas (IPN), la Convención Constitucional informó que fueron 2.496 normas que fueron puestas a disposición de la ciudadanía para juntar los apoyos necesarios (15.000 firmas de 4 regiones distintas) para ser discutidas en las comisiones respectivas de las Convención. Según se nos ha informado, 980.332 personas participaron del proceso, mayoritariamente mujeres (47,8%), de entre 25 y 35 años y de la Región Metropolitana (47%) y dieron su apoyo a 2.809.752 propuestas de normas. Esto da cuenta de un proceso inédito en la historia del país de participación directa de la ciudadanía en la discusión constitucional.

Finalmente, tal como consta de la información entregada por las autoridades de la Convención, fueron 77 normas que alcanzaron los apoyos necesarios para ingresar a la discusión constitucional, más una norma del pueblo afrodescendiente que necesitaba obtener solo 1.500 formas de apoyo.  Estas propuestas serán distribuidas en las comisiones respectivas y deberán ser objeto del mismo proceso de discusión que las normas propuestas por les constituyentes.

No olvidar que estamos ante un proceso de participación incidente y no vinculante. Esto significa que las normas deben ser discutidas, pero no necesariamente aprobadas. Así las cosas, es muy importante no olvidar que la participación no se agota en estas vías formales, sino que en la etapa que viene de aquí a abril (deliberación y votación de las normas) la movilización social y la capacidad de presionar será fundamental para avanzar en una constitución que signifique una verdadera profundización democrática.

Cabildos y Encuentros constituyentes

Además de las iniciativas populares de normas, recordemos que existe otros mecanismo de participación que ha comenzado a ser usado por la ciudadanía: los cabildos comunales y encuentros autoconvocados.

De acuerdo con la información entregada por la Convención, a la fecha, se han realizado 261 de estas reuniones (cabildos y encuentros). La información de lo discutido en estas instancias será sistematizada y entregada a les constituyentes.

A qué debemos prestar atención las semanas que vienen

En paralelo al proceso de participación popular, las comisiones han ido avanzando en la discusión de los primeros informes que serán entregados al pleno. Sobre un detalle de los pasos que se seguirá estos meses ver nuestra columna anterior; por ahora, recordemos que cada comisión irá entregando informes al pleno quien aprobará o rechazará, para luego ir decidiendo las normas en concreto. Los plenos que aprobarán/rechazarán los informes de las comisiones se desarrollarán a partir del 14 de febrero, hasta el 22 de abril de 2022.

Estos días hemos visto que surgen acalorados debates en temas que serán centrales para nuestro futuro acuerdo constitucional. Así, los primeros informes que se aprueban dicen relación con plurinacionalidad e interculturalidad; en cuento al régimen de gobierno, se aprobó una primera idea sobre un sistema presidencial atenuado; en materia legislativa se aprobó una idea sobre un parlamento unicameral; se ha estado discutiendo (aún no se aprueba nada) sobre el sistema judicial, y una controvertida idea de establecer un plazo de duración de jueces y magistraturas (altas cortes), entre otras materias.

Obviamente, todas estas son las primeras aproximaciones al debate de fondo, por lo que es necesario seguir de cerca las discusiones y estar abiertos de mente para pensar en nuevas formas de organizar y distribuir el poder en Chile. En efecto, hasta ahora hemos estado capturados por un modelo constitucional que se había mantenido “estable” desde 1833, pero ahora se abre la oportunidad de repensar profundamente esa estructura de distribución del poder y avanzar en un nuevo diseño constitucional, sobre otras bases y actores: los pueblos de Chile y sus derechos.

Por supuesto que esto traerá aparejadas críticas y oportunos escándalos seleccionados por los medios de comunicación tradicionales, fieles voceros de quienes se oponen al proceso constituyente; ya vemos que van surgiendo voces escandalizadas bajo una fraseología algo pedante del tipo “yo apoyé el apruebo, pero ahora pienso en rechazar” o claramente destempladas (incluso planteando la necesidad de un “Plan B”) cada vez que se propone una idea que no les parece. De eso habrá mucho, solo llamar a la templanza y a respetar las reglas del debate democrático.

Por ello, creo que puede ser útil compartir algunos de los temas que me parecen esenciales de ir siguiendo de cerca para ver cuánto se está profundizando la democracia en Chile. Una primera versión de esta guía para seguir el debate constitucional fue publicada en Ciper.

  1. Una primera cuestión relevante será determinar quiénes somos en Chile, esto es, definir las bases sobre una sociedad plural capaz de dar cabida y reconocimiento a los distintos grupos que la componen. En esta materia será determinante el debate sobre el reconocimiento de la plurinacionalidad y, de esta forma, dar pleno reconocimiento a los pueblos indígenas y sus derechos de autonomía, territoriales y culturales.
  2. Un segundo aspecto es la definición del Estado. No basta con señalar que Chile es una república democrática, debemos dejar claramente establecido que Chile es un Estado Social y Democrático de Derecho, que tiene como finalidad la protección y garantía de la dignidad del ser humano a través del pleno respeto de los derechos humanos. Esta definición le da sentido al Estado y entrega un mandato claro a sus autoridades en torno a cuál debe ser el fin de cada una de sus actuaciones. El mandato ciudadano en las calles fue claro en torno a la necesidad de un Estado que tenga un rol más activo que la mera subsidiariedad.
  3. Una nueva Constitución redactada a través de un procedimiento paritario es una oportunidad única para tener un texto que refleje efectivamente la igualdad en Chile. Esto implica, por una parte, tener una buena cláusula sobre igualdad y no discriminación que permita adoptar medidas de acción afirmativa para generar condiciones de igualdad material y no sólo formal. Además, un tema central es que tiene que ser un texto constitucional que efectivamente incorpore las demandas del movimiento feminista y, de esta forma, que la Constitución constituya una primera expresión histórica de una Constitución con perspectiva de igualdad de género.
  4. Un aspecto fundamental a definir en la futura Constitución será el de la soberanía. La soberanía es la expresión de poder en una sociedad, por lo tanto, es imprescindible que quede establecido que la soberanía reside en el pueblo. Esto permitirá dar paso a una discusión sobre formas de participación efectiva, tan ausentes en nuestra historia política y constitucional.
  5. La nueva Constitución también debe hacerse cargo de la soberanía económica y, por ello, es necesario restablecer la plena soberanía sobre los recursos naturales con una mirada ecologista. También este debe ser el espacio para asegurar el pleno respeto por el medio ambiente y su consagración como un principio constitucional que guíe las decisiones públicas en el futuro.
  6. Cuándo hablamos de soberanía, hablamos de poder y también de sus límites. Por ello, los derechos humanos deben ser considerados un límite real al poder soberano, aclarando en una futura Constitución que los compromisos internacionales en materia de derechos humanos deben tener rango, a lo menos, constitucional y que dichos compromisos obligan a todo el aparato del poder público, el que debe organizarse para garantizar su pleno cumplimiento.
  7. La Constitución se basa en un mandato a las autoridades sobre qué hacer con el poder conferido. Por ello, es importante establecer límites a la discrecionalidad para el uso de dicho poder. El futuro acuerdo constitucional debe reconocer un catálogo robusto de derechos fundamentales. Ahí debe haber espacio para la discusión sobre los clásicos derechos de libertad e igualdad (vida, integridad, libertad personal, libertad de expresión, derecho de reunión, protección judicial y debido proceso, entre otros), pero también el reconocimiento de los derechos sociales y ambientales (salud, educación, seguridad social, vivienda, agua, entre otros). Esta es una demanda ciudadana que la Constitución no puede ignorar sin poner en riesgo su legitimidad social. Asimismo, se deben garantizar los derechos de grupos históricamente discriminados en Chile (niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad, grupo LGTBIQ+, entre otros) y, para ello, es necesario abrir un debate sobre cuáles derechos deben ser desarrollados específicamente en la Constitución para garantizar su goce y ejercicio en condiciones de igualdad.
  8. La futura Constitución debe considerar mecanismos de protección de derechos humanos coherentes, coordinados y eficaces. Con ese fin, debemos discutir una Constitución donde se garantice la progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales y el establecimiento de límites estrictos a las posibilidades de afectación de derechos fundamentales por parte del Estado. Asimismo, debe considerarse el diseño de mecanismos de protección de derechos, tales como, una Defensoría del Pueblo que garantice que todas las personas tengan una debida defensa frente a las afectaciones a sus derechos.
  9. La nueva Constitución también tiene que preocuparse de organizar el ejercicio del poder público en concordancia con los principios y los derechos que el nuevo diseño institucional va a consagrar. En este sentido, nuestro futuro acuerdo constitucional no sólo debe considerar la división tradicional de poderes, sino una estructura de poder con posibilidades de control inter institucional y un trabajo coherente y coordinado entre poderes públicos, con amplias posibilidades de participación ciudadana. De esta forma, tenemos que discutir un nuevo sistema de poderes estatales que deje atrás el actual hiper presidencialismo y dé paso a un sistema político más equilibrado. Además, un sistema político con mayor flexibilidad debe permitir superar crisis de poder como la actual sin que esto constituya un quiebre del sistema democrático.
  10. Es necesario discutir un nuevo Congreso, sea este uni o bicameral, pero claramente con mayores facultades de control respecto del ejecutivo y que también sea controlado de manera efectiva por el pueblo. Tenemos que dar paso a mecanismos de iniciativa popular de ley  y a formas de revocación popular de mandatos.
  11. En cuanto al poder judicial, es necesario tener una posición clara respecto a la necesidad de un mecanismo de protección de derechos humanos contra-mayoritario (tutela de derechos), pero que no interfiera en la voluntad popular (labor del legislativo). En este sentido, hay que repensar la necesidad de un Tribunal Constitucional o si la labor de protección de derechos fundamentales debe quedar entregada exclusivamente al Poder Judicial, pero ser no debiera optarse por un sistema que deje siempre la última palabra a las mayorías que deben ser controladas.

En definitiva, es sobre estas cuestiones que debemos evaluar la futura Constitución, para que esta gran gesta histórica no se diluya en los vaivenes de la “pequeña” política.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.