Falta un mes para que el nuevo gobierno asuma la dirección y administración del Estado y la crisis de seguridad humana en Tarapacá continúa creciendo. Hasta la fecha, no ha habido ninguna respuesta efectiva, por parte del gobierno de Sebastián Piñera, que permita articular acciones de política pública con el fin de aminorar el flujo migratorio, cumplir con estándares de derecho humanos y otorgar seguridad a los habitantes de Tarapacá.

Por el contrario, todo va de desastre en desastre. La renuncia del Canciller Allamand fue la guinda de la torta. La medida de aumentar la dotación en 25 carabineros la dotación de Iquique es burlesca. El retiro del reglamento de la ley de migraciones de Contraloría deja sin herramientas legales al nuevo gobierno para enfrentar la crisis. El paro realizado por gremios y asociaciones regionales pautea y arrincona a las autoridades locales en el estrecho, mezquino y oportunista relato de la seguridad pública.

Como lo he expuesto en reiteradas ocasiones la migración es un fenómeno global. La situación política, económica y sanitaria ha motivado que ciudadanos de países con serios problemas estructurales decidan su desplazamiento hacia países percibidos en mejor situación política y económica. Millones de migrantes de África y Asia quieran cruzar las fronteras hacia países europeos. Los y las migrantes de Centro América hacia México, EE.UU. y Canadá. En tanto, los migrantes de Sudamérica han visto a Chile como su destino final y permanente.

Nuestro continente sufre una profunda crisis de desplazamiento migratorio que ha sido motivado por la situación económica y social en Venezuela, la que no tendrá un pronto termino. Mientras continúen las condiciones que motivan la migración, esta seguirá ocurriendo y aumentando.

En consecuencia, la cuestión de la migración requiere de una actitud proactiva y de acciones de coordinación supranacional, nacional y subnacional. Las medidas que tratan de contener el fenómeno migratorio mediante estrategias represivas o compulsivas están destinadas al fracaso, porque en vez de resolver el problema lo acrecienta y agrava.

Debemos comprender que la crisis migratoria es un problema de seguridad humana y no, per se, un problema de seguridad pública. Sí estoy de acuerdo que la seguridad pública es una complicación derivada de la crisis de seguridad humana y que hay que atenderla de forma urgente. Pero querer abordar la crisis desde la sola perspectiva de la seguridad pública no solucionará el problema de fondo, ya que, no estaríamos enfrentando la raíz del problema. Sería como pensar que la crisis sanitaria del Covid19 se resuelve solo con mascarillas y no con la inoculación de vacunas.

La tranquilidad de los habitantes de Tarapacá debe asegurarse en base a los pilares de seguridad humana y seguridad pública, pero distinguiendo claramente cuál es el problema primario y cuál es el problema derivado.

En mi recorrido por Lobitos y Colchane he podido constatar un total abandono y descoordinación por parte del gobierno. El campamento de Playa Lobitos funciona al mínimo, no posee resguardo policial y carece de una atención integral y humanitaria. En Colchane, el flujo de migrantes irregulares continua en un promedio de doscientas personas diarias. Si bien, el personal de Carabineros, PDI, SAG y Aduanas hacen un esfuerzo sobrehumano para efectuar su trabajo, siguen sin contar con los recursos y medios operativos suficientes para cumplir cabalmente sus funciones, lo que dificulta la gestión y control de la crisis.

Como decía, el fenómeno de la migración llegó para quedarse, negarlo solo impedirá la implementación de acciones efectivas para una movilidad humana segura, ordenada y legal, que brinde seguridad pública a los habitantes de Tarapacá.

Urge realizar una fuerte inversión en infraestructura de emergencia, recursos humanos y en procesos para la atención de personas y la autodenuncia. Así mismo, se requiere establecer una coordinación permanente del triangulo Perú, Bolivia y Chile con el objetivo de instaurar un comité de crisis que implemente un sistema migratorio regional para la gestión efectiva del área andina y, al mismo tiempo, posibilite efectuar operaciones conjuntas contra el tráfico de personas y el cruce de información para identificar personas con antecedentes delictuales en los países de y tránsito. Esto implica integrar a los distintos organismos internacionales con cierta pertinencia en la contención de la actual crisis migratoria (UNICEF, ACNUR, ONU MUJER, PNUD, OIM) y también asentar oficinas de registro civil y extranjería en los puntos de ingreso con el objetivo de identificar y enrolar a quienes van ingresando al territorio nacional.

En materia de seguridad pública, si contamos con información temprana y oportuna se podrían realizar acciones preventivas, concurrente a ello, aumentar de manera real y efectiva la dotación policial y su presencia tanto en las calles como en las residencias de tránsito en la ciudad de Iquique.

El autor es diputado por la Región de Tarapacá