El ex Comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer reconoció ante la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, haber usado recursos provenientes de gastos reservados del Ejército para fines distintos a los permitidos por la ley y haber firmado la declaración jurada y la rendición de cuentas que anualmente se remitía a la Contraloría desconociendo en realidad el detalle de la utilización de estos recursos. Pero además de abundar en las afirmaciones que confirmaron las indagatorias de la magistrada, el general en retiro admitió que buena parte de los millonarios fondos del presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas fueron directo a las arcas de la familia Pinochet.
Según consignó La Tercera PM, durante el interrogatorio que Rutherford realizó a Izurieta, el ex timonel del Ejército señaló que durante los primeros años de su mandato, que comprende desde el año 2006 al 2010, “parte de los gastos reservados iban al general Pinochet y su familia” y que “el general Pinochet gastaba mucha plata, porque era una persona que mucha gente hubiese querido que muriera antes de su muerte natural”.
Por esta razón algunos de los principales gastos radicaron en personal a su disposición tales como médicos, enfermeros y escoltas. Además reconoció que en al menos dos oportunidades se dirigió con un millón de pesos a Lucia Hiriart quien según Izurieta, lo llamaba para pedirle ayuda económica. Otros dineros asociados al dictador incurrieron en una placa conmemorativa que jamás se instaló al interior de la Escuela Militar según declaró del ex secretario general del Ejército, Andrés Avendaño Rojas.
Al respecto el diputado socialista, Leonardo Soto, autor de la llamada “Ley Rutherford” que permitió prorrogar la tutela de la magistrada en la investigación del “Fraude en el Ejército” de dos años a cuatro- señaló que las declaraciones de Izurieta comprueban que los militares involucrados tenían conciencia de la ilicitud de sus actos.
“Los gastos reservados son entregados por la Ley de Presupuestos al Ejército para destinarlo a tareas de inteligencia, contrainteligencia y seguridad interior y por supuesto uno se pregunta qué tiene que ver la necesidades domésticas que pueda tener la señora Lucía Hiriart de Pinochet que iba regularmente a pedirle dinero al Comandante en Jefe Óscar Izurieta, o el propio general Augusto Pinochet. Entonces claramente desde su origen esos recursos que eran de todos los chilenos eran destinados a una finalidad distinta que es la que está establecida en la ley y lo que demuestra la ilicitud y el compromiso delictual en el manejo de estos recursos por parte de Óscar Izurieta y todos los demás Comandantes en Jefe que están hoy día procesados”.
En ese sentido el parlamentario señaló que esta organización jerárquica surgió al interior de la dictadura con Augusto Pinochet como el primer ex comandante en Jefe del Ejército procesado por enajenarse dinero público dentro de lo que se dilucidó en el “caso Riggs”, el banco de Miami donde el dictador mantenía su fortuna.
“La sentencia de ese juicio concluyó que sin ninguna duda que provenían de los gastos reservados que tenía el ex comandante en jefe Augusto Pinochet Ugarte, en consecuencia uno ya puede ver una línea de tiempo completa donde se detectan estas asociaciones ilícitas que se formó en la dictadura y cada uno de los ex comandantes en jefe que sucedieron a Pinochet al sentarse en el sillón de la comandancia en jefe, les llovía el dinero de todos los chilenos por gastos reservados, por fondos que provenían para pasajes, fletes y con misiones al extranjero, les llovían cheques y dinero en sobres que provenían de una mutual de seguridad del Ejército, es decir, fue la época de oro de los fraudes al fisco y la apropiación indebida de los comandantes en jefe y esto duró más de 50 años”.
Considerando que los montos desviados tanto por Izurieta además de Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, quienes también han encarado la justicia por la arista del fraude en la institución castrense, el diputado socialista aseveró que la totalidad de los montos sustraídos se traducen al caso de corrupción más grande dentro de las instituciones públicas del país.
“Estamos hablando de la máquina de corrupción más sólida y permanente que haya existido al interior de la administración pública, sin duda son una asociación ilícita, una organización criminal y yo diría que la organización criminal que formaron los comandantes en jefe para desahogar estos dineros fiscales y llevarlos para beneficio propio. Son el botín más grande que se haya obtenido en delitos de corrupción en la historia chilena y esa afirmación se sustenta básicamente en los montos sustraídos y en el tiempo en que funcionó esta organización criminal. Es sin duda una vergüenza y le produce un daño gigantesco al Ejército y a las Fuerzas Armadas”, aseveró.
En esa línea Soto valoró el trabajo de la jueza Romy Rutherford en cuanto “ha logrado desentrañar a fondo toda la estructura y funcionamiento de esta red de corrupción”, por este motivo consideró que lo que le corresponde al poder Legislativo al respecto “es por supuesto facilitar todo lo que sea necesario para que la jueza pueda concluir su investigación dictando las condenas más severas y ejemplificadoras para que estos verdaderos delincuentes de uniforme que traicionaron su juramento militar, traicionaron la buena fe de todos sus subordinados y se enriquecieron de dineros que no les correspondía y que estaba destinado a mejorar la institución”.
Izurieta se encuentra procesado por el mal uso de fondos asignados a la institución por un monto total de $3.975.900.659 y equivalentes a 116.166,7 UTM, los que se traducen a $6.374.996.162 actualizados a la fecha.
El ex Comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer reconoció ante la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, haber usado recursos provenientes de gastos reservados del Ejército para fines distintos a los permitidos por la ley y haber firmado la declaración jurada y la rendición de cuentas que anualmente se remitía a la Contraloría desconociendo en realidad el detalle de la utilización de estos recursos. Pero además de abundar en las afirmaciones que confirmaron las indagatorias de la magistrada, el general en retiro admitió que buena parte de los millonarios fondos del presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas fueron directo a las arcas de la familia Pinochet.
Según consignó La Tercera PM, durante el interrogatorio que Rutherford realizó a Izurieta, el ex timonel del Ejército señaló que durante los primeros años de su mandato, que comprende desde el año 2006 al 2010, “parte de los gastos reservados iban al general Pinochet y su familia” y que “el general Pinochet gastaba mucha plata, porque era una persona que mucha gente hubiese querido que muriera antes de su muerte natural”.
Por esta razón algunos de los principales gastos radicaron en personal a su disposición tales como médicos, enfermeros y escoltas. Además reconoció que en al menos dos oportunidades se dirigió con un millón de pesos a Lucia Hiriart quien según Izurieta, lo llamaba para pedirle ayuda económica. Otros dineros asociados al dictador incurrieron en una placa conmemorativa que jamás se instaló al interior de la Escuela Militar según declaró del ex secretario general del Ejército, Andrés Avendaño Rojas.
Al respecto el diputado socialista, Leonardo Soto, autor de la llamada “Ley Rutherford” que permitió prorrogar la tutela de la magistrada en la investigación del “Fraude en el Ejército” de dos años a cuatro- señaló que las declaraciones de Izurieta comprueban que los militares involucrados tenían conciencia de la ilicitud de sus actos.
“Los gastos reservados son entregados por la Ley de Presupuestos al Ejército para destinarlo a tareas de inteligencia, contrainteligencia y seguridad interior y por supuesto uno se pregunta qué tiene que ver la necesidades domésticas que pueda tener la señora Lucía Hiriart de Pinochet que iba regularmente a pedirle dinero al Comandante en Jefe Óscar Izurieta, o el propio general Augusto Pinochet. Entonces claramente desde su origen esos recursos que eran de todos los chilenos eran destinados a una finalidad distinta que es la que está establecida en la ley y lo que demuestra la ilicitud y el compromiso delictual en el manejo de estos recursos por parte de Óscar Izurieta y todos los demás Comandantes en Jefe que están hoy día procesados”.
En ese sentido el parlamentario señaló que esta organización jerárquica surgió al interior de la dictadura con Augusto Pinochet como el primer ex comandante en Jefe del Ejército procesado por enajenarse dinero público dentro de lo que se dilucidó en el “caso Riggs”, el banco de Miami donde el dictador mantenía su fortuna.
“La sentencia de ese juicio concluyó que sin ninguna duda que provenían de los gastos reservados que tenía el ex comandante en jefe Augusto Pinochet Ugarte, en consecuencia uno ya puede ver una línea de tiempo completa donde se detectan estas asociaciones ilícitas que se formó en la dictadura y cada uno de los ex comandantes en jefe que sucedieron a Pinochet al sentarse en el sillón de la comandancia en jefe, les llovía el dinero de todos los chilenos por gastos reservados, por fondos que provenían para pasajes, fletes y con misiones al extranjero, les llovían cheques y dinero en sobres que provenían de una mutual de seguridad del Ejército, es decir, fue la época de oro de los fraudes al fisco y la apropiación indebida de los comandantes en jefe y esto duró más de 50 años”.
Considerando que los montos desviados tanto por Izurieta además de Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, quienes también han encarado la justicia por la arista del fraude en la institución castrense, el diputado socialista aseveró que la totalidad de los montos sustraídos se traducen al caso de corrupción más grande dentro de las instituciones públicas del país.
“Estamos hablando de la máquina de corrupción más sólida y permanente que haya existido al interior de la administración pública, sin duda son una asociación ilícita, una organización criminal y yo diría que la organización criminal que formaron los comandantes en jefe para desahogar estos dineros fiscales y llevarlos para beneficio propio. Son el botín más grande que se haya obtenido en delitos de corrupción en la historia chilena y esa afirmación se sustenta básicamente en los montos sustraídos y en el tiempo en que funcionó esta organización criminal. Es sin duda una vergüenza y le produce un daño gigantesco al Ejército y a las Fuerzas Armadas”, aseveró.
En esa línea Soto valoró el trabajo de la jueza Romy Rutherford en cuanto “ha logrado desentrañar a fondo toda la estructura y funcionamiento de esta red de corrupción”, por este motivo consideró que lo que le corresponde al poder Legislativo al respecto “es por supuesto facilitar todo lo que sea necesario para que la jueza pueda concluir su investigación dictando las condenas más severas y ejemplificadoras para que estos verdaderos delincuentes de uniforme que traicionaron su juramento militar, traicionaron la buena fe de todos sus subordinados y se enriquecieron de dineros que no les correspondía y que estaba destinado a mejorar la institución”.
Izurieta se encuentra procesado por el mal uso de fondos asignados a la institución por un monto total de $3.975.900.659 y equivalentes a 116.166,7 UTM, los que se traducen a $6.374.996.162 actualizados a la fecha.
El ex Comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer reconoció ante la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, haber usado recursos provenientes de gastos reservados del Ejército para fines distintos a los permitidos por la ley y haber firmado la declaración jurada y la rendición de cuentas que anualmente se remitía a la Contraloría desconociendo en realidad el detalle de la utilización de estos recursos. Pero además de abundar en las afirmaciones que confirmaron las indagatorias de la magistrada, el general en retiro admitió que buena parte de los millonarios fondos del presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas fueron directo a las arcas de la familia Pinochet.
Según consignó La Tercera PM, durante el interrogatorio que Rutherford realizó a Izurieta, el ex timonel del Ejército señaló que durante los primeros años de su mandato, que comprende desde el año 2006 al 2010, “parte de los gastos reservados iban al general Pinochet y su familia” y que “el general Pinochet gastaba mucha plata, porque era una persona que mucha gente hubiese querido que muriera antes de su muerte natural”.
Por esta razón algunos de los principales gastos radicaron en personal a su disposición tales como médicos, enfermeros y escoltas. Además reconoció que en al menos dos oportunidades se dirigió con un millón de pesos a Lucia Hiriart quien según Izurieta, lo llamaba para pedirle ayuda económica. Otros dineros asociados al dictador incurrieron en una placa conmemorativa que jamás se instaló al interior de la Escuela Militar según declaró del ex secretario general del Ejército, Andrés Avendaño Rojas.
Al respecto el diputado socialista, Leonardo Soto, autor de la llamada “Ley Rutherford” que permitió prorrogar la tutela de la magistrada en la investigación del “Fraude en el Ejército” de dos años a cuatro- señaló que las declaraciones de Izurieta comprueban que los militares involucrados tenían conciencia de la ilicitud de sus actos.
“Los gastos reservados son entregados por la Ley de Presupuestos al Ejército para destinarlo a tareas de inteligencia, contrainteligencia y seguridad interior y por supuesto uno se pregunta qué tiene que ver la necesidades domésticas que pueda tener la señora Lucía Hiriart de Pinochet que iba regularmente a pedirle dinero al Comandante en Jefe Óscar Izurieta, o el propio general Augusto Pinochet. Entonces claramente desde su origen esos recursos que eran de todos los chilenos eran destinados a una finalidad distinta que es la que está establecida en la ley y lo que demuestra la ilicitud y el compromiso delictual en el manejo de estos recursos por parte de Óscar Izurieta y todos los demás Comandantes en Jefe que están hoy día procesados”.
En ese sentido el parlamentario señaló que esta organización jerárquica surgió al interior de la dictadura con Augusto Pinochet como el primer ex comandante en Jefe del Ejército procesado por enajenarse dinero público dentro de lo que se dilucidó en el “caso Riggs”, el banco de Miami donde el dictador mantenía su fortuna.
“La sentencia de ese juicio concluyó que sin ninguna duda que provenían de los gastos reservados que tenía el ex comandante en jefe Augusto Pinochet Ugarte, en consecuencia uno ya puede ver una línea de tiempo completa donde se detectan estas asociaciones ilícitas que se formó en la dictadura y cada uno de los ex comandantes en jefe que sucedieron a Pinochet al sentarse en el sillón de la comandancia en jefe, les llovía el dinero de todos los chilenos por gastos reservados, por fondos que provenían para pasajes, fletes y con misiones al extranjero, les llovían cheques y dinero en sobres que provenían de una mutual de seguridad del Ejército, es decir, fue la época de oro de los fraudes al fisco y la apropiación indebida de los comandantes en jefe y esto duró más de 50 años”.
Considerando que los montos desviados tanto por Izurieta además de Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, quienes también han encarado la justicia por la arista del fraude en la institución castrense, el diputado socialista aseveró que la totalidad de los montos sustraídos se traducen al caso de corrupción más grande dentro de las instituciones públicas del país.
“Estamos hablando de la máquina de corrupción más sólida y permanente que haya existido al interior de la administración pública, sin duda son una asociación ilícita, una organización criminal y yo diría que la organización criminal que formaron los comandantes en jefe para desahogar estos dineros fiscales y llevarlos para beneficio propio. Son el botín más grande que se haya obtenido en delitos de corrupción en la historia chilena y esa afirmación se sustenta básicamente en los montos sustraídos y en el tiempo en que funcionó esta organización criminal. Es sin duda una vergüenza y le produce un daño gigantesco al Ejército y a las Fuerzas Armadas”, aseveró.
En esa línea Soto valoró el trabajo de la jueza Romy Rutherford en cuanto “ha logrado desentrañar a fondo toda la estructura y funcionamiento de esta red de corrupción”, por este motivo consideró que lo que le corresponde al poder Legislativo al respecto “es por supuesto facilitar todo lo que sea necesario para que la jueza pueda concluir su investigación dictando las condenas más severas y ejemplificadoras para que estos verdaderos delincuentes de uniforme que traicionaron su juramento militar, traicionaron la buena fe de todos sus subordinados y se enriquecieron de dineros que no les correspondía y que estaba destinado a mejorar la institución”.
Izurieta se encuentra procesado por el mal uso de fondos asignados a la institución por un monto total de $3.975.900.659 y equivalentes a 116.166,7 UTM, los que se traducen a $6.374.996.162 actualizados a la fecha.
