Este lunes, la Junta de Vigilancia del Río Huasco y diversas comunidades de la provincia del Huasco llegaron hasta la Corte Suprema para presentar un recurso de casación con el fin de revertir un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que otorga derechos de aguas por 920 litros por segundo a tres sociedades privadas.
El recurso hídrico sería extraído desde el Estrecho Matancilla, caudal del Río Huasco, flujo que alimenta al sector agrícola y ganadero apostado en aquel territorio nortino.
Según Nicolás del Río Noé, presidente de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco, el otorgamiento de los derechos de agua a tres empresas privadas afectaría a toda la provincia homónima, afectando directamente a decenas de miles de personas.
“Existe la afectación sobre todos los habitantes de la provincia del Río Huasco puesto que nuestra provincia está ubicada en medio del desierto más seco del mundo y no cabe ninguna duda de que este río abastece de agua a las cuatro comunas que existen en la provincia, tanto para la agricultura, la industria, así como para el consumo de agua potable. Por tanto, habrían más de cuatro mil agricultores afectados de forma directa y una población de más de 70 mil personas afectadas por esta inscripción anómala, irregular de los derechos de agua en la parte alta de nuestro valle”.
Además, del Río advirtió que las tres sociedades privadas no han sido capaces de señalar el uso que le darán al recurso, por lo cual, según el Código de Aguas, sería inviable el otorgamiento de derechos.
“No estando acreditado el uso del agua, como es el caso de estos derechos, no existe ningún motivo por el cual la Dirección General de Aguas podría otorgarlos”, sostuvo el dirigente.
Entre quienes llegaron al edificio de la Corte Suprema para presentar el recurso de casación se encontraba José Escobar, presidente de la Comunidad de Agua Potable Rural de Alto del Carmen. Según sus palabras, el otorgamiento de derechos sobre el afluente del Huasco podría hacer desaparecer el Sistema de Agua Potable Rural de la zona, iniciativa gubernamental -hay más de 1500 en el país- para dar cobertura a la gran cantidad de zonas rurales que no poseían agua potable.
Además advirtió sobre las consecuencias ambientales que podrían haber en la provincia del Huasco.
“A nosotros se nos dice que con la nueva ley de agua potable que rige hoy a los Sistemas de Agua Potable Rural (APR) se nos exige una calidad y cantidad de agua que hay que tener a los vecinos, si nosotros no cumplimos con esa cantidad y calidad nos van a cerrar el APR. Evidentemente si se nos quitan las aguas quedaremos sin este recurso, el valle va a morir, no únicamente los APR, sino que la población, la diversidad, el medio ambiente, los árboles. Estamos en medio de un cambio climático que nos está afectando a todos, con mayor razón necesitamos esa mínima agua”.
El recurso de casación ha sido apoyado por distintas personalidades de la zona, entre ellas, la senadora por la Región de Atacama, Yasna Provoste.
Este lunes, la Junta de Vigilancia del Río Huasco y diversas comunidades de la provincia del Huasco llegaron hasta la Corte Suprema para presentar un recurso de casación con el fin de revertir un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que otorga derechos de aguas por 920 litros por segundo a tres sociedades privadas.
El recurso hídrico sería extraído desde el Estrecho Matancilla, caudal del Río Huasco, flujo que alimenta al sector agrícola y ganadero apostado en aquel territorio nortino.
Según Nicolás del Río Noé, presidente de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco, el otorgamiento de los derechos de agua a tres empresas privadas afectaría a toda la provincia homónima, afectando directamente a decenas de miles de personas.
“Existe la afectación sobre todos los habitantes de la provincia del Río Huasco puesto que nuestra provincia está ubicada en medio del desierto más seco del mundo y no cabe ninguna duda de que este río abastece de agua a las cuatro comunas que existen en la provincia, tanto para la agricultura, la industria, así como para el consumo de agua potable. Por tanto, habrían más de cuatro mil agricultores afectados de forma directa y una población de más de 70 mil personas afectadas por esta inscripción anómala, irregular de los derechos de agua en la parte alta de nuestro valle”.
Además, del Río advirtió que las tres sociedades privadas no han sido capaces de señalar el uso que le darán al recurso, por lo cual, según el Código de Aguas, sería inviable el otorgamiento de derechos.
“No estando acreditado el uso del agua, como es el caso de estos derechos, no existe ningún motivo por el cual la Dirección General de Aguas podría otorgarlos”, sostuvo el dirigente.
Entre quienes llegaron al edificio de la Corte Suprema para presentar el recurso de casación se encontraba José Escobar, presidente de la Comunidad de Agua Potable Rural de Alto del Carmen. Según sus palabras, el otorgamiento de derechos sobre el afluente del Huasco podría hacer desaparecer el Sistema de Agua Potable Rural de la zona, iniciativa gubernamental -hay más de 1500 en el país- para dar cobertura a la gran cantidad de zonas rurales que no poseían agua potable.
Además advirtió sobre las consecuencias ambientales que podrían haber en la provincia del Huasco.
“A nosotros se nos dice que con la nueva ley de agua potable que rige hoy a los Sistemas de Agua Potable Rural (APR) se nos exige una calidad y cantidad de agua que hay que tener a los vecinos, si nosotros no cumplimos con esa cantidad y calidad nos van a cerrar el APR. Evidentemente si se nos quitan las aguas quedaremos sin este recurso, el valle va a morir, no únicamente los APR, sino que la población, la diversidad, el medio ambiente, los árboles. Estamos en medio de un cambio climático que nos está afectando a todos, con mayor razón necesitamos esa mínima agua”.
El recurso de casación ha sido apoyado por distintas personalidades de la zona, entre ellas, la senadora por la Región de Atacama, Yasna Provoste.
Este lunes, la Junta de Vigilancia del Río Huasco y diversas comunidades de la provincia del Huasco llegaron hasta la Corte Suprema para presentar un recurso de casación con el fin de revertir un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que otorga derechos de aguas por 920 litros por segundo a tres sociedades privadas.
El recurso hídrico sería extraído desde el Estrecho Matancilla, caudal del Río Huasco, flujo que alimenta al sector agrícola y ganadero apostado en aquel territorio nortino.
Según Nicolás del Río Noé, presidente de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco, el otorgamiento de los derechos de agua a tres empresas privadas afectaría a toda la provincia homónima, afectando directamente a decenas de miles de personas.
“Existe la afectación sobre todos los habitantes de la provincia del Río Huasco puesto que nuestra provincia está ubicada en medio del desierto más seco del mundo y no cabe ninguna duda de que este río abastece de agua a las cuatro comunas que existen en la provincia, tanto para la agricultura, la industria, así como para el consumo de agua potable. Por tanto, habrían más de cuatro mil agricultores afectados de forma directa y una población de más de 70 mil personas afectadas por esta inscripción anómala, irregular de los derechos de agua en la parte alta de nuestro valle”.
Además, del Río advirtió que las tres sociedades privadas no han sido capaces de señalar el uso que le darán al recurso, por lo cual, según el Código de Aguas, sería inviable el otorgamiento de derechos.
“No estando acreditado el uso del agua, como es el caso de estos derechos, no existe ningún motivo por el cual la Dirección General de Aguas podría otorgarlos”, sostuvo el dirigente.
Entre quienes llegaron al edificio de la Corte Suprema para presentar el recurso de casación se encontraba José Escobar, presidente de la Comunidad de Agua Potable Rural de Alto del Carmen. Según sus palabras, el otorgamiento de derechos sobre el afluente del Huasco podría hacer desaparecer el Sistema de Agua Potable Rural de la zona, iniciativa gubernamental -hay más de 1500 en el país- para dar cobertura a la gran cantidad de zonas rurales que no poseían agua potable.
Además advirtió sobre las consecuencias ambientales que podrían haber en la provincia del Huasco.
“A nosotros se nos dice que con la nueva ley de agua potable que rige hoy a los Sistemas de Agua Potable Rural (APR) se nos exige una calidad y cantidad de agua que hay que tener a los vecinos, si nosotros no cumplimos con esa cantidad y calidad nos van a cerrar el APR. Evidentemente si se nos quitan las aguas quedaremos sin este recurso, el valle va a morir, no únicamente los APR, sino que la población, la diversidad, el medio ambiente, los árboles. Estamos en medio de un cambio climático que nos está afectando a todos, con mayor razón necesitamos esa mínima agua”.
El recurso de casación ha sido apoyado por distintas personalidades de la zona, entre ellas, la senadora por la Región de Atacama, Yasna Provoste.
