En conversación con la periodista Juanita Rojas y Claudio Medrano, en la primera edición de Radioanálisis, la convencional constituyente que integra la Comisión de Sistema Político, Alondra Carillo (MSC) abordó el acuerdo político consensuado la noche de este lunes que definió proponer al plenario la creación de un Consejo Territorial en reemplazo del actual Senado. Una fórmula que recoge la necesidad de contar con un poder legislativo y una forma de tramitación de las leyes más ágil y comprensible para la ciudadanía, sostuvo la representante del distrito 12 y es que a diferencia de lo que sostienen los detractores de la propuesta, tales como los actuales integrantes de la Cámara Alta, este fue uno de los mandatos por los cuales se constituyó la Convención Constitucional, aseveró. 

Para hacerse cargo de ese requerimiento ciudadano, una primera propuesta fue la de plantear un Congreso Unicameral, indicó. Una moción que corrió con ventaja el interior de la Comisión 1 en relación a la bicameralismo. Recordemos que fue aprobada el pasado 27 de enero la indicación que consagraba la existencia de una sola Cámara por 13 afirmativas, 10 votos en contra y 2 abstenciones. En tanto, dos indicaciones que establecían el bicameralismo fueron rechazadas arrojando el mismo resultado en ambas votaciones: 12 sufragios a favor y 13 en contra. Una diferencia estrecha entre ambas propuestas sobre el futuro del Poder Legislativo en la llamada madre de las Comisiones que no concitaban los 2/3 del pleno para pasar al borrador de la nueva Constitución. 

Al respecto, Carrillo, quien previo al acuerdo que zanjó la controversia, apoyaba la formación de un Congreso Unicameral, señaló que la razón más fuerte que expresaron los “bicameralistas” de la Convención fue la necesidad de contar con una instancia de representación de las regiones “que pueda tener algo que decir en las leyes que son de mayor relevancia para los diversos territorios a lo largo del país” y en ese sentido el Consejo Territorial se hará cargo de esa tarea, incidiendo en la discusión de las leyes que conciernen a las regiones pero sin contar con iniciativa legislativa, a diferencia del Senado, explicó.

“Es una instancia conformada por personas electas y electos por cada una de las regiones con el mismo número de representantes por región y que va a poder tener algo que decir, ratificar y luego si es que no lo hace, proponer modificaciones, enmiendas en el caso de lo que vamos a llamar Leyes de Acuerdo Regional“, indicó.

En ese sentido la ex vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo explicó que el Congreso Plurinacional, que es como se pasaría a llamar la actual Cámara de Diputados y Diputadas, es el punto de inicio y de salida de toda legislación. Sin embargo, todas las leyes que revise o apruebe en materia de regiones, como lo es la ley de presupuesto, las que modifican la división política administrativa del país, las que modifican los órganos, competencias y atribuciones regionales, y las leyes que intervienen en los mecanismos de igualación fiscal, serán susceptibles al pronunciamiento del Consejo Territorial.

“El Consejo Territorial va a recepcionar los proyectos de ley que hayan sido aprobados por el Congreso Plurinacional y va a poder ratificarlos o rechazarlos, y si los rechaza va a poder proponer enmiendas en diálogo, en una interacción con el Congreso Plurinacional en un proceso de formación de la ley en la que se busca que esta instancia, que no es una Cámara revisora, y que no es una Cámara de iniciativa legislativa, sino que es una Cámara que participa de la legislación pertinente y que requiere el input de tener la voz de las regiones, pueda entregar su perspectiva y las enmiendas necesarias y poder de ese modo construir legislaciones que sean miradas desde el punto de vista de las distintas regiones del país”, sostuvo.

En el caso de que el Consejo Territorial rechace la aprobación de una Ley de Acuerdo Regional visada por el Congreso Plurinacional, se conformaría una Comisión Mixta con la misma cantidad de integrantes de ambas instancias, quienes se encargarán de resolver las controversias por las cuales no se suscitó acuerdo elaborando un informe que votará posteriormente el Congreso Plurinacional, de modo de que, de aprobarse allí habría ley, y en el caso que no, “tiene al posibilidad de abandonar el proyecto o de insistir en su proyecto original con quórum de mayoría calificada, de mayoría absoluta”, indicó.

En cuanto a la conformación de ambas instancias Carrillo indicó que “todos los órganos colegiados del país serán paritarios, y todos los órganos colegiados de elección popular tienen que tener representación plurinacional de modo que este Consejo sería, tal y como lo va a ser el Congreso, tal y como lo va a ser los Tribunales, las Cortes, todos los órganos colegiados desde los Consejos Municipales hasta los niveles más altos del Estado serán paritarios y muchos de ellos van a tener escaños reservados o representación plurinacional”.

Respecto los integrantes del Consejo Territorial, estos serán elegidos por elección directa cada cuatro años, que es el período en el que detentarán el cargo de “Consejeros Territoriales” y la elección de ellos “será en la misma lista de quienes integrarán las Asambleas Regionales, que son las instancias regionales de deliberación política que hacen el contrapeso político a los Gobiernos Regionales y que estarán ínfimamente vinculados con el Consejo Territorial“, adicionó Carillo, en cuanto a que los Consejeros Territoriales deberán concurrir a las Asamblea Regional a rendir cuentas.

Es en las Asambleas Regionales donde hay un punto de encuentro entre la Comisión de Sistema Político y la de Formas de Estado y es que es en esta última donde actualmente se revisan las modificaciones que pretender suprimir la facultad legislativa de dichas instancias en razón al rechazo que tuvo en el plenario de la Convención las indicaciones que las dotaban de esta facultad.

“La Asamblea Regional justamente ayer y hoy se han estado entregando las indicaciones para darle forma a sus atribuciones especificas porque no hubo acuerdo en que hubiera un rol legislativo. Ese rol legislativo no era un rol legislativo nacional pero no me adentraré en detalles respecto a eso sino que plantear que la Asamblea Regional con mucha probabilidad va a ser un órgano político de formación normativa que va a tener la tarea junto al Gobierno Regional de definir los términos y los modos en los cuales la legislación nacional se implementa en la región con pertinencia territorial. Ese es el sentido fundamental de esta asamblea, es un órgano de deliberación política, que tendrá tareas normativas y también tareas de fiscalización del Gobierno Regional“, explicó.

Pero las definiciones a las que llegó la Comisión 1 no agradaron a los actuales integrantes del Senado, entre ellos la presidenta de la corporación, Ximena Rincón (DC) quien sostuvo que eliminar la Cámara Alta “es un riesgo para la democracia” y que no cree “que una generación pueda arrogarse una potestad de refundar la República”. Al respecto Carillo aseveró que el trabajo del órgano redactor no se limita al ejercicio de una generación en cuanto la Convención Constitucional es la instancia que ha sido encargada con la tarea de proponerle a Chile “cambios reales, efectivos y palpables en la forma en que se organiza el poder y en la forma en que vivimos nuestras vidas de manera más justa y sin los abusos que ha caracterizado la experiencia de amplísimos sectores de la población”.

“Yo no comparto con ella en absoluto, que una segunda Cámara sea garantía para la democracia, en lo absoluto y me parece que no hay ningún fundamento para plantarlo de ese modo. Lo que nosotras hemos construido es una propuesta de Congreso para que la actividad legislativa pueda desarrollarse, efectivizarse y para que la voluntad popular pueda materializarse y eso no significa un riesgo. El riesgo al que nos hemos visto enfrentadas es el riesgo de la precarización de la vida, de la población que requiere ser atendida con urgencia mediante la revitalización de la actividad política y a eso va a contribuir esta propuesta de Congreso y del Consejo Territorial”.

Además recalcó que la Convención está “reorganizando la actividad y las estructuras de la política para dar garantía de derechos, a través de una plataforma que es “democrática, intergeneracional, extremadamente diversa, plurinacional, donde están los movimientos feministas, donde también están los sectores que rechazaron la nueva Constitución y en ese órgano democrático diverso hemos decidido y nos ha parecido que a diferencia de lo que opina la senadora Rincón, el Senado no es un aporte para el proceso democrático y por el contrario lo que necesitamos es superar esa forma tutelar y elitista de organizar la actividad legislativa”, aseveró.