Acerca de las primeras votaciones en el plenario de la Convención Constitucional, el Grupo de Investigación en Descentralización, Territorio, Gestión Regional y Local del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, ha querido puntualizar lo siguiente para aportar en el debate:

• En primer lugar, destacamos y estamos de acuerdo con que la profundización de la descentralización en los ámbitos regional y local adquiera una relevancia que actualmente no tiene en el Ordenamiento constitucional, y, por lo tanto, valoramos el avanzar hacia nuevas formas de organización del Estado que realcen la importancia de ello.

• Manifestamos, sin embargo, preocupación por algunas definiciones que se están planteando y, en definitiva, aprobando que, si bien sabemos que van en la línea de avanzar hacia una descentralización real y bien intencionada, podrían terminar siendo contraproducentes al no contemplar todas las aristas que este proceso conlleva y que se deben considerar para que se traduzca en un desarrollo efectivo y equitativo para todos los territorios del país.

• La definición organizativa como un Estado regional, no puede dejar de lado lo que el Estado central pueda aportar como articulador esencial, no solo redistribuyendo, sino que, contribuyendo al bienestar general de las diversas regiones y, por lo tanto, quitarle este rol a la Administración central podría terminar por acrecentar inequidades territoriales que no son sino la traducción de las desigualdades sociales existentes en el país. Ante esto, es de vital importancia que el diseño de la organización territorial se haga cargo de entregar los lineamientos suficientes para que el legislador desarrolle y precise los límites, las fronteras, los controles, entre otros términos, que requiere la nueva organización estatal para su buen funcionamiento y el afianzamiento del destino común que une los territorios con la República. Chile necesita una orientación al desarrollo común para todo el país y el Estado Regional no podría oponerse a dicha orientación.

• Ciertamente, apoyamos la idea de un Estado Regional en la medida que ello esté complementado con la coexistencia de otras tres formas de organización que deben estar en la Constitución Política de la República. Una a nivel central, otra regional y, finalmente, la comunal/local, con sus respectivos ámbitos de competencia y recursos, lo que hace que la autonomía de cada una de estas se despliegue dentro del marco de las competencias que tienen, y no sea entendida como un poder autárquico absoluto. Por tanto, es imprescindible que, junto al Estado Regional, se defina la coexistencia de estas tres formas de organización colaboradoras y no rivales entre sí, solidarias y dispuestas a crecer armónicamente, con ámbitos de competencias específicos y con los recursos correspondientes de cada cual, siendo positivo que no haya tutelaje entre ellas, lo que sería coherente con el concepto de autonomía como poder limitado que se ha forjado en nuestra experiencia y en el Derecho comparado. Enfatizamos la necesidad de ensanchar la autonomía de las entidades regionales y municipales en la realización de competencias previamente definidas para cada ente de modo que funcionen en una complementariedad virtuosa, respetando sus ámbitos competenciales, de modo que, un ente regional no pueda cambiar una regla nacional o dejar de aplicarla en su región.

• Resulta pertinente -para seguir avanzando en materia de descentralización y aprovechar los importantes hitos introducidos en los últimos años- definir metodológicamente que se entenderá por “autonomía” de cada gobierno sub nacional y cual serían las diferencias con la actual definición, por lo que se sería recomendable precisar los alcances operativos de esta. Para consolidar la descentralización político administrativa sería adecuado evaluar un camino estratégico hacia una definición de bloques de funciones para cada nivel, esto ayudaría a operacionalizar cualquier propuesta eficiente en la materia.

En síntesis, concurrimos al reconocimiento de autonomía para los territorios, pero en el ejercicio de funciones específicas y no como un poder general que puede desviarse en autarquías. Instamos a recoger experiencias concretas afines a nuestro ordenamiento y al desarrollo institucional e histórico que puedan contribuir al diseño de una cabal descentralización del país que, indudablemente, todos queremos. Un Chile más regional y municipal es un mejor país para todas y todos.

Firman:

– Profesora Gladys Camacho (Derecho U Chile), y Sergio Galilea, Rene Saa, Marcelo Ramírez, Rodrigo Egaña y José Viacava (Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile)

– Profesor Christian Quinteros, Universidad Católica del Maule.

– Constanza Rojas, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile

– Nancy Silva, Presidenta ANEF Región de Los Ríos-