José Manuel Castañeda Aparicio, exmiembro del Ejército fue declarado culpable por la desaparición de tres personas, el 25 y 26 de enero de 1983, durante el gobierno golpista de Efraín Ríos Montt. La condena del Tribunal de Alto riesgo “D” del Organismo Judicial guatemalteco fue de 45 años y tres meses de prisión inconmutables por el delito de desaparición forzada. Las victimas identificadas fueron Rodolfo López Quej, su hermano Francisco Guerrero López, y el primo de ambos, Jacobo López Ac, de 22, 18 y 42 años de edad, respectivamente. Estas tres personas eran “líderes sociales en el municipio de Tactic, en el departamento de Alta Verapaz, a unos 150 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.
Explicaciones de Mario Polanco, director de la organización de derechos humanos Grupo de Ayuda Mutuo.
“Aunque hayamos tenido que esperar 39 años, casi cuatro décadas, satisface una condena de esta naturaleza contra uno de los responsables materiales, porque participan alrededor de 25 responsable materiales en aquella ocasión. Todos han fallecido ya, pero este es el único sobreviviente, y lo que nos satisface mucho es que el Tribunal ordena que se continúe la investigación para establecer responsabilidades de los autores intelectuales de este crimen. Confiamos, pues, en que se llegue al alto mando del Ejército”.
Esta condena además es la punta de una madeja que podría llevar a desentrañar otros casos importantes como el caso CREOMPAZ.
El 6 de enero de 2016, 14 oficiales militares en retiro fueron detenidos por los delitos de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad basado en pruebas halladas en el centro militar CREOMPAZ en Cobán, Alta Verapaz. Lo que hoy en día es un base de entrenamiento para las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, CREOMPAZ (Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz) funcionaba como un centro de detención y ejecución clandestino durante el conflicto armado interno en Guatemala, que en ese entonces fue conocido como la Zona Militar 21. Allí se encontraron los restos de 625 personas. Noventa de los restos encontrados pertenecían a niños y niñas. La mayoría presentaban señales de tortura, con contusiones en la cabeza y la garganta; muchos presentan señales de tiro de gracia y fueron encontrados con vendas en los ojos y lazos o cadenas alrededor de los tobillos y cuellos.
Explicaciones de Mario Polanco:
“Se ha abierto un proceso de investigación en el que hay seis altos mandos del Ejército que están siendo procesados, otros diez se fugaron. entonces, este caso amarra. Esta condena que vimos ahora con el caso Creompaz. El hecho de que se haya dictado esta condena permitirá la captura de otros responsables por esas 625 víctimas que ya han sido exhumadas”.
¿Vientos de justicia en Guatemala?
“Creo que es todo lo contrario, estamos frente a nuevos tiempos de impunidad, este es un caso excepcional. Los tres jueces son realmente admirables, son ejemplares porque han condenado en medio de retrocesos gravísimos que estamos viviendo en el país, en lo que se destaca torturando a activistas sociales y a cualquiera que haya trabajado en favor de la justicia o en contra de la impunidad. Están criminalizando la lucha social de una manera como nunca había ocurrido antes”.
Además Mario Polanco denuncia que actualmente las organizaciones de derechos humanos se encuentran bajo una constante amenaza de cierre de locales y hasta detención por denunciar este tipo de hechos.
(Imagen de portada: RFI/ Reuters – Jorge Dan López)
José Manuel Castañeda Aparicio, exmiembro del Ejército fue declarado culpable por la desaparición de tres personas, el 25 y 26 de enero de 1983, durante el gobierno golpista de Efraín Ríos Montt. La condena del Tribunal de Alto riesgo “D” del Organismo Judicial guatemalteco fue de 45 años y tres meses de prisión inconmutables por el delito de desaparición forzada. Las victimas identificadas fueron Rodolfo López Quej, su hermano Francisco Guerrero López, y el primo de ambos, Jacobo López Ac, de 22, 18 y 42 años de edad, respectivamente. Estas tres personas eran “líderes sociales en el municipio de Tactic, en el departamento de Alta Verapaz, a unos 150 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.
Explicaciones de Mario Polanco, director de la organización de derechos humanos Grupo de Ayuda Mutuo.
“Aunque hayamos tenido que esperar 39 años, casi cuatro décadas, satisface una condena de esta naturaleza contra uno de los responsables materiales, porque participan alrededor de 25 responsable materiales en aquella ocasión. Todos han fallecido ya, pero este es el único sobreviviente, y lo que nos satisface mucho es que el Tribunal ordena que se continúe la investigación para establecer responsabilidades de los autores intelectuales de este crimen. Confiamos, pues, en que se llegue al alto mando del Ejército”.
Esta condena además es la punta de una madeja que podría llevar a desentrañar otros casos importantes como el caso CREOMPAZ.
El 6 de enero de 2016, 14 oficiales militares en retiro fueron detenidos por los delitos de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad basado en pruebas halladas en el centro militar CREOMPAZ en Cobán, Alta Verapaz. Lo que hoy en día es un base de entrenamiento para las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, CREOMPAZ (Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz) funcionaba como un centro de detención y ejecución clandestino durante el conflicto armado interno en Guatemala, que en ese entonces fue conocido como la Zona Militar 21. Allí se encontraron los restos de 625 personas. Noventa de los restos encontrados pertenecían a niños y niñas. La mayoría presentaban señales de tortura, con contusiones en la cabeza y la garganta; muchos presentan señales de tiro de gracia y fueron encontrados con vendas en los ojos y lazos o cadenas alrededor de los tobillos y cuellos.
Explicaciones de Mario Polanco:
“Se ha abierto un proceso de investigación en el que hay seis altos mandos del Ejército que están siendo procesados, otros diez se fugaron. entonces, este caso amarra. Esta condena que vimos ahora con el caso Creompaz. El hecho de que se haya dictado esta condena permitirá la captura de otros responsables por esas 625 víctimas que ya han sido exhumadas”.
¿Vientos de justicia en Guatemala?
“Creo que es todo lo contrario, estamos frente a nuevos tiempos de impunidad, este es un caso excepcional. Los tres jueces son realmente admirables, son ejemplares porque han condenado en medio de retrocesos gravísimos que estamos viviendo en el país, en lo que se destaca torturando a activistas sociales y a cualquiera que haya trabajado en favor de la justicia o en contra de la impunidad. Están criminalizando la lucha social de una manera como nunca había ocurrido antes”.
Además Mario Polanco denuncia que actualmente las organizaciones de derechos humanos se encuentran bajo una constante amenaza de cierre de locales y hasta detención por denunciar este tipo de hechos.
(Imagen de portada: RFI/ Reuters – Jorge Dan López)
José Manuel Castañeda Aparicio, exmiembro del Ejército fue declarado culpable por la desaparición de tres personas, el 25 y 26 de enero de 1983, durante el gobierno golpista de Efraín Ríos Montt. La condena del Tribunal de Alto riesgo “D” del Organismo Judicial guatemalteco fue de 45 años y tres meses de prisión inconmutables por el delito de desaparición forzada. Las victimas identificadas fueron Rodolfo López Quej, su hermano Francisco Guerrero López, y el primo de ambos, Jacobo López Ac, de 22, 18 y 42 años de edad, respectivamente. Estas tres personas eran “líderes sociales en el municipio de Tactic, en el departamento de Alta Verapaz, a unos 150 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.
Explicaciones de Mario Polanco, director de la organización de derechos humanos Grupo de Ayuda Mutuo.
“Aunque hayamos tenido que esperar 39 años, casi cuatro décadas, satisface una condena de esta naturaleza contra uno de los responsables materiales, porque participan alrededor de 25 responsable materiales en aquella ocasión. Todos han fallecido ya, pero este es el único sobreviviente, y lo que nos satisface mucho es que el Tribunal ordena que se continúe la investigación para establecer responsabilidades de los autores intelectuales de este crimen. Confiamos, pues, en que se llegue al alto mando del Ejército”.
Esta condena además es la punta de una madeja que podría llevar a desentrañar otros casos importantes como el caso CREOMPAZ.
El 6 de enero de 2016, 14 oficiales militares en retiro fueron detenidos por los delitos de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad basado en pruebas halladas en el centro militar CREOMPAZ en Cobán, Alta Verapaz. Lo que hoy en día es un base de entrenamiento para las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, CREOMPAZ (Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz) funcionaba como un centro de detención y ejecución clandestino durante el conflicto armado interno en Guatemala, que en ese entonces fue conocido como la Zona Militar 21. Allí se encontraron los restos de 625 personas. Noventa de los restos encontrados pertenecían a niños y niñas. La mayoría presentaban señales de tortura, con contusiones en la cabeza y la garganta; muchos presentan señales de tiro de gracia y fueron encontrados con vendas en los ojos y lazos o cadenas alrededor de los tobillos y cuellos.
Explicaciones de Mario Polanco:
“Se ha abierto un proceso de investigación en el que hay seis altos mandos del Ejército que están siendo procesados, otros diez se fugaron. entonces, este caso amarra. Esta condena que vimos ahora con el caso Creompaz. El hecho de que se haya dictado esta condena permitirá la captura de otros responsables por esas 625 víctimas que ya han sido exhumadas”.
¿Vientos de justicia en Guatemala?
“Creo que es todo lo contrario, estamos frente a nuevos tiempos de impunidad, este es un caso excepcional. Los tres jueces son realmente admirables, son ejemplares porque han condenado en medio de retrocesos gravísimos que estamos viviendo en el país, en lo que se destaca torturando a activistas sociales y a cualquiera que haya trabajado en favor de la justicia o en contra de la impunidad. Están criminalizando la lucha social de una manera como nunca había ocurrido antes”.
Además Mario Polanco denuncia que actualmente las organizaciones de derechos humanos se encuentran bajo una constante amenaza de cierre de locales y hasta detención por denunciar este tipo de hechos.
(Imagen de portada: RFI/ Reuters – Jorge Dan López)
