El 25 de febrero se vivió una jornada clave al interior de la Convención Constitucional. Entonces, en el marco de la sesión número 60 del Pleno, fueron aprobadas en particular una serie de normas contenidas en el primer informe de la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios. 

“Ya que dichas normas alcanzaron el quórum de dos tercios de las y los convencionales constituyentes en ejercicio, se entienden incorporadas en el proyecto de Constitución, que será revisado con posterioridad por la Comisión de Armonización”, se lee en el oficio 545 que da a conocer los artículos visados durante esa jornada. 

Dichas normas apelaron a temas tan diversos como los son los derechos digitales, “la repatriación de objetos de cultura y de restos humanos pertenecientes a los pueblos” y el acceso a los servicios básicos de comunicación. No obstante, entre los artículos aprobados destacó el número 12, el cual le otorga mayores responsabilidades al Estado en materia cultural, transformando el paradigma existente en la actualidad respecto del desarrollo de las culturas, los patrimonios y las artes.  

“El Estado promueve, fomenta y garantiza el acceso, desarrollo y difusión de las culturas, las artes y los conocimientos, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y contribuciones, bajo los principios de colaboración e interculturalidad. El Estado debe generar las instancias para que la sociedad contribuya al desarrollo de la creatividad cultural y artística, en sus más diversas expresiones”, dice el artículo. 

“El Estado promueve las condiciones para el libre desarrollo de la identidad cultural de las comunidades y personas, así como de sus procesos culturales. Esto se realizará con pleno respeto a los derechos, libertades y las autonomías que consagra esta Constitución”, agrega. 

En conversación con la periodista Antonella Estévez, en el programa Semáforo, el convencional Ignacio Achurra, uno de los coordinadores de la Comisión de Sistemas de Conocimientos, indicó que la discusión sobre las normas constitucionales ha sido intensa y manifestó: “Estoy muy contento con la aprobación del Artículo 12 que establece el deber del Estado con las culturas, las artes y el conocimiento. Esperamos ahora complementarlo en el informe de reposición, con una suerte de catálogo de derechos culturales que dialogue con los derechos y con los deberes del Estado”.  

Por otra parte, el actor destacó el Artículo 13 que surgió a raíz de una iniciativa popular de norma y que establece que “el Estado adoptará mecanismos eficaces en materia de restitución y repatriación de objetos de culto y restos humanos que fueron confiscados sin consentimiento de los pueblos y garantizará el acceso de los pueblos a su propio patrimonio, incluyendo objetos, restos humanos y sitios culturalmente significativos para su desarrollo”.

Por su parte, la convencional Carolina Videla, también integrante de la Comisión de Sistemas de Conocimientos, manifestó que el Artículo 12 marcó un hito respecto de la valorización de la cultura y las artes. Según precisó, con esta norma “la cultura se posiciona en un lugar principal”. 

“Va más allá de la inversión, de tener un presupuesto distinto. Se trata de cómo incluso las mallas curriculares deben cambiar en la educación, en el valor que se les da a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, que no comprende sólo a los artistas, sino que también a quienes están detrás del escenario y en distintos espacios haciendo posible que en cualquier territorio, la ciudadanía goce de todo lo que significa la diversidad cultural, el cómo relacionarnos y aprender de los conocimientos que nos pueden entregar los distintos pueblos y las culturas populares”, dijo. 

La convencional también comentó que este artículo recoge muchas de las necesidades que se hicieron visibles en el marco de la inscripción de iniciativas populares de normas, proceso en el que la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios recibió cerca de 140 propuestas. No obstante, sostuvo que aún hay muchos temas vinculados a los derechos culturales que siguen pendientes. 

“No es suficiente este articulado. Hay puntos que tienen que ver con la importancia de que las políticas públicas apunten a la educación en el desarrollo integral de las personas y esto en todo el ciclo de desarrollo para que la cultura y la actividad artística sea propiciada en los espacios formales de educación y también desde los espacios populares”, explicó la convencional. 

“Esto significa que en los territorios, en las universidades y academias puedan existir la preparación artística en la educación formal y que se reconozca el uso del espacio público y el arte callejero, entendido como una expresión que vive en las comunidades, en la cultura popular y que hasta hoy no ha sido reconocida, sino criminalizada”, agregó. 

La discusión sobre los derechos culturales era un debate largamente esperado por las y los trabajadores de la cultura, las artes y el patrimonio, ya que desde que se instaló el organismo, las organizaciones vieron con preocupación cómo las demandas del sector iban quedando en un segundo y tercer plano.  

Felipe Glaría, integrante del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Independientes de las Artes Musicales de Concepción (SITAMCO), organización cuya iniciativa popular de norma no alcanzó los 15 mil apoyos en el proceso de participación ciudadana, pero que posteriormente fue presentada como iniciativa constituyente, se manifestó optimista respecto de la consignación de los derechos culturales en la nueva Constitución.

“Lo que está en el Artículo 12 ya viene a ser mejor que lo que tenemos actualmente, o sea, ya estamos hablando de garantías. Entonces, el Estado nos va a garantizar algunas cosas como artistas y eso no deja de ser bueno. Lo que sí, nosotros planteamos en nuestra iniciativa y, creo que sería bueno ver, cuáles son las herramientas, los recursos constitucionales con los cuales va a contar la ciudadanía para exigir esa garantía y demandar cuando no se cumpla”, dijo. 

“Porque si queda como garantía y no tenemos cómo ejercer nuestra garantía propiamente tal, entonces, lamentablemente, termina sólo quedando como una linda prosa poética. Eso es lo que estamos tratando de incidir todavía para que quede escrito en alguna parte de la Constitución”, agregó. 

Durante las próximas semanas, también podrían sumarse nuevos artículos vinculados a los derechos y deberes del Estado frente al desarrollo de las culturas, las artes y los patrimonios. Las normas que fueron rechazadas en particular y que regresaron a la Comisión de Sistemas de Conocimientos están siendo objeto de indicaciones, por lo que bien podrían llegar al borrador del texto constitucional. Lo cierto, es que el texto se encamina a reconocer, como nunca antes, los derechos culturales en nuestro país. Se trata, en definitiva, de un cambio notorio, ya que la Constitución del 80 apenas mencionaba la palabra cultura en su articulado.