La Comisión Chilena de Derechos Humanos presentó nuevos antecedentes ante la Corte Penal Internacional que pide sean considerados en la denuncia contra varias autoridades y exautoridades del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, por las que califica como graves violaciones a los derechos fundamentales cometidos en el marco del estallido social iniciado en octubre de 2019.
La entidad ingresó los antecedentes dados a conocer en el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2021 que elaboró el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, el Informe Mundial 2022: Chile (Eventos de 2021) de Humans Rights Watch; el Informe Situación de Derechos Humanos en Chile 2022 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y el Informe Jurídico Responsabilidad Penal por Omisión de los mandos con ocasión de los crímenes cometidos durante el Estallido Social de Amnistía Internacional.
Según sostuvo la CCHDC “estos informes y antecedentes son insumos relevantes e ineludibles respecto a establecer la responsabilidad de las autoridades respecto de la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Chile”.
Asimismo, mencionó que “en específico, tanto la acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick y el informe de Amnistía Internacional, permiten tener por establecidos que las graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los Derechos Humanos, fueron parte de una política de Estado, cuyos actos de represión han tenido por finalidad castigar y desincentivar a la población civil que ejerce su legítimo derecho a la protesta”.
En esa línea, la institución detalló que la acusación constitucional “señala expresamente que existió claramente un ‘patrón de comportamiento por parte de las fuerzas policiales, en especial, de Carabineros de Chile en la represión de la protesta social que se vive en Chile desde el 17 de octubre (de 2019) y que constituye claramente un uso excesivo, abusivo y desproporcionado de la fuerza pública que ha tenido por objeto dañar generalizadamente a la población civil’”.
“Por su parte, el informe de Amnistía Internacional apunta a que “los hechos referidos anteriormente dan cuenta de un clima organizacional que promovió y posibilitó los diversos crímenes cometidos con ocasión del estallido social. Los mismos, no pueden sólo explicarse por la libre y espontánea iniciativa de sus agentes, considerados como individuos, sino que se explican en un contexto más amplio, respondiendo a un cierto clima instaurado en la organización al cual contribuyeron especialmente las autoridades.”, agregó.
Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos, como parte denunciante, expresó que “cree firmemente que los informes acompañados contienen material relevante que permite tener por establecido que las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas contra las personas manifestantes en el contexto de las protestas sociales en Chile de 2019, constituyen efectivamente un ataque dirigido contra la población civil, que se ejecutaron de conformidad con una política del Estado para cometerlos, política que ha sido reconocida y sancionada por un Poder del Estado, con total independencia del gobierno, como lo es el Poder Legislativo, y que esta política se ha mantenido en el tiempo para asegurar la impunidad de dichos agentes estatales, sobre todo de los jefes civiles y militares”.
La acusación de la Comisión Chilena de DD.HH. es en contra del actual Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique; el actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado y sus antecesores en el cargo, Víctor Pérez, Gonzalo Blumel y Andrés Chadwik; el exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla; los exministros de Defensa Alberto Espina y Mario Desbordes; el actual subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; el exgeneral director de Carabineros Mario Rozas y su sucesor en el cargo, Ricardo Yáñez; y el exintendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.
A todos se les acusa de “la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad consistentes en la Acusación Constitucional llevada adelante por el Congreso Nacional Chileno contra el ex Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick Piñera”.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos presentó nuevos antecedentes ante la Corte Penal Internacional que pide sean considerados en la denuncia contra varias autoridades y exautoridades del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, por las que califica como graves violaciones a los derechos fundamentales cometidos en el marco del estallido social iniciado en octubre de 2019.
La entidad ingresó los antecedentes dados a conocer en el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2021 que elaboró el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, el Informe Mundial 2022: Chile (Eventos de 2021) de Humans Rights Watch; el Informe Situación de Derechos Humanos en Chile 2022 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y el Informe Jurídico Responsabilidad Penal por Omisión de los mandos con ocasión de los crímenes cometidos durante el Estallido Social de Amnistía Internacional.
Según sostuvo la CCHDC “estos informes y antecedentes son insumos relevantes e ineludibles respecto a establecer la responsabilidad de las autoridades respecto de la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Chile”.
Asimismo, mencionó que “en específico, tanto la acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick y el informe de Amnistía Internacional, permiten tener por establecidos que las graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los Derechos Humanos, fueron parte de una política de Estado, cuyos actos de represión han tenido por finalidad castigar y desincentivar a la población civil que ejerce su legítimo derecho a la protesta”.
En esa línea, la institución detalló que la acusación constitucional “señala expresamente que existió claramente un ‘patrón de comportamiento por parte de las fuerzas policiales, en especial, de Carabineros de Chile en la represión de la protesta social que se vive en Chile desde el 17 de octubre (de 2019) y que constituye claramente un uso excesivo, abusivo y desproporcionado de la fuerza pública que ha tenido por objeto dañar generalizadamente a la población civil’”.
“Por su parte, el informe de Amnistía Internacional apunta a que “los hechos referidos anteriormente dan cuenta de un clima organizacional que promovió y posibilitó los diversos crímenes cometidos con ocasión del estallido social. Los mismos, no pueden sólo explicarse por la libre y espontánea iniciativa de sus agentes, considerados como individuos, sino que se explican en un contexto más amplio, respondiendo a un cierto clima instaurado en la organización al cual contribuyeron especialmente las autoridades.”, agregó.
Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos, como parte denunciante, expresó que “cree firmemente que los informes acompañados contienen material relevante que permite tener por establecido que las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas contra las personas manifestantes en el contexto de las protestas sociales en Chile de 2019, constituyen efectivamente un ataque dirigido contra la población civil, que se ejecutaron de conformidad con una política del Estado para cometerlos, política que ha sido reconocida y sancionada por un Poder del Estado, con total independencia del gobierno, como lo es el Poder Legislativo, y que esta política se ha mantenido en el tiempo para asegurar la impunidad de dichos agentes estatales, sobre todo de los jefes civiles y militares”.
La acusación de la Comisión Chilena de DD.HH. es en contra del actual Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique; el actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado y sus antecesores en el cargo, Víctor Pérez, Gonzalo Blumel y Andrés Chadwik; el exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla; los exministros de Defensa Alberto Espina y Mario Desbordes; el actual subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; el exgeneral director de Carabineros Mario Rozas y su sucesor en el cargo, Ricardo Yáñez; y el exintendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.
A todos se les acusa de “la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad consistentes en la Acusación Constitucional llevada adelante por el Congreso Nacional Chileno contra el ex Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick Piñera”.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos presentó nuevos antecedentes ante la Corte Penal Internacional que pide sean considerados en la denuncia contra varias autoridades y exautoridades del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, por las que califica como graves violaciones a los derechos fundamentales cometidos en el marco del estallido social iniciado en octubre de 2019.
La entidad ingresó los antecedentes dados a conocer en el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2021 que elaboró el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, el Informe Mundial 2022: Chile (Eventos de 2021) de Humans Rights Watch; el Informe Situación de Derechos Humanos en Chile 2022 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y el Informe Jurídico Responsabilidad Penal por Omisión de los mandos con ocasión de los crímenes cometidos durante el Estallido Social de Amnistía Internacional.
Según sostuvo la CCHDC “estos informes y antecedentes son insumos relevantes e ineludibles respecto a establecer la responsabilidad de las autoridades respecto de la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Chile”.
Asimismo, mencionó que “en específico, tanto la acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick y el informe de Amnistía Internacional, permiten tener por establecidos que las graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los Derechos Humanos, fueron parte de una política de Estado, cuyos actos de represión han tenido por finalidad castigar y desincentivar a la población civil que ejerce su legítimo derecho a la protesta”.
En esa línea, la institución detalló que la acusación constitucional “señala expresamente que existió claramente un ‘patrón de comportamiento por parte de las fuerzas policiales, en especial, de Carabineros de Chile en la represión de la protesta social que se vive en Chile desde el 17 de octubre (de 2019) y que constituye claramente un uso excesivo, abusivo y desproporcionado de la fuerza pública que ha tenido por objeto dañar generalizadamente a la población civil’”.
“Por su parte, el informe de Amnistía Internacional apunta a que “los hechos referidos anteriormente dan cuenta de un clima organizacional que promovió y posibilitó los diversos crímenes cometidos con ocasión del estallido social. Los mismos, no pueden sólo explicarse por la libre y espontánea iniciativa de sus agentes, considerados como individuos, sino que se explican en un contexto más amplio, respondiendo a un cierto clima instaurado en la organización al cual contribuyeron especialmente las autoridades.”, agregó.
Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos, como parte denunciante, expresó que “cree firmemente que los informes acompañados contienen material relevante que permite tener por establecido que las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas contra las personas manifestantes en el contexto de las protestas sociales en Chile de 2019, constituyen efectivamente un ataque dirigido contra la población civil, que se ejecutaron de conformidad con una política del Estado para cometerlos, política que ha sido reconocida y sancionada por un Poder del Estado, con total independencia del gobierno, como lo es el Poder Legislativo, y que esta política se ha mantenido en el tiempo para asegurar la impunidad de dichos agentes estatales, sobre todo de los jefes civiles y militares”.
La acusación de la Comisión Chilena de DD.HH. es en contra del actual Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique; el actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado y sus antecesores en el cargo, Víctor Pérez, Gonzalo Blumel y Andrés Chadwik; el exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla; los exministros de Defensa Alberto Espina y Mario Desbordes; el actual subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; el exgeneral director de Carabineros Mario Rozas y su sucesor en el cargo, Ricardo Yáñez; y el exintendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.
A todos se les acusa de “la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad consistentes en la Acusación Constitucional llevada adelante por el Congreso Nacional Chileno contra el ex Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick Piñera”.
Desde el estallido social de octubre de 2019 hasta la fecha, son más de 400 las víctimas de trauma ocular producidos por disparos de funcionarios de Carabineros. Foto: Reuters. 
