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Año XIV, 30 de junio de 2022

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José Gabriel Palma: “Ningún país que se respete debería aceptar que un conglomerado internacional lleve al Estado ante un tribunal de fantasía”

El académico de la Universidad de Cambridge se refirió al debate en torno a la nacionalización del cobre en la Convención Constitucional y apuntó a que la instancia deje establecido que sea inconstitucional permitir que los tratados establezcan la posibilidad de resolver las controversias con privados en tribunales internacionales.

Diario UChile

  Miércoles 9 de marzo 2022 12:02 hrs. 
Palma

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En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor en ciencia económica y política y académico de las universidades de Cambridge y de Santiago, José Gabriel Palma, se refirió al debate respecto de la nacionalización de los recursos mineros que se ha dado al interior de la Convención Constitucional.

Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de la supuesta inviabilidad de la nacionalización del cobre, el académico respondió que “incluso con los tratados comerciales y de otro tipo que Chile ya ha firmado y que dicen que si se nacionaliza algo en Chile, el conglomerado tiene derecho de llevar a nuestro país a las cortes internacionales para fijar compensación, incluso con esos tratados es totalmente legal, si el único punto es cuál es el precio”.

El doctor en ciencias económicas explicó que “ninguno de esos tratados, ninguna de esas cortes o acuerdos dicen que Chile no puede hacerlo, el tema es cuánto cuesta“, agregó .

Palma profundizó en la idea y sostuvo que “en el peor de los escenarios se podría. Si se aprueba este artículo en la nueva constitución, solo confirmaría lo que ya existe hoy. La constitución de hoy, por ilegítima y tramposa que sea, señala que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, eso lo decía la constitución anterior al ’80 y fue de las pocas cosas que la constitución del ’80 rescató”.

En ese sentido, el académico explica que “lo que pasa es que con la manga se borró lo que se escribió con la mano porque ya en el año ’81 José Piñera sacó la famosa ley de las concesiones plenas y con una ley ordinaria contradecía a la constitución. En el fondo, hoy día somos dueños de iure pero no de facto, entonces, lo que haría la nueva constitución, si es que se aprueba por el pleno y el plebiscito de salida, es que ahora pasaríamos a ser dueños de verdad, no solo en el papel y esa es una decisión que es importante respecto de lo que viene después, porque una cosa es lo que diga la constitución y otra implementar”.

Respecto de lo último, José Gabriel Palma plantea dos alternativas: “renacionalizar de verdad o hacer lo que hizo Balmaceda, ya que no pudo nacionalizar, le puso un royalty al salitre equivalente a un tercio del valor de las ventas y con eso cuadruplicó la inversión pública, octuplicó la inversión educacional, o sea, no solamente cobró royalty, también lo usó de forma productiva que eso es algo fundamental”.

El académico de la Universidad de Cambridge profundizó también en la idea de renacionalizar los recursos y puntualizó que “hay dos criterios para pagar: uno el stock de capital, que es el único criterio lógico. Si las minas son nuestras, si el cobre que está en la roca es nuestro, no vamos a pagar por el cobre que está en la roca, o sea, no vamos a pagar por el yacimiento. Tenemos que pagar por el stock de capital que tienen las mineras”.

Al respecto, Palma agregó que “los últimos cálculos que existen es que ese stock de capital hoy día son, más o menos, 31 mil millones de dólares. Usted me dirá ‘esa es mucha plata’ pero claro hay que acordarse que las ganancias de las mineras el año pasado fueron 27 mil millones de dólares, o sea, con un año de producción habría el 90% de los recursos para pagar el total de la renacionalización del cobre”.

Palma también abordó el problema de que este tema llegue a tribunales internacionales y al respecto sostuvo que “estas son cortes donde las multinacionales son jueces y parte porque ellos nombran a uno de los tres jueces que están envueltos. Yo las llamo cortes de fantasía que inventaron las multinacionales porque tienen muchas más probabilidades de ganar ahí que en la Corte Suprema chilena, porque en estas cortes generalmente hay tres jueces: uno nombrado por las mineras, otro por el Estado y el tercero que debe ser en acuerdo, entonces las mineras tendrían un juez y derecho a veto del segundo”.

“El problema es qué hacemos si estas mineras nos llevan a las cortes internacionales y estas cortes, contra toda lógica, dicen que hay que pagar el valor de bolsa. Hoy Antofagasta Minerals en la Bolsa de Londres está avaluado en 20 mil millones de dólares y ¿por qué vale 20 mil? Simplemente porque en ese precio se calcula que van a seguir recibiendo gratis todo el cobre que está en la roca, pero si fuese el día de mañana un precio de mercado que tome en serio que el mineral es nuestro y no de ellos, ahí el valor de mercado será mucho más razonable”, agregó el académico.

Respecto de la deliberación que se da en la Convención Constitucional sobre cómo avanzar en mayores niveles de soberanía, José Gabriel Palma apuntó a que “desde el punto de vista de la soberanía, tan importante como el hecho de que nosotros somos los dueños del recurso natural, está el hecho de que ningún país que se respete debería aceptar que un conglomerado internacional y conglomerados chilenos internacionalizados, lleven al Estado chileno a una corte internacional de fantasía, eso debería ser ilegal“.

“Nosotros tenemos cortes serias, no hay ninguna razón para que esos litigios salgan de Chile y vayan a cortes internacionales, por lo tanto, lo que la Convención tiene que hacer si tiene ganas de que esto sea cierto es, por un lado, hacer la renacionalización y segundo decir que estas cortes son inconstitucionales, por lo tanto, si quieren TPP deben sacar eso del tratado”, agregó.

El académico identificó un problema adicional y es el lobby que han ejercido las mineras en el Congreso Nacional. “Estamos como en un sándwich donde, por un lado, tenemos las cortes internacionales y por el otro un sistema político en el que las mineras son tan poderosas, con tanta capacidad de lobby, tanta capacidad de corrupción y de manipular las políticas públicas que para aprobar un royalty de verdad tampoco va a ser fácil“, comentó.

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