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Año XIV, 17 de agosto de 2022

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Proceso Constituyente

Agenda Constituyente: “Las primeras normas constitucionales”

Columna de opinión por Claudio Nash
Jueves 10 de marzo 2022 12:22 hrs.


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desde el 14 de febrero y hasta el 22 de abril, está contemplado el proceso de deliberación y decisión constitucional que consiste en un continuo diálogo entre las 7 comisiones de la Convención Constitucional y el Pleno como su máximo órgano decisorio.


Previamente en Agenda Constituyente

“Agenda Constituyente” es un espacio pensado para dar seguimiento al trabajo de la Convención Constitucional (CC). Este proyecto intercala sesiones a través de la radio (lunes 07:40 hrs) cuyas entregas pueden revisarse en mi cuenta YouTube y columnas de opinión como las que usted tiene a la vista en estos momentos, publicadas en https://radio.uchile.cl/opiniones/

En nuestra columna anterior dimos cuenta de los principales temas a los que debemos prestar atención en el debate constituyente. En esta entrega vamos a revisar algunas de las primeras decisiones que se han ido tomando en el proceso de deliberación constitucional.

Recordemos que, desde el 14 de febrero y hasta el 22 de abril, está contemplado el proceso de deliberación y decisión constitucional que consiste en un continuo diálogo entre las 7 comisiones de la Convención Constitucional y el Pleno como su máximo órgano decisorio. Así, las comisiones van entregando sus informes al Pleno y este decide en dos etapas: una primera, donde se aprueba o rechaza las ideas generales propuestas por la comisión sobre un determinado tema; la segunda, donde se discute la redacción específica de los artículos constitucionales que concretan las ideas generales ya aprobadas. En caso de rechazarse la idea general o la redacción particular, el texto vuelve a la comisión para que esta, en un plazo de 15 días, se ponga de acuerdo en un informe de reemplazo. Si el pleno no alcanza los 2/3 (103 votos), se entiende rechazada la propuesta de la comisión; en cambio, si el pleno acepta la norma, esta pasa a integrar la propuesta constitucional que será sometida al plebiscito de salida.

Debemos tener presente que durante mayo y junio se formará una comisión de armonización (integrada por 40 convencionales constituyentes), la que se encargará de revisar el texto, darle coherencia y evitar contradicciones. El texto armonizado debe ser aprobado por el pleno.

Comisión Sistemas de Justicia

El primer informe que conoció el Pleno fue el emitido por la Comisión de Sistemas de Justicia. Esta comisión tiene como uno de sus deberes centrales diseñar la forma en que se administrará la justicia en Chile y establecer los mecanismos de protección de los derechos humanos (procesales y orgánicos).

En su primer informe, la Comisión hizo una propuesta general sobre la forma en que se debe organizar la administración de justicia. La norma básica sobre función jurisdicción aprobada establece:

“La jurisdicción es una función pública que se ejerce en nombre de los pueblos y que consiste en conocer y juzgar, por medio de un debido proceso los conflictos de relevancia jurídica y hacer ejecutar lo resuelto, de conformidad a la Constitución y las leyes, así como los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte”.

También, se fijaron las características de la función jurisdiccional: independencia, imparcialidad y exclusividad. Asimismo, se consagraron los principios generales, como acceso a la justicia, tutela jurisdiccional efectiva, inexcusabilidad e indelegabilidad, ejecución de las resoluciones, fundamentación y lenguaje claro, gratuidad, responsabilidad jurisdiccional, publicidad, probidad y transparencia, justicia abierta, paridad y perspectiva de género, plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad y se estableció el deber de contar con mecanismos colaborativos de resolución de conflictos.

Algunos de temas son los propios de cualquier organización de la administración de justicia, pero también hubo algunas materias que encendieron una discusión más intensa. Sin duda, el principal debate ha estado vinculado con el pluralismo jurídico. Establecer este principio en materia de administración de justicia es la consecuencia lógica de reconocer al Estado de Chile como uno plurinacional. Este es, probablemente, el cambio más profundo que nos legará la Convención Constitucional ya que no solo será una declaración general, sino que tendrá consecuencias en distintos ámbitos y el diseño del sistema de justicia no podía quedar al margen de dicho proceso. Así, establecer el principio de pluralismo jurídico implica concebir la administración de justicia como un espacio diverso, donde conviven el sistema general de justicia con uno particular de los pueblos indígenas. Una convivencia entre iguales que deberá ser coordinada en las futuras decisiones de la Convención y en la ley. Este diseño busca generar condiciones de igualdad que hasta hoy no existían en Chile y así nos ponemos al día en diseños de justicia propios de sociedades plurales (Estados Unidos, Nueva Zelanda, Colombia, Bolivia, entre otros).

La norma sobre pluralismo jurídico aprobada señala:

“El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establece esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. La ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales”.

Un segundo debate estuvo centrado en el tema del enfoque de género. Aquí se vuelve a hacer evidente el impacto de la paridad en la Convención. Visibilizar la histórica discriminación de las mujeres a través de un mito de neutralidad de la ley que ha servido para sustentar un sistema patriarcal de justicia ha sido el primer paso para repensar la justicia. Por ello, la perspectiva de género es un enfoque que permite visibilizar esas diferencias de trato a través de modelos culturales excluyentes y discriminadores que requieren de una corrección. Esa corrección es el enfoque o perspectiva de género. En ningún caso estamos ante un sistema que establezca un privilegio, sino que ante un principio que busca establecer condiciones de igualdad entre géneros a la hora de acceder a la justicia.

Comisión Forma de Estado

Esta comisión tiene por misión diseñar la organización territorial del Estado. Aquí son dos los modelos que tradicionalmente están en disputa, por una parte el modelo unitario fuertemente centralizado que ha regido en Chile y, por otro, el sistema federal con estados autónomos y un gobierno central más débil.

El primer informe de la Comisión Forma de Estado hizo una propuesta intermedia que denominó “estado regional”. La principal característica de este modelo es que se mantiene la idea de un Estado Unitario (no federal), pero con una fuerte autonomía de las regiones. Esto marca un profundo cambio en la realidad chilena y abre paso a satisfacer una demanda histórica de las regiones.

La primera norma aprobada dispone:

“Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado.

“El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales”.

La clave del nuevo modelo está en las autonomías regionales, comunales y de los territorios indígenas. Dicha autonomía debe concordarse con el interés colectivo y con los límites que establezca la Constitución, la ley y los derechos humanos y de la naturaleza.

El gobierno regional estará constituido por el Gobernador Regional (electo por votación general), un consejo de alcaldes (órgano consultivo) y una Asamblea Regional (órgano fiscalizador). Gran debate se dio en torno a la Asamblea general y sus atribuciones, finalmente, se descartó dotarla de atribuciones legislativas, quedando estas radicadas exclusivamente en el Congreso.

Comisión Sistemas de Conocimientos

La Comisión sobre Sistemas de Conocimientos y Culturas es una novedad y fue impulsada por constituyentes provenientes del mundo científico y de la cultura. Obviamente, tiene un campo de trabajo que se topa con otras comisiones, particularmente, con la de derechos fundamentales y eso obliga a ser cuidadosos con las duplicidades, lagunas e incoherencias.

El primer informe de esta comisión ya da cuenta de esta superposición. En el informe aprobado se encuentran normas sobre el derecho de rectificación, derechos digitales y acceso a servicios básicos de comunicación, entre otros. Asimismo, se probó una importante norma relativa al deber del Estado de “promover, fomentar y garantizar” el desarrollo y difusión de las culturas, las artes y los conocimientos. Además, se establece que se debe atender a la diversidad cultural bajo los principios de colaboración e interculturalidad. Estas últimas materias son propias del debate sobre los principios constitucionales.

No hay duda alguna que estas son decisiones centrales, pero que será necesario armonizar con lo que en materias similares resuelva la comisión de derechos fundamentales y la de principios constitucionales.

Comisión Medio Ambiente

La Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, trata sobre una diversidad de materias y varias de ellas muy polémicas (como modelo económico y constitución).

El primer informe de esta comisión ha constituido uno de los mayores tropiezos, hasta ahora, en el proceso de deliberación. La Comisión presentó un informe centrado en los derechos de la naturaleza, que incluía temas como el de la crisis climática. El informe contaba con 38 artículos permanentes y dos normas transitorias. De estas, ninguna norma logró los 2/3 (varias ni siquiera lograron el 50%); solo 6 fueron aprobadas en general, pero rechazadas en su redacción particular. Un verdadero desastre.

No hay duda de que la Constituyente tiene una oportunidad histórica de avanzar en una Constitución donde los temas medioambientales sean un eje central; ya lo hemos dicho, este puede ser uno de los aportes sustantivos de la constituyente chilena a los procesos constitucionales comparados. Sin embargo, si la comisión no se da cuenta que está escribiendo una constitución y no la declaración de principios de una ONG medioambiental, esa oportunidad puede perderse.

Algunas lecciones de estas primeras discusiones

El debate constitucional ya está en desarrollo. Lo primero que nos debe llamar la atención es la capacidad para llegar a amplios consensos en la Convención. Este era un tema que generaba muchas dudas -si se alcanzarían los míticos 2/3 en el Pleno- pero que les constituyentes han demostrado que sí era posible aprobar normas por amplias mayorías luego de un proceso de deliberación con plenas garantías para todos los sectores representados en la Convención. Alguien puede sentirse apenado porque sus ideas no logran mayoría, pero nadie puede alegar –sin faltar a la verdad- que ha sido marginado del debate constituyente.

Segundo, que el Pleno está filtrando las propuestas de las comisiones, rechazando aquellas que están mal fundadas, mal redactadas o que no representan altos consensos. Esta es una buena noticia para la legitimidad del debate constituyente.

Tercero, los medios tradicionales siguen en su campaña de desprestigio, resaltando los problemas y tropiezos y omitiendo los acuerdos. Sin duda que los sectores que ven amenazados sus privilegios son quienes más reclaman, pero eso era esperable. Lo importante es que la ciudadanía siga atenta al proceso y no se deje engañar.

Cierto, se está cumpliendo la promesa del proceso constituyente y es que se iba a revisar a fondo la organización del poder en Chile y que este iba a ser redistribuido. Los temas aprobados en materia de forma del Estado y sistemas de justicia, dan cuenta de esta reconfiguración del poder.

¿Qué viene ahora?

Lo primero es que las comisiones que entregaron sus informes deben revisarlas las normas rechazadas en general o en particular y preparar los informes de reemplazo (la comisión de medioambiente tiene un gran trabajo).

Por otra parte, el Pleno tiene que discutir los informes de las comisiones aún pendientes: sistema político, principios constitucionales y derechos fundamentales.

Las discusiones interesantes en esta etapa estarán centradas en las comisiones sobre sistema político y principios constitucionales. En la de sistema político viene una intensa discusión sobre el sistema de gobierno (presidencial parlamentario, mixto, etc.) y en la de principio constitucionales el tema de la plurinacionalidad y la soberanía del Estado.

Santiago, 09 de marzo de 2022

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.