A través de diversos testimonios, hemos conocido que la agresión sufrida ayer por el convencional Marcos Barraza, perpetrada por una integrante de un grupo autodenominado Provida, no es la excepción, sino que forma parte de un acoso ilegítimo y constante que estas personas apostadas en las afueras del edificio constituyente perpetran contra convencionales, periodistas y funcionarios del órgano. La agresora, Helcia Briones, había estado un rato antes en un acto donde participaron militantes del Partido Republicano y en donde se portaban carteles del Rechazo.
Aunque no sea necesario decirlo, preventivamente señalaremos que oponerse a la propuesta de nueva constitución es una opción democrática tan legítima como la contraria y que si la agresión hubiera sido realizada por un partidario del Apruebo, la gravedad del hecho (un delito, para mayor precisión) sería la misma. Sentado esto, la hostilidad que se expresa en las afueras de la Convención es consistente con una campaña muy agresiva en contra del proceso constituyente, que de manera más sutil se expresa en la animadversión de medios y periodistas contra las ideas del Apruebo, y que, de modo más brutal, se manifiesta en los constantes insultos y amenazas hacia algunos constituyentes, especialmente mujeres.
Aunque lo recién descrito no sea aceptable, sí tiene explicación porque la remoción de estructuras y la afectación de intereses suele producir reacciones violentas. Aquello no depende de si la Convención lo hace mejor o peor o de si se comunica bien el trabajo realizado, asuntos que pueden ser analizados en su propio mérito. Porque, independientemente de ello, es el orden de privilegios a una pequeña minoría propiciada por la Constitución de 1980 el que se niega a morir. Es el grupo que, gracias a la carta fundamental escrita entre cuatro paredes en dictadura, ha ostentado la explotación y sobrexplotación del capital natural del país; ha lucrado con derechos consagrados universalmente como la salud, la previsión y la educación; ha acumulado fortunas ante un Estado raquítico e incapaz de cautelar el bien común; y se ha hecho del control de los medios de comunicación, para tratar de que el resto piense como los privilegiados, sin serlo. Evidentemente, Helcia Briones es un ejemplo de lo recién señalado.
Más allá de los errores que pueda cometer la Convención y sus falencias comunicacionales, no debe olvidarse la inmensa valía que tiene que, por primera vez, quienes redactan la propuesta de nueva Carta Fundamental hayan sido elegidos por el Pueblo, en donde además por primera vez una institución representativa ostenta plena paridad. Por si fuera poco, la aprobación de los artículos requiere consensos amplios, al poner la vara en los dos tercios de los integrantes de la Plenaria. Y se requiriera aún más control ciudadano, será nuevamente el Pueblo el que apruebe o rechace lo que se proponga. Es prácticamente imposible que un proceso constituyente dé más garantías al estándar democrático que éste.
Así las cosas, la agresión al convencional Barraza da la oportunidad para reivindicar la participación democrática e informada en el proceso -la única posibilidad de que la opinión propia sea soberana-, lo cual está en las antípodas de la violencia, el amedrentamiento y la campaña del terror.
