En el marco de la votación en particular del primer informe de la comisión de Derechos Fundamentales fue que este martes el pleno de la Convención aprobó la norma que permite la interrupción voluntaria del embarazo.
El debate en la instancia estuvo marcado por el cruce de posturas respecto de los derechos sexuales y reproductivos, cuyas propuestas abordan tanto la titularidad de estos (Art.16) como la Educación Sexual Integral (Art.17).
Por 113 votos a favor, 35 en contra y 4 abstenciones se visó el primer inciso del Artículo 16, que establece que “todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción”.
También se aprobó por 108 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones el inciso segundo del artículo que señala que “el Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones”.
En tanto, por 106 votos a favor, 39 en contra y 8 abstenciones se aprobó el Artículo 17, que menciona que “todas las personas tienen derecho a recibir una Educación Sexual Integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad; la responsabilidad sexo-afectiva; la autonomía, el autocuidado y el consentimiento; el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad; que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual”.
Tras este resultado, la convencional y coordinadora de la comisión de Derechos Fundamentales, Janis Meneses, expresó que “es un día histórico para nuestro país. Compañeras, hemos cumplido nuestro mandato. La Convención Constitucional ha aprobado la interrupción voluntaria del embarazo y ha pasado a la propuesta de texto constitucional”.
En esa línea, sostuvo que “sabemos que es una de las luchas feministas que nos ha impulsado a este proceso y por supuesto este va a ser un gran motivo para aprobar la nueva Constitución”.
Posterior al término de la votación, la convencional añadió que “pudimos ver que la Convención Constitucional en su conjunto recoge las demandas históricas de los movimientos sociales, de la ciudadanía. Vimos que hay propuestas ya en nuestro nuevo texto respecto de Derechos Fundamentales y queremos dar este énfasis, de este avance sustantivo, a pesar de todo el trabajo que ha significado, que hemos logrado”.
Además, Meneses descartó una supuesta contradicción por la aprobación del derecho al aborto y del derecho a la vida, expresando que en el primero “lo importante de esa norma tiene que ver con que apunta a que ya no sea penalizado el aborto en nuestro país y que el Estado toma un rol preponderante en términos de la provisión de este derecho fundamental”.
En cuanto al segundo, señaló que “es complementaria, va en la misma línea, apunta a que todas las personas tenemos derecho a la vida y que nadie va a poder ser sometido a torturas en nuestro país”, aseveró.
En el marco de la votación en particular del primer informe de la comisión de Derechos Fundamentales fue que este martes el pleno de la Convención aprobó la norma que permite la interrupción voluntaria del embarazo.
El debate en la instancia estuvo marcado por el cruce de posturas respecto de los derechos sexuales y reproductivos, cuyas propuestas abordan tanto la titularidad de estos (Art.16) como la Educación Sexual Integral (Art.17).
Por 113 votos a favor, 35 en contra y 4 abstenciones se visó el primer inciso del Artículo 16, que establece que “todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción”.
También se aprobó por 108 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones el inciso segundo del artículo que señala que “el Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones”.
En tanto, por 106 votos a favor, 39 en contra y 8 abstenciones se aprobó el Artículo 17, que menciona que “todas las personas tienen derecho a recibir una Educación Sexual Integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad; la responsabilidad sexo-afectiva; la autonomía, el autocuidado y el consentimiento; el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad; que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual”.
Tras este resultado, la convencional y coordinadora de la comisión de Derechos Fundamentales, Janis Meneses, expresó que “es un día histórico para nuestro país. Compañeras, hemos cumplido nuestro mandato. La Convención Constitucional ha aprobado la interrupción voluntaria del embarazo y ha pasado a la propuesta de texto constitucional”.
En esa línea, sostuvo que “sabemos que es una de las luchas feministas que nos ha impulsado a este proceso y por supuesto este va a ser un gran motivo para aprobar la nueva Constitución”.
Posterior al término de la votación, la convencional añadió que “pudimos ver que la Convención Constitucional en su conjunto recoge las demandas históricas de los movimientos sociales, de la ciudadanía. Vimos que hay propuestas ya en nuestro nuevo texto respecto de Derechos Fundamentales y queremos dar este énfasis, de este avance sustantivo, a pesar de todo el trabajo que ha significado, que hemos logrado”.
Además, Meneses descartó una supuesta contradicción por la aprobación del derecho al aborto y del derecho a la vida, expresando que en el primero “lo importante de esa norma tiene que ver con que apunta a que ya no sea penalizado el aborto en nuestro país y que el Estado toma un rol preponderante en términos de la provisión de este derecho fundamental”.
En cuanto al segundo, señaló que “es complementaria, va en la misma línea, apunta a que todas las personas tenemos derecho a la vida y que nadie va a poder ser sometido a torturas en nuestro país”, aseveró.
En el marco de la votación en particular del primer informe de la comisión de Derechos Fundamentales fue que este martes el pleno de la Convención aprobó la norma que permite la interrupción voluntaria del embarazo.
El debate en la instancia estuvo marcado por el cruce de posturas respecto de los derechos sexuales y reproductivos, cuyas propuestas abordan tanto la titularidad de estos (Art.16) como la Educación Sexual Integral (Art.17).
Por 113 votos a favor, 35 en contra y 4 abstenciones se visó el primer inciso del Artículo 16, que establece que “todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción”.
También se aprobó por 108 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones el inciso segundo del artículo que señala que “el Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones”.
En tanto, por 106 votos a favor, 39 en contra y 8 abstenciones se aprobó el Artículo 17, que menciona que “todas las personas tienen derecho a recibir una Educación Sexual Integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad; la responsabilidad sexo-afectiva; la autonomía, el autocuidado y el consentimiento; el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad; que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual”.
Tras este resultado, la convencional y coordinadora de la comisión de Derechos Fundamentales, Janis Meneses, expresó que “es un día histórico para nuestro país. Compañeras, hemos cumplido nuestro mandato. La Convención Constitucional ha aprobado la interrupción voluntaria del embarazo y ha pasado a la propuesta de texto constitucional”.
En esa línea, sostuvo que “sabemos que es una de las luchas feministas que nos ha impulsado a este proceso y por supuesto este va a ser un gran motivo para aprobar la nueva Constitución”.
Posterior al término de la votación, la convencional añadió que “pudimos ver que la Convención Constitucional en su conjunto recoge las demandas históricas de los movimientos sociales, de la ciudadanía. Vimos que hay propuestas ya en nuestro nuevo texto respecto de Derechos Fundamentales y queremos dar este énfasis, de este avance sustantivo, a pesar de todo el trabajo que ha significado, que hemos logrado”.
Además, Meneses descartó una supuesta contradicción por la aprobación del derecho al aborto y del derecho a la vida, expresando que en el primero “lo importante de esa norma tiene que ver con que apunta a que ya no sea penalizado el aborto en nuestro país y que el Estado toma un rol preponderante en términos de la provisión de este derecho fundamental”.
En cuanto al segundo, señaló que “es complementaria, va en la misma línea, apunta a que todas las personas tenemos derecho a la vida y que nadie va a poder ser sometido a torturas en nuestro país”, aseveró.
