Diario y Radio Universidad Chile

Año XIV, 6 de julio de 2022

Escritorio

Organizaciones califican como un “triunfo” votación en particular de primer informe de Derechos Fundamentales

Dirigentes destacaron principalmente la aprobación de los derechos sexuales y reproductivos y la prohibición de la desaparición forzada. Esta última fue considerada incluso como una señal para las víctimas de la dictadura cívico-militar.

Natalia Palma

  Miércoles 16 de marzo 2022 14:38 hrs. 
convención pleno

Compartir en

Un total de 13 normas pasaron al borrador de la nueva Constitución, luego que ayer martes el pleno de la Convención votara en particular el primer informe de la comisión de Derechos Fundamentales.

Una de las materias que marcó la jornada y fue celebrada con aplausos en el hemiciclo fue la aprobación del Artículo 16 sobre titularidad de derechos sexuales y reproductivos, cuyo inciso segundo establece la interrupción voluntaria del embarazo.

Misma suerte tuvo el Artículo 17 que apunta a la Educación Sexual Integral, que alcanzó el quorum de 2/3 de los convencionales para quedar plasmada en el nuevo texto constitucional.

La vocera de la Coordinadora Feminista 8M, Pamela Valenzuela, expresó que “el 15 de marzo va a quedar consignado en la historia como un día en que dimos un salto de ‘gigantas’, porque hoy día tenemos la posibilidad real de que en el plebiscito de salida los derechos sexuales y reproductivos, el derecho humano de la interrupción voluntaria del embarazo de mujeres y personas gestantes estén consignados en nuestra Constitución. Eso no existe en ningún otro lugar del mundo”.

En esa línea, sostuvo que “eso es lo que ocurre cuando existe un proceso paritario impulsado por los pueblos, pese a todas las trabas y torniquetes que nos han puesto para poder llevar a cabo todo lo que nos ha movilizado desde décadas”, agregando que aquello además “abre el camino de que por fin volvamos a recuperar de una manera superlativamente superior el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”.

Sin embargo, en la sesión también destacó la aprobación de normas que contienen un fuerte significado político y simbólico, tales como el Artículo 24 sobre el derecho a la integridad personal, que establece que “toda persona tiene derecho a la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. Ninguna persona podrá ser sometida a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

También están el Artículo 25 sobre prohibición de la desaparición forzada y el Artículo 26 referente a la imprescriptibilidad y prohibición de la amnistía en casos de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, genocidio, crimen de agresión y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, sostuvo que “es una alegría muy grande no solamente para los familiares de las víctimas o las víctimas de la dictadura cívico-militar y hablo en concreto con lo que tiene que ver con la desaparición forzada, con la memoria, con la justicia que hayan sido aprobada”.

Asimismo, consideró que “no puede haber honorables personas que tengan sentimiento y corazón que estén contra estas normas. Para nosotros eso es realmente es un triunfo, un logro inmenso que tiene que ver con los tratados y convenios internacionales donde se reconoce que los Derechos Humanos son inherentes al ser humano”.

“Están dando señales de que nunca más quieren que se repitan estas violaciones como lo hizo el Gobierno de Sebastián Piñera (…) Esta es una señal especialmente creo para esos más de 900 familias que aún esperan encontrar los restos de sus seres queridos y darles una sepultura y ellos cerrar el duelo”, enfatizó Lira.

En tanto, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Nancy Yáñez, comentó que “esto es tal vez uno de los aspectos más relevantes aprobados porque implica un consenso que es fundamental para la convivencia democrática, que es precisamente el reconocimiento del derecho a la vida y constatar que hay acciones que son intolerables como principio mínimo de humanidad”.

Por ello, para la académica “una sociedad que se funda en el principio del respeto a la persona no puede aceptar, bajo ningún respecto, el que en definitiva el Estado se irrogue la prorrogativa de quitarle la vida a una persona o que se tolere en el marco de la convivencia democrática acciones como los tratos crueles, inhumanos o degradantes que lo que buscan denigrar a la persona para someterla”.

Síguenos en