La destrucción de la educación pública estuvo, y está, en el corazón del modelo de educación de mercado; modelo que es, sin duda, una de las bases culturales de la sociedad neoliberal, hoy en crisis. Este modelo fue impuesto a sangre y fuego durante la dictadura cívico militar, y lamentablemente, fue mantenido por los posteriores gobiernos civiles de los “30 años”.

La fundación de este modelo extremista de mercado, competencia y privatización, así como la destrucción de la educación pública (como parte central de este modelo) comienzan en los primeros años de la década de los ’80. En plena dictadura, en un escenario de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos, sin ningún debate público, los ideólogos del neoliberalismo impusieron este modelo sobre ideologizado, que nunca se había implementado, ni se implementó posteriormente, en ningún país del mundo.

Los pilares de la fundación del modelo, como se sabe, fueron tres. En primer lugar, la creación de la figura jurídica del “sostenedor educacional”, una especie de patrón de fundo que puede tomar decisiones sin contrapeso por ser “el dueño” de la institución. En segundo lugar, la creación de un nuevo modelo de financiamiento educativo, en el cual sostenedores privados y públicos compiten por la subvención del Estado, la que está asociada a la cantidad de estudiantes que tienen en sus escuelas. En tercer lugar, la redefinición (en la Constitución de 1980) del derecho a la educación como “derecho de los padres de educar a sus hijos” (artículo 19.10) y de la libertad de enseñanza como el derecho de “abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales” (artículo 19.11). Este último derecho (mal denominado “libertad de enseñanza”) además, fue objeto de garantía constitucional (artículo 20), lo que lo convierte en el derecho “educativo” más importante en el Chile actual, aún regido por la constitución del ‘80. Finalmente, la Constitución consagra el estado subsidiario y la obligación del Estado de financiar por igual a instituciones públicas y privadas, lo que se denomina “igualdad de trato” (artículo 19.22).

Ninguno de estos tres pilares ha sido implementado en otro país del mundo. Ninguno de estos tres pilares ha sido modificado (en lo esencial) en estos 30 años, durante los cuales, destacados personajes de la Concertación y la derecha asumieron la dirección y defensa de escuelas y universidades privadas con subvención estatal.

Como vemos, se trató de una transformación brutal, una verdadera revolución en favor de los sostenedores privados, que hizo trizas la tradición republicana de nuestro país y destruyó el sistema de educación pública. En el año 1980, el 80% de los niños, niñas y jóvenes asistía a escuelas públicas. Al terminar la dictadura, en 1989, este porcentaje bajó al 58%. Hoy, después de 30 años de gobiernos de concertación y derecha, este porcentaje es apenas de un 35%. Algo inédito en el mundo. En la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE (que incluye a los países llamados desarrollados) este porcentaje es cercano al 85%. En países que suelen ser citados como ejemplo de educación de calidad y equidad, el porcentaje de estudiantes en la educación pública es aún mayor. En Finlandia es cercano al 98% y en Alemania es aproximadamente el 96%. En Estados Unidos, el país ícono del mercado mundial, el porcentaje de estudiantes que asisten a escuelas públicas también es cercano al 96%. En Chile, insistimos, es apenas el 35%. Más de 800 escuelas públicas se han cerrado en estos 30 años. Una anomalía total a nivel mundial.

Pero la destrucción de la educación pública y la privatización en Chile fue más allá, aunque cueste creerlo. No solo obligaron a la educación pública a competir (desigualmente) con la privada por los recursos del Estado. Los gobiernos de los 30 años impusieron progresivamente modelos de estandarización educativa, rendición de cuentas y competencia, a todos los niveles, para instituciones privadas y públicas. Esto generó un fenómeno que los/as investigadores de la educación han denominado “privatización encubierta”: hacer que las escuelas públicas, las pocas que quedan, funcionen como si fueran escuelas privadas, mejor dicho, como si fueran empresas privadas.

¿Cuáles son las consecuencias de la implementación de este modelo de mercado, competencia y privatización educativa? Muchas. Un conocido informe de la OCDE sobre la educación chilena señaló que Chile era el único país del mundo que confiaba en el mercado y la competencia para mejorar su educación.

Los 40 años de implementación de este modelo han llevado a nuestra educación a una crisis profunda, en ella destacan tres aspectos. Una crisis de “calidad” de la educación en su sentido amplio: resultados estancados, condiciones mínimas que no se cumplen, maltrato hacia estudiantes y trabajadores/as de la educación, mal uso de recursos destinados a educación (para decirlo de una forma benevolente). Una crisis de sentidos de la educación: al no haber un proyecto educativo público que oriente el sistema en su conjunto, ha primado la lógica del mercado y el negocio, todo parece reducirse a competir por puntajes en pruebas como el SIMCE o la prueba de acceso a la educación superior. Una crisis de desigualdad y segregación socioeducativa, tal vez la crisis más vergonzosa de todas: la consolidación de una educación para ricos y una educación para pobres. El fin del tradicional encuentro de familias de distinto origen socioeconómico en la escuela pública. El citado informe de la OCDE dice textualmente que el sistema educativo chileno parece “conscientemente estructurado por clases sociales”. Tenemos uno de los sistemas educativos más segregadores del mundo.

Al centro de estas profundas crisis está la destrucción del sistema de educación pública. La educación pública fue destruida (en tanto sistema articulado), fue reducida a ser minoritaria, fue abandonada, desnaturalizada en su misión histórica de integración social, arrinconada a educar solo a los/as estudiantes más pobres del país.

¿Qué pierde un país sin un sistema fuerte de educación pública? Muchísimo. Tal vez Chile sea el único país en el que haya que explicarlo, en el resto del mundo es obvio, sea uno de derecha o de izquierda. Nombremos solo algunos elementos ampliamente compartidos en el mundo y en nuestra historia republicana como país.

Sin educación pública fuerte, como dijimos, no hay encuentro entre familias de diverso origen socioeconómico. En palabras de Valentín Letelier, una figura central en la educación chilena, “la escuela común es una institución esencialmente democratizadora […]. La escuela forma una república sujeta al régimen de la igualdad, república en que desaparecen las distinciones sociales de la fortuna y la sangre para no dejar subsistentes más que las de la virtud y el talento”. La escuela pública es la posibilidad de conocerse y valorarse en la diversidad para niños, niñas y jóvenes de distintos orígenes económicos y familiares.

Sin contar con un sistema articulado de educación pública, un país no es capaz de construir, ni implementar un proyecto educativo nacional propio, acorde con un modelo de desarrollo definido democráticamente. La educación pública es la que orienta el desarrollo de los sistemas educativos en su conjunto.

Sin una educación pública fuerte, los estados no podrían implementar, ni promover políticas de derechos sociales. Chile es un claro ejemplo de ello. Políticas como la prohibición de expulsar a estudiantes embarazadas o brindar educación sexual integral han sido resistidas tenazmente por los sostenedores privados, quienes apelan a su derecho de “abrir, organizar y mantener establecimientos educativos”.

Incluso la soberanía de un país corre peligro si no cuenta con un sistema fuerte de educación pública. Por ejemplo, en las actuales condiciones en Chile, nada impediría que un oligopolio con intereses específicos (privados)[i], que reciba donaciones de grupos económicos chilenos o extranjeros, sea dueño de todas las escuelas de una localidad.

Por último, los principios democráticos de la convivencia educativa corren peligro sin una educación pública fuerte. Durante estos 30 años los sostenedores privados han podido tomar decisiones sin contrapeso por parte de la autoridad pública, ni de las propias comunidades y familias. Expulsiones u hostigamientos a estudiantes que se movilizan, despidos de docentes sin justificación alguna más que las “necesidades de la empresa”, han sido recurrentes.

¿Necesitamos reconstruir la educación pública en Chile? Claramente la respuesta es sí, a menos que uno tenga intereses comprometidos para que ello no ocurra. La educación pública, en todo el mundo, es la garantía del cumplimiento cabal del derecho humano a la educación. La educación pública es indispensable para el desarrollo socioeconómico, científico y cultural de las naciones, para la democracia y la convivencia entre distintos grupos sociales. La educación pública hizo posible, en Chile, que dos personas de origen humilde ganaran los únicos premios Nobel de nuestro país (Gabriela Mistral y Pablo Neruda). Necesitamos reconstruir la educación pública para enfrentar la grave fractura social que el “estallido social” puso en evidencia.

La educación pública tiene un valor social superior a la educación privada. La educación pública tiene como propósito el bien común; el propósito de la educación privada, en primera instancia, es servir el interés de su dueño. La educación pública garantiza el derecho universal a la educación sin distinciones arbitrarias; la educación privada tiene como fin ofrecer un proyecto educativo particular. La educación pública es dirigida colectivamente hacia objetivos sociales, porque responde a autoridades públicas; la educación privada responde a los mandatos de su propietario, quien legítimamente puede perseguir otros objetivos. La educación pública está mandatada a ser una herramienta de igualdad y justicia social; la educación privada no está obligada a ello.

Por todo lo señalado, el Estado debe priorizar la educación pública, poniendo fin al estado subsidiario, a la “igualdad de trato” y a la educación de mercado.

¿Implica esto cerrar o prohibir las escuela privadas? Claramente no. Los particulares tienen derecho a generar proyectos educativos particulares. Las familias tienen derecho a que en cada localidad existan escuelas públicas que garanticen educación integral (y ese es un deber del Estado). Asimismo, tienen la libertad de optar por un proyecto particular si es su decisión. Eso es lo que señala el derecho internacional. Pero en ningún tratado internacional se establece una “igualdad de trato” por parte del Estado hacia instituciones públicas y privadas. Por eso aquello solo acontece en Chile.

¿Existen propuestas que apunten a la reconstrucción de la educación pública en el debate de la convención? Afortunadamente sí. Particularmente destacable es la Iniciativa Popular de Norma “Por el derecho a la educación: Construyendo un sistema plurinacional de educación pública estatal-comunitaria”[ii], la que fue presentada por cerca de treinta organizaciones educativas y fue apoyada públicamente por destacadas/os investigadores en educación [iii]. Esta iniciativa popular de norma busca reconstruir una educación pública para el siglo 21 en Chile, definiéndola como un sistema articulado y colaborativo en todos sus niveles, con un fuerte componente estatal en su garantía y provisión y con una plena participación de las comunidades educativas y territoriales en el ejercicio del derecho a la educación.

La educación pública estatal y comunitaria es la síntesis de las propuestas de movimientos que durante décadas han luchado por el derecho a la educación y que hoy se expresan en propuestas constitucionales que cuentan con solidez técnica y una indiscutible legitimidad ciudadana.

Esperemos que estas propuestas sean acogidas y que podamos enmendar el rumbo perdido, que tantos costos ha traído a niños, niñas y jóvenes, sus familias y a todo Chile. Hoy es el tiempo de una educación pública de excelencia para todos y todas, la ciudadanía no entendería razones para no avanzar en ello.

Dr. Rodrigo Cornejo. Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Investigador del Grupo de Trabajo “Políticas educativas y derecho a la educación en América Latina” (CLACSO) y del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH).

[i] https://opech.cl/el-poder-corporativo-en-el-debate-educativo-constitucional/

[ii] https://opech.cl/ipn-educacion-publica-estatal-comunitaria/

[iii] https://radio.uchile.cl/2022/02/16/academicas-y-academicos-expresan-su-apoyo-a-la-iniciativa-popular-de-norma-por-el-derecho-a-la-educacion/