En Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad lanzó un “Se Busca” para dar con el paradero de 22 acusados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar y ofreció recompensa por ellos: por los más buscados está dispuesto a pagar a quien entregue alguna pista que facilite su captura hasta cinco millones de pesos argentinos (unos 43.300 dólares), según el anuncio realizado en vísperas del 46 aniversario del golpe de Estado.
La Justicia argentina ha condenado a 1.058 individuos por crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1976 y 1983. Pero no basta, porque aún hay 20 juicios en curso, unos 50 juicios que aguardan fecha de inicio y más de una veintena de prófugos de la Justicia según el Ministerio Público Fiscal. Un largo camino por recorrer.
La tarea de hacer justicia a las víctimas se ha hecho cada vez más compleja y con el paso de los años la búsqueda se vuelve más y más difícil, siendo necesario “envejecer” las escasas fotografías que se dispone de los prófugos para tener al menos una noción de cómo deberían lucir actualmente. En algunas ocasiones ni siquiera se sabe si el acusado está vivo o ha fallecido. Un caso paradigmático fue el del ex marino Jorge Vildoza, acusado de torturas y de haberse apropiado de un recién nacido, Javier Penino Viñas, en la tenebrosa Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), sita en el barrio porteño de Núñez, el mayor centro clandestino de detención de la dictadura argentina.
Vildoza escapó del país por la frontera con Paraguay en 1986, junto a su esposa y al menor apropiado en un automóvil que pertenecía a la Inteligencia de la Armada. Pasó por Brasil y desde allí se desplazó por varios países europeos hasta llegar a Sudáfrica, donde se instaló. Su familia afirma que Vildoza murió en Johannesburgo en 2005 bajo una identidad falsa, y que fue cremado, pero como el acta de defunción fue falsificada, para la justicia argentina sigue prófugo.
En otros casos, la Justicia busca a acusados que ya estaban detenidos pero se escaparon. Por ejemplo, el militar Carlos Alberto Arroyo quien, en 2013, aprovechando el beneficio penitenciario de salida dominical que le había sido concedido, se fugó cuando estaba a punto de ser juzgado por el doble homicidio de Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo. Esta última estaba embarazada cuando integrantes del Ejército entraron en la vivienda donde se encontraba la pareja y los acribillaron. El cuerpo de Souto Castillo recibió más de 20 disparos y la familia tardó 15 años en dar con su paradero porque fue enterrada bajo el nombre falso de Delia Esther García.
No obstante, entre los más buscados figura el ex subcomisario de policía Emilio Alberto Rimoldi Fraga, acusado de haber participado junto a otros seis integrantes de esa fuerza en una cacería a lo largo de una noche de octubre de 1977 en la que secuestraron a tres personas y asesinaron a otras tres.
La mayoría de prófugos pertenecieron a las Fuerzas Armadas o de Seguridad, pero hay también civiles vinculados a ellas, los que actuaron como colaboradores o se involucraron directamente en los tormentos infligidos. Es el caso de los represores Eduardo Rebechi y Gabriel Jesús Isach, por quienes el Estado argentino ofrece también una recompensa de cinco millones de pesos. Ambos fueron personal civil de inteligencia en la ciudad de Rosario y están imputados en causas por crímenes de lesa humanidad perpetrados en esta ciudad, la tercera más importante de Argentina.
El único detenido fuera del país es el médico Juan Carlos Bossi, requerido por la justicia federal de Rosario, capturado en marzo pasado pasado por Interpol en Medellín, Colombia, según consigna la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en el Portal Fiscales. De los 15 prófugos, hoy viviendo en el exterior, hay tres localizados que aún no han sido extraditados, otros seis cuya extradición fue denegada y seis que están en proceso de extradición. Los 15 están repartidos en siete destinos, resultando ser Brasil y España los países con mayor número de prófugos de la justicia, con cuatro cada uno, seguido por Estados Unidos e Italia, con dos cada uno, mientras que Uruguay, Colombia y Francia cierran la lista, con uno.
Hoy, 30 mil banderas blancas marcharon por la carretera bonaerense a El Tigre, desde la ESMA hasta la Plaza de Mayo, para rememorar de un modo masivo y con emoción contenida en las gargantas a esas 30 mil vidas destrozadas por la que, sin duda, fuera la más masiva y efectiva imposición del terror militar entre las dictaduras latinoamericanas en la década de los 70.
En Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad lanzó un “Se Busca” para dar con el paradero de 22 acusados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar y ofreció recompensa por ellos: por los más buscados está dispuesto a pagar a quien entregue alguna pista que facilite su captura hasta cinco millones de pesos argentinos (unos 43.300 dólares), según el anuncio realizado en vísperas del 46 aniversario del golpe de Estado.
La Justicia argentina ha condenado a 1.058 individuos por crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1976 y 1983. Pero no basta, porque aún hay 20 juicios en curso, unos 50 juicios que aguardan fecha de inicio y más de una veintena de prófugos de la Justicia según el Ministerio Público Fiscal. Un largo camino por recorrer.
La tarea de hacer justicia a las víctimas se ha hecho cada vez más compleja y con el paso de los años la búsqueda se vuelve más y más difícil, siendo necesario “envejecer” las escasas fotografías que se dispone de los prófugos para tener al menos una noción de cómo deberían lucir actualmente. En algunas ocasiones ni siquiera se sabe si el acusado está vivo o ha fallecido. Un caso paradigmático fue el del ex marino Jorge Vildoza, acusado de torturas y de haberse apropiado de un recién nacido, Javier Penino Viñas, en la tenebrosa Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), sita en el barrio porteño de Núñez, el mayor centro clandestino de detención de la dictadura argentina.
Vildoza escapó del país por la frontera con Paraguay en 1986, junto a su esposa y al menor apropiado en un automóvil que pertenecía a la Inteligencia de la Armada. Pasó por Brasil y desde allí se desplazó por varios países europeos hasta llegar a Sudáfrica, donde se instaló. Su familia afirma que Vildoza murió en Johannesburgo en 2005 bajo una identidad falsa, y que fue cremado, pero como el acta de defunción fue falsificada, para la justicia argentina sigue prófugo.
En otros casos, la Justicia busca a acusados que ya estaban detenidos pero se escaparon. Por ejemplo, el militar Carlos Alberto Arroyo quien, en 2013, aprovechando el beneficio penitenciario de salida dominical que le había sido concedido, se fugó cuando estaba a punto de ser juzgado por el doble homicidio de Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo. Esta última estaba embarazada cuando integrantes del Ejército entraron en la vivienda donde se encontraba la pareja y los acribillaron. El cuerpo de Souto Castillo recibió más de 20 disparos y la familia tardó 15 años en dar con su paradero porque fue enterrada bajo el nombre falso de Delia Esther García.
No obstante, entre los más buscados figura el ex subcomisario de policía Emilio Alberto Rimoldi Fraga, acusado de haber participado junto a otros seis integrantes de esa fuerza en una cacería a lo largo de una noche de octubre de 1977 en la que secuestraron a tres personas y asesinaron a otras tres.
La mayoría de prófugos pertenecieron a las Fuerzas Armadas o de Seguridad, pero hay también civiles vinculados a ellas, los que actuaron como colaboradores o se involucraron directamente en los tormentos infligidos. Es el caso de los represores Eduardo Rebechi y Gabriel Jesús Isach, por quienes el Estado argentino ofrece también una recompensa de cinco millones de pesos. Ambos fueron personal civil de inteligencia en la ciudad de Rosario y están imputados en causas por crímenes de lesa humanidad perpetrados en esta ciudad, la tercera más importante de Argentina.
El único detenido fuera del país es el médico Juan Carlos Bossi, requerido por la justicia federal de Rosario, capturado en marzo pasado pasado por Interpol en Medellín, Colombia, según consigna la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en el Portal Fiscales. De los 15 prófugos, hoy viviendo en el exterior, hay tres localizados que aún no han sido extraditados, otros seis cuya extradición fue denegada y seis que están en proceso de extradición. Los 15 están repartidos en siete destinos, resultando ser Brasil y España los países con mayor número de prófugos de la justicia, con cuatro cada uno, seguido por Estados Unidos e Italia, con dos cada uno, mientras que Uruguay, Colombia y Francia cierran la lista, con uno.
Hoy, 30 mil banderas blancas marcharon por la carretera bonaerense a El Tigre, desde la ESMA hasta la Plaza de Mayo, para rememorar de un modo masivo y con emoción contenida en las gargantas a esas 30 mil vidas destrozadas por la que, sin duda, fuera la más masiva y efectiva imposición del terror militar entre las dictaduras latinoamericanas en la década de los 70.
En Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad lanzó un “Se Busca” para dar con el paradero de 22 acusados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar y ofreció recompensa por ellos: por los más buscados está dispuesto a pagar a quien entregue alguna pista que facilite su captura hasta cinco millones de pesos argentinos (unos 43.300 dólares), según el anuncio realizado en vísperas del 46 aniversario del golpe de Estado.
La Justicia argentina ha condenado a 1.058 individuos por crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1976 y 1983. Pero no basta, porque aún hay 20 juicios en curso, unos 50 juicios que aguardan fecha de inicio y más de una veintena de prófugos de la Justicia según el Ministerio Público Fiscal. Un largo camino por recorrer.
La tarea de hacer justicia a las víctimas se ha hecho cada vez más compleja y con el paso de los años la búsqueda se vuelve más y más difícil, siendo necesario “envejecer” las escasas fotografías que se dispone de los prófugos para tener al menos una noción de cómo deberían lucir actualmente. En algunas ocasiones ni siquiera se sabe si el acusado está vivo o ha fallecido. Un caso paradigmático fue el del ex marino Jorge Vildoza, acusado de torturas y de haberse apropiado de un recién nacido, Javier Penino Viñas, en la tenebrosa Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), sita en el barrio porteño de Núñez, el mayor centro clandestino de detención de la dictadura argentina.
Vildoza escapó del país por la frontera con Paraguay en 1986, junto a su esposa y al menor apropiado en un automóvil que pertenecía a la Inteligencia de la Armada. Pasó por Brasil y desde allí se desplazó por varios países europeos hasta llegar a Sudáfrica, donde se instaló. Su familia afirma que Vildoza murió en Johannesburgo en 2005 bajo una identidad falsa, y que fue cremado, pero como el acta de defunción fue falsificada, para la justicia argentina sigue prófugo.
En otros casos, la Justicia busca a acusados que ya estaban detenidos pero se escaparon. Por ejemplo, el militar Carlos Alberto Arroyo quien, en 2013, aprovechando el beneficio penitenciario de salida dominical que le había sido concedido, se fugó cuando estaba a punto de ser juzgado por el doble homicidio de Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo. Esta última estaba embarazada cuando integrantes del Ejército entraron en la vivienda donde se encontraba la pareja y los acribillaron. El cuerpo de Souto Castillo recibió más de 20 disparos y la familia tardó 15 años en dar con su paradero porque fue enterrada bajo el nombre falso de Delia Esther García.
No obstante, entre los más buscados figura el ex subcomisario de policía Emilio Alberto Rimoldi Fraga, acusado de haber participado junto a otros seis integrantes de esa fuerza en una cacería a lo largo de una noche de octubre de 1977 en la que secuestraron a tres personas y asesinaron a otras tres.
La mayoría de prófugos pertenecieron a las Fuerzas Armadas o de Seguridad, pero hay también civiles vinculados a ellas, los que actuaron como colaboradores o se involucraron directamente en los tormentos infligidos. Es el caso de los represores Eduardo Rebechi y Gabriel Jesús Isach, por quienes el Estado argentino ofrece también una recompensa de cinco millones de pesos. Ambos fueron personal civil de inteligencia en la ciudad de Rosario y están imputados en causas por crímenes de lesa humanidad perpetrados en esta ciudad, la tercera más importante de Argentina.
El único detenido fuera del país es el médico Juan Carlos Bossi, requerido por la justicia federal de Rosario, capturado en marzo pasado pasado por Interpol en Medellín, Colombia, según consigna la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en el Portal Fiscales. De los 15 prófugos, hoy viviendo en el exterior, hay tres localizados que aún no han sido extraditados, otros seis cuya extradición fue denegada y seis que están en proceso de extradición. Los 15 están repartidos en siete destinos, resultando ser Brasil y España los países con mayor número de prófugos de la justicia, con cuatro cada uno, seguido por Estados Unidos e Italia, con dos cada uno, mientras que Uruguay, Colombia y Francia cierran la lista, con uno.
Hoy, 30 mil banderas blancas marcharon por la carretera bonaerense a El Tigre, desde la ESMA hasta la Plaza de Mayo, para rememorar de un modo masivo y con emoción contenida en las gargantas a esas 30 mil vidas destrozadas por la que, sin duda, fuera la más masiva y efectiva imposición del terror militar entre las dictaduras latinoamericanas en la década de los 70.
