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Año XIV, 15 de agosto de 2022

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Agenda Constituyente: Semanas 37 a 38 (14 al 25 de marzo): “Las primeras normas constitucionales, Segunda parte”

Columna de opinión por Claudio Nash
Martes 29 de marzo 2022 15:35 hrs.


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Previamente en Agenda Constituyente

“Agenda Constituyente” es un espacio pensado para dar seguimiento al trabajo de la Convención Constitucional (CC). Este proyecto intercala sesiones a través de la radio (lunes 07:40 hrs) cuyas entregas pueden revisarse en mi cuenta YouTube y columnas de opinión como las que usted tiene a la vista en estos momentos, publicadas en https://radio.uchile.cl/opiniones/

En nuestra columna anterior dimos cuenta de las primeras decisiones que se han ido tomando en el proceso de deliberación constitucional y que correspondían a los primeros informes revisados por el Pleno de las comisiones de Sistemas de Justicia, Forma de Estado, Sistemas de Conocimientos y Medio Ambiente.

En esta etapa es necesario recordar que están próximos a cumplirse los 9 meses de trabajo de la Convención. Así, el martes 22 se activó el mecanismo constitucional para hacer uso de los 3 meses adicionales. La Presidenta de la Convención realizó la solicitud de prórroga, se rindió cuenta del trabajo en el Pleno y la mesa fue ratificada por 114 votos a favor. Por tanto, la Convención tiene como plazo fatal el 05 de julio para la entrega del borrador de Constitución al Presidente, para que este llame a plebiscito en el plazo de 60 días.

Comisión Derechos Fundamentales

El primer informe entregado al Pleno por la Comisión de Derechos Fundamentales consta de 50 artículos, de los cuales 14 fueron aprobados en general (Pleno 10 de marzo) y 7 fueron aprobados en su redacción final e incorporados al borrador de Constitución (Pleno 15 de marzo).

Entre las normas que fueron aprobadas en general, están derechos civiles y políticos, tales como, integridad personal, derechos sexuales y reproductivos, prohibición de desaparición forzada, entre otros.

Los artículos que fueron aprobados en particular y que entran al borrador de Constitución, dicen relación con la prohibición de tortura que es la primera norma que cuenta con unanimidad en el Pleno (145 votos a favor). También se aprobó el derecho a la vida y la prohibición de desaparición forzada y obligaciones especiales del Estado en esta materia. Estas normas constituyen un evidente avance respeto de estos temas en el constitucionalismo chileno.

Ahora, la norma que se robó la película fue la relativa a los derechos sexuales y reproductivos. En efecto, luego de una larga lucha, el movimiento feminista chileno logró que se aprobara en general y en particular una norma que garantiza el derecho al aborto y a una educación sexual integral. La referida norma, incorporada al borrador de Constitución, dispone:

Todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción.

El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones.

Como era de esperar, los sectores más conservadores de la sociedad han criticado fuertemente esta norma y han iniciado una nueva campaña de desinformación. Lo cierto, es que esta norma establece un estándar general, pero será la ley la que deberá determinar los límites del ejercicio del derecho al aborto (plazos, condiciones, etc.).

Comisión Derechos Fundamentales

El primer informe entregado al Pleno por la Comisión de Principios Constitucionales consta de 30 artículos, de los cuales 9 fueron aprobados en general (Pleno 11 de marzo) y 7 fueron aprobados en su redacción final e incorporados al borrador de Constitución (Pleno 16 de marzo).

Dentro de las normas que fueron aprobadas en general por el Pleno se encuentran la configuración del Estado de Chile como “social y democrático de derecho”; se  consagran la plurinacionalidad, la interculturalidad y el carácter ecológico del Estado; también se aprobaron los principios de igualdad sustancial, probidad y transparencia, entre otros.

Los artículos que fueron aprobados en su redacción particular tratan sobre igualdad sustantiva, la interrelación con la Naturaleza y ésta como titular de derechos, Chile como Estado oceánico, interculturalidad, leguaje de señas, probidad y transparencia y una norma que establece la supremacía constitucional y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Como podemos ver, la norma sobre “Estado social y democrático de derecho” si bien fue aprobada en general, la redacción propuesta por la Comisión fue rechazada por el Pleno. Esto ha generado un interesante debate sobre la necesidad o no de adicionar a dicha calificación la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos.

Por la relevancia de este tema, me parece necesario formular algunos alcances. El estado social y democrático es un avance frente al estado de derecho liberal y se ha consolidado en la segunda mitad del siglo XX siguiendo el modelo alemán (1949). Existe consenso en que un modelo de estado social y democrático es una estructura jurídica del Estado que ya no se limita al respeto de la ley, sino que también incorpora la preocupación por los derechos sociales (de igualdad formal a una sustancial). Sin duda, un avance, pero que se ha demostrado insuficiente.

En este contexto ¿Cuál es el debate sobre agregar explícitamente que el Estado debe garantizar los derechos humanos? Aclaremos, en primer lugar, que no es contradictorio. En efecto, se sostiene que la idea de un Estado Social lleva implícita la idea de garantía, pero en la práctica esto no siempre se ha asumido como un compromiso explícito de los agentes estatales. Por tanto, consagrar claramente que los poderes e instituciones del Estado tienen un deber explícito de garantizar/asegurar es un avance y en nada compromete los alcances tradicionales del Estado Social y Democrático de Derecho. De esta forma, establecer explícitamente que un Estado Social es democrático, también podría ser considerado una redundancia, pero no lo es, ya que en la práctica se han intentado modelos de Estado social no democráticos y por ello agregar este término ha sido considerado necesario. En consecuencia, queda claro que no todo lo que implícitamente se entiende como Estado de Derecho, en su formulación Social, es suficiente.

Es de esperar que en el informe de reemplazo, la Comisión llegue a una mejor redacción de esta trascendental norma para dejar atrás el actuar modelo de Estado subsidiario que tanto daño le he hecho a este país y ponga de relieve el deber del Estado de organizar todo el aparato de poder público para asegurar el pleno goce y ejercicio de derechos humanos (obligación de garantía).

Comisión Sistema Político

El primer informe entregado al Pleno por la Comisión de Sistema Político consta de 95 artículos, de los cuales sólo 3 fueron aprobados en general (Pleno 18 de marzo) y de estas 2 fueron aprobados en su redacción final e incorporados al borrador de Constitución (Pleno 23 de marzo).

Sin duda el resultado del primer informa ante el Pleno marca un punto de inflexión para el trabajo de la Comisión de Sistema Político. Esta comisión tiene el rol de delinear la forma en que se organizará el poder político en Chile (Presidencia, congreso, etc.) y, por tanto, avanzar en acuerdos coherentes es fundamental. Hasta ahora, la comisión no ha avanzado ni en acuerdo ni su propuesta es coherente. No hay acuerdo, porque ninguna de las posturas logra consensos; así, los modelos tradicionales (presidencialismo, parlamentarismo, sistema semi-presidencial) siguen sobre la mesa de discusión y ninguno logra imponerse. Sin embargo, lo más grave es que la propuesta al Pleno (un informe de casi 1.000 páginas) lo que hace es proponer una serie de instituciones y relaciones entre estas que no tienen coherencia alguna. La propuesta de tener una cámara única, que convive con un triunvirato: presidencia –  vicepresidencia – ministro gobierno, no tiene lógica alguna.

La comisión tiene 15 días para presentar un informe de reemplazo donde es de esperar que los distintos conglomerados logren concordar un régimen, si bien no ideal, al menos que tenga coherencia interna y que permita superar el actual sistema hiper-presidencialista chileno.

El diseño constitucional en materia de sistema político debe resolver, además, la estructura del Congreso. Aquí, parecía haber un acuerdo de tener una cámara única, eliminando el Senado, pero con las semanas, este acuerdo se fue desdibujando y aparece la idea de una “Cámara Territorial”. Nuevamente, un sistema bicameral es una cosa distinta a uno unicameral, por obvio que parezca, la comisión de Sistema Político parece no verlo tan claro. Es de esperar que estos 15 días iluminen a sus miembros.

En lo que sí se logró un importante avance fue en la aprobación de dos artículo (de los 95 originales) en materia de plurinacionalidad. El reconocimiento de Chile como un Estado plurinacionalidad debe ser una de las decisiones más importantes que ha adoptado la Convención Constitucional. Esta era una cuestión pendiente en la historia constitucional chilena: nunca se había reconocido en la Constitución la diversidad de pueblos y naciones que integran el Estado.

La norma aprobada, señala:

Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado.

Además, la misma norma reconoce explícitamente que son pueblos y naciones indígenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk’nam. Importante el reconocimiento, por primera vez, del pueblo Selk’nam.

El Pleno, además, aprobó una segunda norma, relativa a los derechos de los pueblos indígenas, en los siguiente términos:

Los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial y al especial vínculo que mantienen con estos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Es deber del Estado Plurinacional, respetar, garantizar y promover con participación de los pueblos y naciones indígenas, el ejercicio de la libre determinación y de los derechos colectivos e individuales de que son titulares.

En cumplimiento de lo anterior, el Estado debe garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones, así como su representación política en órganos de elección popular a nivel local, regional y nacional. Junto con ello, garantizará el diálogo intercultural en el ejercicio de las funciones públicas, creando institucionalidad y promoviendo políticas públicas que favorezcan el reconocimiento y comprensión de la diversidad étnica y cultural de los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado.”

Sin duda, el inicio de una nueva relación entre le Estado y los pueblos primera naciones.

Comisión Sistemas de Justicia

El segundo informe entregado al Pleno por la Comisión de Derechos Fundamentales fue discutido en particular (Pleno 22 de marzo) y fueron aprobados 25 artículos en su redacción final e incorporados al borrador de Constitución.

Algunos temas importantes dicen relación con la Justicia Vecinal, la Corte Suprema, la creación de tribunales administrativos, sistema de ejecución de penas y la creación del Consejo de la Justicia.

Dentro de las normas aprobadas en su redacción final y que se incorporan al borrador de Constitución una de las innovaciones más interesantes es la creación del Consejo de la Justicia. A diferencia de muchos otros países, en Chile, la Corte Suprema concentra no solo atribuciones jurisdicciones (resolución de casos), sino que también tiene labores de nombramiento de autoridades, supervisión, administración y disciplinarias. Lo que hace la propuesta constitucional es crear un órgano que se haga cargo de estas labores y, de esta forma, la Corte Suprema queda concentrada en los temas jurisdiccionales.

La norma que crea el Consejo de la Justicia señala:

El Consejo de la Justicia es un órgano autónomo, técnico, paritario y plurinacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es fortalecer la independencia judicial. Está encargado del nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia.

En el ejercicio de sus atribuciones debe considerar el principio de no discriminación, la inclusión, paridad de género, equidad territorial y plurinacionalidad.

Aún están pendientes completar las normas sobre atribuciones, funcionamiento, entre otras, pero el cambio para la administración de justicia en Chile será mayor y representa un avance respecto del actual sistema donde se concentraban excesivas atribuciones y poderes en la Corte Suprema.

Comisión Sistemas de Conocimientos

La Comisión sobre Sistemas de Conocimientos y Culturas presentó su informe de reemplazo respecto de las normas que no fueron aprobadas por el Pleno en su primer informe.

En el Pleno del 16 de marzo se aprobaron varias normas en particular, que se incorporan al borrador de Constitución. Dentro de las más destacadas están algunas normas sobre derecho a la comunicación social, una norma para evitar la concentración de medios, derechos culturales, derecho al ocio, libertad de prensa y pluralismo, derecho a participar en un espacio digital libre de violencia y derechos de las personas neurodivergentes.

Comisión Medio Ambiente

La Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, presentó al Pleno su informe de reemplazo el viernes 25 de marzo. Recordemos que esta comisión en su primer informe presentó 38 artículos y solo 6 fueron aprobados en general y ninguno en particular.

Sin duda, el golpe fue recepcionado por la Comisión y el informe de reemplazo se redujo a 9 artículos, de los cuales 7 fueron aprobados e incorporados al borrador de Constitución.

Los temas que se aprobaron fueron: derechos de la naturaleza, gestión de residuos, principios ambientales (“progresividad, precautorio, preventivo, justicia ambiental, solidaridad intergeneracional, responsabilidad y acción climática justa”), reconocimiento de la crisis climática y ecológica, de los animales como sujetos de especial protección, biodiversidad, democracia ambiental (consiste en participación informada en materias medioambientales y derecho a acceso a información ambiental).

Tal como hemos sostenido en Agenda Constituyente, el tema ambiental y de la Naturaleza es uno de los ejes innovadores de la futura Constitución. Sin duda, las organizaciones medioambientales han visto una enorme oportunidad en la Convención y han instalado el tema al interior del debate constitucional. Obviamente, la ansiedad que provocaba ver esta “oportunidad histórica” le ha jugado algunas malas pasadas al movimiento, pero los logros alcanzados son suficientes para sentir orgullo del trabajo realizado.

La norma sobre Naturaleza me parece importante transcribirla por la relevancia que tiene para crear una nueva forma de relación entre el Estado y la Naturaleza:

La Naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad.

El Estado a través de sus instituciones debe garantizar y promover los derechos de la Naturaleza según lo determine la Constitución y las leyes.

¿Qué viene ahora?

Las próximas semanas seguirán destinadas a la discusión de los informes de las comisiones. De hecho, el viernes 25, el Pleno, aprobó cambios en la agenda de trabajo. Ahora, las comisiones trabajarán hasta el 29 de abril (antes se contemplaba el cierre el 13 de abril) y los Plenos para votar las normas se extienden hasta el 06 de mayo (originalmente se cerraban el 21 de abril). Una agenda intensa, pero suficiente para cumplir con los plazos de la Convención. Todo depende del buen trabajo de las comisiones.

En los próximos días la principal discusión estará centrada en el informe de la comisión de Sistema Político. Al parecer, se avanza en una propuesta consensuada. Desafortunadamente, a diferencia del resto del proceso, esta discusión ha sido sin la transparencia a que nos había acostumbrado la Convención.

Santiago, 28 de marzo de 2022

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.