Finalmente y a minutos del plazo para entregar su informe, la comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, anunció el acuerdo que permitiría viabilizar la propuesta de la instancia en el pleno de la Convención Constitucional.
Recordemos que dicha instancia tuvo que revisar nuevamente las propuestas de norma rechazadas durante la votación del primer informe en el pleno y negociar para consensuar un informe de reemplazo que pudiese alcanzar los dos tercios.
Luego de largas jornadas de negociaciones, la instancia presentó un informe que, respecto del poder legislativo, consagra un bicameralismo asimétrico, con una nueva instancia, llamada Cámara de las Regiones, que vendría a reemplazar al Senado y una Cámara más robusta que se llamará Congreso de Diputadas y Diputados.
Respecto de las atribuciones de cada una de estas cámaras, en el caso de la regional, ésta sería una cámara “deliberativa, paritaria y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional”.
De esta forma, en ella recaerán leyes como la de Presupuestos, las que tienen que ver con el estatuto regional, elección, designación, competencias, atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales, autorizar la celebración de operaciones que comprometa la responsabilidad patrimonial de las entidades y la autorización a las regiones autónomas para la creación de empresas públicas, entre otras materias.
Del mismo modo, el acuerdo contempla que la duración en el cargo, en ambas cámaras, será de cuatro años, los que se renovarán en su totalidad al finalizar esos periodos.
Otro de los focos de discordia era la conformación del futuro Poder Ejecutivo. En ese sentido, la comisión acordó mantener un sistema presidencialista, pero atenuado y solo con la figura del Presidente/a de la República, descartando de esta forma la presencia de un/a Vicepresidente/a.
Dentro de lo referido al Poder Ejecutivo, también se acordó que la cuenta pública presidencial quede pactada para el 5 de julio de cada año (fecha en la que culminará el trabajo de la Convención Constitucional) y dentro de los requisitos para postular a la presidencia de la República se acordó tener 30 años como mínimo, más residencia efectiva en el territorio nacional los cuatro años anteriores a la elección.
Respecto del gabinete, éste tendrá que ser paritario y deberá contener el principio de plurinacionalidad, por lo cual, al menos un ministro o ministra deberá pertenecer a un pueblo o nación indígena.
Finalmente, respecto del sistema electoral no se pudo concitar un acuerdo transversal, por lo que las definiciones en torno a este punto se postergaron. De todas formas, si bien se reconoció a las organizaciones políticas, las postulaciones a listas parlamentarias quedaron sujetas a lo que llegue a determinar la ley.
Finalmente y a minutos del plazo para entregar su informe, la comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, anunció el acuerdo que permitiría viabilizar la propuesta de la instancia en el pleno de la Convención Constitucional.
Recordemos que dicha instancia tuvo que revisar nuevamente las propuestas de norma rechazadas durante la votación del primer informe en el pleno y negociar para consensuar un informe de reemplazo que pudiese alcanzar los dos tercios.
Luego de largas jornadas de negociaciones, la instancia presentó un informe que, respecto del poder legislativo, consagra un bicameralismo asimétrico, con una nueva instancia, llamada Cámara de las Regiones, que vendría a reemplazar al Senado y una Cámara más robusta que se llamará Congreso de Diputadas y Diputados.
Respecto de las atribuciones de cada una de estas cámaras, en el caso de la regional, ésta sería una cámara “deliberativa, paritaria y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional”.
De esta forma, en ella recaerán leyes como la de Presupuestos, las que tienen que ver con el estatuto regional, elección, designación, competencias, atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales, autorizar la celebración de operaciones que comprometa la responsabilidad patrimonial de las entidades y la autorización a las regiones autónomas para la creación de empresas públicas, entre otras materias.
Del mismo modo, el acuerdo contempla que la duración en el cargo, en ambas cámaras, será de cuatro años, los que se renovarán en su totalidad al finalizar esos periodos.
Otro de los focos de discordia era la conformación del futuro Poder Ejecutivo. En ese sentido, la comisión acordó mantener un sistema presidencialista, pero atenuado y solo con la figura del Presidente/a de la República, descartando de esta forma la presencia de un/a Vicepresidente/a.
Dentro de lo referido al Poder Ejecutivo, también se acordó que la cuenta pública presidencial quede pactada para el 5 de julio de cada año (fecha en la que culminará el trabajo de la Convención Constitucional) y dentro de los requisitos para postular a la presidencia de la República se acordó tener 30 años como mínimo, más residencia efectiva en el territorio nacional los cuatro años anteriores a la elección.
Respecto del gabinete, éste tendrá que ser paritario y deberá contener el principio de plurinacionalidad, por lo cual, al menos un ministro o ministra deberá pertenecer a un pueblo o nación indígena.
Finalmente, respecto del sistema electoral no se pudo concitar un acuerdo transversal, por lo que las definiciones en torno a este punto se postergaron. De todas formas, si bien se reconoció a las organizaciones políticas, las postulaciones a listas parlamentarias quedaron sujetas a lo que llegue a determinar la ley.
Finalmente y a minutos del plazo para entregar su informe, la comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, anunció el acuerdo que permitiría viabilizar la propuesta de la instancia en el pleno de la Convención Constitucional.
Recordemos que dicha instancia tuvo que revisar nuevamente las propuestas de norma rechazadas durante la votación del primer informe en el pleno y negociar para consensuar un informe de reemplazo que pudiese alcanzar los dos tercios.
Luego de largas jornadas de negociaciones, la instancia presentó un informe que, respecto del poder legislativo, consagra un bicameralismo asimétrico, con una nueva instancia, llamada Cámara de las Regiones, que vendría a reemplazar al Senado y una Cámara más robusta que se llamará Congreso de Diputadas y Diputados.
Respecto de las atribuciones de cada una de estas cámaras, en el caso de la regional, ésta sería una cámara “deliberativa, paritaria y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional”.
De esta forma, en ella recaerán leyes como la de Presupuestos, las que tienen que ver con el estatuto regional, elección, designación, competencias, atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales, autorizar la celebración de operaciones que comprometa la responsabilidad patrimonial de las entidades y la autorización a las regiones autónomas para la creación de empresas públicas, entre otras materias.
Del mismo modo, el acuerdo contempla que la duración en el cargo, en ambas cámaras, será de cuatro años, los que se renovarán en su totalidad al finalizar esos periodos.
Otro de los focos de discordia era la conformación del futuro Poder Ejecutivo. En ese sentido, la comisión acordó mantener un sistema presidencialista, pero atenuado y solo con la figura del Presidente/a de la República, descartando de esta forma la presencia de un/a Vicepresidente/a.
Dentro de lo referido al Poder Ejecutivo, también se acordó que la cuenta pública presidencial quede pactada para el 5 de julio de cada año (fecha en la que culminará el trabajo de la Convención Constitucional) y dentro de los requisitos para postular a la presidencia de la República se acordó tener 30 años como mínimo, más residencia efectiva en el territorio nacional los cuatro años anteriores a la elección.
Respecto del gabinete, éste tendrá que ser paritario y deberá contener el principio de plurinacionalidad, por lo cual, al menos un ministro o ministra deberá pertenecer a un pueblo o nación indígena.
Finalmente, respecto del sistema electoral no se pudo concitar un acuerdo transversal, por lo que las definiciones en torno a este punto se postergaron. De todas formas, si bien se reconoció a las organizaciones políticas, las postulaciones a listas parlamentarias quedaron sujetas a lo que llegue a determinar la ley.
