Sigue pendiente en el pleno de la Convención la votación de los informes de reemplazo y segunda propuesta de la comisión de Sistema Político, cuyas normas definirán la estructura de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la nueva Constitución.

Reconocida también como “la madre de todas las comisiones”, la instancia buscará revertir el resultado obtenido en el hemiciclo, donde se rechazaron la mayoría de los artículos planteados en el primer informe, pasando solamente al borrador del nuevo texto el título correspondiente al capítulo “de la Democracia” y los Artículos 4 y 5 sobre Chile como Estado Plurinacional y libre determinación de los pueblos y naciones indígenas preexistentes, respectivamente.

A minutos de expirar el plazo para el ingreso de indicaciones, la noche del pasado lunes los convencionales de la comisión llegaron a un acuerdo sobre el diseño de estos poderes del Estado, en el que se resolvió avanzar hacia un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico. Asimismo, optaron por eliminar las figuras de vicepresidente y ministro de gobierno.

La primera propuesta apunta a quilarle algunas atribuciones al presidente de la República; mientras la segunda, a instalar un Congreso de Diputadas y Diputados y el reemplazo del Senado por una Cámara de las Regiones. Si bien ambas contemplan el principio de paridad y plurinacionalidad, no será así con sus facultades.

Esto último precisamente ha levantado una serie de críticas tanto de convencionales como de parlamentarios de distintas fuerzas políticas- incluyendo al presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS)- quienes acusan un “unicameralismo encubierto”.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, el convencional de la Coordinadora Plurinacional e integrante de la comisión de Sistema Político, Marco Arellano, señaló que este tipo de cuestionamientos “vienen de una lógica, particularmente sectores de la derecha y de la ex Concertación, en la cual entienden que los poderes tienen que anularse entre ellos, que tiene que frenarse”.

En ese sentido, sostuvo que “creemos que los poderes tienen que colaborar y ejercer contrapesos, ejercer mecanismos de fiscalización cruzada, pero la lógica que ellos están defendiendo es la que instaló Jaime Guzmán en la Constitución del ’80, que es un cerrojo a las transformaciones sociales, a la agenda legislativa y que ha traído muchos problemas”.

“Hemos sufrido un Congreso que no es capaz de ponerse de acuerdo con el Ejecutivo y creemos que eso es un error, que no responde a las necesidades del próximo ciclo político”, añadió.

Con todo, el convencional por el Distrito 8 consideró que en el trabajo de la comisión “hemos logrado construir un diseño de sistema político que está a la altura, conjuga elementos de gobernabilidad y a la vez de flexibilidad necesaria para el momento político que se viene”.

Sin embargo, planteó que entre los puntos críticos de la propuesta está en la participación de independientes y movimientos sociales, que es abordada en los últimos artículos del informe de reemplazo emanada por la comisión.

Según Arellano avanzar en estas materias es importante “porque el análisis que hacemos es que la crisis política que devino en el estallido social se debe en una parte importante a que hay sectores que no han podido ser representados en el sistema político. Entonces, esa separación de las diferentes capas de la sociedad con quienes nos representan es uno de los gatillantes de la crisis política que vivió el país”.

“Creemos que el sistema político tiene la flexibilidad suficiente para dar curso al pluralismo político que hoy existe en la sociedad, tiene que saber conjugar la representatividad de todos estos sectores y, a la vez, la capacidad de que estos sectores lleguen a acuerdo y puedan avanzar en la agenda legislativa y de gobierno”, añadió.

Asimismo, dijo tener fe que con estas nuevas propuestas se revierta lo ocurrido con el primer informe y expresó que “la comisión de Sistema Político tiene la particularidad, a diferencia de otras comisiones, de que debe diseñar un sistema, de contrapesos, que permitan dan gobernabilidad y, por ende, el rechazo ‘en masa’ de toda la parte orgánica es parte de esa particularidad. Eso a mi entender se soluciona con esta segunda propuesta”, destacando la definición en la relación entre la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputadas y Diputados y la eliminación del “Triunvirato” en el Ejecutivo.

Sobre cómo se efectuaría “el presidencialismo atenuado”, detalló tres elementos, entre ellos el aumento de las potestades del Parlamento como, por ejemplo, en materias de presupuesto y de la posibilidad de iniciar leyes que irroguen gasto fiscal, la que actualmente está reservada exclusivamente al presidente de la República.

“En segunda instancia, avanzamos de un ‘dominio legal máximo’, en donde hay una cláusula que establece límites, y hoy estamos con un ‘dominio legal mínimo’, que funciona en los países más desarrollados, que abre el abanico en materia a legislar. Y el tercer elemento, tiene que ver con la descentralización- que avanzó en la comisión 3 (Forma de Estado)- en donde se desconcentra hacia las regiones muchas decisiones políticas en un marco de unidad del Estado”, explicó.