Desde que empezó la guerra en la zona del Tigray, en noviembre de 2020, “las fuerzas de seguridad de Amhara han estado involucradas en una campaña incesante de violencia étnica para obligar a los habitantes del oeste de Tigray a abandonar sus hogares”, alertó el director de HRW, Kennet Roth. Según la investigación de AI y HRW, esos crímenes ocurrieron con el consentimiento e, incluso, con la posible colaboración directa de las fuerzas de seguridad federales y tropas de la vecina Eritrea. Sin embargo, tanto las fuerzas federales etíopes como las autoridades de Amhara niegan las acusaciones de limpieza étnica. Aunque se debe tener presente que ya en junio de 2020, el gobierno de Etiopía había cortado el acceso a casi toda la ayuda alimentaria, suministros médicos, efectivo y combustible a la región. Ahora, la guerra ya se ha extendido a las regiones de Amhara y Afar y los líderes del Tigray declararon que combatirán para aliviar el bloqueo y protegerse de nuevos ataques.
Tras entrevistar a más de 400 personas y analizar informes médicos, imágenes de satélites, vídeos y fotografías, las dos ONG documentaron, entre otros abusos, amenazas, homicidios, violaciones en grupo, detenciones masivas arbitrarias, saqueos, desplazamientos forzados y denegación de asistencia humanitaria. Como resultado de tales atrocidades, decenas de miles de tigrinos han sido expulsados de sus hogares o han debido huir para salvar sus vidas. Además, AI y HRW creen que aún permanecen detenidos en condiciones “potencialmente mortales” miles de ellos. Sin embargo, subrayan, el Gobierno central ha restringido el acceso a la región, así como las investigaciones independientes, ocultando de esa manera muchos de los abusos de derechos humanos y crímenes que se están produciendo.
No obstante, ambas organizaciones humanitarias perciben que tampoco se está produciendo una reacción internacional acorde a la gravedad de las denuncias. “La respuesta de los socios internacionales y regionales de Etiopía no se ajusta a la gravedad de los crímenes que siguen cometiéndose en el oeste de Tigray”, afirmó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard. Ante ello, AI y HRW exigieron al Gobierno etíope garantizar el acceso inmediato y constante de las organizaciones humanitarias al Tigray, así como liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente e investigar y enjuiciar a los responsables de los abusos. Además, pidieron un acuerdo de las partes del conflicto armado que incluya “el envío de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz liderada por la Unión Africana (UA) a la zona de Tigray occidental para garantizar la protección de todas las comunidades frente a los abusos”.
En la castigada región cerca del 40% de la población está enfrentando una carencia extrema de alimentos, agrega el informe. Según la ONU, unos 5,2 millones de personas necesitan urgente ayuda humanitaria en Tigray y las regiones vecinas de Amhara y Afar. Sin contar con que miles de personas han muerto y unos dos millones han tenido que abandonar sus hogares debido a la violencia.
Tigray occidental es una zona fértil que, dos semanas después del estallido de la guerra en 2020, cayó bajo el control del Ejército federal y las milicias de Amhara, aliadas del Gobierno etíope. La guerra empezó el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el Frente Popular de Liberación de Tigray –el partido que gobernaba la región- en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de la tensión política, afirmando que su objetivo era desarmar a los líderes rebeldes de la región.
El pasado 24 de marzo el Gobierno de Etiopía declaró una “tregua humanitaria indefinida”, poniendo fin al “bloqueo de facto” que sufría Tigray desde hacía meses, según denunció la ONU. Estos abusos forman “parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Tigray, afirma el Frente Popular de Liberación de Tigray”, el que, por su parte, anunció posteriormente un “cese de las hostilidades” sujeto al cumplimiento de esa tregua. Desde entonces, algunas organizaciones, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU o el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), han podido reanudar sus actividades en la región y camiones con alimentos han podido ingresar a la región.
Pero hay pocas esperanzas de que realmente se efectúen negociaciones de paz, ya que las autoridades etíopes han ilegalizado al Frente Popular de Liberación de Tigray, lo que en la práctica convierte a sus líderes en prófugos.
(Imagen de portada: Human Right Watch/ AFP Yasuyoshi Chiba).
Desde que empezó la guerra en la zona del Tigray, en noviembre de 2020, “las fuerzas de seguridad de Amhara han estado involucradas en una campaña incesante de violencia étnica para obligar a los habitantes del oeste de Tigray a abandonar sus hogares”, alertó el director de HRW, Kennet Roth. Según la investigación de AI y HRW, esos crímenes ocurrieron con el consentimiento e, incluso, con la posible colaboración directa de las fuerzas de seguridad federales y tropas de la vecina Eritrea. Sin embargo, tanto las fuerzas federales etíopes como las autoridades de Amhara niegan las acusaciones de limpieza étnica. Aunque se debe tener presente que ya en junio de 2020, el gobierno de Etiopía había cortado el acceso a casi toda la ayuda alimentaria, suministros médicos, efectivo y combustible a la región. Ahora, la guerra ya se ha extendido a las regiones de Amhara y Afar y los líderes del Tigray declararon que combatirán para aliviar el bloqueo y protegerse de nuevos ataques.
Tras entrevistar a más de 400 personas y analizar informes médicos, imágenes de satélites, vídeos y fotografías, las dos ONG documentaron, entre otros abusos, amenazas, homicidios, violaciones en grupo, detenciones masivas arbitrarias, saqueos, desplazamientos forzados y denegación de asistencia humanitaria. Como resultado de tales atrocidades, decenas de miles de tigrinos han sido expulsados de sus hogares o han debido huir para salvar sus vidas. Además, AI y HRW creen que aún permanecen detenidos en condiciones “potencialmente mortales” miles de ellos. Sin embargo, subrayan, el Gobierno central ha restringido el acceso a la región, así como las investigaciones independientes, ocultando de esa manera muchos de los abusos de derechos humanos y crímenes que se están produciendo.
No obstante, ambas organizaciones humanitarias perciben que tampoco se está produciendo una reacción internacional acorde a la gravedad de las denuncias. “La respuesta de los socios internacionales y regionales de Etiopía no se ajusta a la gravedad de los crímenes que siguen cometiéndose en el oeste de Tigray”, afirmó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard. Ante ello, AI y HRW exigieron al Gobierno etíope garantizar el acceso inmediato y constante de las organizaciones humanitarias al Tigray, así como liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente e investigar y enjuiciar a los responsables de los abusos. Además, pidieron un acuerdo de las partes del conflicto armado que incluya “el envío de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz liderada por la Unión Africana (UA) a la zona de Tigray occidental para garantizar la protección de todas las comunidades frente a los abusos”.
En la castigada región cerca del 40% de la población está enfrentando una carencia extrema de alimentos, agrega el informe. Según la ONU, unos 5,2 millones de personas necesitan urgente ayuda humanitaria en Tigray y las regiones vecinas de Amhara y Afar. Sin contar con que miles de personas han muerto y unos dos millones han tenido que abandonar sus hogares debido a la violencia.
Tigray occidental es una zona fértil que, dos semanas después del estallido de la guerra en 2020, cayó bajo el control del Ejército federal y las milicias de Amhara, aliadas del Gobierno etíope. La guerra empezó el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el Frente Popular de Liberación de Tigray –el partido que gobernaba la región- en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de la tensión política, afirmando que su objetivo era desarmar a los líderes rebeldes de la región.
El pasado 24 de marzo el Gobierno de Etiopía declaró una “tregua humanitaria indefinida”, poniendo fin al “bloqueo de facto” que sufría Tigray desde hacía meses, según denunció la ONU. Estos abusos forman “parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Tigray, afirma el Frente Popular de Liberación de Tigray”, el que, por su parte, anunció posteriormente un “cese de las hostilidades” sujeto al cumplimiento de esa tregua. Desde entonces, algunas organizaciones, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU o el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), han podido reanudar sus actividades en la región y camiones con alimentos han podido ingresar a la región.
Pero hay pocas esperanzas de que realmente se efectúen negociaciones de paz, ya que las autoridades etíopes han ilegalizado al Frente Popular de Liberación de Tigray, lo que en la práctica convierte a sus líderes en prófugos.
(Imagen de portada: Human Right Watch/ AFP Yasuyoshi Chiba).
Desde que empezó la guerra en la zona del Tigray, en noviembre de 2020, “las fuerzas de seguridad de Amhara han estado involucradas en una campaña incesante de violencia étnica para obligar a los habitantes del oeste de Tigray a abandonar sus hogares”, alertó el director de HRW, Kennet Roth. Según la investigación de AI y HRW, esos crímenes ocurrieron con el consentimiento e, incluso, con la posible colaboración directa de las fuerzas de seguridad federales y tropas de la vecina Eritrea. Sin embargo, tanto las fuerzas federales etíopes como las autoridades de Amhara niegan las acusaciones de limpieza étnica. Aunque se debe tener presente que ya en junio de 2020, el gobierno de Etiopía había cortado el acceso a casi toda la ayuda alimentaria, suministros médicos, efectivo y combustible a la región. Ahora, la guerra ya se ha extendido a las regiones de Amhara y Afar y los líderes del Tigray declararon que combatirán para aliviar el bloqueo y protegerse de nuevos ataques.
Tras entrevistar a más de 400 personas y analizar informes médicos, imágenes de satélites, vídeos y fotografías, las dos ONG documentaron, entre otros abusos, amenazas, homicidios, violaciones en grupo, detenciones masivas arbitrarias, saqueos, desplazamientos forzados y denegación de asistencia humanitaria. Como resultado de tales atrocidades, decenas de miles de tigrinos han sido expulsados de sus hogares o han debido huir para salvar sus vidas. Además, AI y HRW creen que aún permanecen detenidos en condiciones “potencialmente mortales” miles de ellos. Sin embargo, subrayan, el Gobierno central ha restringido el acceso a la región, así como las investigaciones independientes, ocultando de esa manera muchos de los abusos de derechos humanos y crímenes que se están produciendo.
No obstante, ambas organizaciones humanitarias perciben que tampoco se está produciendo una reacción internacional acorde a la gravedad de las denuncias. “La respuesta de los socios internacionales y regionales de Etiopía no se ajusta a la gravedad de los crímenes que siguen cometiéndose en el oeste de Tigray”, afirmó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard. Ante ello, AI y HRW exigieron al Gobierno etíope garantizar el acceso inmediato y constante de las organizaciones humanitarias al Tigray, así como liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente e investigar y enjuiciar a los responsables de los abusos. Además, pidieron un acuerdo de las partes del conflicto armado que incluya “el envío de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz liderada por la Unión Africana (UA) a la zona de Tigray occidental para garantizar la protección de todas las comunidades frente a los abusos”.
En la castigada región cerca del 40% de la población está enfrentando una carencia extrema de alimentos, agrega el informe. Según la ONU, unos 5,2 millones de personas necesitan urgente ayuda humanitaria en Tigray y las regiones vecinas de Amhara y Afar. Sin contar con que miles de personas han muerto y unos dos millones han tenido que abandonar sus hogares debido a la violencia.
Tigray occidental es una zona fértil que, dos semanas después del estallido de la guerra en 2020, cayó bajo el control del Ejército federal y las milicias de Amhara, aliadas del Gobierno etíope. La guerra empezó el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el Frente Popular de Liberación de Tigray –el partido que gobernaba la región- en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de la tensión política, afirmando que su objetivo era desarmar a los líderes rebeldes de la región.
El pasado 24 de marzo el Gobierno de Etiopía declaró una “tregua humanitaria indefinida”, poniendo fin al “bloqueo de facto” que sufría Tigray desde hacía meses, según denunció la ONU. Estos abusos forman “parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Tigray, afirma el Frente Popular de Liberación de Tigray”, el que, por su parte, anunció posteriormente un “cese de las hostilidades” sujeto al cumplimiento de esa tregua. Desde entonces, algunas organizaciones, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU o el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), han podido reanudar sus actividades en la región y camiones con alimentos han podido ingresar a la región.
Pero hay pocas esperanzas de que realmente se efectúen negociaciones de paz, ya que las autoridades etíopes han ilegalizado al Frente Popular de Liberación de Tigray, lo que en la práctica convierte a sus líderes en prófugos.
(Imagen de portada: Human Right Watch/ AFP Yasuyoshi Chiba).
