Hace unos años, le pregunté a Claudio di Girolamo qué era para él la cultura. Me respondió así: “De pequeño, veraneaba en el campo junto a mi familia. Una mañana, cuando recién empezaba a salir el sol, vi a una especie de sombra que estaba bailando entre los surcos. Era un campesino que llevaba su delantal recogido y desde allí sacaba las semillas que luego tiraba lejos… un espectáculo increíble ya que ese trigo con la luz del sol se volvía oro. Cuando le pregunté qué hacía, me respondió: ‘Le estoy dando de comer a la gente`. Es así cómo veo a la cultura: es darle de comer a la gente”.

Esta hermosa imagen de su infancia en su Italia natal me impactó en su profunda verdad y en su belleza estética y moral. Porque las escritoras y escritores alimentan a la gente. ¡Qué duda cabe! De la misma manera cómo aquel campesino sembraba el trigo que luego sería el pan, los autores siembran palabras transformadas en ideas e historias que luego serán cosechadas en forma de libros, eBooks, audiolibros o series y películas. El soporte no cambia el fundamento de que esa creación humana es fruto de un trabajo intelectual y creativo que ha tenido un reconocimiento patrimonial y moral desde hace cientos de años: el derecho de autor.

La Ley 17.336 del año 1970 dice que ella “protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina. El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra”, señala el artículo 1 de la Ley 17.336 de 1970.

Las nuevas tecnologías han permitido que los libros que, hasta hace unos pocos años solo eran impresos y los más importantes contenedores de conocimiento, hayan adquirido hoy la forma de bites que navegan por la supercarretera de la información sin mayores restricciones. Y si bien, la democratización de la cultura es uno de los grandes logros de la era digital, ésta pierde su épica libertaria cuando implica vulnerar los derechos de autoras y autores.

Chile vive hoy una crisis ética de profundo calado que hunde sus negras raíces desde hace ya tiempo en todos los sectores de la sociedad. La incautación por parte de la PDI, a mediados de marzo, de más de 60 mil libros “pirata” hiere en lo grotesco de un negocio montado por dos hermanos que son parte del ecosistema del libro. Escandaliza y evidencia la vulnerabilidad de uno de los sectores creativos que de manera silente sufre el atropello de sus derechos.

Marzo marca el inicio de año escolar y académico en Chile y también es el pitazo de partida para la desenfrenada reproducción de libros en todo tipo de establecimientos educativos del país: escuelas, liceos, centros de educación técnica o universidades.

Las fotocopiadoras ya han sido aceitadas para comenzar su anual rutina matonesca de reproducir millares de libros. Las argucias más difíciles de pesquisar son las digitales, que de tan normalizadas ni se repara en ellas. Como tampoco el hecho de que contaminan a toda la comunidad educativa haciendo a los propios estudiantes, bibliotecarios y cuerpo docente cómplices de un delito cada vez que se pone a disposición del estudiantado, a través de una clave personal, el acceso libre y sin complicaciones de libros y textos que no han sido adquiridos de manera legal.

La Sociedad de Derechos de las Letras (SADEL) es una corporación que reúne a los autores y editoriales radicados en Chile y con convenios de representación de autores y editoriales de España, Estados Unidos, Argentina, Colombia, México y Australia, y otorga licencias a los centros de estudio para que puedan fotocopiar y digitalizar sus obras. Es decir, se pueden hacer las cosas bien mediante la firma de una licencia. El requerimiento de SADEL es una petición ética que busca la protección de los derechos humanos, constitucionales y legales de las autoras y autores, conforme al art. 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; al art. 19 N°25 de nuestra Constitución Política, y a la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual.

Pero el problema no está en el sustento legal ni histórico de la prerrogativa, que evidentemente los tiene, sino que en esa delicada fisura moral que ha permitido que en Chile hoy tengamos a varias universidades que sí respetan el derecho de las autoras y autores, entre los que se cuentan en muchas oportunidades, a sus propios docentes y ex alumnos que también lo son. El problema es que aun hay muchas casas de estudio que flagrantemente hacen caso omiso a la Ley.

Esta licencia de SADEL tiene como fin que autoras y autores, como también editores, reciban un pago mínimo por el uso de sus obras.

Aquel campesino esparciendo semillas para dar de comer a la gente representa a los autores y autoras que siembran cultura. Es un trabajo hermoso, pero trabajo como cualquier otro que debe ser remunerado.

La autora es presidenta de SADEL.