Las cuarentenas, las restricciones de viajes y el cierre de fronteras fueron las medidas más recurrentes que tomaron los países a nivel mundial para evitar la propagación del COVID-19. Según el último Informe Mundial de la Migraciones (2022) se impusieron 108.000 restricciones de viajes y los vuelos internacionales experimentaron una caída del 80% a nivel mundial. En Chile, desde marzo de 2020, se cerraron los pasos fronterizos terrestres para ingreso de turistas y se implementaron restricciones a la entrada vía aérea de extranjeros, lo que provocó que muchos pasajeros quedaran varados e imposibilitados de retornar o salir del país. Así, pasamos rápidamente de la movilidad a la inmovilidad en un sentido amplio, desde el encierro en casa hasta la imposibilidad de hacer viajes fuera del país.

Las medidas de cierres y reforzamiento de las fronteras, no solo en Chile sino en todo el mundo, revitalizaron la idea de la frontera como separación, resguardo y membrana protectora en sentido ratzeliano. La clausura de alguna forma buscó calmar la ansiedad que provocó la propagación de la enfermedad al convertir a las fronteras en un recurso y al aumento del control fronterizo en una estrategia para contener a un virus que no conoce límites. Al mismo tiempo estas medidas también exacerbaron el sentido de lo nacional y la percepción del extranjero o quienes vinieran de fuera como amenaza. Así se acentuó el sentido de otredad en clave binaria y de opuestos hostiles, como el de nosotros/los otros; adentro/ afuera e interno/externo, lo primero, como bueno y seguro; lo segundo, como ilegítimo y amenaza. Sin embargo, aunque la pandemia actuó como freno para la migración, los desplazamientos no desaparecieron, sino que se hicieron más peligrosos y desesperados.

En el caso del norte de Chile vivimos la mayor crisis humanitaria que registrara la historia regional con el ingreso miles de desplazados venezolanos por el paso fronterizo de Colchane. Siguiendo trayectos peligrosos, cruzando por trochas o pasos no habilitados, en condiciones precarias, -con frecuencia gastando todos sus recursos en el viaje-, atravesando el altiplano a pie, para luego de diversas trayectorias quedar, en muchos casos, en situación de calle en Iquique. Una ineficaz e ineficiente gestión migratoria, sumada a una fuerte criminalización de los recién llegados, crearon el caldo de cultivo para el surgimiento de una gran molestia vecinal debido a la instalación de campamentos improvisados y la ocupación de los espacios públicos.

En este marco de adversidad y de incapacidad de gestión política para resolver la situación desde una perspectiva humanitaria, numerosas iniciativas de organizaciones migrantes y pro migrantes trabajaron arduamente para velar por los derechos de los recién llegados. Sin embargo, estas acciones no detuvieron las numerosas manifestaciones racistas y xenófobas que dieron lugar a la organización de marchas y discursos antiinmigrantes en redes sociales y espacios radiales. Carteles solicitando el cierre de las fronteras, la salida de Chile del sistema de Naciones Unidas, la expulsión de los recién llegados y propuestas como la construcción de zanjas, fueron algunas de las ideas que circularon en internet y en las protestas.

Desde otro punto de vista, el cierre de las fronteras terrestres también tuvo un fuerte impacto en las regiones nortinas. En el caso tarapaqueño la realización de actividades económicas, sociales y culturales, que tienen que ver con la interacción entre ciudades y localidades fronterizas como en la zona de Colchane, fueron obstaculizadas o no resueltas. Ejemplo de lo anterior fueron las ferias que se realizaban en los pueblos fronterizos, como en Pisiga Carpa, donde mensualmente llegaban cientos de personas a comprar productos, muchos de ellos provenientes de la Zona Franca de Iquique (ZOFRI), para el consumo y el comercio. Lo mismo ocurrió con las prácticas sociales transfronterizas que realiza el pueblo aymara, cruzando diariamente el límite internacional, con la anuencia de las autoridades locales, para abastecerse de productos de primera necesidad en Pisiga Bolívar. Asimismo, hasta el COVID, numerosos comerciantes bolivianos cruzaban la frontera en bus para comprar mercancías a la ZOFRI que luego vendían en las ferias alteñas y paceñas. Por ahí también ingresaban mujeres trabajadoras que realizan labores domésticas y de cuidado en Iquique para luego regresar a ver sus familias en Bolivia, yendo y viniendo periódicamente.

En la puerta norte del país, las ciudades fronterizas de Tacna y Arica también mantenían, hasta marzo de 2020, densos intercambios y vínculos de toda índole. Desde fines del siglo XX la interdependencia y complementariedad de ambas ciudades situó al paso fronterizo de Chacalluta y Santa Rosa como el de mayor cantidad de ingresos y salidas a nivel nacional. Hasta el cierre, muchos ariqueños y habitantes del norte cruzaban la frontera para hacer tratamientos dentales, acceder a especialistas médicos o comprar lentes a precios muy económicos respecto de los chilenos. También cruzaban para disfrutar de la gastronomía peruana y conocer los atractivos turísticos de la ciudad y su entorno, así como para comprar ropa, e incluso uniformes escolares de los colegios de Arica e Iquique. En sentido inverso, muchos tacneños cruzaban a Arica para trabajar en los valles de Lluta y Azapa en la raima y la cosecha de productos agrícolas que abastecen la despensa chilena durante todo el año. También lo hacían para trabajar en servicios, comercio y construcción, todo ello en cruces diarios o semanales que en distintas franjas horarias abarrotaban el complejo integrado.

La pandemia puso fin a los cruces de personas, no así el de mercancías, produciendo una fuerte crisis económica en Tacna, una disminución de la llegada de comerciantes a ZOFRI y falta de mano de obra para la agricultura ariqueña y los servicios. Sumado a ello, las políticas de securitización de la frontera, en el contexto del ingreso de personas venezolanas por Colchane, afectó la cotidianeidad de los habitantes fronterizos al dificultar el cruce del límite y la realización de ferias. La militarización de la frontera y el estado de excepción no han puesto fin al ingreso por paso no habilitado, sino que lo han hecho más peligroso y precario. La instalación de albergues en el complejo fronterizo, en Huara y en Iquique han logrado mitigar el impacto que produce la llegada de personas venezolanas y disminuir la tensión entre vecinos.

El próximo 1 de mayo se abrirán las fronteras terrestres, luego de varios anuncios fallidos al respecto y con una gran expectación de los habitantes fronterizos. Hace unas semanas los comerciantes tacneños se movilizaron hasta el complejo fronterizo de Santa Rosa exigiendo la apertura de la frontera para poner fin a la crisis que vive la ciudad por la restricción de los cruces a turistas chilenos. En Arica se registran posturas contradictorias, algunos están interesados en la apertura para retomar los intercambios y otros temen perder los beneficios que trajo el cierre a la economía local. En Iquique se mantiene una reticencia respecto de los extranjeros y un fuerte recelo que afecta la convivencia en la ciudad.

Sin duda nos enfrentamos a un tremendo desafío, el de superar la idea de marginalidad y periferia que ha predominado en la política pública sobre las regiones nortinas y la necesidad de desarrollar una política de desarrollo fronterizo que mire a las fronteras más allá del límite. Ello implica reconocer la importancia de los vínculos, los intercambios y las interacciones que ocurren en los espacios fronterizos y que son centrales para las economías regionales, resguardando los derechos de quienes cruzan y de quienes las habitan. Asimismo, requiere de una agenda que vele por la inclusión, la integración de los recién llegados y una política de convivencia vecinal basada en el conocimiento del otro y en el respeto mutuo. Una apelación al reconocimiento de la dignidad humana de las personas y un poco de memoria sobre el pasado multicultural y multinacional que forjó a las regiones nortinas son elementos que no deben faltar en este desafío.

Dra. Marcela Tapia Ladino
Instituto de Estudios Internacionales INTE-Universidad Arturo Prat, Iquique
Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la VEXCOM de Universidad de Chile