Poco menos de una semana resta para que las comisiones temáticas de la Convención concluyan su trabajo y así darle paso a lo que será la recta final en la elaboración de la nueva Constitución.

En ese contexto, el miércoles pasado el pleno aprobó la creación de la comisión de Normas Transitorias, que estará compuesta por 33 convencionales y que será la encargada de elaborar un único informe que se someterá a votación con las medidas que permitirán transitar del actual al nuevo régimen, de triunfar el nuevo texto en el plebiscito de salida.

Sin embargo, será la comisión de Armonización la instancia final por la que deberá pasar la propuesta, previo a que el órgano constituyente la entregue oficialmente a la ciudadanía el próximo 5 de julio.

En conversación con Radio Universidad de Chile, la convencional de Revolución Democrática, Amaya Álvez, profundizó sobre las implicancias de la etapa que se avecina y señaló que en el caso de la primera comisión “es un paso relevante porque originalmente las transitorias estaban distribuidas en las siete comisiones temáticas, pero dada la intensidad de las sesiones, de lunes a sábado, ha sido muy difícil dejar espacio para que, una vez que se apruebe la norma, venga una propia reflexión de la comisión en torno a la disposición que podría permitir el camino desde la norma vigente hacia la nueva Constitución”.

Además, destacó la creación de la comisión de Preámbulo y el proceso de armonización, detallando que este último se hace cargo de “visibilizar las redundancias, las incompatibilidades, los vacíos y lo que hace es proponer mediante indicaciones una solución para ese problema al pleno”.

De este modo, la igualmente vicepresidenta adjunta apuntó que estos tres órganos “van a ocupar en total a 88 personas, lo que va a significar que 66 van a quedar para realizar tareas territoriales que también son importantes”.

Respecto a la labor interna que supondrá la recta final, Álvez defendió que la Convención “ha cumplido todos los plazos. Efectivamente, nos han exigido trabajar de una manera intensa, sin fines de semana, mucho más allá de una jornada laboral ordinaria de 44 horas, pero la verdad es que los hemos cumplido todos y cada uno de ellos. Creo que esta no va a ser la excepción”.

“Por eso mismo que ha sido inteligente que desde la Mesa Directiva, la presidenta y vicepresidente hayan empujado esta idea de una comisión que trabaje en paralelo a la de Armonización. Entonces el trabajo va a ser como a tres bandas y de esa manera se incorporan nuevos convencionales, se distribuyen las responsabilidades y las tareas y eso va a permitir llegar al plazo que es muy estricto, pero es el que tenemos”, afirmó.

En cuanto a la controversia que se suscitó en la Convención a propósito del rechazo de una indicación sobre la inexpropiabilidad de los fondos, si bien evitó ahondar en este caso específico, expresó que “la técnica sugiere que la indicación tiene por objeto perfeccionar la norma que ya se aprobó, pero hay un sector de convencionales dentro de esta institución que se ha dedicado a presentar indicaciones simplemente para levantar polémica o para revivir partes de la Constitución de 1980, o simplemente para marcar puntos políticos”.

Así, acusó que “incluso se presentan indicaciones que están desconectadas del texto original, o sea, se presenta una indicación de terrorismo en la Macrozona Sur en una norma sobre niñez. Ahí también hay un uso malicioso yo diría de las herramientas que tenemos para mejorar las normas”.

De todas formas, expresó que “las normas sobre expropiación en materia de derecho de propiedad están en la nueva Constitución y, además, la propiedad puede ser sobre bienes corporales e incorporales, o sea, es perfectamente posible que haya una serie de normas que sean aplicables a derechos que las personas tengan”.

“Dicho lo anterior, a mí me parece que el debate más interesante de fondo y el que realmente importa en la Convención Constitucional es el debate relativo a la seguridad social. Tenemos que establecer las bases de un sistema de seguridad social que de verdad provea de una pensión adecuada y digna a las personas cuando están en edad adulta, que puedan contar con una cantidad de dinero suficiente para vivir, que no se les acabe solo en comprar remedios”, aseveró.

Asimismo, sostuvo que “el debate respecto de la propiedad de las cuentas de capitalización individual ya está resuelto política y jurídicamente y que el debate de la Convención es mucho más amplio en materia de seguridad social” y añadió que “no hay que decirlo todo para sentirlo incorporado. A lo mejor las personas sienten que hay que decirlo de manera más expresa y eso es algo que va a debatir justamente la comisión de Derechos Fundamentales y en su oportunidad la de Normas Transitorias”.

Por otra parte, respaldó la necesidad de que el Ejecutivo de apoyar una campaña de educación ciudadana “para que quienes vayan a las urnas en el plebiscito del 4 de septiembre lo hagan de forma fundamentada e informada”.

“Históricamente, las constituciones previas que hemos tenido en Chile, la de 80’, por ejemplo, no tuvo debate democrático. Entonces, pienso que de cara al siglo XXI nos merecemos la oportunidad de debatir en profundidad los contenidos de la propuesta de nueva Constitución, de señalar de qué manera responde o no a las demandas ciudadanas manifestadas en las calles”, comentó Álvarez.