Diario y Radio Universidad Chile

Año XIV, 26 de mayo de 2022

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Agenda Constituyente: “La semana de los derechos fundamentales”

Columna de opinión por Claudio Nash
Miércoles 27 de abril 2022 16:00 hrs.



Previamente en Agenda Constituyente

“Agenda Constituyente” es un espacio pensado para dar seguimiento al trabajo de la Convención Constitucional (CC). Este proyecto intercala sesiones a través de la radio (lunes 07:40 hrs) cuyas entregas pueden revisarse en mi cuenta YouTube y columnas de opinión como las que usted tiene a la vista en estos momentos, publicadas en https://radio.uchile.cl/opiniones/

En nuestra columna anterior hicimos un ejercicio de evaluación basado en las decisiones adoptadas por la Convención y planteamos que uno de los temas centrales al que deberíamos prestar atención era la consagración de derechos fundamentales, particularmente, derechos económicos y sociales.

A continuación, realizaremos un recuento de algunas de las normas que fueron incorporadas estas últimas dos semanas al borrador de Constitución.

Derechos Económicos y Sociales, el corazón de la Constitución

Tal como sostuvimos en la columna anterior de Agenda Constituyente, no podemos olvidar que el origen del actual proceso constituyente fueron las movilizaciones populares iniciadas en octubre de 2019, cuando millones de personas se volcaron a las calles para denunciar un modelo que no garantizaba derechos mínimos; así, en los cientos de encuentros populares autoconvocados en plazas, juntas de vecinos, parroquias, entre otros lugares, la discusión volvía una y otra vez al tema de los derechos fundamentales como una demanda mínima para un nuevo acuerdo político y social.

De esta forma, la demanda de la Revuelta de octubre no fue solo una nueva Constitución, sino que se demandó con fuerza un nuevo modelo político y social que debía reflejarse en una Constitución discutiva democráticamente, con participación efectiva del pueblo y que diera respuesta a demandas históricamente desoídas por la élite gobernante.

Así las cosas, el reconocimiento y la garantía de derechos fundamentales es el corazón del debate constituyente y un elemento central a la hora de evaluar si la propuesta que formule la Convención Constitucional está a la altura de las expectivas depositadas en dicho órgano.

Los derechos que se aprobaron esta semana

El 19 de abril fue un día especial en el proceso constituyente, ese día se realizó el Pleno Nº 85 donde la Comisión de Derechos Fundamentales presentó un informe que contenía parte importante de los derechos más discutidos y demandados desde el retorno a la democracia y en particular a partir de las movilizaciones populares del 2006 (estudiantes secundarios), 2011 (estudiantes universitarios) y 2019 (revuelta popular).

Luego de un largo debate, fueron aprobados los siguientes derechos que ingresan al borrador de Constitución:

  • Derecho a la vivienda
  • Derecho a la ciudad y al territorio
  • Derecho al cuidado
  • Reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados
  • Derecho a la seguridad social
  • Derecho de trabajadores/as a la participación en las decisiones de la empresa a través de sus sindicatos
  • Derecho a la libertad sindical
  • Derecho a la salud
  • Derechos a la consulta de los pueblos y naciones indígenas
  • Derecho al deporte, la actividad física y las prácticas corporales
  • Derecho a la igualdad y no discriminación
  • Derecho humano al agua y al saneamiento

Este catálogo de derechos marca una diferencia radical respecto de la actual Constitución que en esta materia es prácticamente nula, limitándose a declarar algunas libertades, pero completamente insuficientes.

Este robusto catálogo de derechos ya aprobados, sumado al principio que concibe al Estado como un “Estado Social y Democrático” de Derecho, que tiene como fundamento la garantía de los derechos humanos, marca un hito histórico en la construcción de un nuevo acuerdo político basado en derechos humanos inédito para Chile.

¿Por qué es tan importante este reconocimiento de derechos? Porque al estar reconocidos estos derechos constitucionalmente, las autoridades del Estado estarán obligadas a tomar todas las medidas necesarias para asegurar su efectiva materialización. Obviamente, no todos estos derechos podrán ser satisfechos en forma inmediata, pero al ser reconocidos en la Constitución, se limita la discrecionalidad de las autoridades ya que estarán obligadas a tomar medidas y estas podrán ser controladas y demandadas por la ciudadanía. Un cambio radical respecto de la realidad vivida estos últimos 50 años.

Otros derechos que fueron aprobados estas semanas

Estas semanas no solo fueron reconocidos los derechos que hemos enumerado, sino que se aprobaron una serie de normas relevantes en materia de derechos humanos.

Así, en cuanto a la Principios Constitucionales, en el Pleno del 11 de abril se aprobó la redacción definitiva del que será el artículo 1º de la nueva Constitución, donde se consagra el Estado Social y Democrático de derecho como estructura básica de la democracia chilena. Por otra parte, en el Pleno del 18 de abril, la Convención sancionó el informe que contenía una serie de normas relativas a grupos históricamente discriminados y que en el texto constitucional de 1980 no tienen reconocimiento alguno. Así, la nueva Constitución tendrá normas relativas a: personas mayores, personas en situación de discapacidad, niños/as y adolescentes, y el derecho a una vida libre de violencia y el derecho al asilo.

En materia de Derechos Fundamentales, junto con los derechos económicos y sociales, el Pleno del 19 de abril aprobó normas muy importantes sobre derechos humanos. Así, se consagró el derecho a la reparación integral paras las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y el derecho de las comunidades y víctimas al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones de DD.HH. Sin duda este es un avance en la materia, aunque es de esperar que en lo que queda se corrija la limitación que puso -erradamente- la Convención al vincular la reparación y la verdad solo a “graves” violaciones de DD.HH ya que toda violación de derechos humanos que cause daño debe ser reparada y se debe conocer la verdad, siempre.

En cuanto a la Comisión de Conocimientos, el pleno votó favorablemente normas sobre medios de comunicación públicos en distintos formatos, el deber de fomentar la lectura y una norma relativa al derecho a una muerte digna.

En las materias vinculadas con la Comisión de Medioambiente y la Naturaleza, se aprobó una norma sobre bienes comunes naturales (incluyendo agua, glaciares, bosques nativos, entre otros) y se consagró su inapropiabilidad y el deber del Estado de preservarlos, conservarlos y, en su caso, restaurarlos. Respecto de aquellos bienes comunes en manos privadas, se establece la facultad del Estado de regular su uso y goce. Desafortunadamente, en el Pleno del 21 de abril, un nuevo informe de esta Comisión fue rechazado. Esto obliga a los miembros de la Comisión, una vez más, a ajustar sus contenidos y buscar consensos. Este nuevo traspié de la Comisión da cuenta de que no se aprendió la lección con el rechazo prácticamente completo de su primer informe. Este puede ser un eje central de la constitución, pero para ello se requiere mayor madurez política de los miembros de la Comisión.

La Comisión de Sistema Político

En el Pleno del viernes 22 de de abril la Comisión de Sistema Político presentó se segundo informe. De este informe se votaron favorablemente por más de 2/3 de les convencionales una serie de normas centrales para la estructura de la nueva Constitución.

En primer lugar, se aprobó un cuerpo muy coherente de normas relativas a transparencia, lucha contra la corrupción y rendición de cuentas. Este es un aporte sustantivo a uno de los temas centrales para el fortalecimiento de la democracia y posibilitar la legitimidad del sistema político y la función pública. Recordemos que los actos de corrupción política y, particularmente, el financiamiento ilegal de la político han sido elementos claves para el descrédito de la actividad política, de los partidos tradicionales y las instituciones públicas.

Así, la Convención incorporó al borrador constitucional una norma general sobre integridad pública y corrupción que obliga a los organismos públicos a coordinar sus esfuerzos en la materia; se consagran los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas; se establece el derecho de acceso a la información y, en esta misma materia, se consagra constitucionalmente el Consejo para la Transparencia.

Asimismo, se aprobó una norma donde se obliga al Estado a tomar las medidas necesarias para el estudio, prevención, investigación, persecución y sanción de la corrupción. Finalmente, se adoptó una norma para la protección de los denunciantes de actos de corrupción.

Por otra parte, la Convención resolvió sobre la regulación de las Fuerzas Armadas. En esta materia, lo más destacables es que el texto aprobado relativo a las funciones de las instituciones armadas eliminó cualquier referencia a la seguridad interna. Con este se debiera dar paso a la superación de la doctrina de la seguridad nacional y la tesis del enemigo interno que ha guiado el actuar militar desde la década del ’70 en nuestro país. La regulación de las policías quedó sujeta a una nueva revisión por parte de la Comisión.

En el mismo Pleno se aprobaron algunas normas relativas a los Estado de Excepción. Si bien quedan normas por discutir, se avanza hacia una regulación más estricta de los Estado de excepción constitucional y a configurar mayores controles de las autoridades en estas situaciones particularmente riesgosas en materia de derechos humanos.

Por último, es importante destacar que se aprobó una norma sobre relaciones internacionales. Si bien la tradición en Chile ha sido que esta materia quede entregada al ejecutivo, es interesante que la constitución fije un marco general dentro del cual se debe desarrollar las relaciones internacionales. No podemos olvidar que las relaciones internacionales son expresión de la soberanía popular y esta reside en el pueblo, por lo que, un marco que el pueblo fije para priorizar materias, es pertinente. La norma aprobada hace referencia a principios generalmente aceptados por el derecho internacional y propone ciertas prioridades como derechos humanos, la paz, el respeto a la naturaleza, entre otros. Finalmente, la norma fija como prioridad de la política exterior a América Latina y el Caribe; una prioridad que en nada obsta a generar relaciones con el resto del mundo.

A qué prestar atención estas semanas

Estas semanas  son las dos últimas para que los plenos aprueben los informes de las comisiones (se trabajará en comisiones y plenos hasta la segunda semana de mayo). Hay que prestar atención al Pleno del viernes 29 de abril donde se verá el inform de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad y la sesión aún pendiente para completar la revisión del informe sobre sistema político (particularmente el tema de las atribuciones del poder legislativo). También está pendiente la sesión del Pleno para conocer del informe de reemplazo de la Comisión de Justicia relativo a organismos autónomos (inlcuida la Defensoría del Pueblo).

Luego de ello, se abre la etapa final del trabajo de la Convención. Para ello, se aprobó que se crearán tres comisiones: armonización, prólogo y normas transitorias. Estas comisiones deberán preparar sus informes en dos semanas, presentarlos al Pleno y resolver antes del 05 de julio día en el que termina sus labores la Convención.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.