Diario y Radio Universidad Chile

Año XIV, 26 de mayo de 2022

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La fallida operación del gatopardismo en la Convención Constitucional

Columna de opinión por Marcelo Acevedo V.
Lunes 2 de mayo 2022 16:34 hrs.



Como ya sabemos, la Convención Constitucional fue la salida institucional a la crisis política, social y económica que atraviesa Chile. Y no me refiero a la revuelta popular del año 2019, que fue la explosión que la visibilizó con el despertar de muchas y muchos de un extenso letargo de abuso, conformismo, precariedad e individualismo que hasta ahora nos ofrecía el Estado y todo su aparataje gubernamental, con un acento binominal donde era fácil la negociación al existir dos partes.

Desde que se instaló la idea de hacer una nueva Constitución, una pequeña parte del país -por supuesto conformada por quienes detentan el poder- ha ideado variados mecanismos, sean institucionales o de hecho, para que no se produzcan los cambios o para que éstos sean los menores posibles. Lo anterior va, desde la idea que el Congreso redacte la carta magna, pasando por instalar un miedo infundado a la población, desinformando, saliendo a la palestra grupos autodenominados amarillistas o moderados, hasta sorprenderse de los cambios que se discuten y los articulados que se están votando en la convención.

Es evidente que varios miembros del espectro político, económico y de los poderes del Estado quieren que se realicen cambios, pero sin tocar sus nichos de poder, sin entender que precisamente uno de los problemas que llevó a la crisis es precisamente eso.

He aquí, entonces, la práctica del “gatopardismo”: toda una performance de querer realizar el cambio, pero sin hacerlo en la práctica. Los gatopardistas a los que me refiero, no son los que siempre estuvieron en contra del cambio constitucional y que avalaban la constitución ilegitima redactada en dictadura y que en sus redes sociales colocan seudónimos de superhéroes junto con la bandera chilena pensando que ellos son los patriotas, sino que, a las personas que reconocían la existencia de una crisis, incluso considerando lo positivo de la revuelta popular, pero que hoy ven cómo sus cuotas de poder se ven amenazadas.

Se viene rápidamente a la mente la frase emblemática de Cecilia Morel cuando indicó que “había que repartir los privilegios”. Paradojalmente, la otrora primera dama parece a estas alturas una visionaria del camino a seguir.

Sorprende la nula o escasa solidaridad y visión colectiva, posturas derivadas de un individualismo propio del neoliberalismo que enajena o nubla la percepción de beneficio que este cambio implica para el país. Sorprende leer y escuchar frases incesantemente repetidas del estilo “los convencionales estarían dictando normas que sólo benefician algunos” o “la convención está desconectada con la ciudadanía”, cuando en realidad es todo lo contrario a lo que ellos predican.

Por otra parte, resulta risible que se critique a la Convención por no haber desarrollado un trabajo político transversal que incluyera a todos los colectivos, refiriéndose tramposamente a la derecha allí minimizada en representación porque así la ciudadanía lo decidió en las urnas. Es así que hoy esas fuerzas mermadas lloran ante su realidad, sintiendo en carne la propia la vulnerabilidad que muchas y muchos sentíamos durante años.

Las críticas de la Convención, tanto a nivel comunicacional como político, reaccionan con histeria ante lo que ellos consideran la amenaza de que los trabajadores puedan tener incidencia en la marcha de la empresa, donde la salud pública se fortalezca, donde la vivienda sea digna, donde el agua sea protegida y redistribuida y no abusada por unos pocos, donde el Poder Judicial ya no sea un poder oligárquico sino que un sistema que esté al servicio de la comunidad, consagrándose así derechos que sólo eran un enunciado en la constitución del dictador. Esto sin mencionar la incorporación justa de derechos que son necesarios para la convivencia nacional y que debían haber estado explicitados hace mucho tiempo, como son los Derechos Humanos en concordancia a la memoria y los derechos relacionados con el medio ambiente y su protección, entre otros de igual envergadura.

Finalmente, el problema no es que se critique a la Convención Constitucional con un carácter político e ideológico cuidando el interés particular que es legítimo, mas no comprensible en una sociedad, lo realmente problemático es que se disfrace esta crítica con un falso argumento para convencer a la población a que rechace el texto constitucional, utilizando la vieja receta que se ha venido usando por 50 años: el miedo y la mentira.

Marcelo Acevedo V.
Presidente de la Corporación Estadio Nacional Ex Prisioneras y Prisioneros Políticos y Coordinador de la Red de Sitios de Memoria

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.