Con el compromiso de ser un aporte al fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el contexto histórico que vive el país, la académica de la Universidad de Chile, Nancy Yáñez, asumirá como nueva ministra del Tribunal Constitucional.

La abogada de la Universidad de Chile, máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame; doctora en Derecho de la casa de Bello y directora del Centro de Derechos Humanos de la misma universidad, fue designada la semana pasada por el presidente Gabriel Boric, junto a la destacada abogada de la Universidad de Valparaíso, Daniela Marzi Muñoz, para ser parte del organismo.

Ambas fueron recibidas el viernes último en La Moneda, en una reunión protocolar con el mandatario, a quien agradecieron por la nominación y analizaron la situación que vive el país y donde “todos sentimos que de alguna manera estamos siendo un poquito de historia” acotó. Ese día también se reunieron con el presidente del organismo, Cristián Letelier y los ministros Nelson Pozo, José Ignacio Vásquez y la ministra María Pía Silva.

Tras una ajetreada semana por la importancia de esta designación, la profesional nos habló de su nuevo cargo y del apoyo y reconocimiento que ha recibido de sus colegas académicos de la universidad, como también de las organizaciones de la sociedad civil, con las que por muchos años ha trabajado y desarrollado su carrera como docente y defensora de los derechos humanos.

“Es una tremenda responsabilidad y uno lo toma tal vez como uno de los desafíos más relevantes en mi ejercicio profesional, porque implica cumplir una alta función pública en un momento histórico del debate constitucional más interesante de nuestra historia republicana, donde estamos precisamente discutiendo cómo debieran ser las instituciones que regulan nuestra vida política” indicó la futura ministra del TC.

La académica indicó que se trata de una etapa relevante en la perspectiva de consolidar entidades para que cumplan la función de garantizar la aplicación de normas y principios constitucionales y en el respeto a los derechos humanos.

Frente a las críticas que existen en la opinión pública por el supra poder que ejerce el Tribunal Constitucional y formar parte de un organismo desacreditado, Yáñez afirmó que “efectivamente hay un cuestionamiento en el diseño institucional del TC que se expresa en el control preventivo de las leyes y que es en lo que se funda esta crítica de actuar como órgano de control contra mayoritario respecto de las decisiones que se toman en el organismo de representación política como es el Parlamento, donde tiene lugar la deliberación democrática”

Precisó que este diseño pone en discusión la legitimidad del TC, “basada en esta condición de supra poder respecto de  la ley y del Poder Legislativo. Pero por otro lado, también hay una cuestión de legitimidad que dice relación con su mandato de salvaguardar la supremacía constitucional y eso tiene relación con los problemas de legitimidad del texto constitucional”

No obstante estas críticas, la experta expresó que no cabe duda que el TC o la entidad que lo pueda suceder, cumple funciones trascendentales en una sociedad democrática que en definitiva, apuntan a velar por las leyes que regulan nuestra vida política y que en el actual proceso constitucional, la discusión sobre la legitimidad se va a zanjar en el seno de la convención democráticamente elegida.

Por ello, dijo que en la etapa que vive Chile “me parece más inspirador poder aceptar este desafío en estas condiciones de coyuntura, de transición, en el que uno puede aportar al cumplimiento de las funciones de la institucionalidad actualmente vigente y al mismo tiempo, recoger las experiencias tanto positivas, como aquellas críticas de la ciudadanía y del resto de los poderes políticos, a efecto de garantizar una transición que nos lleve a tener instituciones más robustas”.

Respecto de los cambios que están propuestos en la Convención que incluyen reemplazar el tribunal por la Corte Constitucional; establecer normas para elegir sus integrantes y definirlo como un órgano autónomo, técnico y profesional, entre otros, Yáñez precisó es difícil pronunciarse mientras no haya una decisión del pleno de la Convención. Sin embargo, cree que la propuesta “se hace cargo de los problemas que se han visibilizado como más recurrentes respecto del diseño institucional y la legitimidad del TC, que dice relación con su autonomía, asociada a la designación de sus integrantes”.

Por ello, considera que la propuesta “fortalece la autonomía del órgano y se pronuncia específicamente sobre la necesidad de contar con el expertise técnico de parte de los ministros que efectivamente garantice que este va a ser un tribunal de derecho y no un órgano que adopte la legitimidad de sus decisiones en la interpretación constitucional”

Aunque no se conoce el diseño que finalmente tendrá este organismo, la abogada Nancy Yáñez valoró que este proceso representa una gran oportunidad para “coajdyuvar a que las funciones del TC hoy día se cumplan de la mejor forma posible y que la transición sea mejorar el diseño institucional para tener instancia que corresponda al momento que estamos viviendo como país que es, sin lugar a dudas, de profundización de la democracia y que permita cumplir el mandato de garantizar una interpretación jurídica de la Constitución que regule nuestra convivencia”