La titular de la Cartera de Justicia, Marcela Ríos, fue el blanco de críticas de la oposición tras calificar como “un compromiso, una prioridad” el proyecto de ley que amnistía a los llamados presos de la revuelta social. Una iniciativa que se presentó originalmente como indulto y que fue sometida a múltiples modificaciones en su paso por la Comisión de Constitución del Senado. El tono de urgencia de la secretaria de Estado respecto a la medida revivió las diferencias en el Congreso en torno a la misma, constituyéndose ahora en una piedra de tope para el acuerdo en materia de seguridad que busca generar el Gobierno con el parlamento.
“Estamos hablando de un momento en donde justamente hay que llegar a un acuerdo en materia de seguridad, entregar señales correctas y ciertamente indultar a personas que cometieron delitos graves no puede ser concebido en esa dirección”, sostuvo el presidente de la UDI, Javier Macaya, quien fue contactado por el Presidente Boric para hablar de un “acuerdo nacional” de todos los sectores políticos para hacer frente al momento delictual, en especial a la presencia de bandas de narcotráfico. Algo por lo que el timonel extendió la disponibilidad del gremialismo, en la medida que signifique apoyar a las policías en su trabajo y en su protección.
Las declaraciones de Ríos se enmarcan en la ronda de conversaciones que el Ejecutivo ha estado desarrollando con diversos partidos políticos para encontrar una fórmula alternativa, o bien para mejorar el proyecto de Ley que se mantiene estancado en el Senado luego de la suma urgencia que ingresó el Gobierno a principios de marzo.
Al respecto, el senador Luciano Cruz-Coke, jefe del comité de Evópoli, afirmó que solicitará que el proyecto se vote en la sala esta semana, arguyendo que “tienen toda la capacidad para hacerlo y darle urgencia suma, sin embargo han ido semana tras semana reponiéndole la urgencia porque no quieren verlo”.
Otro elemento a la discusión agregó el secretario general de RN, Diego Schalper quien cuestionó el hecho que el Gobierno pretenda establecer en diálogo en seguridad “cuando no ejercen facultades que tienen para poner más orden, como estado de excepción” y que además “envían señales como el indulto a violentistas como prioridad”.
El presidente del Partido Republicano, Rojo Edwards, consideró imposible participar de un acuerdo de seguridad en circunstancias que el Ejecutivo “protege a un asesino condenado por quemar viva a una pareja de adultos mayores”. El parlamentario reaccionó así luego de que Ríos prefiriera no pronunciarse respecto a si el machi Celestino Córdova, quien recibió beneficios intrapenitenciarios por parte de Gendarmería, era un preso político o un homicida.
Ministra Siches: “Hay apertura a discutir”
Abordando estas materias, la ministra Izkia Siches señaló esta mañana que avanzar en el proyecto de amnistía es un compromiso de Gobierno, que estaba en pleno conocimiento de los y las electoras. Asimismo dijo esperar que la iniciativa pueda avanzar en el Parlamento, “pero obviamente hay una apertura a poder conversar y discutir los límites de las distintas propuestas y esperamos en eso también cerrar lo que fue el proceso del estallido social para dar cuenta de un país que se vuelve a encontrar, que toma acuerdos y avanza en la línea correcta”, señaló.
En lo relativo al machi Celestino Córdova, la jefa de Gabinete sostuvo que el Ejecutivo se ha mantenido respetuoso respecto a los poderes del Estado y en eso se mantienen al margen de las decisiones técnicas que adoptó Gendarmería.
“Aquí ha existido una condena que se está cumpliendo como también los beneficios carcelarios que son propios y transversales a todos los presos a nivel nacional y en ese caso debemos seguir dando cumplimiento y observar que las medidas se cumplan con rigurosidad como también los acuerdos internacionales como el de la OIT, al que nuestro país a suscrito”.
Sobre las posibilidades ciertas de arribar al acuerdo nacional de seguridad con la oposición, la médico afirmó que el Gobierno sigue trabajando para convocar a todos los sectores y que, para efectos de que superar la crisis que asola los barrios, “necesitamos que nadie se reste”.
“Todos los actores tanto del mundo político, social, los distintos vecinos y vecinas tienen que poder contribuir a enfrentar esto, no como Gobierno o oposición sino con una política de Estado”, concluyó la jefa de gabinete.