El Colegio de Periodistas junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, presentaron una querella criminal por el delito de homicidio frustrado, lesiones graves y apremios ilegítimos cometidos en contra de la comunicadora de la Señal 3 de la población La Victoria, quien resultó herida a bala durante las manifestaciones de conmemoración del 1 de Mayo en el sector de Estación Central.
La entidad humanitaria que dirige el abogado Carlos Margotta también presentó una querella por el estudiante menor de edad de iniciales C.S.C.M. quien resultó herido por presuntos comerciantes de Estación Central mientras ejercía su derecho a la manifestación.
Ambas querellas están dirigidas no sólo contra quienes resulten responsables, sino además en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para que se establezca su responsabilidad en los procedimientos desplegados durante esa jornada por los funcionarios policiales de esa institución.
La comisión indicó que “se imputa a Carabineros de Chile una grave negligencia e incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales por no intervenir para evitar las agresiones graves que cometieron determinadas personas contra las víctimas durante las manifestaciones públicas los días 25 de marzo y 1° de mayo del presente año”.
El organismo agrega que “esta omisión de actuar, no sólo impidió de manera violenta el ejercicio del derecho a manifestarse libremente de manera pacífica y a informar libre y verazmente de los acontecimientos, violando de esa manera sus propios protocolos de actuación y la normativa nacional e internacional acerca de la libertad de expresión y los derechos constitucionalmente garantizados, sino que su pasividad fue causa directa del daño a la vida y a la integridad física y psíquica de las víctimas y sus familias”.
La CChDH sostiene que la responsabilidad máxima de estos hechos recae en el general director de la institución quien debía estar al tanto de la actuación de sus fuerzas de control de orden público.
Para la organización, Yáñez “conocía y no podía menos que saber de la actuación de fuerzas especiales, su posición en el lugar, y quienes estaban directamente a cargo de los operativos, por tanto, su responsabilidad por el mando institucional, es incuestionable”.
Para la comisión, “estos casos no son aislados, sino que forman parte de un actuar permanente de violaciones a los DDHH por parte de Carabineros de Chile, que vio su máxima expresión de brutalidad durante el estallido social, y que todavía constituye una política institucional tolerada y fomentada por los Altos Mandos”.
Respecto del estado de salud de Francisca Sandoval, desde la ex Posta Central informaron que permanece en igual estado de gravedad.
El Colegio de Periodistas junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, presentaron una querella criminal por el delito de homicidio frustrado, lesiones graves y apremios ilegítimos cometidos en contra de la comunicadora de la Señal 3 de la población La Victoria, quien resultó herida a bala durante las manifestaciones de conmemoración del 1 de Mayo en el sector de Estación Central.
La entidad humanitaria que dirige el abogado Carlos Margotta también presentó una querella por el estudiante menor de edad de iniciales C.S.C.M. quien resultó herido por presuntos comerciantes de Estación Central mientras ejercía su derecho a la manifestación.
Ambas querellas están dirigidas no sólo contra quienes resulten responsables, sino además en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para que se establezca su responsabilidad en los procedimientos desplegados durante esa jornada por los funcionarios policiales de esa institución.
La comisión indicó que “se imputa a Carabineros de Chile una grave negligencia e incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales por no intervenir para evitar las agresiones graves que cometieron determinadas personas contra las víctimas durante las manifestaciones públicas los días 25 de marzo y 1° de mayo del presente año”.
El organismo agrega que “esta omisión de actuar, no sólo impidió de manera violenta el ejercicio del derecho a manifestarse libremente de manera pacífica y a informar libre y verazmente de los acontecimientos, violando de esa manera sus propios protocolos de actuación y la normativa nacional e internacional acerca de la libertad de expresión y los derechos constitucionalmente garantizados, sino que su pasividad fue causa directa del daño a la vida y a la integridad física y psíquica de las víctimas y sus familias”.
La CChDH sostiene que la responsabilidad máxima de estos hechos recae en el general director de la institución quien debía estar al tanto de la actuación de sus fuerzas de control de orden público.
Para la organización, Yáñez “conocía y no podía menos que saber de la actuación de fuerzas especiales, su posición en el lugar, y quienes estaban directamente a cargo de los operativos, por tanto, su responsabilidad por el mando institucional, es incuestionable”.
Para la comisión, “estos casos no son aislados, sino que forman parte de un actuar permanente de violaciones a los DDHH por parte de Carabineros de Chile, que vio su máxima expresión de brutalidad durante el estallido social, y que todavía constituye una política institucional tolerada y fomentada por los Altos Mandos”.
Respecto del estado de salud de Francisca Sandoval, desde la ex Posta Central informaron que permanece en igual estado de gravedad.
El Colegio de Periodistas junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, presentaron una querella criminal por el delito de homicidio frustrado, lesiones graves y apremios ilegítimos cometidos en contra de la comunicadora de la Señal 3 de la población La Victoria, quien resultó herida a bala durante las manifestaciones de conmemoración del 1 de Mayo en el sector de Estación Central.
La entidad humanitaria que dirige el abogado Carlos Margotta también presentó una querella por el estudiante menor de edad de iniciales C.S.C.M. quien resultó herido por presuntos comerciantes de Estación Central mientras ejercía su derecho a la manifestación.
Ambas querellas están dirigidas no sólo contra quienes resulten responsables, sino además en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para que se establezca su responsabilidad en los procedimientos desplegados durante esa jornada por los funcionarios policiales de esa institución.
La comisión indicó que “se imputa a Carabineros de Chile una grave negligencia e incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales por no intervenir para evitar las agresiones graves que cometieron determinadas personas contra las víctimas durante las manifestaciones públicas los días 25 de marzo y 1° de mayo del presente año”.
El organismo agrega que “esta omisión de actuar, no sólo impidió de manera violenta el ejercicio del derecho a manifestarse libremente de manera pacífica y a informar libre y verazmente de los acontecimientos, violando de esa manera sus propios protocolos de actuación y la normativa nacional e internacional acerca de la libertad de expresión y los derechos constitucionalmente garantizados, sino que su pasividad fue causa directa del daño a la vida y a la integridad física y psíquica de las víctimas y sus familias”.
La CChDH sostiene que la responsabilidad máxima de estos hechos recae en el general director de la institución quien debía estar al tanto de la actuación de sus fuerzas de control de orden público.
Para la organización, Yáñez “conocía y no podía menos que saber de la actuación de fuerzas especiales, su posición en el lugar, y quienes estaban directamente a cargo de los operativos, por tanto, su responsabilidad por el mando institucional, es incuestionable”.
Para la comisión, “estos casos no son aislados, sino que forman parte de un actuar permanente de violaciones a los DDHH por parte de Carabineros de Chile, que vio su máxima expresión de brutalidad durante el estallido social, y que todavía constituye una política institucional tolerada y fomentada por los Altos Mandos”.
Respecto del estado de salud de Francisca Sandoval, desde la ex Posta Central informaron que permanece en igual estado de gravedad.
