Director de Amnistía Chile: “El Estado de Chile tiene que garantizar la protección de periodistas y comunicadores sociales”
Rodrigo Bustos, director de la entidad defensora de la Derechos Humanos, afirmó que durante los últimos años "se han visto en Chile una serie de acciones que son absolutamente contradictorias con estos deberes del Estado".
Claudio Medrano
Sábado 14 de mayo 2022 16:12 hrs.
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El director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, se refirió al asesinato de la comunicadora social, Francisca Sandoval y los incumplimientos por parte de Chile respecto de sus deberes internacionales en cuanto a la protección de los trabajadores de medios de comunicación.
Consultado respecto de la lamentable partida de la trabajadora de Señal 3 de La Victoria, Bustos afirmó que “la libertad de expresión es un derecho clave en una sociedad democrática y el Estado de Chile, al igual que el resto de los estados, tiene la obligación de proteger a los periodistas o comunicadores sociales”.
En esa línea, al abogado recalcó que “los tratados internacionales de derechos humanos y los órganos de los tratados han señalado que es clave en contextos de manifestaciones, para mantener informada a la ciudadanía, adoptar medidas preventivas para proteger a esos periodistas y en ningún caso vulnerar sus derechos humanos“.
Respecto de la deuda que tiene el Estado chileno en el cumplimiento de estos deberes internacionales, el director de Amnistía Internacional Chile detalló que “el Estado de Chile tiene que garantizar la protección de periodistas o comunicadores sociales en el ejercicio general de sus labores, cuando se encuentran en terreno realizando sus funciones, cuando están en contexto de manifestaciones tienen que protegerlos como inhibirse de cometer violaciones a los derechos humanos y la verdad es que ya antes del homicidio de Francisca Sandoval se han visto en Chile una serie de acciones que son absolutamente contradictorias con estos deberes del Estado de Chile”.
La comunicadora de Señal 3 de La Victoria, Francisca Sandoval, asesinada mientras cubría las manifestaciones que se registraron el pasado 1 de mayo.
Al respecto, Bustos recordó que “en el año 2011 existieron muchos casos de periodistas y comunicadores sociales detenidos, golpeados o a quienes se les realizó algún otro tipo de violación a los derechos humanos y en el año 2019, con el estallido social, fue creciendo y de acuerdo a cifras del INDH se presentaron 49 querellas por violaciones a los DD.HH. de distinto tipo“.
Respecto del estado actual, el abogado señaló que “hoy nos encontramos con una comunicadora social del Canal 3 de La Victoria que es asesinada en un contexto donde estaba realizando sus labores y, por lo tanto, sin lugar a duda tenemos un problema grave respecto de estos deberes incumplidos por parte del Estado de Chile”.
El abogado se pronunció también respecto de que la mayor cantidad de estas vulneraciones es hacia trabajadores de medios de comunicación independientes o comunitarios y afirmó que “claramente esto podía preverse porque los protocolos de control de orden público de Carabineros en general siempre han mirado de manera muy debilitada la regulación que debieran tener de ese tipo de comunicadores sociales de medios independientes“.
En esa línea añadió que “lamentablemente habían alertas respecto de esta situación por la propia regulación que tiene Carabineros de Chile en sus protocolos de control del orden público y que han sido visados por el ministerio del Interior de turno y que siguen vigentes hasta el día de hoy”.
Respecto de la pasividad con la que Carabineros actúa para proteger a los civiles en contextos de enfrentamientos como lo ocurrido en Meiggs, el representante de Amnistía afirmó que “aquí hay un problema de fondo que tiene que ver con cómo Carabineros de Chile y el Estado entienden la utilización del espacio público para el ejercicio de manifestaciones, protestas o el ejercicio de la libertad de expresión“.
Por lo mismo, el abogado sostiene que el Gobierno debiese avanzar en “una serie de medidas como normas legislativas que regulen el derecho a reunión, que regulen el uso de la fuerza porque ahora solo está normado a través de protocolos de Carabineros, que se lleve adelante una reforma estructural y profunda a Carabineros de Chile y, por cierto, avanzar en una ley de protección para los periodistas y comunicadores sociales respecto del ejercicio de sus labores”.
El director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, se refirió al asesinato de la comunicadora social, Francisca Sandoval y los incumplimientos por parte de Chile respecto de sus deberes internacionales en cuanto a la protección de los trabajadores de medios de comunicación.
Consultado respecto de la lamentable partida de la trabajadora de Señal 3 de La Victoria, Bustos afirmó que “la libertad de expresión es un derecho clave en una sociedad democrática y el Estado de Chile, al igual que el resto de los estados, tiene la obligación de proteger a los periodistas o comunicadores sociales”.
En esa línea, al abogado recalcó que “los tratados internacionales de derechos humanos y los órganos de los tratados han señalado que es clave en contextos de manifestaciones, para mantener informada a la ciudadanía, adoptar medidas preventivas para proteger a esos periodistas y en ningún caso vulnerar sus derechos humanos“.
Respecto de la deuda que tiene el Estado chileno en el cumplimiento de estos deberes internacionales, el director de Amnistía Internacional Chile detalló que “el Estado de Chile tiene que garantizar la protección de periodistas o comunicadores sociales en el ejercicio general de sus labores, cuando se encuentran en terreno realizando sus funciones, cuando están en contexto de manifestaciones tienen que protegerlos como inhibirse de cometer violaciones a los derechos humanos y la verdad es que ya antes del homicidio de Francisca Sandoval se han visto en Chile una serie de acciones que son absolutamente contradictorias con estos deberes del Estado de Chile”.
La comunicadora de Señal 3 de La Victoria, Francisca Sandoval, asesinada mientras cubría las manifestaciones que se registraron el pasado 1 de mayo.
Al respecto, Bustos recordó que “en el año 2011 existieron muchos casos de periodistas y comunicadores sociales detenidos, golpeados o a quienes se les realizó algún otro tipo de violación a los derechos humanos y en el año 2019, con el estallido social, fue creciendo y de acuerdo a cifras del INDH se presentaron 49 querellas por violaciones a los DD.HH. de distinto tipo“.
Respecto del estado actual, el abogado señaló que “hoy nos encontramos con una comunicadora social del Canal 3 de La Victoria que es asesinada en un contexto donde estaba realizando sus labores y, por lo tanto, sin lugar a duda tenemos un problema grave respecto de estos deberes incumplidos por parte del Estado de Chile”.
El abogado se pronunció también respecto de que la mayor cantidad de estas vulneraciones es hacia trabajadores de medios de comunicación independientes o comunitarios y afirmó que “claramente esto podía preverse porque los protocolos de control de orden público de Carabineros en general siempre han mirado de manera muy debilitada la regulación que debieran tener de ese tipo de comunicadores sociales de medios independientes“.
En esa línea añadió que “lamentablemente habían alertas respecto de esta situación por la propia regulación que tiene Carabineros de Chile en sus protocolos de control del orden público y que han sido visados por el ministerio del Interior de turno y que siguen vigentes hasta el día de hoy”.
Respecto de la pasividad con la que Carabineros actúa para proteger a los civiles en contextos de enfrentamientos como lo ocurrido en Meiggs, el representante de Amnistía afirmó que “aquí hay un problema de fondo que tiene que ver con cómo Carabineros de Chile y el Estado entienden la utilización del espacio público para el ejercicio de manifestaciones, protestas o el ejercicio de la libertad de expresión“.
Por lo mismo, el abogado sostiene que el Gobierno debiese avanzar en “una serie de medidas como normas legislativas que regulen el derecho a reunión, que regulen el uso de la fuerza porque ahora solo está normado a través de protocolos de Carabineros, que se lleve adelante una reforma estructural y profunda a Carabineros de Chile y, por cierto, avanzar en una ley de protección para los periodistas y comunicadores sociales respecto del ejercicio de sus labores”.
El director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, se refirió al asesinato de la comunicadora social, Francisca Sandoval y los incumplimientos por parte de Chile respecto de sus deberes internacionales en cuanto a la protección de los trabajadores de medios de comunicación.
Consultado respecto de la lamentable partida de la trabajadora de Señal 3 de La Victoria, Bustos afirmó que “la libertad de expresión es un derecho clave en una sociedad democrática y el Estado de Chile, al igual que el resto de los estados, tiene la obligación de proteger a los periodistas o comunicadores sociales”.
En esa línea, al abogado recalcó que “los tratados internacionales de derechos humanos y los órganos de los tratados han señalado que es clave en contextos de manifestaciones, para mantener informada a la ciudadanía, adoptar medidas preventivas para proteger a esos periodistas y en ningún caso vulnerar sus derechos humanos“.
Respecto de la deuda que tiene el Estado chileno en el cumplimiento de estos deberes internacionales, el director de Amnistía Internacional Chile detalló que “el Estado de Chile tiene que garantizar la protección de periodistas o comunicadores sociales en el ejercicio general de sus labores, cuando se encuentran en terreno realizando sus funciones, cuando están en contexto de manifestaciones tienen que protegerlos como inhibirse de cometer violaciones a los derechos humanos y la verdad es que ya antes del homicidio de Francisca Sandoval se han visto en Chile una serie de acciones que son absolutamente contradictorias con estos deberes del Estado de Chile”.
La comunicadora de Señal 3 de La Victoria, Francisca Sandoval, asesinada mientras cubría las manifestaciones que se registraron el pasado 1 de mayo.
Al respecto, Bustos recordó que “en el año 2011 existieron muchos casos de periodistas y comunicadores sociales detenidos, golpeados o a quienes se les realizó algún otro tipo de violación a los derechos humanos y en el año 2019, con el estallido social, fue creciendo y de acuerdo a cifras del INDH se presentaron 49 querellas por violaciones a los DD.HH. de distinto tipo“.
Respecto del estado actual, el abogado señaló que “hoy nos encontramos con una comunicadora social del Canal 3 de La Victoria que es asesinada en un contexto donde estaba realizando sus labores y, por lo tanto, sin lugar a duda tenemos un problema grave respecto de estos deberes incumplidos por parte del Estado de Chile”.
El abogado se pronunció también respecto de que la mayor cantidad de estas vulneraciones es hacia trabajadores de medios de comunicación independientes o comunitarios y afirmó que “claramente esto podía preverse porque los protocolos de control de orden público de Carabineros en general siempre han mirado de manera muy debilitada la regulación que debieran tener de ese tipo de comunicadores sociales de medios independientes“.
En esa línea añadió que “lamentablemente habían alertas respecto de esta situación por la propia regulación que tiene Carabineros de Chile en sus protocolos de control del orden público y que han sido visados por el ministerio del Interior de turno y que siguen vigentes hasta el día de hoy”.
Respecto de la pasividad con la que Carabineros actúa para proteger a los civiles en contextos de enfrentamientos como lo ocurrido en Meiggs, el representante de Amnistía afirmó que “aquí hay un problema de fondo que tiene que ver con cómo Carabineros de Chile y el Estado entienden la utilización del espacio público para el ejercicio de manifestaciones, protestas o el ejercicio de la libertad de expresión“.
Por lo mismo, el abogado sostiene que el Gobierno debiese avanzar en “una serie de medidas como normas legislativas que regulen el derecho a reunión, que regulen el uso de la fuerza porque ahora solo está normado a través de protocolos de Carabineros, que se lleve adelante una reforma estructural y profunda a Carabineros de Chile y, por cierto, avanzar en una ley de protección para los periodistas y comunicadores sociales respecto del ejercicio de sus labores”.
