Una considerable inflexión del relato de campaña adoptó el Gobierno la noche de este lunes al esgrimir un estado de excepción acotado, vía decreto, para dos provincias de la región del Bíobío y toda La Araucanía. Si bien los personeros de La Moneda han encajado una presunta derrota ideológica, arguyendo que es sólo despejando las rutas y caminos de la zona que se podrán viabilizar las ayudas del Estado hacia las comunidades postergadas, como defendió esta jornada la ministra Camila Vallejo, lo cierto es que el proceso ha dejado flancos abiertos hacia la arquitectura del oficialismo, considerando las serias incompatibilidades y emplazamientos que evidenció la discusión sobre el “estado de protección y resguardo” entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad.

Fue en este último conglomerado, en su base más directa de respaldo, que al Gobierno le fue imposible concitar los respaldos suficientes para el despliegue de los militares en la zona, lo que se traduciría en duros emplazamientos, mas no en votos a favor, respecto a la reforma constitucional que ameritaba los 3/5 en ambas Cámaras. Por lo demás, el tiempo de tramitación no podía seguir dilatándose considerando la presión que comenzaron a intensificar esta semana la Falange y la oposición de derecha ante una próxima semana distrital. 

Al respecto, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, señaló que el denominado estado intermedio “podía demorar más tiempo en generar los consensos” por tanto, con el estado de excepción “queríamos dar una señal como Ejecutivo de que queríamos actuar más rápido”, señaló. 

“Nosotros sumando a todos los partidos que representan al oficialismo, no llegamos a ser mayoría en ninguna de las dos Cámaras por lo tanto para proyectos que requieren de mayoría con quórum incluso como este que se requerían 3/5, se requería hacer un esfuerzo adicional y entendimos que no había consenso en ninguno de los dos sectores, ni en el oficialismo ni tampoco en la oposición,  respecto al texto que habíamos planteado y por lo tanto estamos ocupando las herramientas que están vigentes”, abundó al respecto el secretario de Estado.

Pero aún cuando el Gobierno haya soslayado temporalmente al Congreso Nacional, lo cierto es que el estado de excepción, cuya vigencia es de 15 días, deberá pasar por el parlamento en caso de prórroga, lo que revivirá el desafío de generar consensos en el oficialismo donde quedó una profusa grieta entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, y donde cada coalición terminó por sí sola con críticas considerables.

Desde el partido Socialista, la diputada Emilia Nuyado, junto con extender su decepción sobre el Ejecutivo sosteniendo que “no se puede dialogar con militarización” y que “un gobierno de izquierda no puede terminar cediendo a las presiones empresariales” criticó la postura expresada por las cúpulas de la tienda política a la que adscribe y en su conjunto, a Socialismo Democrático, dado que a su juicio representan un gatopardismo.

“El Partido Socialista después de la vuelta a la democracia dejó de apoyar las grandes transformaciones y el discurso y lo que significaba el volver a reiniciar cuando se termina el gobierno del presidente Salvador Allende y, por tanto, al volver a la democracia nos encontramos con un partido con una mirada neoliberal que al día de hoy se ha desentendido del trabajo social y del trabajo territorial”, sostuvo.

En esa sentido señaló que la solución que empujaron ahora “fue la tónica, fue la forma de trabajo de tuvieron y la mirada que tienen hacia los pueblos, sin reconocer la historia, invisibilizar los que persistiamos antes de la conformación del Estado chileno y esa mirada no ha cambiado. Si han cambiado las directivas, en su actuar tienen unos que otros matices pero finalmente sigue siendo un partido que dejó de tener los vínculos y las raíces muy cercanas al pueblo”, criticó.

Por el lado de Apruebo Dignidad, se imputa una falta de disciplina frente al proyecto de Gobierno que no sólo se vio reflejada en esta pasada sino también en el proyecto de retiro de los fondos previsionales. Así señaló el analista político y director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones Universidad Central, Marco Moreno, quien afirmó que el conglomerado, que es el que tiene mayor representación de ministros y ministras en el Gabinete, es el que “está generando dificultades en el objetivo de Gobierno de alcanzar la paz social en esta zona”. Es esa línea, particularizó en las trabas que a su parecer, ha impuesto el partido Comunista.

“Yo creo que ha habido un excesivo predominio de las lógicas identitarias que no le conocíamos al Partido Comunista. El PC siempre había sido muy disciplinado, muy ordenado y orientado al apoyo a la gestión de los gobiernos, fue el partido que le dio más soporte al partido de Salvador Allende cuando su propio partido, el Socialista, jugaba un rol de mucha radicalidad, pero ahora hemos visto un PC que ha estado mucho más preocupado del discurso de las causas”, señaló.

Abordando el escenario, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, partió por considerar que la autoridad presidencial quedó en buen pie, en cuanto adoptó una medida pragmática sin esperar la resolución de los partidos oficialistas, donde dice ver un diseño que no está funcionando y un problema de orden estructural. Si bien consideró que “es pedir demasiado” el que todas las decisiones presidenciales cuenten con el acuerdo absoluto de las coaliciones, aseveró que es menester de las tiendas el comprender las complejidades por las que atraviesa su gobierno.

“Sin duda hay posiciones bastante contrapuestas, ni siquiera con matices, eso es lo que más dificulta, al ver que partidos o fuerzas políticas no querían el Estado de Excepción, sus bases de apoyo tampoco y otros que quizás no lo veían como un mal instrumento ante un problema de seguridad”, señaló. No obstante afirmó que “la dimensión de las dificultades que tiene un gobierno debe ser bien analizada e internalizada en las fuerzas políticas que lo apoyan, tienen una responsabilidad en esa materia”. 

En el otro ángulo de la discusión, el analista reconoció un grado de gatopardismo en las medidas que empujó el Gobierno frente al conflicto en La Araucanía y el Bíobío, sosteniendo que “sin duda uno puede ver señales de que es la misma política anterior: un estado de emergencia, compra de tierras, recursos, anuncios de un Ministerio”.

“La pregunta es si esa es la solución definitiva al problema. Yo creo que no, pero abre una señal política, que ahí es donde está el valor respecto al diálogo, el diálogo como un medio, porque no es un fin en sí mismo. Quizás esa parte que no se ha explicitado pueda ser la vertiente distinta para el abordaje de este tema del Gobierno”, señaló, acotando que “eso automáticamente va a tener críticas dentro de su coalición y fuera de su coalición”.